- Nicolás Maduro aprovechó el Día Internacional de la Democracia para celebrar que, según él, su gestión profundiza este sistema de gobierno de libertades, e incluye y promueve la participación popular en el ejercicio del poder
- Evaluar el apego a la democracia de una gestión que se define como tal no queda a discreción de los voceros de turno; organizaciones independientes de investigación definen variables y parámetros comprobables que permiten avalar la afirmación del mandatario o rebatirla con indicadores y argumentos
Existe un día internacional de la democracia. La Organización de Naciones Unidas (ONU) eligió una fecha para promover y proteger ese sistema de gobierno. Se celebró por primera vez hace poco, en 2008, porque justamente un 15 de septiembre, la Unión Interparlamentaria Mundial adoptó una declaración universal sobre la democracia, sus principios, y los elementos y prácticas necesarios para consolidarla.
En Venezuela, quien ejerce de facto la Presidencia, Nicolás Maduro, no se quedó atrás. Atento al calendario de efemérides, publicó en Twitter a las 9:45 de la mañana un mensaje de festejo:
¡Celebramos el Día Internacional de la Democracia! Durante 20 años, hemos profundizado el camino democrático y pacifista, a través de políticas inclusivas y protagónicas que promueven la participación activa del pueblo en el ejercicio del poder. ¡Somos un ejemplo para el mundo! pic.twitter.com/EAAWYLbwEp
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 15, 2019
¿Hay motivos para celebrar la democracia en Venezuela? ¿Cómo debe ser un país para que se considere democrático? ¿Quién fija los parámetros? ¿Tiene fundamento el tuit del jefe en ejercicio de Estado venezolano o los hechos, y no solo las opiniones, lo contradicen?
La ONU insta anualmente a defender la democracia
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en 2019, lanzó un exhorto: “en este Día Internacional de la Democracia insto a todos los Gobiernos a que respeten el derecho a una participación activa, sustantiva y significativa, y saludo a quienes procuran incansablemente que eso suceda».
En el sitio web de la organización multilateral se refiere que esta fecha es una oportunidad para recordar que la democracia se centra en las personas, se basa en la inclusión, igualdad y la participación. La Declaración Universal en su artículo 21, numeral 3, reza que es el entorno natural para la realización efectiva de los derechos humanos e implica un diálogo constante entre civiles y políticos.
Termómetro de democracia: Venezuela es 134 de 167
Así como el termómetro permite conocer la temperatura, hay instrumentos que, aplicados a realidades y hechos, describen el estado de la democracia en los países. La Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU, siglas en inglés) hizo una clasificación denominada Índice de Democracia (Democracy Index) que pretende determinar el rango en 167 países: 166 de estos son estados soberanos y 165 forman parte de Naciones Unidas. El estudio data del 2006 con actualizaciones en 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017 y 2018.
El índice es un promedio ponderado, basado en las respuestas a 60 preguntas de opción múltiple. La mayoría de las respuestas corresponden a “evaluaciones de expertos”. Los resultados se basan en indicadores agrupados en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política.
Los países se clasifican según puntuación: con democracia plena, imperfecta, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. En el año 2018, Venezuela ocupó el puesto número 134 del total de 176, en la última porción. Aparece clasificada como régimen autoritario y por debajo de China, República del Congo, Camerún, Catar y Zimbabue; seguida por Guinea, Bielorrusia, Togo, Vietnam, Omán, Suazilandia y Cuba.
El trabajo de políticos, activistas y organizaciones de derechos humanos abundaba en denuncias y papel hasta que se produjo la esperada visita in situ de la Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
La constatación del organismo multilateral más importante del mundo dejó constancia escrita y oral de lo que ocurre en Venezuela y el estado de su democracia.
Derechos Humanos: El “Informe Bachelet”
En medio de la gran expectativa por su visita a Venezuela, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, llegó al país en medio de una pomposa bienvenida por parte de la administración Maduro, una sed de ser escuchadas de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales y una clase política opositora que esperaba de sus hallazgos un eco a sus reclamos.
La también expresidenta de Chile pisó suelo venezolano el 19 de junio. El 5 de julio, cuando el país suramericano celebraba el día de su independencia, emitió el que algunos calificaron como “demoledor informe”. El 9 de septiembre ofreció una “actualización oral”. Según declaraciones públicas de voceros del gobierno de Maduro, Bachelet dejó de ser una aliada para convertirse en una “mentirosa”. Los activistas de derechos humamos se sintieron reivindicados ¿Qué revelaron las visitas previas de los técnicos de la ONU y las reuniones de la propia Bachelet con familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos? “La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región”.
De prisiones a “servicios penitenciarios”
La práctica de usar nombres diferentes para los ministerios no necesariamente incide en la mejoría de los asuntos bajo su cargo. Aunque el informe Bachelet acusa “avances recientes” en la situación carcelaria, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones, para el 2018, hay 46.775 reclusos en el país: 94 % hombres y 6 % mujeres. El año pasado, hubo 291 muertos y 331 heridos en hechos violentos. En centros penitenciarios y en sedes policiales – de corta permanencia, pero donde hay detenidos hacinados durante años – ha habido 7.270 muertos desde el año 1999 – cuando comenzó la “Revolución Bolivariana” – hasta el 2018. Durante el primer semestre de 2019, en las cárceles del país, murieron al menos 59 internos.
