- Fluctuaciones, racionamientos o cortes repentinos ocurren cada día en las distintas regiones del país. Los testimonios de periodistas de cinco estados venezolanos evidencian que la vida de los ciudadanos y de los distintos sectores (comercial, industrial, empresarial) que hacen vida en el país cambió de forma radical desde aquel 7 de marzo de 2019
Los expertos advirtieron muchas veces sobre el inminente colapso del sistema eléctrico nacional, atribuido principalmente a la falta de inversión, la corrupción y el desvío de recursos. Hace 12 meses, el 7 de marzo de 2019, esas predicciones -que parecían lejanas o exageradas- se hicieron realidad, el país entero quedó en penumbras gracias al mega apagón nacional. Desde entonces, la vida ha dado un vuelco de 180 grados para sus ciudadanos.
Si bien el estilo de vida de los venezolanos se ha visto afectado de muchas maneras durante este siglo XXI, nada pudo prepararlos para enfrentar y asumir las consecuencias de las fallas eléctricas. Ir al cajero automático en busca de dinero en efectivo, usar el transporte público para trasladarse de un lugar a otro, comprar la prensa escrita cada domingo o hacer mercado en un solo sitio, son actividades que poco a poco quedaron desplazadas por la crisis económica, la escasez y el desabastecimiento.
Lo sucedido con la electricidad ha cambiado de forma radical la cotidianidad, porque desde las 4:55 de la tarde de aquel jueves 7 de marzo de 2019 no se sabe cuándo fallará el servicio de forma simultánea y, menos aún cuándo, a qué hora y por cuánto tiempo corresponde a cada sector la dosis de racionamiento que el gobierno aplica a diario en un intento por mantener a flote la estabilidad del sistema.
Los reportes de los ciudadanos y de periodistas que hacen vida en distintas regiones del país permiten afirmar que las provincias son las más afectadas por la aplicación de un cronograma desconocido de racionamiento. Caracas, la capital del país, goza de un flujo eléctrico medianamente constante, pero no ocurre lo mismo en el resto de las regiones.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) sostiene que “la energía es esencial para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”. Existe la ONU-Energía y según esta instancia -creada en 2016-, alrededor de 1.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad por problemas asociados a desastres naturales, conflictos bélicos, crisis económica o políticas y prácticas limitadas en la generación de energía sostenible.
En Venezuela, el origen del problema es multifactorial. Se dejó de invertir en el sistema eléctrico consolidado a mediados del siglo pasado y no se culminaron los proyectos concebidos para la generación de energía eólica, por ejemplo. Pero, cualquiera que sea la causa, los ciudadanos son los más afectados y, con ayuda de periodistas aliados a Medianálisis, se puede dar un vistazo a la realidad del país, en diferentes regiones, tras un año del apagón.
Adiós a la industria de aluminio en la capital eléctrica
La periodista Verónica A. Bastardo V. cuenta que la denominada ‘capital eléctrica’ del país -por albergar en su territorio a las centrales hidroeléctricas “Simón Bolívar”, “Macagua” y “Caruachi”- no escapa de la crisis eléctrica.
“Ciudad Guayana padece las secuelas del apagón nacional de marzo de 2019, con fluctuaciones diarias y fallas repentinas que afectan a distintos sectores de la ciudad”, explica al ofrecer un retrato de la situación actual en esa región y, al mismo tiempo, recuerda que “la última ciudad que contaba con electricidad durante la falla nacional, se apagó la madrugada del 8 de marzo del año pasado”.
La profesional de la comunicación destaca que con el apagón nacional también se apagó por completo la industria de aluminio en Venezuela. Antonio Montilva, trabajador de CVG Venalum (empresa reductora de aluminio), le comenta que su primer pensamiento durante la falla de 2019 fue: “¿Qué pasará con Venalum? Yo sé que cuando una celda tiene 3 horas apagada se considera congelada, es decir, se considera perdida”. Las consecuencias son graves, asegura que se congelaron las 59 celdas que quedaban en la empresa (CVG- Venalum) y las 14 de Alcasa.
