El primer informe de la socialista Michelle Bachelet mantuvo la línea de su predecesor, Zeid Ra’ad al Hussein, y sorprendió a muchos, incluso a la izquierda demócrata del planeta
La expresidenta de Chile alertó en Ginebra sobre graves violaciones de derechos humanos que sufren los venezolanos y que el gobierno insiste en negar
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, presentó el pasado 20 de marzo un informe sobre Venezuela en Ginebra que sorprendió a muchos, incluso a un buen número de demócratas de la izquierda del planeta.
En ese informe, la líder socialista y ex presidente de Chile denunció violaciones de derechos humanos en Venezuela y habló incluso de torturas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, grupos civiles armados pro-gubernamentales, criminalización de la protesta, colapso de los servicios públicos, persecución a la prensa y de una crisis política, económica y social grave, que “las autoridades se han negado a reconocer”
La televisora oficialista VTV estaba transmitiendo su discurso en vivo y lo sacó del aire justo en uno de los momentos claves de su presentación, como se puede apreciar en este video.
Naciones Unidas ha documentado violaciones desde 2017
El informe oral que presentó Bachelet durante el 40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, se distancia poco de los presentados por su predecesor en el cargo, Zeid Ra’ad al Hussein, quien también denunció violación de derechos humanos en Venezuela en 2017 y 2018.
La alta comisionada debe entregar en junio un “informe exhaustivo” sobre Venezuela ante la comunidad de Naciones, que se nutrirá con los detalles de la visita in situ de la delegación de la Acnudh que estuvo en el país la semana pasada.
También vale la pena acotar que el Consejo de Derechos Humanos, por primera vez desde su creación en 2006, emitió una resolución sobre Venezuela el 27 de septiembre de 2018 que exige la apertura de una investigación y la discusión de la situación venezolana en las próximas sesiones, además de delegar en la Acnudh la responsabilidad de conducir el caso.
En dicha resolución, titulada Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo “reconoce de manera expresa la crisis política, económica, social y humanitaria del país, al exhortar al Gobierno venezolano a que acepte la asistencia humanitaria a fin de hacer frente a la escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos. Al igual que hace reconocimiento de graves violaciones de derechos humanos en el país”, precisó el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
Siete verdades
Cotejo.info decidió verificar siete frases claves del discurso de Bachelet contrastándolas con la data disponible para chequear su validez y concluyó que sus advertencias son verdaderas.
Lo primero que se puede resaltar es que las declaraciones de la alta comisionada ante el Consejo de Derechos Humanos desmienten versiones oficiales de la administración Maduro, como por ejemplo las tesis de que en el país no hay una crisis migratoria ni una crisis humanitaria.
Verdades 1 y 2: Hay crisis humanitaria y crisis migratoria
“Un resultado directo de esta vasta crisis humanitaria es que más de 3 millones de personas han huido de Venezuela, en busca de comida, atención médica, empleo y protección. Muchas de ellas han partido en precarias condiciones de salud y con poco dinero, a veces sin ninguno; y sus dificultades se multiplican por las prácticas habituales de extorsión y confiscación empleadas por algunos agentes de fronteras”, dijo Bachelet en Ginebra.
Nicolás Maduro ha llegado a asegurar que no pasan de 800 mil los migrantes en Venezuela, como se observa en el video de esta nota de la periodista Valentina Saldivia que publicó Cotejo.info recientemente.
El gobernante también ha negado en múltiples ocasiones la crisis humanitaria, pero los hechos devenidos le hicieron cambiar de discurso en los últimos meses y aceptar incluso la “ayuda” y “asistencia” humanitarias de sus aliados políticos: Rusia, China y Cuba.
Las cinco verdades siguientes de la Acnudh apuntan en esa misma dirección.
Verdad 3: Las medidas adoptadas por el gobierno son insuficientes
«Estoy sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional», advirtió Bachelet.
Además, “las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”, acotó.
Informes desarrollados en 2018 por las organizaciones de derechos humanos globales Human Rights Watch y Amnistía Internacional, respaldan con lujo de detalles lo dicho por la comisionada.
