- 18% de trabajadores considerados como mineros y canteros perdieron su trabajo en 2015, según el INE. Son parte del sector productivo que menos empleó personas en el país: menos de 80 mil a finales de 2014.
- Dos certificaciones internacionales son posibles en el mundo, una de ellas la Fairmined Gold u “oro justo” que fue adoptado por el Comité Olímpico Internacional; ya está en Colombia, Perú y Bolivia para mineros artesanales.
- La economía circular podría generar un billón de dólares recuperando acero, oro o mercurio de dispositivos electrónicos o edificios, sin abrir nuevas minas.
- ORPIA, COIPA y Mujeres del Agua se oponen al Arco Minero, mientras el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico solo ha hecho una reunión con indígenas.
El ex asesor jurídico del Consejo Nacional Electoral y ahora designado como ministro de la cartera de “Desarrollo Minero Ecológico”, Roberto Mirabal, ha asegurado en diversas entrevistas, como lo hizo en el programa “El Desayuno” de Venezolana de Televisión, que la minería es una actividad ancestral, como se demuestra en el intercambio de oro por espejos de los colonizadores, mientras que el hombre como parte de la naturaleza puede establecer actividades económicas con cuidado del ambiente y, por lo tanto, hacerlas ecológicas.
Y así es la tesis de su cartera con nombre único en el mundo: dejar atrás el modelo puramente extractivista de maximizar las ganancias por uno donde, mediante la prospección y certificación de reservas, se puedan usar las altas inversiones extranjeras en tecnologías ambientales que, además, extraiga lo que pueda ser usado en la industria nacional; por ejemplo, la magnesita usada en el cemento, podría dejar de importarse. También reveló la necesidad de usar los minerales para construir viviendas y automóviles, así como para distintas necesidades “del pueblo”.
Sin embargo, no se extendió sobre la capacidad del país para absorber las miles de toneladas de oro, coltán y diamante de forma industrial, mientas señaló que solo se trabajarían sobre las zonas con impacto ambiental, bien sea por mineros legales o no, artesanales o que fueron afectadas por anteriores concesiones “que se ejercieron sin control”. Esto sería mediante la creación de empresas mixtas, que con mayoría accionaria del Estado venezolano, cumplirían con las leyes nacionales. Insistió que la idea provendría de Hugo Chávez, y estaría respaldada en el V Objetivo en el Plan de la Patria.
¿Ecológica o responsable?
Aunque el término ha sido usado en forma académica desde 1988 con diversos autores reclamando su cuño, es un concepto que sigue debatiéndose para diferenciar las técnicas para preservar o restaurar daños ambientales de la minería. Se prefiere el uso del término “minería responsable” que trata de cuidar aspectos sociales, culturales y ecológicos.
Esto es compartido por Luis Jiménez, director de la ONG bolivarense PhyNatura, que ha logrado firmar alianzas de conservación de miles de hectáreas de bosque en la cuenca del Caura con comunidades afrodescendientes y aborígenes para producir orquídeas, cacao orgánico y otras esencias de alto valor comercial en la industria perfumera mundial mediante técnicas de mejoramiento de conuco, que brindan además de una actividad económica rentable, conservación de áreas verdes sensibles.
Globalmente, en 2005 la Framework for Responsible Mining publicó una guía para la construcción de estándares que es citada en la biblioteca de la UNESCO. Ahora, la Alianza por la Minería Responsable (ARM) posee un estándar para certificar mineros pequeños y artesanales bajo el concepto de «minería justa» (Fairmined), que con un precio más elevado es un incentivo para productores y compradores de tener un mineral que ha sido extraído con altas exigencias de sostenibilidad.
Esta ONG tiene incluso un módulo de capacitación virtual, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual ha financiado en Venezuela proyectos como el saneamiento del Guaire, la modernización de potabilizadoras de agua y un estudio de sostenibilidad para Cumaná. La ARM tiene presencia en Colombia, Perú, Bolivia y Mongolia. El oro “fairminded” ya fue incorporado por el Comité Olímpico Internacional para parte de sus premiaciones.
