- “Esa fue la ley emblemática (en la campaña). Una ley de amnistía y reconciliación”, comentó el diputado Henry Ramos Allup durante el discurso de instalación de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero de 2016.
- “No vamos a conceder más leyes habilitantes inútiles”, aseguró también Ramos Allup. Durante ese año, la AN rechazó el decreto de emergencia económica que posteriormente fue puesto en vigencia por el Tribunal Supremo de Justicia.
- “No vamos a ser un contra poder… Pero sí seremos un poder auténtico”, mencionó el legislador con 26 años de experiencia como asambleísta. Sin embargo, 2016 fue el año en el que desde el Poder Judicial y el Poder Ciudadano se impusieron más sentencias y resoluciones que afectaron el trabajo legislativo.
Desde el 5 de enero de 2016 llegó al Palacio Federal Legislativo un nuevo grupo de diputados. Los 167 representantes de la soberanía popular ingresaron al recinto con una cambiada tendencia: Por primera vez desde las megas elecciones del año 2.000 el gobierno chavista tendría un Poder Legislativo en manos de la oposición. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró el número mágico de representación parlamentaria: la mayoría absoluta de 112 diputados, que en teoría permitiría, según reporta el portal Prodavinci, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la aprobación de un Proyecto de Reforma Constitucional, la aprobación de Proyectos de Leyes Orgánicas, así como las modificaciones a las ya existentes, la elección y remoción de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano y Consejo Nacional Electoral.
Durante la campaña electoral fue notable la importancia de los temas políticos; sin embargo, para el presidente de la Asamblea Nacional, durante el año 2016, diputado Henry Ramos Allup (AD-Distrito Capital) era importante que al Capitolio “se le devolviera la autonomía, ya que en estos 17 años no ha cumplido con sus funciones constitucionales”. Pero a la vista y cotejo de los resultados constatables, la gestión desarrollada por la Asamblea Nacional durante 2016 quedó, en general, en una suerte de ejercicio de fogueo con disparos de salva que no produjeron, a la fecha, los efectos prometidos.
El estado de resultados
En el ámbito parlamentario la unidad democrática prometió tres leyes fundamentales: La Ley de Amnistía y Reconciliación, Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados y la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Sin embargo, las promesas electorales del diputado y secretario general de Acción Democrática se vieron obstaculizadas, siendo el primer inconveniente para la nueva mayoría la impugnación de los diputados del estado Amazonas, que dejó sin representación legislativa a 178 mil habitantes.
En el primer año de gestión de esta nueva Asamblea Nacional se sancionaron 15 leyes, 11 de las cuales fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia, que emitió 41 sentencias que cercenaron las posibilidades legislativas y contraloras del Capitolio. En el caso de la Ley de Bono Alimenticio para los pensionados, no fue declarada inconstitucional, sino “económicamente inviable” según el TSJ en su fallo número 327. El máximo tribunal de la República recomendó al Poder Legislativo revisar la propuesta para verificar su aplicabilidad. La única norma aprobada de forma unánime fue Ley de Limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, que fue publicada en Gaceta Oficial el 15 de julio de 2016.
El conflicto entre los poderes se intensificó después que la Sala Electoral del TSJ, en sentencia del 1° de agosto de 2016, declarara en desacato a la Asamblea Nacional, por reincorporar a los diputados del estado Amazonas. A pesar de su posterior desincorporación el máximo órgano legislativo desestimó la acción, asegurando que la única forma de desincorporar legamente a los legisladores era a través de un acuerdo votado en la cámara. El diputado y presidente de la AN, Henry Ramos Allup, aseguró que dicha votación no era necesaria, permaneciendo así en desacato el órgano legislativo y con la implicación de mantenerse la nulidad absoluta de todas sus acciones.
Solo dos normas fueron sancionadas sin que fueran declaradas inconstitucionales, pero tampoco fueron publicadas en Gaceta Oficial: la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Para la Activación y Fortalecimiento de la Producción.
En comparación con periodos anteriores, en el año 2016 se sancionó un número regular de leyes. En el año 2015, según el informe de gestión de la Asamblea Nacional, presidida en ese momento por el diputado Diosdado Cabello, se sancionaron solo dos leyes, después de que se autorizara en la plenaria una ley habilitante que le dio poderes legislativos al presidente Nicolás Maduro Moros. Sin embargo, en 2016 solo se publicó en Gaceta Oficial una ley de las 15 aprobadas, dejando un balance incluso menor que en el año 2015 y muy distante de las 17 leyes aprobadas en el 2014.
