- De acuerdo con la organización Convite, tres de cada cinco adultos mayores en Venezuela se van a la cama con hambre
- Es inmensa la cantidad de viejos que mueren de hambre, de mengua, sin medicamentos, sin asistencia hospitalaria, asegura el diputado Arnoldo Benítez
Por: Karla Torres y Lirio Pérez
Vejez desolada. Desde hace 20 años la calidad de vida de los adultos mayores en Venezuela se ha deteriorado, dejando atrás el sueño y el derecho de una ancianidad tranquila y sin preocupaciones.
En 2011, durante la presentación de su Memoria y Cuenta en la Asamblea Nacional, el entonces presidente Hugo Chávez aseguró que, antes de la llamada revolución, los adultos mayores tenían “pensiones congeladas” y algunos solo cobraban 80 % del salario mínimo.
Casi una década después, aunque los pensionados cobran salario mínimo sin bono de alimentación (400 mil bolívares después del aumento del 1° de mayo de 2020, equivalentes a 2.1 dólares de acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela al 18 de mayo de 2020), esas pensiones siguen “congeladas”.
El 20 de abril de este año, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS – FVM) ubicó el costo de la canasta alimentaria de marzo en Bs. 3.627.012,66, esto es 13,6 % más con respecto a febrero y 1.842,5 % al comparar marzo de 2019 y marzo de 2020. ¿Pueden los abuelos cubrir sus necesidades de alimentación y medicinas con la pensión? Después de 20 años de la promesa de Chávez, ¿cobran un monto digno?
20 años de engaño para quienes no pueden esperar
Luis Francisco Cabezas, director de la Asociación Civil Convite, aseguró que en Venezuela no hay políticas públicas dirigidas a los adultos mayores. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 abundaron promesas para ellos. Sin embargo, solo algunas llegaron a cumplirse, como la homologación de la pensión al salario mínimo y el aumento de la cobertura de la pensión entre 85 % y 90 %.
A la fecha la situación es dramática, puesto que el acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos es cada vez más complicado, en especial para quienes solo dependen de la pensión y no reciben ayuda de familiares. “Las personas mayores no se están alimentando bien; hace tres años los abuelos perdían al menos 1.2 kilos mensuales por falta de proteína animal en su alimentación y actualmente la cifra debe ser mucho mayor”, indicó.
“Rehenes de la caja CLAP”, así define el presidente de Convite a una parte de la población de adultos mayores, pues su única opción es el subsidio gubernamental para medio alimentarse. En octubre de 2019, la ONG Ciudadanía en Acción publicó un informe según el cual las cajas que distribuyen los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) solo aportan 8,91 % de los requerimientos calóricos necesarios para los venezolanos. De acuerdo con la organización Convite, tres de cada cinco personas mayores en Venezuela se van a la cama con hambre.
El acceso a medicinas es casi imposible para la mayoría. Según Cabezas, en los últimos seis meses mejoró el abastecimiento, pero el costo es muy alto. Los abuelos impotentes y desesperados por no poder adquirirlas se deprimen y su salud empeora. Diabetes, hipertensión y afecciones respiratorias agudas son sus enfermedades más comunes y requieran tratamientos permanentes. El presidente de la comisión de jubilados y pensionados del parlamento, Arnoldo Benítez, asegura que 98 % de los adultos mayores toma medicinas para mantenerse vivos.
Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. En 2019, Convite registró que las muertes violentas de personas mayores ese año representan una tasa de 2,48 por 100 mil habitantes.
La Constitución y leyes van a la tumba con los adultos mayores
Arnoldo Benítez hizo colectiva su propia lucha tras cumplir 60 años de edad. En 2011, con la Organización Venezolana de Adultos Mayores, exigió al Tribunal Supremo de Justicia responder una demanda contra el Ejecutivo Nacional, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario por violar la Ley Orgánica de Seguridad Social (engavetada desde 2012) y tres artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: el 83 sobre el derecho a la salud, el 86 que consagra la seguridad social aunque no se haya cotizado, y el 80, según el cual todos los venezolanos merecen una pensión que no puede ser inferior al salario mínimo. La respuesta fue la Misión en Amor Mayor.
Benítez ganó en 2015 una curul por el estado Aragua y logró la creación de la Subcomisión de Jubilados y Pensionados de la Asamblea Nacional (perteneciente a la Comisión Permanente de Desarrollo Social e Integral) que hoy preside. En 2016, fue incluida la del bono de alimentación y medicamentos para adultos mayores como una ley prioritaria, y fue la única de 17 que el TSJ no declaró inconstitucional. Ordenó a Nicolás Maduro ejecutarla en 10 días, no lo hizo. Les deben el bono desde esa fecha.