Por su parte, la Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), una red de ONGs, compradores y expertos, que busca mejorar la práctica de minería industrial a gran escala con respeto por aspectos sociales, ambientales y culturales, está desarrollando un estándar que podrá certificar a mineras y minas, o que las empresas comparen sus métodos. Por ahora manejan una consulta pública mundial, y esperan hacer certificaciones para 2017.
Mirabal no habló de estas certificaciones, sino solo las consecuentes a determinar la cantidad de reservas que se poseen para luego buscar tecnologías ambientalmente sostenibles. Pues tampoco han sido llamadas ni anunciadas firmas como Ecology and Environment, que con proyectos en China, Rusia, Perú y Chile, entre otros, no solo certifican reservas sino hacen estudios de factibilidad ambiental, mapeo hidrológico, cierre seguro de minas, manejo de agua, desarrollo socioeconómico y remediación ambiental.
Al contrario, en las firmas de acuerdos y memorandos se han nombrado empresas como Barrick Gold, con múltiples denuncias de violación de Derechos Humanos y daños ambientales en África como la de “enterrar vivos” a obreros en Tanzania. Esta empresa recibió en septiembre de 2016 una nueva prohibición judicial “indefinida” en Argentina, después de la denuncia del Ministerio de Ambiente, el gobernador de San Juan y el defensor del pueblo de esta provincia, por el derrame de un millón de litros de cianuro, lo que es el quinto incidente desde 2011, cuando una investigación acusó a 9 empleados de la minera. A pesar de la prohibición del uso del mercurio, se ha permitido en el Arco Minero el uso del cianuro con instalación de plantas de tratamiento.
Petróleo contaminante
La extracción petrolera en Venezuela, aunque cumple más de un siglo de historia, que fue nacionalizada en 1978 y transformada desde 1999, con el arribo de la Revolución Bolivariana no se ha convertido en ecológica, y ha admitido que ocurren derrames de 8 barriles de petróleo diario, lo que ha acabado con millones de moluscos en el estuario zuliano como encontró el ecólogo Héctor Severeyn.
Al contrario, la transformación del uso tradicional que aborígenes y criollos le daban al Lago de Maracaibo como fuente de agua dulce, riego agrícola y pesca fue alterada como explica el estudio “Los derrames de petróleo en el Lago de Maracaibo entre 1922 y 1928” (2006) de la investigadora de La Universidad del Zulia, Nilda Bermúdez Briñez, sino que ha incurrido en prácticas dudosamente ambientales.
La propia PDVSA ha documentado el uso de la técnica de la fracturación hidráulica (conocida como fracking) según la página 16 de la revista “Contacto con la nueva PDVSA” de agosto de 2006, aún con los posibles daños sobre los mantos freáticos y la posterior campaña en contra de parte del gobierno. También en enero de 2016 la Fiscal General presentó como logro la indemnización por el derrame de 25 mil barriles de crudo que produjo el buque de bandera griega Nissos Amorgos. Sin embargo, esto no ha implicado medidas de biorremediación ecológica ni pagos al Sindicato Único de Pescadores, el cual ganó un litigio por 60 millones de dólares en el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC).
Por su parte, la Asociación de Pescadores del Lago en Cabimas (Asolagomar) y el Consejo de Pescadores del Zulia han denunciado el cese de nuevas operaciones de limpieza como forma de subsistencia ante la desaparición de la pesca por la contaminación, así como nuevos escapes de “oro negro” de las tuberías submarinas.
Ciudades fantasmas
La propuesta de desarrollo integral en la industria nacional con los minerales estratégicos es también de vieja data, así como incumplidos. Las “ciudades” del Aluminio y del Acero, que proyectó y anunció el gobierno de Hugo Chávez crearon una red de empresas mixtas junto con Cuba, China, España e Italia, que se han retirado, demandado o abandonado el proyecto.
En Caicara del Orinoco, estado Bolívar, donde se establecería una nueva urbe que podría albergar “hasta 500 mil personas” en el “centro geográfico” del país para desconcentrar Caracas, para emular la construcción mediante “épica socialista” de Río de Janeiro en Brasil solo exhibe un galpón, cerca perimetral y la piedra fundacional, con un proyecto que en arrancó en 2007. Un año antes se anunció la del Acero con una planta en Ciudad Piar que tampoco avanzó.
