- Calificándose como activista de Derechos Humanos, el abogado anzoatiguense se presentó eliminando algunas partes de la historia. Se recordó como constituyente pero no como gobernador, habló de avances pero no de sus antecesores y criticó a policías pero no especificó lo que hicieron en las OLP ni nombró denuncias de ejecuciones.
Tarek Willians Saab, designado en diciembre de 2014 como Defensor del Pueblo, no escatimó en su discurso ante la Asamblea Nacional para halagar los logros de su gestión, resaltando que tras 14 años, se debió rediseñar y relanzar lo que en el informe señala, en mayúsculas, como la Institución Nacional de Derechos Humanos. “No somos ni un bufete ni una macro ONG”, aclaró para advertir sobre el desconocimiento en los propios abogados y funcionarios públicos para entender su labor de mediación y resolución de conflictos, sin tener presupuesto para ejecutar obras ni competencias legales para resolver conflictos jurídicos.
Sin nombrar a ninguno de sus antecesores, explicó que en el primer año se enfocó en resolver más de 20 mil expedientes viejos de los más de 42 mil que se habían acumulado en 14 años. “Muchos sin denunciante, sin teléfono ni dirección, a veces por un recorte de prensa. Muchos eran de servicios públicos de 2002 y 2003 que pudieron ser atendidos”, fustigó. Su informe asegura que esto representa un aumento de 204% más que 2014 cuando se resolvieron 6.843, aunque es exactamente 203,8%.
Gabriela Ramírez, quien ostentó el cargo antes que Saab y fue defendida por este ante una agresión física a pocos días de dejarlo, no comentó las declaraciones de su sucesor en su activa cuenta de Twitter. Las cifras exhibidas por él aseguraban un desorden y lentitud administrativa de su gestión.
Así mismo, el Subcomité de Acreditaciones del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recomendó degradar el despacho por no mostrar independencia del Gobierno. El abogado no la defendió entonces: “no evaluaron mi gestión, sino los años 2013 y 2014. Van a examinar mi gestión a partir de marzo de 2015”. Eso no lo salvó, pues el ente consideró como insuficientes sus declaraciones ante la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, que permite el uso de armas “potencialmente mortales” en manifestaciones públicas.
Así que como hiciera la Fiscal General, el Defensor también alabó a sus 700 funcionarios, matizando que solo 200 en el terreno con sus 33 oficinas: 23 estadales, uno en Caracas y nueve subsedes, para atender a “una demanda tan fuerte como la que los 30 millones de venezolanos tienen a bien brindar a nuestra institución”.
Cifras aumentadas
“Hemos relanzado esta institución para darle un alto perfil, para escuchar un movimiento social, popular, muchas veces invisibilizado y a muchos sectores de la sociedad, hemos elevado los peticionarios en 40% con respecto al año pasado”, sentenció desde la tribuna de oradores. El informe también le da otro matiz al incremento: “El número de expedientes abiertos, donde se presume una vulneración de derechos humanos, aumentó en un 50% con respecto a los 8.197 de 2014, lo que implica un aumento significativo de casos que requirieron una atención integral”. La calculadora dice 49,6%.
Las estadísticas muestran una doble exageración. Los 39.418 peticionarios de denuncias, quejas y otras consultas representan el 0,13% de la población de Venezuela, mientras que el incremento sobre las 28.319 personas que acudieron al ente en 2014 es, con exactitud matemática, 39,2%.
El Defensor llamó la atención sobre haber efectuado 57% más acciones defensoriales, lo que supondría haber elevado la capacidad de respuesta. “Mayor número de mesas técnicas, cursos, atenciones, asesorías, diplomados”, enumeró. Otro pequeña redondeo hacia arriba, la subida de 46.533 a 72.932 respuesta es 56,7%.
Indicó que los peticionarios habrían encontrado “puertas semiabiertas” en otras instituciones públicas. Y al hablar del aumento de acciones de defensa, como mesas de trabajo, reuniones y diligencias tribunalicias, redondeó más que antes. Dijo 4.564, que era 140% más que las 1.916 del año anterior. El informe dice 138%, pero es exactamente 138,2%.
