La Asamblea Nacional Constituyente fue integrada “tras un proceso electoral carente de inclusión política y viciado de irregularidades”, advierte la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública creada por los constituyentistas también fue objetada, porque “no cumple los estándares internacionales relativos a las comisiones de la verdad”
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, presentó el pasado 5 de julio un “informe exhaustivo” sobre Venezuela en Ginebra, que dejó en evidencia la gravedad de la crisis nacional y la violación de decenas de derechos básicos del pueblo venezolano, ante representantes de casi 200 países del planeta.
En ese informe, la líder socialista y ex presidente de Chile habló de torturas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, grupos civiles armados pro-gubernamentales, criminalización de la protesta, colapso de los servicios públicos, falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público, encarcelamiento y persecución de diputados de la Asamblea Nacional, y de una crisis política, económica y social grave, que “las autoridades se han negado a reconocer”.
Posición inicial ratificada
Ya en marzo, Bachelet había denunciado públicamente algunos de estos hechos y Cotejo.info, usando sus herramientas de fact-checking y periodismo de datos, verificó y documentó en aquel momento siete de las principales verdades dichas por la Alta Comisionada ante el Consejo de Derechos Humanos.
Entre aquellas siete verdades verificadas, destacan la confirmación de la crisis humanitaria y la crisis migratoria, las “atroces condiciones económicas” existentes, el profundo deterioro del sistema de salud y sanitario, así como el hecho de que las medidas adoptadas por el gobierno hasta la fecha resultaban “insuficientes” para salvar al país de su situación actual.
Pero el pasado 5 de julio, Bachelet añadió otras verdades de peso en su reporte a Naciones Unidas, y usted puede acceder a ellas revisando las 83 declaraciones hechas por la ACNUDH ese día a través de este documento publicado en el portal web de la organización.
Asamblea Nacional Constituyente de facto
Al referirse a la Asamblea Nacional Constituyente que el gobierno activó hace dos años con el propósito de redactar una nueva carta magna en Venezuela, la Alta Comisionada señaló en su informe que la misma fue establecida “tras un proceso electoral carente de inclusión política y viciado de irregularidades”.
Además, advirtió que “la Asamblea Nacional Constituyente asumió de facto las responsabilidades constitucionales de la Asamblea Nacional electa democráticamente en diciembre de 2015”, e incluso cuestionó a la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, encargada de examinar e informar sobre la «violencia política» de 1999 a 2017, que la ANC creó el 8 de agosto de 2017.
Esa Comisión “no cumple los estándares internacionales relativos a las comisiones de la verdad”, concluyó la ACNUDH.
Todas estas afirmaciones aparecen como pies de páginas en el documento que fue presentado en el 41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y que está publicado en el portal web de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Misión no cumplida
La Asamblea Nacional Constituyente lleva más de 700 días operando y sin presentar al país ningún proyecto de reforma constitucional aún, de acuerdo con el contador activado por Cotejo.info en su portal web desde 2017 y que se actualiza semana a semana.
El constituyentista Hermann Escarrá ha asegurado en declaraciones públicas que más de 80 % del proyecto constitucional ya está listo, pero hasta el momento el articulado no ha sido oficialmente presentado al país y el proceso de consultas públicas ha sido limitado a grupos afectos a la revolución socialista del siglo 21.
En paralelo, la Asamblea Nacional Constituyente sí ha producido “leyes”, “leyes constitucionales”, “decretos constituyentes” y otras normativas, además de asumir funciones que por Constitución le corresponden exclusivamente a la Asamblea Nacional, como por ejemplo la aprobación de los presupuestos fiscales del Estado, las autorizaciones de endeudamiento público o de nombramientos de cargos claves en los poderes públicos nacionales (como el Contralor y el Fiscal General de la República).
Puede consultar más detalles sobre las responsabilidades legislativas asumidas por la Asamblea Nacional Constituyente en esta nota del periodista y fact-checker César Heredia.
Inhabilitación de la Asamblea Nacional
El desmantelamiento de la Asamblea Nacional, único poder público nacional no controlado por la élite gobernante, es un proceso que viene en marcha desde hace años.
Primero ocurrió la desactivación o desconocimiento de varios diputados de Amazonas a través de una medida tomada por el Tribunal Supremo de Justicia; con ella lograron impedir la integración de una mayoría calificada en el Parlamento que habría servido para votaciones claves. Luego vino la sentencia que declaró en desacato a ese Poder Público. Y en los últimos años, una radicalización del proceso ha llevado al exilio, cárcel, detenciones arbitrarias, juicios o asilos políticos en embajadas a un importante grupo de diputados nacionales.
Según la recopilación de datos hecha por Naciones Unidas, el TSJ ha levantado la inmunidad parlamentaria a 22 diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos el Presidente y el Vice Presidente del Poder Legislativo.
“Muchos de ellos han sido acusados de traición, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y asociación, entre otros cargos, tras el 4 de agosto de 2018, cuando una tentativa de asesinato reportada en contra del Presidente de la República falló, y el 30 de abril de 2019, cuando el Presidente de la Asamblea Nacional llamó a las fuerzas armadas a desertar y a desafiar al Gobierno. Dos diputados se encuentran en detención preventiva y 16 han buscado protección en Embajadas extranjeras, han abandonado el país o se han escondido”, detalla el informe.