De manera similar, Cotejo encontró que las promesa del Motor Forestal incluyen el desaprovechamiento del bosque artificial más grande del mundo, en Uverito, con aserraderos y carpinterías que apenas cumplirían metas de producción para la Misión Vivienda, así como irregularidades encontradas por la Contraloría General de la República en el levantamiento de la Planta de Pulpa y Papel, C.A. (Pulpaca) a diez años del inicio de las obras, que apenas estarían en 75% de su totalidad.
Militares y sospechosos habituales
La creación de un nuevo ministerio, que según las palabras del presidente Nicolás Maduro serviría para concentrarse en sus objetivos, junto a una Oficina Nacional de Fiscalización Minera para vigilar lo geológico, lo social y lo ambiental, está a contrapelo de la también nueva Compañía Anónima Militar de Minería, que otorga a militares, sin formación ambiental o minera, a ser partícipe de la exploración, explotación y venta de minerales, por lo que no recibiría flujos extranjeros que pudiesen financiar las altas sumas de dinero necesarias para las tecnologías ambientales disponibles.
Por otra parte, el nuevo ministerio ahora tendrá a Ingeomin y Minerven como entes adscritos. Por tanto, en un destino desconocido quedó el nuevo mapa minero que se haría junto a CITIC Group de China y/o con el Instituto de Geociencias de Irán, e incluso usando el Satélite de Exploración “Francisco de Miranda”. El ministro señaló escuetamente en VTV que “se podría usar”.
Por su parte, Gold Reserve le dijo a Reuters en agosto que no se había concretado el acuerdo de pago de Venezuela de 600 millones de dólares antes del 31 de Octubre, y el resto de la indemnización que ganó en el CIADI antes del fin del año, para que esta empresa canadiense otorgase un nuevo crédito de 2 mil millones de dólares más un plan propio de inversión por la misma cantidad.
Además, deja a un lado a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que funcionó como un polo de desarrollo industrial alternativo al petróleo, así como las experiencias de pérdidas de productividad y paralización de la Siderúrgica del Orinoco y las empresas cementeras expropiadas.
Números en contra
La minería representó 0,33% del Producto Interno Bruto en 2013 con 206 millones de bolívares, el sector más pequeño de toda la economía, aún por debajo de electricidad y agua –altamente subsidiados-, transporte y almacenamiento y un compendio de agricultura privada, hoteles, restaurantes y eventos públicos que fue 16 veces más grande. Esto no cambió en 2014 ni hasta septiembre de 2015, último dato disponible, mientras en 1997 la minería alcanzaba el 0,7% del PIB, como reza la base de datos en la sección Información Estadística de la web del Banco Central de Venezuela.
Asimismo, según cifras oficiales de la Fuerza de Trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas, para el cierre de 2015, 14.247 trabajadores registrados como mineros y canteros perdieron su trabajo para un total de 64.877 ocupados, lo que implicó una reducción del 18% en comparación con finales del 2014. El desempleo entre este tipo de personal asciende al 18,3% mientras que al segundo semestre de 2014 era de 10,7%. De nuevo, son el grupo de trabajo más pequeño, superado por “otras actividades” que tenían 107.929 personas ocupadas.
Mala memoria
Chávez ideó el Arco Minero, pero no le dio curso, al contrario, como recuerdan los exministros Ana Elisa Osorio, entonces ministra de Ambiente, y Héctor Navarro, que en 2011 se le revocó la concesión a Gold Reserve por contaminante, que prefería que el oro se quedara bajo el suelo hasta que se encontrara una tecnología que no afectará el ambiente. Lo mismo dijo el presidente sobre el carbón en la Guajira, que prefería el bosque y el agua, pero eso no impidió que otro decreto de Maduro retomará y renacionalizará la explotación de esas minas debajo del río Socuy en el estado Zulia, también con ambientalistas e indígenas en contra.
Una diferencia macroeconómica juega también: 2016 es el cuarto año consecutivo de caída del precio del petróleo, que en 2012 tuvo un pico de 112 dólares por barril.