Otro testimonio de lo ocurrido en marzo del año pasado dice que “fue desesperante, al día siguiente fue que empezaron las informaciones, especulaciones… fue una falla pues. Por obsolescencia de equipos y falta de mantenimiento”, explicó Freddy Jiménez, jubilado de Corpoelec que trabajó 28 años en la empresa.
María Lameda, quien estaba en el Hospital de Ferrominera, también vivió momentos difíciles, estaba siendo operada de emergencia por una hernia umbilical cuando ocurrió la segunda falla que afectó a Ciudad Guayana. “Me tenían que operar a las 7:00 de la mañana, pero terminó iniciando la operación a las 8:30 porque fue el primer bajón que duró una hora y algo. En medio de la operación, se fue. Terminaron la operación con linternas”.
Apagón nacional dejó a Nueva Esparta vulnerable
Desde Porlamar, capital de Nueva Esparta, la periodista Ana Carolina Arias detalla la vulnerabilidad de la región por su dependencia del Sistema Interconectado Nacional (SEN).
“Actualmente la demanda eléctrica en la isla de Margarita está en el orden de 260 megavatios, pero solo se generan 140 megavatios desde la planta Juan Bautista Arismendi, cuya capacidad es de 216 megavatios, pues la Planta Luisa Cáceres de Arismendi, con capacidad de 312 megavatios, está en cero porque sus 16 grupos de generación están fuera de servicio”.
Señala que la estatal eléctrica mantiene programas de racionamiento discontinuos en las comunidades, que pueden variar de 1 a 4 horas, lo cual afecta el suministro de agua porque es común el uso de bombas hidroneumáticas para el abastecimiento desde tanques propios. Los cortes también afectan la preparación de alimentos, porque ante la falta de gas se utilizan equipos eléctricos de cocina.
“Con cada evento nacional se evidencian las consecuencias de la dependencia eléctrica. El apagón nacional del 7 de marzo 2019 colapsó la actividad comercial porque impactó de inmediato en el sistema bancario. Carlos Maklad, propietario de un minimarket, dijo que su acción posterior al corte fue invertir en una planta eléctrica porque el bajón le dañó dos neveras y, como consecuencia, los productos refrigerados”.
También Oneida Velásquez, abuela de un niño con Asperger, recuerda la fecha con horror porque la oscuridad en la que quedó su casa y el prolongado tiempo que se mantuvo el apagón nacional le generó una crisis nerviosa al niño que los obligó a salir de la casa y dar vueltas en el carro para tranquilizarlo, y posteriormente debieron fortalecer sus terapias implicando más gastos de lo previsto.
Mérida sigue en penumbras
Uno de los estados más afectados por la crisis eléctrica es Mérida, y el periodista Elvis Rivas da cuenta de la situación actual: a un año del gran apagón nacional que se produjo el 7 de marzo de 2019, los residentes del estado Mérida continúan padeciendo los embates del deterioro del sistema eléctrico nacional. Existen constantes fallas que generan interrupciones eléctricas.
Reporta que, al mes de febrero de 2020, los cortes tienen una duración de entre seis hasta las 24 horas diarias en la capital del estado y el resto de los 23 municipios, lo cual ha llevado a la población a protestar en horas diurnas y nocturnas.
“El pasado 19 de febrero, ciudadanos se concentraron a las afueras de la sede de la Defensoría del Pueblo y denunciaron que la falta de electricidad ha causado inconvenientes en todos los sectores de la sociedad. Los servicios de suministro de gas y combustible también se han visto afectados por los constantes cortes eléctricos, lo mismo ocurre con los sectores comercial y empresarial. Más grave aún, el sistema de salud padece las consecuencias del problema dado que, aun cuando los hospitales cuentan con líneas de alimentación priorizadas, en ocasiones también se quedan sin suministro eléctrico”.