Contraloría legislativa
Con respecto a las responsabilidades contraloras de la AN, que están consagradas en el Artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el año 2016 estuvo marcado por una fuerte expectativa, ya que comisiones parlamentarias como la de Contraloría, estaría presidida por primera vez en 18 años por un parlamentario de oposición: Freddy Guevara (VP-Miranda). Según el Observador Parlamentario de Transparencia Venezuela, la comisión se reunió 26 veces, ocupando el segundo puesto en número de reuniones, siendo superada solo por la comisión de Administración y Servicios, que se congregó 27 veces. En el seno de la comisión se trataron dos casos. El primero, la investigación del presunto desfalco de 11 mil millones de dólares durante la gestión de Rafael Ramírez como Presidente de Pdvsa y Ministro de Energía y Petróleos, detallado en el expediente Nº 1648. Como resultado de la investigación se declaró responsabilidad política a 11 funcionarios del gobierno central, incluido el mismo Ramírez.
El segundo caso tratado en la comisión fue el de presuntas irregularidades en la construcción de hospitales, donde se calculó un desfalco de 1 millardo 552 millones 353 mil 981,33 dólares en la edificación de 6 centros hospitalarios en el marco de la Misión Barrio Adentro IV. Las supuestas irregularidades ocurrieron en 6 entidades federales. La investigación publicada en el expediente N° 1506 dio como resultado la declaración de responsabilidad política a la ex ministra María Eugenia Sader y, según el portal web RunRun.es, narra las irregularidades administrativas, como la contratación de empresas que no contaban con su debida inscripción o actualización en el Registro Nacional de Contratistas; declaración falsa en documento público, entre otras. La Fiscalía y la Contraloría General de la República no han informado de alguna investigación de los temas tratados por la Asamblea Nacional.
No se rindieron… ni las cuentas
La Asamblea Nacional puede, como mecanismo de control sobre el gobierno y sus oficiales, interpelar a los funcionarios que se considere, tengan información necesaria para la elaboración de leyes, informes o investigaciones realizadas por las comisiones del órgano legislativo. Así, desde el Palacio Federal Legislativo se enviaron 20 citaciones para comparecer ante el pleno de la cámara. Ninguno de los funcionarios asistió al hemiciclo, incluyendo el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. La inasistencia a tal llamado es catalogado por el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández en su artículo del portal Prodavinci como una acción que no “solo viola el deber establecido en el Artículo 223 de la Constitución venezolana. Las consecuencias son mucho más graves, pues el incumplimiento del deber de comparecencia implica desconocer el deber básico de todo funcionario público: la rendición de cuentas”.
Sin embargo, la rendición de cuentas pareciera la excepción y no la regla en el Palacio Federal Legislativo. Según datos de la misma página web de la AN, ninguno de los 54 diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela presentó ante sus electores su informe de gestión parlamentaria. La cifra no mejora mucho en la bancada mayoritaria de la unidad, donde solo 23 de los 112 diputados entregaron ante la cámara su informe. Un 87% de los diputados a la Asamblea Nacional no ha facilitado los documentos necesarios. Según el Artículo 13, literal 3 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, es deber de los diputados “Informar sobre su gestión y rendir cuentas públicas, transparentes y periódicas, de acuerdo con el programa presentado a los electores y electoras durante su campaña electoral”. Dicha responsabilidad también tiene carácter constitucional, consagrada en los artículos 66 y 197 de la Carta Magna.
Desde un punto de vista partidista, dentro de la MUD, Voluntad Popular es el partido que fue proporcionalmente más responsable, cuando 33% de sus diputados (5 parlamentarios) entregaron sus informes. Por su parte Primero Justicia, el partido de la alianza opositora que más diputados tiene en el hemiciclo, fue en el que menos entrego cuentas, ya que solo 18,18% (6 diputados) de sus representantes publicaron su informe. Los adecos rondan el 22,51% (6 diputados) y Un Nuevo Tiempo (UNT) el 23% (5 diputados). En la actual junta directiva, el presidente Julio Borges (PJ-Miranda) y el primer vicepresidente Freddy Guevara (VP-Miranda) no han entregado su informe. Por su parte, la segunda vicepresidenta Dennis Fernández (AD-Cojedes) es la única miembro de la junta y de su entidad federal que si cumplió con su responsabilidad constitucional. De la primera junta directiva, formada por Henry Ramos Allup (AD- Distrito Capital), Enrique Márquez (UNT-Zulia) y Simón Calzadilla (MVP-Aragua) ninguno de sus integrantes publicó su informe de gestión.
La Asamblea Nacional, forma parte de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, que mediante estudios anuales presenta al continente un listado de los poderes legislativos más transparentes de la región. Los criterios a evaluar por la red son normatividad, labor de la asamblea, presupuesto y gestión administrativa y mecanismos de participación, atención ciudadana y rendición de cuentas. A pesar del incremento del 3% en la transparencia parlamentaria venezolana desde 2014 (19%) a 2016 (21%), la nación sigue muy por debajo del promedio regional, que se ubica en el 50%, colocándose incluso como el parlamento peor evaluado de la región, seguido de República Dominicana (37%) y Argentina (39%), dejando en evidencia el retraso institucional en comparación con el resto del continente.
Por Daniel Acosta para Cotejo.info
