Vivimos en uno de los países que más garantiza los Derechos Humanos, aseguró la Defensora Pública Nacional, Susana Barreiro, el 27 de junio de 2016 en una entrevista para Venezolana de Televisión (VTV), cuando brindaba un balance sobre las impresiones recogidas durante la realización del Programa de Pasantías del Mercosur que recibió a sus homólogos de Chile, Argentina y Brasil, pertenecientes al Bloque de Defensores Oficiales del organismo multilateral hemisférico. Aseveró además que en Venezuela había una “visión futurista” que era estudiada para ser emulada en los países del bloque.
La aseveración no es respaldada unánimemente por el Mercosur, cuya presidencia pro-témpore, que le correspondería a Venezuela, ha sido objetada primeramente por Brasil y Paraguay, y más tarde por Argentina, lo que impidió la transferencia por parte de Uruguay cuando le tocaba por orden alfabético, según el reglamento del grupo de países. Además de tener importantes observaciones en los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los exámenes rendidos por el Estado Venezolano ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), declaraciones de la propia Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y los informes de la Defensoría del Pueblo desde el año 2000 que muestran un considerable aumento de las denuncias de vulneración de los Derechos Humanos por parte de policías y militares durante 2014 y 2015.
Otros colegas, otra óptica
Apenas días más tarde de la entrevista a Barreiros, el 8 de julio, diputados pertenecientes a la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur) asistieron a la Asamblea Nacional, después que no pudieron visitar a quienes la oposición califica como presos políticos mientras el oficialismo señala que han cometido delitos comunes.
A los parlamentarios les fue negado el acceso a las viviendas de Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal y de Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano, así como los centros de reclusión de Rosmit Mantilla, Gilberto Sojo y Renzo Prieto, quienes fueron electos como diputados suplentes el 6 de diciembre de 2015, pero el Tribunal Supremo de Justicia les negó la libertad señalando que cometieron los delitos antes de obtener inmunidad parlamentaria. Tampoco pudieron ver al exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, cuyas condiciones de reclusión y retraso en el juicio han sido constantemente denunciadas por su partido político, Un Nuevo Tiempo (UNT).
Los legisladores del sur aseguraron que el informe que elaborarían tras la visita, después de varias reuniones, sería llevado al parlamento de cada país del bloque, así como a organismos internacionales como la CIDH, bajo la premisa de “traspasar fronteras” sobre la situación que encontraron en Venezuela.
Bloque dividido
La resistencia de Brasil y Paraguay de transferir la presidencia de la alianza a nuestro país se basaría en un incumplimiento de los requisitos para que Venezuela sea un miembro pleno del bloque. Para el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, cada país debe cumplir con su constitución, el Tratado de Asunción que creó a Mercosur y los protocolos de derechos humanos del mismo, para luego asegurar que el país que presida Mercosur “tiene que tener las credenciales democráticas, de respeto a los derechos humanos, y mucha estabilidad económica”.
Por su parte, el gobierno de Brasil ha señalado que a Venezuela se le ha vencido el plazo para unificar aranceles, códigos y nomenclatura, así como cumplir todo el paquete de normas y regulaciones, lo que pondría en duda sus condiciones de ejercer la presidencia. “Fue un error”, dijo el canciller José Serra, sobre el apoyo que su país brindara al ingreso venezolano.
La Ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez, afirmó sin embargo que la presidencia pro-témpore fue ejercida por el país desde agosto, pese a la falta del acto oficial del encuentro de presidentes donde usualmente se realiza.
Más voces en contra
La situación de Derechos Humanos de Venezuela ha sido evaluada también por gobiernos y ONG extranjeras. La posición del gobierno español de Mariano Rajoy fue de calificarla de “terrible violación” por la “falta de respeto a la democracia”, mientras que activistas peruanas de derechos humanos se consideraron preocupadas después de una visita realizada al país por invitación del Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en las que observaron obstáculos a la labor de los sindicalistas, ataques a la comunidad colombiana durante la expulsión forzosa, así como ataques a sus pares venezolanos. Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara, aseguró también en junio de 2016 que en Venezuela “hay graves violaciones a los derechos humanos” por las fallas en el acceso a medicinas y alimentos, así como por los testimonios escuchados de familiares de los detenidos que certifican como presos políticos.