Mirabal también asegura que este proyecto se realiza junto a los pueblos indígenas, de forma única en el mundo. Se refiere a una reunión en Los Pijiguaos en el mes de agosto para acordar dónde se construirían escuelas y nuevos centros urbanos, según reportes oficiales. El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, ha asegurado en el Arco Minero hay 465 centros poblados en los cuales habitan 1,6 millones de personas, o cerca del 4,9% de población. De los mismos, 27 tienen más de 5 mil personas, por lo que el plan sería concentrar la población en los mismos.
Sin embargo, organizaciones indígenas como Mujeres del Agua, ORPIA y COIPA han rechazado el Arco Minero desde 2011 por haber fallado al deber constitucional de realizar una Consulta Previa, además de denunciar que la minería del oro y coltán requiere abrir yacimientos a cielo abierto, con un alto impacto en bosques primarios por la remoción de grandes extensiones de suelo y subsuelo, uso de agua de ríos y destrucción del hábitat propio de los pueblos originarios, así como sus costumbres y tradiciones, altamente ligadas a su entorno.
Menéndez habla de urbanizar a quienes ancestralmente han vivido de forma rural en territorios que cumplen 17 años sin demarcación ni reconocimiento, alejándolos de su entorno natural lo que implicaría un divorcio de sus costumbres y modos, a pesar de lo expresado en la Constitución en cuanto al respeto, incluso, a sus propios códigos cosmogónicos y de justicia.
Vladimir Aguilar, abogado, politólogo y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (Gtai) de la Universidad de Los Andes propone como alternativa la demarcación de las tierras indígenas para la práctica del ecoturismo por medio de “figuras mixtas de protección natural y cultural de los parques nacionales y monumentos naturales para potenciar la economía de la región con criterios de sostenibilidad” rechazando lo que consideró un modelo que solo cambia el petróleo por la minería en un “desarrollismo de izquierda” que coincidiría también con un “neoextractivismo” de los gobiernos que se llaman progresistas en Latinoamérica.
Admite que los grupos indígenas se encuentran divididos en el tema por el proceso de “cooptación política” del actual gobierno, pero asegura que quienes viven en las cabeceras de los ríos rechazan las “pretensiones del capital transnacional con el gobierno”. Aplicar el Arco Minero sería para Aguilar “una aberración y antinomia jurídica” contra derechos ambientales y territoriales de criollos e indígenas venezolanos.
Expertos también en contra
El lingüista y antropólogo Esteban Emilio Mosonyi, ex rector y fundador de la Universidad Indígena de Venezuela rechazó en un foro en la UCV, junto a otros voceros de la izquierda disidente, los epítetos así como ha expresado asombro por los anuncios extractivistas mientras se pidió un análisis más plural y exhaustivo de los conceptos de minería ecológica. También Diego Díaz Martin, director del postgrado en Ambiente de la UCAB y director de la ONG Vitalis calificó de “absurdo” hablar de “minería ecológica”.
Juan Carlos Sánchez, co-ganador del premio Nobel de la Paz como parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) afirma que hay consecuencias que no han sido debidamente explicadas o consideradas como el drenaje de aguas ácidas por la exposición del sulfato ferroso del subsuelo al oxígeno y al agua que produciría ácido sulfúrico; el aumento de la turbidez y sedimentos de los ríos por la remoción de tierra que elevaría su contaminación; el uso de 10 a 100 millones de metros cúbicos de agua por tonelada de mineral al año para transporte, separación, supresión de nubes de polvo y lavado de equipos, así como los ruidos y vibraciones generadas por camiones y posibles detonaciones que afectarían a las especies de los ecosistemas circundantes. Desmiente que pueda practicarse una minería ecológica.
Explica que la extracción de oro y diamantes precisa de la remoción del suelo y la deforestación de grandes extensiones produciendo “daños irreversibles” con un impacto en cascada: al remover un bosque también se pierde el hábitat de especies animales y vegetales, mientras replantar en otro lugar no producirá la riqueza biológica original. Recuerda que la fragilidad de la zona llevó a la creación del Parque Nacional Canaima. En la región 4 del Arco Minero, aún sin ser suficientemente estudiada, habría al menos 225 especies de reptiles, 180 de anfibios y 1.200 especies de aves.
Jeanfreddy Gutiérrez para Cotejo.info
