Violaciones de derechos humanos, tanto individuales como colectivos, denunció recientemente la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
En Venezuela, el número de muertes causadas por fuerzas de seguridad del Estado por “resistencia a la autoridad” es inusualmente alto: 5.287 y 7.523, según el gobierno y el OVV, respectivamente
“Muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”, resaltó la Alta Comisionada en su reporte al Consejo de Derechos Humanos
En el “informe exhaustivo” que sobre Venezuela presentó el pasado 5 de julio en Ginebra, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, dejó ver claramente la crisis nacional venezolana. Además, ante representantes de casi 200 países del planeta, la líder socialista y ex presidente de Chile dedicó todo un capítulo especial a desvelar la violación de derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas, tanto individuales como colectivos, en el que se detallan incluso los incidentes ocurridos en el estado Bolívar durante 2018 y 2019.
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Usted puede acceder al documento directamente a través de este enlace y conocer también las 83 declaraciones hechas por el principal multilateral del planeta sobre Venezuela en esta ocasión.
“Hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales. Han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados”, se lee en el documento.
La minería que se está desarrollando en los territorios indígenas ha provocado también graves daños ambientales y en la salud, como el aumento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales.
“ACNUDH documentó siete muertes de pueblos indígenas en circunstancias violentas en 2019 (…) En el estado Bolívar, las comunidades Pemón que se oponen al Gobierno, en particular las autoridades y los/as dirigentes indígenas, se enfrentan a una represión selectiva por parte de los agentes del Estado. Durante esos hechos, fuerzas militares tomaron el control del aeropuerto de la comunidad pemón de Maurak, que hasta entonces estaba bajo control indígena”, precisó.
Maurak y otras dos comunidades seguían militarizadas al momento de redactar el referido informe.
Ellas son especialmente vulnerables
Las migraciones forzadas también han hecho especialmente vulnerables a las mujeres y niñas indígenas, muchas de las cuales han terminado siendo víctimas de redes de trata de personas.
Mujeres y niñas no indígenas que forman parte del enorme grupo de migrantes venezolanos (que ya supera los 4 millones de personas, según las bases de datos manejadas por Naciones Unidas), también han terminado envueltas en redes de prostitución y trata de personas en los países de tránsito o destino final.
Los casos de este tipo en México, Trinidad & Tobago, Panamá y Colombia, han sido visibilizados en los últimos meses a través de una serie de investigaciones periodísticas publicadas en distintos medios de comunicación social.
Tras salir de su Patria y de la protección directa de sus familias nucleares, y al no contar con la condición de migrantes regulares, papeles en regla, muchos migrantes enfrentan situaciones de vida indignas, explotación laboral, discriminación, xenofobia y hambre.
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FAES y colectivos armados
La ACNUDH recomendó al gobierno de Nicolás Maduro el desmantelamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, tras incluir y documentar en su informe casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y delitos sexuales contra privados de libertad, entre otros, que involucran a agentes de este cuerpo de seguridad del Estado.
El informe tiene una sección que detalla casos de “uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad”.
El equipo de Naciones Unidas entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 2018 a abril de 2019.
Todas estas personas describieron un modus operandi similar, el mismo que han descrito las organizaciones de derechos humanos que han documentado estos casos en los últimos años, como Amnistía Internacional y Provea.
Según esos testimonios, las FAES llegan en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquean los puntos de acceso en la zona. Visten de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También llevan armas largas.
“Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax”, se lee en el informe.
Los testigos de esos casos reportaron también cómo las FAES manipulan la escena del crimen y las pruebas.
“Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría ‘resistido a la autoridad’. En muchos casos, las FAES llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya estaban muertas, aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y modificar la escena del crimen”, acotan.
Las autoridades involucradas declararon que las víctimas eran delincuentes antes de que hubiese concluido la correspondiente investigación oficial.
“Las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como ‘resistencia a la autoridad’.
En Venezuela, “el número de estas muertes es inusualmente alto (…) La información analizada por el ACNUDH indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”, resaltó la Alta Comisionada en su reporte al Consejo de Derechos Humanos (ver FAES y ejecuciones extrajudiciales).
Además, la Alta Comisionada solicitó el desarme de los grupos paramilitares progubernamentales, mejor conocidos como “colectivos armados”, y el fin de la impunidad de sus delitos correspondientes.
Sin duda, el informe de Michelle Bachelet presentado ante el principal organismo multilateral del mundo, eleva la presión internacional ejercida sobre la actual élite gobernante en Venezuela.
Y ahora que la Asamblea Nacional ha remitido ese informe a la Corte Penal Internacional, podría sumarse su contenido al expediente que la fiscal Fatou Bensouda mantiene sobre Nicolás Maduro, por presuntos delitos de lesa humanidad, que está aún bajo el estatus de “examen preliminar”.
La documentación hecha por ACNUDH, la principal agencia de derechos humanos de la ONU, podría reforzar el cuerpo de evidencias presentado previamente por diversas organizaciones de derechos humanos, abogados e incluso varios países de la región.
