- HRW habla de 18.000 casos de ejecuciones extrajudiciales a partir de 2016 y Amnistía Internacional advierte sobre crímenes de lesa humanidad
- Las torturas causadas por cuerpos de seguridad del Estado aumentaron 76,9 % en 2019, según Provea
- Entre tanto, voceros del gobierno como Carmen Meléndez insisten: “Aquí estamos listos para combatir”
La gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, durante la marcha por la lealtad a Nicolás Maduro, declaró: “Aquí estamos listos para combatir, listos para seguir luchando y listos para seguir resistiendo como lo hemos hecho hasta este momento”.
Más adelante, en el mismo discurso emitido ante un contingente de efectivos militares y en presencia del ministro de la Defensa de este gobierno, Vladimir Padrino López, aseguró enfáticamente “aquí estamos dispuestos a todo, a dar la vida si es necesario”.
El discurso belicista, es decir, aquel favorable a la guerra y el combate como medio para resolver conflictos, ha estado presente en la comunicación y propaganda oficialista desde hace décadas.
Y se ha expresado de múltiples formas. Desde aquellas amenazas iniciales de freír adecos y el uso de calificativos para deshumanizar y restar valor en la dinámica social a aquellos que se les oponen (“escuálidos”, “tumores”, “gusanos”, “basura”, “plagas”, “malditos”…), hasta el chiste de un excanciller en el programa Zurda Konducta sobre cómo pasa una bala de un francotirador por el cerebro de un opositor, las consignas más coreadas (“Patria, socialismo o muerte”) y los símbolos que usan para proyectar su poder (el puño que golpea la palma de la mano) e identificar a sus cuerpos de seguridad (calavera de las Fuerzas de Acciones Especiales -FAES- de la Policía Nacional Bolivariana) y sus canales con mayor audiencia (hojilla, mazo), son testimonios de ello.
Fragmentos tomados del documental «Chavismo – La peste del siglo XXI», realizado por Gustavo Tovar Arroyo. Si desea ver el video completo, haga click acá
Cotejo.info decidió evaluar este discurso de la gobernadora larense porque ha aumentado el número de amenazas de voceros oficialistas respecto al uso de las armas en defensa de la revolución y se han presentado ya graves episodios de violencia política, incluyendo el asesinato de líderes partidistas (como Edmundo “Pipo” Rada-Voluntad Popular) y el reciente incidente en Barquisimeto, capital del estado Lara, en el que la vida del propio Juan Guaidó fue puesta en riesgo por un grupo de civiles armados que dispararon contra el líder opositor y su grupo acompañante el pasado 29 de febrero.
Los niveles de violencia política en Venezuela, tanto verbal y física, han aumentado en los últimos años, al igual que la censura y autocensura en el sistema informativo nacional y la migración de periodistas, políticos y activistas de derechos humanos.
También ha aumentado el número de abusos policiales y militares contra opositores al gobierno.
Por ejemplo, la cifra oficial de casos de muertes “por resistencia a la autoridad” reportadas por el propio gobierno a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, es “inusualmente alta”.
Y debido a ello, advirtió Bachelet en Ginebra sobre ejecuciones extrajudiciales y recomendó el desmontaje de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana. Pero eso no fue aceptado por el gobernante Nicolás Maduro, quien en lugar de tomar medidas para frenar este tipo de conductas en ese cuerpo de seguridad, públicamente les dio un espaldarazo y aplaudió el trabajo que vienen desarrollando.
También la organización Human Rights Watch habló de 18.000 muertes causadas por cuerpos de seguridad del Estado venezolano “por resistencia a la autoridad” desde 2016 a la actualidad, precisando algunos casos documentados de ejecuciones extrajudiciales y un patrón sistemático grave de abusos que quedan impunes.
Amnistía Internacional, que presentó recientemente su informe anual 2019, con un capítulo especial sobre Venezuela, también ha documentado casos de ejecuciones extrajudiciales en Lara y otros estados del país.
Entre el 21 y el 25 de enero de 2019, “11 hombres jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente. Los homicidios siguieron un patrón uniforme. Todas las víctimas eran hombres jóvenes críticos —o considerados críticos— con el gobierno, provenían de zonas de bajos ingresos y habían tenido una participación visible o difundida en las protestas. Las autoridades afirmaron que sus muertes habían tenido lugar en enfrentamientos con agentes de policía y que las víctimas se habían ‘resistido a la autoridad’. No obstante, había indicios de que se habían modificado las escenas de los crímenes. Puesto que las ejecuciones extrajudiciales parecían formar parte de un ataque sistemático contra la población civil, podían constituir crímenes de lesa humanidad”, resalta Amnistía Internacional.
La organización no gubernamental defensora de derechos humanos, Provea, por su parte, precisó en su informe anual 2019 que el número de casos de torturas causadas por agentes de las fuerzas públicas se había casi triplicado ese año.
“23 personas murieron entre los meses de enero y diciembre de 2019 a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. Comparado con la cifra registrada en 2018 (13), durante el actual período de estudio se produjo un aumento de 76,92 %”, precisó Provea.
De ese total, 21 muertes se produjeron en Centros de Detención Preventivos bajo el control de la Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, policías regionales y municipales.
Al ser consultado sobre lo ocurrido en Barquisimeto recientemente, el coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, resaltó que la violencia política en Venezuela no debe ser alentada bajo ninguna circunstancia, ya que esto puede desencadenar una escalada de violencia indetenible.
Provea ha recibido denuncias contra la gobernación larense en diversas oportunidades, por incitar a grupos civiles armados a que actúen contra grupos opositores.
Por todo lo anterior, Cotejo.info concluye que esta alza de acciones violentas y abusos por arte de los organismos de seguridad y de movimientos partidarios del gobierno seguramente no cesará, mientras funcionarios como la gobernadora larense digan decidida y públicamente que están dispuestos a combatir y “a todo”, como un método de acción política para defender la presidencia de Nicolás Maduro y preservar el poder.