Representantes del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes también consignaron un escrito ante la Defensoría del Pueblo en el cual señalan que "son derechos humanos que deben respetarse".
Cita a Pedro Fernández, presidente de la Asociación Médicos por Venezuela, quien asegura que el país cuenta con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. "Tenemos una nueva tasa de mortalidad que son las enfermedades asociadas a fallas eléctricas. Nuestros hospitales que ya bastante golpes ha llevado en la emergencia humanitaria compleja, hoy tienen nuevamente un nuevo problema: un crisis eléctrica que no les permite funcionar".
Rivas asegura que la ausencia de suministro eléctrico ahora forma parte de la cotidianidad del merideño, de allí que el reclamo por una solución también sea constante. "Este estrés que estamos viviendo, este desastre de todos los días por pérdida de la luz durante 15 y 20 horas afecta en la salud, en lo mental, en lo social, afecta en lo económico, es un conglomerado de situaciones que lamentablemente inciden en la salud del elemento humano y que debería ser remediado", le señaló el médico urólogo Enrique Machado.
La respuesta oficial de las autoridades en esta región del país es que “existe un problema de generación eléctrica que, aunado a fallas ocasionadas por eventos naturales, agravan la situación”. Aseguran que trabajan para dar solución al problema.
Entre 12 y 15 horas diarias sin luz en San Cristóbal
La periodista Yamile Jiménez asegura que la capital del estado Táchira tiene cortes eléctricos programados de entre 12 y 15 horas diarias, según información oficial publicada por Corpoelec.
“A un año del apagón nacional, en el Táchira se han arreciado los cortes eléctricos, en el segundo semestre de 2019 los ciudadanos pasaron más de 6 horas diarias sin electricidad.
En 2020, los apagones han sido más graves, incluso el cronograma publicado por la empresa Corpoelec informa de cortes programados entre 12 y 15 horas al día”, describe.
En las parroquias foráneas y aldeas alejadas de San Cristóbal, la situación es más crítica y, según la información que maneja Jiménez, los pobladores pasan hasta 3 días sin el fluido eléctrico.
“La crisis eléctrica ha provocado el colapso de otros servicios básicos y la paralización de las actividades económicas e industriales en la región. Cada vez que se va la luz, los ciudadanos quedan incomunicados. Se cae el servicio de telefonía fija y móvil e internet, no se pueden realizar transacciones bancarias ni pagos a través de puntos electrónicos”, relata.
La gasolina también es un dolor de cabeza porque las estaciones de servicio no cuentan con planta eléctrica para surtir el combustible. Además, “alrededor de 70 % de los hogares de esta entidad no tiene gas doméstico y solo pueden preparar los alimentos con cocinas eléctricas. Gran parte de los edificios requieren de energía para bombear el agua y cuando ocurren los apagones se quedan sin el servicio”.
Los pacientes renales han denunciado el deterioro de su salud por las fallas de electricidad, ya que ellos deben dializarse al menos dos veces por semana y no pueden cumplir con sus tratamientos, lo que provoca que sus cuerpos se contaminen.
“Nos estamos llenando de toxinas, se nos sube la urea, la creatinina, no tenemos ánimo para caminar, vivo en Rubio y cuando vengo a realizarme el tratamiento tampoco hay luz, muchos compañeros se han ido descompensado poco a poco y han muerto”, dijo a la periodista la señora Libia Pacheco, de 56 años de edad.
