En Brasil no alcanzan las incubadoras para los recién nacidos y en Colombia les preocupa el nacimiento progresivo de bebés de más de 8 mil embarazadas venezolanas que arribaron a ese país en 2018
Dos derechos humanos fundamentales que han sido afectados en medio del caos nacional son el derecho a la vida y a la salud de las mujeres en gestación y sus bebés
Las historias de las madres migrantes conjugan motivos económicos, sociales y políticos
Una gran parte de la diáspora que ha caracterizado a la Venezuela actual está integrada por mujeres embarazadas que optan por abandonar su Patria para dar a luz en lugares más seguros para los hijos que están gestando y para sí mismas.
Las historias de estas embarazadas venezolanas conjugan motivos económicos, sociales, políticos y una notoria crisis en el sistema de salud, que incide en la carencia de garantías para el nacimiento de las nuevas generaciones.
El gobierno de Nicolás Maduro instauró en el mes de julio del año 2017 el Plan Parto Humanizado, un programa “que forma parte de las políticas para la protección de la mujer” y que hasta enero de 2019 había protegido a más de 31 mil 565 encintas y 20 mil 39 madres lactantes, según los voceros oficiales.
Serían atendidas 4 millones de mujeres, de acuerdo con lo que contempla el Plan de la Patria 2019-2025 presentado por el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez.
En los últimos días, según un reporte realizado por El Pitazo, en el Hospital Central de Maracay (HCM), en 2019 han fallecido siete mujeres en el periparto, cinco de ellas por infecciones severas. El colapso de hospitales y otros centros de salud se ha puesto en evidencia en los últimos años y las mujeres embarazadas abandonan su país de origen para lograr mejores condiciones de vida y seguridad en otra nación.
En el informe presentado recientemente por la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se destaca también que en Venezuela “el sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil”. Un hecho que ha generado una alerta en los países vecinos y en los que la comunidad de venezolanos se continúa incrementando.
Una investigación realizada por la revista médica “The Lancet” expone las fallas en el derecho a la salud en Venezuela y manifiesta que en Brasil para el año 2018, los centros ubicados en comunidades fronterizas no cubrían la demanda de incubadoras para atender a los venezolanos recién nacidos.
En este sentido, un estudio desarrollado por la organización Human Rights Watch (HRW) evidencia que el Gobierno de Colombia en 2018 esperaba que más de 8.000 embarazadas venezolanas que habían llegado dieran a luz en el vecino país. En su mayoría, no habían tenido acceso a algún tipo de atención durante la etapa prenatal.
HRW precisa también que el año pasado 45 embarazadas venezolanas presentaron graves enfermedades y siete fallecieron en el lado colombiano de la frontera. Asimismo, el bajo peso al nacer y la mortalidad perinatal y neonatal de bebés venezolanos que nacen en Colombia, son factores que predominan, dejando un saldo de 211 muertes de recién nacidos.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2018, la tendencia migratoria de los venezolanos posiciona a Colombia como el destino de mayor preferencia, con 1 millón 500 mil venezolanos que abandonaron el país en el año 2018.
El abandono luego de nacer
En este año 2019 se han hecho públicos varios casos de bebés recién nacidos que han sido abandonados en distintos lugares del país, como sucede con Caracas.
Organizaciones y representantes alegan que este es un reflejo más de la “Emergencia Humanitaria Compleja” que golpea a Venezuela y de las fallas en la red de atención para madres y niños.
La migración de embarazadas venezolanas y el abandono de recién nacidos son puntos que no han sido atendidos apropiadamente y el número de casos e historias sigue creciendo, como otro testimonio de quiebre en la emergencia humanitaria compleja que ha resultado de la ausencia de garantías para el derecho a la salud y a la vida en nuestro país.