Tras las rejas por disentir
El Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas considera que en Venezuela hay personas privadas de libertad injustamente. Para cumplir compromisos con la Oficina de Bachelet, el gobierno de Maduro excarceló 83 personas. Anotan como pendientes casos de personas libres, pero bajo medidas cautelares como régimen de presentación o prohibición de salida del país, es decir, no tienen libertad plena.
La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, maneja una cifra de 470 “presos políticos” para el 30 de septiembre de 2019. Según este equipo de abogados independientes, los prisioneros son detenidos o condenados, “sacados de circulación” e impedidos de continuar su activismo por diversos motivos.
Entre las razones para apresar arbitrariamente a algunas personas estaría “por representar individualmente una amenaza política para el gobierno, por tratarse de líderes políticos o sociales, por ser parte de un grupo social al cual es necesario intimidar como estudiantes, defensores de derechos humanos, comunicadores, jueces, militares, activistas sociales, políticos y otros” e inclusive, personas inofensivas utilizadas para sustentar una campaña o una determinada narrativa política del poder con respecto a determinadas situaciones de trascendencia nacional. Por ejemplo, el 19 de abril del 2015, en el estado Lara, fue detenido por 48 horas el ingeniero electricista Luis Vásquez Corro porque en una entrevista advirtió la crisis energética que se avecinaría por falta de mantenimiento del sistema eléctrico nacional.
Parlamento bajo acecho
En el año 2015, las llamadas fuerzas democráticas contrapuestas a Maduro lograron mayoría en las elecciones parlamentarias y se convirtió este en el único poder bajo control opositor. Desde entonces, el principio de independencia de poderes se diluyó evidentemente al producirse una cadena de órdenes de Maduro a la cabeza del Ejecutivo y acatamiento inmediato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El número de curules que da mayoría a los opositores, va en descenso.
Desde la presentación del informe Bachelet, la Asamblea Nacional Constituyente, una suerte de “parlamento paralelo” que sesiona en el mismo hemiciclo, con dos años en funciones y que aún no arroja un artículo de la nueva Constitución –único propósito de su existencia, según la vigente Carta Magna–, había levantado la inmunidad a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a 25 despojados de su fuero. Recientemente liberado el vicepresidente, Edgar Zambrano, continúa prisionero su colega Juan Requesens.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también documentó casos de tortura y malos tratos, físicos y psicológicos, a personas arbitrariamente privadas de libertad, en particular, militares. Anotó particularmente el caso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar el 29 de junio y cuya autopsia demostró que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones, quemaduras y fracturas. Los dos oficiales detenidos fueron acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura y su sentencia fue 6 años de prisión.
La organización defensora de los derechos humanos Provea rechazó la condena. “Desde Provea rechazamos la sentencia por considerarla insuficiente. No establece responsabilidades directas relacionadas con la tortura y tratos crueles que sufrió Arévalo en junio”, difundió en un comunicado.
Cuarto poder
Históricamente se ha considerado a la situación de los derechos a la expresión e información un indicador de democracia y, a la libertad de ejercerlos, un pilar de este sistema de gobierno.
La organización no gubernamental venezolana Espacio Público documenta que en septiembre, hubo 38 violaciones a la libertad de expresión, correspondientes a 15 casos, entre los que destacan intimidación, agresiones y amenazas. La mayoría de las víctimas son periodistas, trabajadores públicos y de medios de comunicación, y los victimarios más frecuentes son funcionarios, integrantes de cuerpos de seguridad y grupos violentos.
Con las cifras de septiembre suman 893 violaciones en lo que va de año, correspondientes a 400 casos, incluidas 100 detenciones. Espacio Púbico considera que estos números evidencian una escalada en los niveles de abuso que buscan censurar y silenciar a los ciudadanos que no descansan en su afán por buscar, recibir y difundir información. El denominador común de este cuadro es la impunidad: los agresores no reciben castigo aunque haya denuncia.
El reportero gráfico Jesús Medina está preso desde agosto de 2018 y sus actos judiciales son constantemente suspendidos. El Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, reporta que Maduro ha deportado e impedido el ingreso a Venezuela a 13 periodistas extranjeros en lo que va de año.
Si desde el poder se obstaculiza el trabajo de quienes pretenden observar y retratar la realidad de lo que ocurre en el país, como es el caso de periodistas, funcionarios de la ONU que levantaron datos para la comisionada e incluso ciudadanos, vale la pena preguntarse: ¿es Venezuela ejemplo de democracia para el mundo?
#9Oct Con la decisión de régimen venezolano de impedir ingreso de John Carlin, las deportaciones de periodistas extranjeros asciende a 13 en lo que va del año 2019. Otro atentado contra la libertad de expresión en Venezuela. pic.twitter.com/X4udXPFexL
— CNP Caracas (@CNPCaracas) October 9, 2019