En Lara se esfumó la normalidad luego del apagón nacional
La vida en Lara no recuperó ‘normalidad’ después del apagón del 7 de marzo de 2019, asegura la periodista Lirio Pérez. “En Barquisimeto ‘se va la luz’ todos los días entre seis y cuatro horas continuas. En Cabudare, la ‘ciudad dormitorio’, puede haber dos tandas por día; descansan de los apagones los fines de semana: ‘depende del ánimo de quien baja el suiche’, dice una residente. Solo eventos terrenales -como la temporada de béisbol- o celestiales -como la visita de la imagen de la Divina Pastora- han hecho el milagro de hasta cuatro días seguidos sin cortes a los sectores que rodean el estadio Antonio Herrera Gutiérrez o la iglesia en la que esté la efigie de la Virgen”, describe en su balance sobre la situación regional a un año del mega apagón nacional.
En los hogares sin electricidad -generalmente- no hay conectividad, continúa. Clientes furiosos que descargan contra las operadoras se quedan ‘sin cable’, sin teléfono y sin internet. “La subida y bajada constante de voltaje ocasiona daños graves en nuestros equipos y su reparación genera costos muy altos que como empresa debemos asumir para continuar operando”, explica a la profesional de la comunicación Marco Baptista, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Inter (operadora local de televisión por cable e internet).
Para el sector comercio, los cortes “son horas económicamente productivas perdidas que afectan duramente a los negocios que luchan por tratar de seguir ofreciendo bienes y servicios. Los empresarios nos vemos en la necesidad de incurrir en altos gastos no planificados para subsistir: puntos de venta inalámbricos, plantas, bombillos inteligentes, paneles solares… cuanta tecnología nos lleve a seguir atendiendo al consumidor”, afirma Simón Salas, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lara. El pago de nómina y atraso involuntario en el cumplimiento de compromisos tributarios y fiscales son otro problema.
El sector salud es una de áreas que más padece las secuelas de la crisis eléctrica. El Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, por ejemplo, tiene una planta “antigua y sin mantenimiento adecuado”, según el Dr. René Rivas, presidente del Colegio de Médicos de Lara. Se activa solo para áreas con pacientes críticos y pabellones. En centros de salud pública sin generación propia, médicos, enfermeras y familiares se turnan de a dos cada 15 minutos para dar respiración manual a pacientes cuya vida depende de ventiladores mecánicos, detalla la periodista.
“La señora Violeta* (nombre ficticio, en resguardo de la fuente) padece secuelas neurológicas y motoras de dos accidentes cerebrovasculares. Vive en el centro de Barquisimeto con su hija que tiene la condición de autismo y no se deja asistir por otra persona. Los días de la niña transcurren con luz: artificial o del sol por las ventanas. Cuando no hay energía, la oscuridad le desata episodios de pánico y pasa noches en vigilia. Su madre tampoco duerme por temor a que se haga daño”, describe Pérez.
En las casas con adultos mayores enfermos, la diferencia entre vivir o morir está en un tomacorriente. “Los familiares prefieren llamarlos ‘abuelos’. Asilos con pernocta o casas de familia -en el este o en el oeste- tienen ancianos ‘encamados’ cuyos pulmones funcionan gracias a estar conectados a un equipo de soporte. Cuando se va la luz, los cuidadores corren a sustituirla por una bombona. Pero el oxígeno puede agotarse antes de que la energía vuelva. Las actas de defunción dicen ‘paro respiratorio’. Sus últimos días pudieron transcurrir sin tanta angustia. Algunos están lúcidos hasta último momento y no despiertan. Mueren dormidos, como decían que quería que fuera”.
Dar un vistazo a la situación actual de las regiones permite concluir que todo sigue igual o peor que hace un año. Los apagones y el inminente deterioro del sistema eléctrico están lejos de ser subsanados por parte de quienes ostentan el poder y control institucional en una nación cuyos ciudadanos luchan a diario por sortear los obstáculos inducidos por el colapso de los servicios básicos, el alto costo de la vida y la pérdida de poder adquisitivo.
Mariángel Durán para Cotejo.info
Con información de Verónica A. Bastardo V., Elvis Rivas, Yamile Jiménez y Lirio Pérez