Educación en DDHH
Los porcentajes fueron acompañados de aplausos de la bancada oficialista, pero un punto en que puso acento, recibió silencio. Cuando habló del acuerdo de declarar el carácter obligatorio en todo sistema educativo nacional, desde primaria hasta el universitario, del aprendizaje sobre Derechos Humanos. El informe consta que fue una recomendación al Plan Nacional de Derechos Humanos, que se encuentra aún en consideración.
Un Plan que además 40 ONGs criticaron como instrumento de discriminación. En un comunicado, las organizaciones denuncian que sus aportes no fueron incluidos en el texto final, que posee conceptos no estipulados en la Constitución como “visión emancipadora, crítica y alternativa de los derechos humanos” mientras hacer referencia al “fascismo” de las “acciones terroristas” de 2014. Esto respondería solo a una parcialidad política así como a un conjunto de la sociedad que la apoya.
Omisiones peligrosas
Desglosar las cifras, para entenderlas y tener una mejor idea, fue la justificación del Defensor para repetirlas. Detalló así que 35% de las peticiones tenían que ver con derechos humanos tipificados en la Carta Magna. De estos 13.668 peticionarios, 59% fueron por atención a derechos civiles, 23% a sociales, 10% a niños, niñas y adolescentes y 4% en relación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia mientras 4% por otros derechos.
El informe 2015 dice aún más de lo que omitió pero además establece un crecimiento con respecto al 2014 del que Saab no podría sentirse orgulloso. Lo primero es que los Ministerios, las policías estadales y el CICPC acumulaban una de cada ocho denuncias recibidas por la Defensoría. Pero la mayor falla está en que 28.441 de las peticiones se califican como “no especificado”, lo que supera el 72% del levantamiento. Lo que estadísticamente elimina la relevancia de las tendencias. La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) saludó que Saab resaltara una mayor respuesta institucional, pero criticó que omitiera especificar las tendencias de las denuncias para establecer líneas de atención específicas.
Algo similar sucedió con las denuncias por derechos civiles. Saab se contentó con revelar que 39% fue integridad personal, 36% por el debido proceso, 27% por respuesta oportuna y 16% por protección del Estado, aunque denunció a lo que llamó “delincuencia uniformada” que realiza “amenazas de muerte y siembra de drogas”. Entonces enumeró recomendaciones como la mejora de los mecanismos de supervisión interna, los protocolos para denuncias, fiscales especiales y el relanzamiento de la reforma policial de 2006, así como mejores estándares de uso progresivo de la fuerza, selección de funcionarios, denuncias de corrupción policial, seguimiento y evaluación de desempeño.
Su informe no fue tan escueto: sobre las 8 mil 46 casos especifica 2.187 por el derecho a la integridad personal (8,4% más que 2014), que incluyen 1.436 abusos de autoridad (24,1% más), en que los funcionarios “se extralimitan en el uso de sus atribuciones, ocasionando perjuicios a las personas a través de un uso indebido de la investidura institucional”, así como 625 por tratos crueles, inhumanos o degradantes (19,5% menos), 99 por torturas (135% más) y 27 amenazas de muerte (35,7% menos), lo que sirve para comparar la actuación de cuerpos de seguridad en el año de las protestas de 2014 contra Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) y Estado de Excepción.
Además que implican a 460 policías regionales, 423 a la Guardia Nacional, 383 al CICPC, 248 policías municipales y 146 por Policía Nacional Bolivariana, pero no las acciones ilegales por ente, lo que impide establecer patrones. Otras 527 denuncias no identificadas o con entes “con menos de 20 denuncias”, 24,1% de las estadísticas, deja uno de cada cuatro casos en la sombra.
Según el informe, la DdP solo asistió a 26 OLP, donde recolectó 22 denuncias por presuntas tratos crueles, inhumanos y degradantes y tres por tortura mientras que en sus sedes recolectó 599 denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes y 82 por tortura física o psicológica por ambos operativos.
Más violencia institucional
En los expedientes por derechos sociales hay 266 por atentados al derecho a la libertad personal (casi el doble que en 2014), que se trató de 223 por privaciones ilegítimas de libertad (más del doble que el previo), 22 desapariciones forzadas (57,1% más) y 21 incomunicaciones (casi duplicando los 11 del anterior). Los involucrados fueron mayormente policías estadales, CICPC y GNB, que acumulan 147 casos (más del 55%), pero se repite que entre lo no especificado y las “menos de 10 denuncias” se llevan el 27,82%.
