Vicepresidente Ejecutivo denunció Operación Tenaza que habría enfrentado a Venezuela con países vecinos como parte de ataques contra la revolución con tal de reducir el ingreso de divisas pero el MinComercio revela que se lograron mayores inversiones que en 2014 a pesar que Cencoex sigue sin asumir directrices de un ente que debió dejar de existir
Durante la comparecencia del vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz ante la Asamblea Nacional para presentar los resultados de la gestión del gobierno durante el año 2015, el profesor y exgobernador de Anzoátegui contextualizó la “trágica situación planetaria” de la crisis económica mundial que afecta desde Europa hasta a Estados Unidos así como la caída de los ingresos petroleros también global para luego explicar la visión oficial sobre los efectos en Venezuela.
Entre las varias causas de la afectación sobre el valor del crudo nombró el fracking o fracturación hidráulica para inundar el mercado, el contrabando de petróleo en Medio Oriente por parte de “actores no convencionales” y la imposibilidad de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de ponerse de acuerdo para bajar la producción como había sucedido en otras épocas de bajos precios. Resaltó que esto no obedecía “a ninguna lógica económica” mientras enfatizó que no era fortuito sino se enmarcaba en un plan propiciado desde el exterior y con ayuda de “burguesía apátrida” en el marco de la “guerra económica”, nuevo término de lo que antes se llamó “no convencional” y de “4ta generación”.
Fracking para todos
El vicepresidente evitó hacer referencia al Estado Islámico por su nombre y el interés de Irán en vender el petróleo que tenía represado por sanciones a Europa que también inyectaron crudo, más barato, al mercado mundial. Ni tampoco que en Venezuela también ha realizado el “fucking fracking” como rezó la campaña oficial en contra de esta polémica práctica para la extracción petrolera.
Así lo dice la revista institucional “Contacto con la nueva PDVSA” (PDF) No. 7 de agosto de 2006. En la misma se explica que el fracturamiento hidráulico se habría aplicado en 11 pozos en el oriente del país permitiendo un aumento considerable de producción, así como planes de aplicarla en más pozos. La técnica fue patentada en 1.866 por Edwards Roberts mientras que en 1.998 fue modernizada por Nick Steinsberger. En Venezuela es usada desde 1962 por la Creole Petroleum Corporation mientras hay evidencia de su uso reciente en el Informe de Gestión Anual 2011 de PDVSA en dos pozos.
Y aunque dijo tres veces que los ingresos petroleros de Venezuela habían caído al 70% con respecto a 2014, la Memoria y Cuenta de la Vicepresidente –que no ocupó ese año- asegura que fue de un 64%. En 2012, el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, había advertido que el descubrimiento de nuevos yacimientos en zonas áridas y submarinas podría afectar la oferta mundial, mientras Estados Unidos las exploraba para cumplir su plan de autoabastecimiento hacia 2020.
Lo que sí dijo fue que la caída del crecimiento de China había afectado a los países exportadores de recursos naturales, especialmente a los de América Latina y El Caribe. Mientras también aseguró que el desarrollo mundial había descendido. Aún así, consideró que pesar de los ataques internacionales el año 2015 fue un año “exigente” en el que se alcanzaron logros políticos y sociales en que, repitió, con menor disponibilidad de divisas se habían mantenido las políticas públicas sociales.
Tenaza de vieja data
Entre los obstáculos superados –nunca mostrados como fallas propias- está la Operación Tenaza, que habrían sido los conflictos “provocados” con la República Cooperativa de Guyana y Colombia, que no pudieron frenarse a pesar de lo que calificó como inmensa solidaridad internacional.
En medio de la disputa histórica por el territorio Esequibo, Guyana inició cambios en su plataforma continental en 2011 sin avisarle a Venezuela y su Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente ofertó bloques petróleos a concesionarias en Estados Unidos desde 2012 para otorgarlas desde al año siguiente.
El incidente más relevante surgió en marzo de 2015 con las actividades de exploración de la Exxon Mobil en aguas continentales que apenas año y medio antes ambos países coincidieron en admitir, con una Declaración Conjunta, que tenía delimitación pendiente por lo que iba a requerir negociaciones de un equipo técnicos que lo resolvería en cuatro meses.