Ya el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, había señalado el 5 de marzo de 2015 que estaba “muy preocupado por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela”, especialmente por las “duras” respuestas del gobierno a la crítica y discrepancia mediante “intimidación y campañas públicas, incluidas por altos funcionarios del Gobierno, contra defensores de los derechos humanos», así como el uso de armas de fuego para enfrentar manifestaciones públicas.
Examen raspado
El 29 y 30 de junio de 2015 Venezuela presentó el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de evaluación del cumplimiento de tratados y convenios internacionales realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe final (PDF) contiene nueve “aspectos positivos” y 25 “motivos de preocupación y recomendaciones”. Entre algunos de éstos últimos incluyen que el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la promoción y protección de los Derechos Humanos recomendó que se rebaje la categoría de la acreditación de la Defensoría del Pueblo a Clase B, por su falta de independencia.
El Comité alerta la contradicción entre lo señalado oficialmente y los informes de las ONG sobre las condiciones de reclusión, acceso a la salud y hacinamiento de los privados de libertad, así como el alto número de detenidos por períodos muy largos en instalaciones diseñadas para albergarlas por pocos días. Una situación que se cifra en 28 mil detenidos en 400 calabozos policiales para junio de 2016, según el coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma. Por su parte, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, admitió un mes antes que eran 22.759 privados de libertad. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló en su informe de 2015 que hubo 171 fugas, 42 heridos y 14 fallecidos en estos lugares de detención temporal, según reportó Runrunes.
Violencia oficial
El texto de la ONU incluye preocupación por una alta cantidad de homicidios, muchos de los cuales serían perpetrados por oficiales policiales, como denunciara la propia Fiscal General en su informe ante la Asamblea Nacional. Asimismo, llama la atención la incidencia de presuntos actos de intimidación, ataques, amenazas y descalificación a periodistas, abogados y activistas de organizaciones civiles, incluidos aquellos que ayudaron la labor del propio Comité. Resaltaron las declaraciones emitidas por Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, por el programa “Con el mazo dando” de VTV, como parte de esta campaña de señalamientos.
Se incluye además los “numerosos informes” de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, tortura o malos tratos, detenciones arbitrarias, inobservancia de las salvaguardias legales fundamentales y participación de militares en control de reuniones públicas durante manifestaciones de los primeros meses de 2014, cuando se realizaron protestas, manifestaciones y “guarimbas” en todo el país que habrían iniciado en San Cristóbal y se replicaron después del llamado “La Salida” de María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma, que devinieron en miles de detenciones de dirigentes, activistas y manifestantes, así como 43 fallecidos y cientos de heridos que el gobierno calificó como única responsabilidad de la oposición. El informe señala que aunque cuando los manifestantes usaron violencia, los funcionarios faltaron a sus deberes.
También se expresó el citado informe preocupación por el “limitado acceso a la información de interés público” y pidió despenalizar la difamación, así como las sanciones penales contra quienes ofendan o irrespeten al Presidente u otros funcionarios de alto rango, recordando que las penas de cárcel nunca son adecuadas para estos casos.
El Colegio Nacional de Periodistas señaló en junio de 2016 que han registrado 2.128 casos de amedrentamiento con alta incidencia en la limitación de la libertad de información en un comunicado sobre la vulneración de distintos derechos humanos en el país, incluyendo a la salud y la alimentación. Por su parte, la ONG nacional Espacio Público alertó sobre la negación de información pública de distintos organismos públicos, lo que viola la Constitución.
Triple duda
El Comité de la ONU también objetó las fallas en autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial, incluyendo que solo 34% de los jueces son titulares, lo que abre la posibilidad discrecional de destitución, y la falta de información oficial sobre el estatus de los fiscales. El Comité resaltó el caso de María Lourdes Afiuni, detenida en 2009 tras liberar a Eligio Cedeño, cuya detención fue considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, así como la falta de investigación sobre los malos tratos y la agresión sexual que habría sufrido la jueza durante su tiempo de reclusión, cuya denuncia causó una polémica entre la Fiscal Luisa Ortega Díaz y el Comité, que consideró que sus declaraciones no eran acordes a la investidura de su cargo. Además, el texto alerta sobre las detenciones de los dirigentes políticos de Voluntad Popular, Leopoldo López y Daniel Ceballos, que el Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias del organismo mundial consideró como tales.