Tampoco se extendió con la vulneración del derecho a la vida, que ocupó 205 casos (mucho más del doble de los 79 del año anterior), incluyendo 161 denuncias por ejecuciones (220% más) que cuando “funcionarios de seguridad al servicio del Estado, causan la muerte de personas determinadas, actuando en función de fines específicos”. A eso se suman 22 muertes por torturas y tratos crueles (más que los 16 de 2010 a 2014), 12 por uso indiscriminado de la fuerza (50% que todo el quinquenio anterior), cinco por negligencia (ninguno en 2014) y tres por uso excesivo de la fuerza (dos en 2014).
Foto: www.infobae.com
En un reporte del diario 2001, Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, las OLP violan el artículo 332 de la Constitución que tipifica que los órganos de seguridad ciudadana deben ser civiles y respetar los Derechos Humanos. Para la activista, éstas han «institucionalizado la pena de muerte, con las ejecuciones extrajudiciales, en lo que el Estado llama enfrentamientos».
Por su parte, Provea y Human Rights Watch presentaron en conjunto el informe “Poder sin Límites: redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela” (PDF) en que se documentan 245 muertes durante las OLP por “enfrentamientos”, en custodia e incluso una víctima mientras estaba acostado en su cama. Habría al menos 20 ejecuciones extrajudiciales, además de desalojo, destrucción de viviendas y abusos de autoridad que incluyen la “verificación” de 14 mil personas, aunque solo 100 fueron presentadas ante el Ministerio Público.
Mesas técnicas incompletas
Entre los mecanismos de defensa, Saab indicó que se habían establecido 10 mesas técnicas, como la de Mejoramiento del Servicio de Transporte Aéreo. 18 acuerdos fueron establecidos entre aerolíneas e instituciones públicas, afirmó el Defensor, pero éstas últimas siguen sin cumplirlos. El informe indica que la Dirección de Vigilancia de los Servicios Públicos sigue esperando que se asigne un espacio en el Aeropuerto de Maiquetía para atender a los usuarios, a pesar de haber enviado oficio a su Director, reunido con el Gerente de Comercialización, haber enviado comunicación al Viceministro de Transporte Aéreo y haberse reunido con el Coordinador de su despacho. Igualmente con Bolivariana de Aeropuertos (BAER) que accedió a brindar oficinas en nueve aeropuertos. Aún no se firma el anteproyecto de comodato.
Otros 47 acuerdos fueron alcanzados para atender las deficiencias en el hospital J.M. de los Ríos tras una inspección realizado por el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap). La Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios (Fundeeh) se comprometió a replantear proyectos de remodelación y reacondicionamiento, así como la instalación de varios equipos médicos para terapia intensiva, neonatología y banco de sangre. Estos compromisos fueron alcanzados en mesas de trabajo de febrero a abril de 2015, cuando se oficializó el Plan de Trabajo, al que se le haría seguimiento.
Según notas oficiales, en mayo se reactivó la aplicación de quimioterapias. Un mes después el viceministro para la red hospitalaria, Francisco Hernández, aseguró que todos los servicios médicos estaban operativos y que se ejecutan mesas de trabajo producto del diagnóstico de Minsalud. FUNDEEH publicó fotografías de los quirófanos y espacios recuperados con una inversión de 3 millones de bolívares. Sin embargo, un documento entregado por Cecodap a El Nacional y elaborado por los distintos departamentos señalaba que continuaban las fallas de infraestructura, muchas retrasadas desde 2007, así como la falta de insumos y equipos para de julio. 4 mil pacientes seguían en lista de espera y había un déficit de 46% de camas, mientras Hematología, Cardiología y Oncología no tenían.
Carlos Trapani, abogado de Cecodap, reveló la desilusión: “El 10 de junio dejamos de asistir a las mesas de trabajo con la Defensoría del Pueblo. Creemos que los objetivos se desvirtuaron y que es necesario un plan especial de acción para recuperar la atención sanitaria”. El informe confirma esto, pues entre las recomendaciones hechas tras la inspección en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano está disponer de los médicos del J.M. de los Ríos para aumentar la cantidad de intervenciones.