Istúriz advirtió que lo que pareció una “provocación” y “crisis artificial” fue superada usando el mecanismo de El Buen Oficiante de la Organización de Naciones Unidas. Pero este realmente fue acordado entre ambos países desde 1989 desde el cual ha tenido tres designados que han fallecido: el primero en 1998, luego Oliver Jackman en 2007 y tras dos años sin respuesta de Venezuela, se designó al economista jamaiquino Norman Girvan, quien falleció el 9 de abril de 2014 en Cuba.
Ante la sugerencia de nombrar a alguien en su lugar, Guyana rechazó retomarlo en septiembre de 2015 mientras se abocaba a la solución que su canciller había propuesto antes: acudir a la Corte Internacional de Justicia pues se consideraba que Venezuela buscaba mecanismos que siguieran retrasando una decisión definitiva.
“Apenas se resolvió eso empezó lo de Colombia”, dijo el vicepresidente. Eso omitiendo que el entonces recién electo presidente guyanés David Granger había calificado a mediados de 2015 al gobierno de Venezuela como “una carga insoportable” e incluso “un mono en la espalda” por querer frenar el desarrollo de su país. Poco después su gobierno llamó a consultas a la embajadora venezolana, lo que provocó otro comunicado de rechazo de la cancillería. Entonces el presidente Nicolás Maduro aseguró que habría una sesión especial de UNASUR en agosto, que fue cancelada. Lo resuelto está más bien como pendiente, pues en 2016 Guyana ha seguido entregando concesiones para explotación minera. Istúriz mostró como sana una herida abierta.
Granger sí parece haberle tomado la palabra al presidente Hugo Chávez quien en 2004 dijo: «el asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países” y tres años más tarde envió al vicecanciller a pedir disculpas por una incursión militar venezolana en la lucha contra la minería ilegal.
¿Cuál respeto?
El conflicto con Colombia en 2015 al que se refiere el vicepresidente fue la decisión unilateral de Venezuela, según afirmó la canciller del vecino país, María Ángela Holguín, de cerrar la frontera que une a San Antonio del Táchira con Cúcuta por medio del Puente Internacional Simón Bolívar el 19 de agosto. “A nosotros no nos parece que el cierre de la frontera sea la medida que va a controlar el contrabando», dijo entonces la diplomática, que señaló como sorpresa en lugar de derrota la acción. «Cuando hay coordinación los únicos que pierden son los delincuentes, cuando se cierra la frontera y no hay coordinación los únicos que ganan son los delincuentes», criticó entonces el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
La declaración de Estado de Excepción en Táchira, ratificado por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, se basó en señalar que el paramilitarismo y el contrabando eran prácticas llegadas desde Colombia según pronunciamientos del presidente Maduro. Esto llevó a una redada masiva de colombianos que residían en el estado Táchira. Las medidas de excepción se extendieron luego a municipios fronterizos en Zulia, Apure y Amazonas que totalizó la deportación de más de 1.700 colombianos y más de 22 mil desplazados.
El vicepresidente ejecutivo dijo en el hemiciclo legislativo que el cierre de frontera se había realizado “con respeto de Derechos Humanos” y que se mantendría así hasta que se restablecieran las condiciones óptimas para el intercambio fronterizo. Pero un informe de la Defensoría del Pueblo en Colombia registró algo muy distinto. 1.748 quejas fueron procesadas por el ente sobre esta movilización forzosa, así como 623 denuncias de agresiones físicas y verbales, 554 episodios de separación familiar, 302 hurtos o despojos, 203 derribos de viviendas, 187 retenciones y/o destrucciones de documentos de identidad, 106 privaciones de libertad y 6 casos de violencia sexual. Adicionalmente, 2 refugiados deportados, 2 solicitantes de asilo deportados y 2 retornados forzosos.
La oficina homóloga de Venezuela negó que se hubiese separado niños de sus familias mientras la Fiscal General admitió dos denuncias de violaciones de Derechos Humanos, una de ella del cónsul colombiano en Táchira. Por su parte, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, tampoco comparte la visión de Istúriz. En rueda de prensa llegó a adelantar que desde el cierre de la frontera había considerado denunciar a Maduro y la cúpula militar por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya. Más tarde, Santos confirmó que Holguín denunciaría internacionalmente la violación de Derechos Humanos por deportaciones masivas, arbitrarias y discriminatorias, en lugar de haber sido individuales cumpliendo el debido proceso y con posibilidad de defensa ante autoridades.