El parlamentario encabezó, en 2016, la marcha de los bastones, “la única que llegó a Miraflores”. Aprobada también está la Ley para pensiones no contributivas de 2018. Esto y la hiperinflación acaban con la calidad de vida del adulto mayor. No sabemos cuántos, pero es inmensa la cantidad de viejos que mueren de hambre, de mengua, sin medicamentos, sin asistencia hospitalaria. Es extremadamente duro y lamentable”.
Llegar a viejos sin garantías
Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela coincide con lo oscuro de la data. Indicó que la de abril de 2020 fue de 4 millones 800 mil pensionados. Coincide con Benítez en que “la Misión Amor Mayor es inconstitucional y manejada con un fin político partidista como el Carnet de la Patria. Son mecanismos que crean exclusión”.
Explicó que la mayoría de los retirados de la administración pública (mujeres mayores de 55 y hombres de 60) cobran jubilación, pero hay muchos que no gozan de tal derecho por carecer de las 750 cotizaciones necesarias o no haber tenido trabajo formal. Además, un millón 300 mil no tienen tarjeta ni libreta porque los bancos no tienen papel ni plástico. Esas cuentas no permiten transferencias. Algunos están incapacitados en la casa u hospitalizados y luego de tres meses sin cobrar, el IVSS suspende el pago. Otros lo pierden porque caen en manos de gestores que ofrecen actualizar datos y son falsificadores de documentos.
“Nosotros no peleamos contra un gobierno. Tenemos 63 asociaciones y gremios afiliados. Hay 300 mil excluidos de la seguridad social. Deberían buscarlos en el CNE e incluirlos. En el exterior hay 35 mil pensionados venezolanos que llevan cuatro años sin cobrar, violando acuerdos internacionales. Los ancianos venden prendas, piden, viven de vecinos, mueren solos. Los geriátricos que dependen del gobierno son depósitos de personas hasta que son cadáveres”.
Adultos mayores al olvido en un asilo
Maricarmen Godoy, encargada de la casa hogar “El Peregrino” en Barquisimeto, con 45 años de fundada, acotó que últimamente sobrevive de donaciones, pues el apoyo gubernamental no es suficiente para atender a los 38 abuelos de entre 53 y 90 años de edad que están bajo su cuidado. “Hay unos que no tienen familia, los abandonaron y, en algunos casos, sus familiares se fueron del país o simplemente los dejaron en la calle”, dijo.
La cantidad de medicinas, alimentos y artículos de limpieza no cubren a totalidad las necesidades de los ancianos recluidos en el asilo cuya sede actual es una escuela abandonada, pues los altos alquileres los obligaron a mudarse.
Nadie quiere envejecer así
“No esperaba vivir una vejez así”, cuenta María Pérez con lágrimas en los ojos y voz quebrada. Se imaginaba algo mejor, pero asegura que desde hace 20 años nada es igual. Trabajó casi 30 años en una casa cuna y luego como vendedora informal en un mercado: “uno de sus mejores tiempos”, y el recuerdo le devuelve una breve sonrisa. Sin embargo, la inflación y el costo de la vida la hicieron abandonar el comercio y refugiarse en casa.
Actualmente, depende de la pensión. “Mis hijos me ayudan con lo que pueden, pero ellos tienen sus gastos”. Vive sola, a merced de que llegue la caja CLAP para “rendirla”. No toma el tratamiento como le indicó el médico y mucho menos cumple una dieta calórica acorde con su edad.
Morir de hambre “por no aguantar más”
El 18 de abril de 2020, mediante una publicación en Instagram del perfil @AnacoNews, vecinos de la calle Barinas de la población de Anaco, estado Anzoátegui, pedían ayuda para alimentar a un señor mayor en estado de grave desnutrición. La fotografía del anciano esquelético, tumbado en una silla, generó consternación y solidaridad en la misma medida, pero la muerte llegó antes que el auxilio: el mismo día en la madrugada, murió.
Jorge Waltuario Durán Rojas, 81 años de edad, era un inmigrante chileno con “toda la vida en Venezuela”. Había estado en un geriátrico a donde su hija lo mandó mientras ella emigró a Brasil, pero lo desalojaron porque había muchos ancianos. Su vecina Mariam Guerra narró sus últimos días: “él vendía quincallería en la avenida Miranda. Los dueños de una panadería le tenían cariño y le regalaban canillas. Estaba en el hueso. Le dio una diarrea y no tenía medicinas ni comida”. La alcaldía de Anaco cubrió los gastos funerarios.
Luego de conocerse la muerte de Durán, descubrieron al menos cinco casos similares de personas que, dice Guerra, “queremos ayudar, podemos una vez, pero ¿y después? Se están muriendo de hambre… Van de la oposición y del gobierno, les toman fotos, pero no hacen más. Una abuela nos dijo que cualquier día de estos se muere porque ella ´no aguanta más´”.