Memoria selectiva
El caso de la desaparición de mineros en Tumeremo, estado Bolívar, fue tomado como un ejemplo de cooperación práctica entre poderes públicos, que alabó Saab al recordar que desde 1976 fue miembro del Comité de Derechos Humanos, Justicia y Paz de Petare y presidente de la Comisión encargada del Título III de la Constitución Bolivariana.
Foto: Correo del Caroní
Entonces estableció una diferencia con los casos de Cantaura, El Amparo y Yumare, señalando a los expresidentes Herrera Campins y Lusinchi por haber dado “órdenes de matar”. Dijo que en lugar de detenidos a un comisario, que prefirió no identificar, fue premiado. Así mismo, recordó que al descubrirse el cementerio de La Peste con 70 cuerpos de asesinados durante El Caracazo, el juez fue ascendido y enviado a Vargas mientras el nuevo cerró el caso.
Le faltó nombrar la petición de Provea de allanar la inmunidad a Roger Cordero Lara, señalado de haber sido piloto de uno de los aviones Bronco del bombardeo a Cantaura, hoy diputado reelecto por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Antes ocupó el cargo de Comandante General de la Aviación tras ser ascendido a general de división por el presidente Chávez.
No terminó de contar que La Peste fue cerrada en 2011por la Fiscalía, después de una segunda exhumación de 2009 en que no se permitió la participación de los familiares, después que lograron que el Equipo Argentino de Antropología Forense, que reconoció el cuerpo del Ché Guevara y que luego trabajó en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, estaban avanzando en la identificación de cuerpos y causas de muerte.
Tampoco llamó la atención sobre las declaraciones del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, al acusar a “bandas paramilitares” de ser parte de una “red política-económica” como los responsables del asesinato de los mineros, aunque el líder de la banda, El Topo, ya había sido capturado en Venezuela y dejado en libertad por un tribunal. Incluso aunque se le encontró en posesión de un arma.
Autoamnistía
“La verdad es lo que debe relucir, el derecho humano a la verdad, no a la manipulación o el ocultamiento”, dijo para asegurar que más allá de las tendencias políticas, lo que importaban son las víctimas. Al rechazar la Ley de Amnistía aseguró haber leído el texto, lamentando que no solicitaran la opinión de la DdP, para sentenciar que vulnera el derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición, borra la historia y no individualiza a quienes cometen los delitos, al eliminar el proceso jurídico en marcha. En su lugar, considera que puede haber perdón con justicia previa, por lo que la Comisión de la Verdad que se establece como proceso final, debería establecer primero lo que sucedió. Señaló que la mayoría de estas sentencias eran de “autoamnistía” por lo que recibían el rechazo de organismos internacionales.
Saab se salta que la ONU consideró que la Amnistía venezolana cumplía con los estándares internacionales, pero además también la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, derechos que habrían sido vulnerados sistemáticamente según denuncias de abogados y dirigentes de oposición contra lo que consideran procesos judiciales amañados, injustos o inventados, de los que no serían culpables. Resalta el de Leopoldo López, en que se negó que la defensa mostrara pruebas mientras que la lingüista promovida por la Fiscalía desmintió y rechazó la sentencia, pues repitió que su testimonio fue opuesto a las usadas por la juez en su decisión. Múltiples organismos multilaterales y destacadas vocerías de Derechos Humanos han pedido su liberación.
Habló de 43 muertes por los hechos de 2014. “Siete a manos de funcionarios y 36 de civiles armados”. Una imprecisión aclarada por la Fiscal, así como el documento oficial publicado por su despacho, en que se admite que de éstas, siete más habrían sido accidentales, mientras es de conocimiento público que no todas fueron por armas de fuego. Aludió a la tesis política. Como cuando Telesur describió que la Comisión de la Verdad, la cual integra el Defensor y creada a instancias del presidente Maduro, sería para “esclarecer los hechos violentos perpetrados por la derecha desde 1999”.
La Amnistía fue presentada como potestad parlamentaria para liberar a presos que la oposición considera de conciencia, detenidos puramente por razones políticas. Que serían víctimas de la negación del debido proceso, como los 2.030 peticionarios que acudieron a la Defensoría por esa misma razón. De estas, 897 acusando a la Fiscalía y a Tribunales de Instancia de ser responsables, según concede el informe que lleva la firma del Defensor.
Por Jeanfreddy Gutiérrez para Cotejo.info