“Lo hará ante el secretario general de Naciones Unidas, ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra y ante la Organización Internacional de Migraciones”, dijo en rueda de prensa. Añadió que «no se pueden afectar los derechos de los menores, ni separar familias y tampoco puede darse un trato indigno o inhumano a los deportados», lo que no se habría respetado en el país. Hizo alusión además a los videos, fotografías y testimonios del uso de la marca de la letra “D” en las casas de colombianos en Venezuela, recordando a los guetos nazis.
Por su parte, la delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el Puente Internacional Simón Bolívar y el paso informal o la trocha ubicada en el sector denominado “La Playita”, a orillas del río Táchira, en la frontera entre Colombia y Venezuela, según comunicado oficial sobre la visita en que solo pudo asistir al lado colombiano por falta de respuesta de Venezuela. La CIDH visitó cinco albergues para los deportados y quienes regresaron voluntariamente, revelando otros 23 dispuestos por el Estado colombiano. El texto señala que se pudieron constatar la “grave crisis humanitaria” y escuchar testimonios sobre violaciones a los derechos fundamentales de hombres, mujeres y familias.
“De manera consistente, personas entrevistadas señalaron que durante estos operativos, habían sido víctimas de robo de enseres y dinero por parte de agentes de la GNB, así como de la demolición de sus viviendas junto con sus enseres. Algunos indicaron haber sido empujados y golpeados por parte de los agentes y otros indicaron también que los niños fueron maltratados y reprendidos. Asimismo, algunas de las personas deportadas señalaron no haber sido víctimas de malos tratos”, reza el informe en que se señala que la mayoría de los niños deportados tenían nacionalidad venezolana.
Ataques internos
El funcionario resaltó que a pesar de los “desequilibrios artificialmente creados” con “precisión científica” como el desabastecimiento en el marco de la “guerra económica” se habían realizado ataques a la producción y a la moneda, todo para limitar las inversiones extranjeras como parte del cerco internacional.
Sin embargo, la Memoria del Ministerio de Comercio de 2014 revela que el proyecto “Direccionamiento estratégico de la inversión extranjera directa hacia el modelo de producción socialista” de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) creado para “deslindar a Venezuela de los mecanismos internacionales de dominación imperial” solo creó 4 empleos a pesar de registrar 14 empresas de inversión foránea. Además, logró inversiones desde Estados Unidos y Reino Unido, así como de Leichenstein e Islas Caimán, considerados como “paraísos fiscales”, por un total de 50 millones de dólares.
Entre los obstáculos señalados por el documento no están la guerra económica ni el saboteo interno, sino que “durante todo el año (2014) se estuvo a la espera de la aprobación del Proyecto de Ley de Inversiones Extranjeras Productivas, elaborado en la SIEX, el cual fue aprobado en el mes de noviembre, en el marco de la Ley Habilitante” mientras que otro escollo más vernáculo se atravesó en el camino de quienes deseen colocar divisas en el país: escaleras y ascensores.
Según el documento oficial, los ascensores no funcionaron hasta el tercer trimestre del año mientras el cuerpo de bomberos encontró sobrecarga del sistema eléctrico, fallas de iluminación y ventilación en las escaleras, áreas de trabajo y baños, filtraciones de pisos y paredes, deficientes aires acondicionados, inundaciones en planta baja por daños en las tuberías de aguas negras y escaleras de emergencia obstruidas por equipos inservibles, lo cual “deriva en un estado de inhabitabilidad de la edificación, que hace inviable la permanencia y el funcionamiento de la institución en ese lugar por un período de tiempo prolongado”.
Además, la atención y el servicio a los usuarios se complicó pues la Taquilla Única de solicitudes está en el piso 3 “lo cual ocasionaba que los usuarios debieran desplazarse por las escaleras a consignar sus documentos”.
Para el año siguiente, a pesar de los ataques agudizados desde el exterior que señaló Isturiz, al SIEX le fue mejor. Logró la apertura de siete nuevas empresas de inversión extranjera por más del doble que antes, 113 millones 368 mil 58 dólares, con Colombia entre los países inversionistas. Entre los obstáculos no se refiere tampoco a conjuras internacionales sino a “demora en el Decreto de Supresión para que finalmente el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) tome las directrices”. Es decir, para que el SIEX deje de existir en lugar de cumplir un año más en funcionamiento en una sede sin condiciones adecuadas.
Jeanfreddy Gutiérrez para Cotejo.Info