Este informe, emitido apenas un año antes de las declaraciones de la propia vocera citada, Susana Barreiros, levanta dudas como autoridad legítima para hablar de Derechos Humanos, al tener tres de las “preocupaciones” señaladas. Fue la jueza que firmó el 10 de septiembre de 2015 la sentencia contra López de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión, cuando ejercía de forma provisional en el Tribunal 28° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas por cinco años y un mes. Y además, sustituía en su puesto a la jueza María Lourdes Afiuni.
Otro triple de dudas razonables se repite para afianzar las dudas sobre el Poder Judicial. Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor del dirigente opositor, denunció la anulación de testigos y pruebas así como la muy inusual sentencia casi idéntica a la acusación hecha por la Fiscalía. “Cita de Juan Carlos”. Uno de los fiscales, Franklin Nieves, desapareció del caso para reaparecer en un video después de huir del país para revelar que la acusación contra el coordinador nacional de Voluntad Popular se basó en “pruebas falsas” que le impidieron proseguir en el caso. Y la lingüista que fue promovida como testigo del Ministerio Público, Rosa Amelia Azuaje, admitió que encontró “interesante” el discurso del acusado, pero nunca como promotor de violencia, luego denunció en un artículo publicado por La Verdad que Barreiros la citó en la sentencia de forma equívoca, alegando lo contrario a lo que expresó como experta, una denuncia que se repitió durante la audiencia de apelación.
Defensoría en alerta
Las denuncias, quejas y peticiones por vulneración del derecho humano a la vida por parte de funcionarios policiales y militares en 2015 ante la Defensoría del Pueblo aumentaron 159,5% con respecto al año pasado, pasando de 79 a 205 casos. Las ejecuciones extrajudiciales fueron la principal fuente de las mismas, subiendo de 73 a 161, según el informe más reciente de la oficina liderada por Tarek William Saab. Vale resaltar que hubo también 22 casos de muerte por torturas o tratos crueles y 5 por falta de atención médica, que se identifican como negligencia en el documento. Esto, después de una reducción progresiva de los 408 de 2003 hasta solo 37 de 2012. Desde entonces ha subido rápidamente según los informes levantados durante la historia de esta institución (PDF).
En 2015 también se recibieron 1.436 quejas por abusos de autoridad, que se caracterizan cuando “funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley se extralimitan en el uso de sus atribuciones, ocasionando perjuicios a las personas a través de un uso indebido de la investidura institucional, por ejemplo, retenciones indebidas de documentos personales, sobornos, maltrato verbal, irregularidades en los procedimientos policiales, intimidación”. En este caso, en el país se habían reducido desde los 2.170 casos de 2004 a los 866 de 2013, hasta que volvió a repuntar. De manera similar, las torturas habían bajado hasta 558 ese mismo año, pero el último informe muestra hasta 625 denuncias por tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En el caso de las peticiones por casos de violación al derecho a la libertad personal, la reducción había llegado hasta 2014 cuando se conocieron 110 casos de privación ilegítima de libertad después de 1.386 casos de 2003. Sin embargo, para el 2015 se elevaron a 223. La desaparición forzada, uno de los delitos de Estado que suele denunciarse durante la época previa al gobierno de Hugo Chávez, obtuvo 22 denuncias en 2015 después de reducirse de 77 a 14 entre 2004 y 2014. En total, desde la llegada de la nueva Carta Magna, la Defensoría ha recibido más de 400 denuncias de personas con ubicación desconocida por actuación de funcionarios policiales o militares.
Susana Barreiro no se ajustó a los informes nacionales e internacionales, que además alertan que la violación de Derechos Humanos ha empeorado desde el año 2014, con serias dudas sobre la actuación institucional, las respuestas a las críticas y el papel ante la disidencia. Esto después de la aparición de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pero que de nuevo repuntaron con las actuaciones de los cuerpos de seguridad ante las protestas de 2014 y por los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) de 2015, como también señalan los informes. En agosto de 2016 el TSJ reafirmó la legalidad del decreto que permite el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad ciudadana.
Por Jeanfreddy Gutiérrez para Cotejo.info