En el informe Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela, Amnistía Internacional documenta la responsabilidad del Estado venezolano en “la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de cientos de víctimas, en dos niveles: el primero de ellos debido a que el Estado no ha podido garantizar el derecho a la vida en un contexto de violencia entre particulares; y el segundo nivel: porque el Estado ha implementado medidas represivas, con racionalidad bélica”.
Amnistía Internacional también denunció que del 21 al 25 de enero de 2019 se registraron numerosas protestas en el país, muchas de ellas en zonas populares, y que muchas de ellas fueron reprimidas con fuerzas armadas oficiales y grupos civiles armados progubernamentales.
«En sólo cinco días, al menos 41 personas fallecieron durante estas protestas, todas por herida de arma de fuego. Más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria, y tan solo el 23 de enero (día en que se convocaron manifestaciones en todo el país), se reportaron 770 detenciones arbitrarias», detalló la organización.
La escasez de alimentos y medicamentos ha marcado ya picos históricos en Venezuela e incluso un ex ministro de Salud y ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Venezuela que formó parte de la administración Maduro, Carlos Rotondaro, declaró públicamente que por razones políticas se llegó a limitar la entrega de medicamentos a períodos electorales para conseguir votos y que esto ocasionó la muerte a pacientes crónicos en situaciones precarias, como miles de dializados.
Fuentes: BCV, AS/COA, Fefarven, Codevida y Convite
Verdad 4: Torturas, asesinatos y criminalización de protestas
Bachelet: “Me preocupa profundamente la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas. En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi Oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación”.
Tanto el informe anual de Provea como el informe de Cofavic sobre la falta de acatamiento del estado venezolano a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999 y 2002), documentan hechos de esta naturaleza.
En el mes de enero de 2019, Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informaron sobre las muertes ocurridas en el marco de las protestas realizadas, incluso en protestas pacíficas, tal como se ve en la gráfica.
Verdad 5: Atroces condiciones económicas
Bachelet: “La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales”.
El reporte especial Emergencia Humanitaria Compleja: Derecho al Agua, así como el informe “Venezuela en Apagón: Desinversión, Falta de Mantenimiento y Desfalco” de Transparencia Venezuela y otros estudios realizados por el Observatorio de Servicios Públicos y Esda, dan lujo de detalles sobre estos casos.
Venezuela ha mantenido la inflación más alta del planeta en los últimos años. El gobierno no vincula eso a la destrucción del sistema económico sino a una “guerra económica”, con la que pretende presentarse ante sus seguidores y al mundo como víctima en lugar de responsable, pero los hechos cada vez son más contundentes y dejan sin base a la propaganda oficial).
Economistas del sector privado advierten que sin cambios estructurales que sanen la economía, resultará imposible vencer la devaluación del bolívar, el desbalance fiscal y la hiperinflación.
Los 10 países con mayor inflación (1996-2018)
No se pierdan el final… pic.twitter.com/JiEZxwPIL7
— Wall Street ? (@gualestrit) 20 de marzo de 2019
Verdad 6: Atención sanitaria sigue deteriorándose
Bachelet: “El sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil”.
El informe Emergencia Humanitaria Compleja: Derecho a la Salud, producido por un grupo de organizaciones de derechos humanos en Venezuela como Convite, Codevida y Acción Solidaria, entre muchos otros, contiene datos reveladores sobre la gravedad de la crisis en el sector salud.
Verdad 7: Violaciones de FAES
Bachelet: “En 2018, se informó de al menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas. Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno. En determinados casos, los parientes de las víctimas denunciaron que la Oficina del Fiscal General se había negado explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES”.
La comisionada detalló también que “la mayoría de las víctimas vivía en barrios pobres y había participado en protestas antigubernamentales. Me preocupan particularmente los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación”.
Provea ha documentado muchas de las violaciones de derechos humanos atribuidos a las FAES de Venezuela, como consta en este informe especial.
Y las denuncias presentadas y documentadas por la abogada Tamara Suju ante la Corte Penal Internacional y la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldan también lo dicho por la comisionada en Naciones Unidas.
