- En Venezuela se promueve desde el discurso oficial que el coronavirus es propagado desde la vecina Colombia
- Gobierno identifica a los migrantes venezolanos que regresan por rutas irregulares como armas biológicas que amenazan la salud de sus connacionales
- El bioterrorismo es una acción perversa premeditada y acusar alegremente a alguien por eso acarrea responsabilidad penal en un país con estado de derecho
A mediados de julio, cuatro meses después de confirmados oficialmente los primeros casos de COVID-19 y establecido el confinamiento obligatorio como medida para evitar la propagación del virus, circuló por WhatsApp una cadena que insta a denunciar anónimamente -a través de un correo electrónico- a los migrantes venezolanos que retornaron irregularmente a su país.
Simultáneamente, personas en cargos públicos repetían la instrucción en sus regiones. Corresponsales del Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) lo comprobaron en Zulia, en voz del director de la Oficina de Información y Prensa del Ejecutivo, Juan García.
También se comprobó en Mérida, donde Jehyson Guzmán, “protector político” y Danny Ferrer, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI N° 22), anunciaron el 12 de julio la creación de una dirección de correo electrónico para denunciar a quienes ingresen desde Colombia por las vías ilegales conocidas como “trochas”.
El jefe de la ZODI en Mérida declaró:
“El gobierno nacional ha establecido la dirección de correo trocheros2020@gmail.com y esto es importante porque nosotros tenemos que seguir potenciando la inteligencia comunal, estamos conscientes de que menos de 13 % de estas personas no está a la altura de la amenaza que nosotros estamos presentando y combatiendo, y la gente está denunciando a las personas que están llegando de manera irregular a cada una de sus comunidades y eso tenemos que seguirlo trabajando en aras de seguir siendo un muro de contención ante esta pandemia”.
Dos días después, Nicolás Maduro leyó el mensaje viral en cadena de radio y televisión, avaló su contenido y ratificó el llamado a que todo aquel que crea saber de migrantes venezolanos que retornaron por caminos ilegales lo delate porque puede ser portador de COVID-19, “un bioterrorista”. Lo calificó como “una iniciativa ciudadana, de calle”.
A mediados de julio, cuatro meses después de confirmados oficialmente los primeros casos de COVID-19 y establecido el confinamiento obligatorio como medida para evitar la propagación del virus, circuló por WhatsApp una cadena que insta a denunciar anónimamente -a través de un correo electrónico- a quienes hubieren ingresado irregularmente a Venezuela.
Simultáneamente, personas en cargos públicos repetían la instrucción en sus regiones. Corresponsales del Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) lo comprobaron en Zulia, en voz del director de la Oficina de Información y Prensa del Ejecutivo, Juan García.
También se comprobó en Mérida, donde Jehyson Guzmán, “protector político” y Danny Ferrer, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI N° 22), anunciaron el 12 de julio la creación de una dirección de correo electrónico para denunciar a quienes ingresen desde Colombia por las vías ilegales conocidas como “trochas”.
El jefe de la ZODI en Mérida declaró:
“El gobierno nacional ha establecido la dirección de correo trocheros2020@gmail.com y esto es importante porque nosotros tenemos que seguir potenciando la inteligencia comunal, estamos conscientes de que menos de 13 % de estas personas no está a la altura de la amenaza que nosotros estamos presentando y combatiendo, y la gente está denunciando a las personas que están llegando de manera irregular a cada una de sus comunidades y eso tenemos que seguirlo trabajando en aras de seguir siendo un muro de contención ante esta pandemia”.
Dos días después, Nicolás Maduro leyó el mensaje viral en cadena de radio y televisión. Avaló su contenido y ratificó el llamado a que todo aquel que crea saber de alguien que regresó a Venezuela por caminos ilegales lo delate porque puede ser portador de COVID-19, “un bioterrorista”. Lo calificó como “una iniciativa ciudadana, de calle”.
En cascada, desde cuentas oficiales de instituciones públicas, unidades militares y personas ligadas a la gestión Maduro se repitió el llamado en redes sociales, como se observa en las siguientes imágenes:
Ministerio de Salud
#EnVivo ? Pdte. @NicolasMaduro hace un llamado a denunciar a través del correo trocheros2020@gmail.com a las personas que llegan al país por pasos fronterizos ilegales, violando las medidas y protocolos sanitarios. "Son irresponsables con su país, con su familia ¡Es indignante!" pic.twitter.com/avho1oHgqK
— MPPS (@MinSaludVE) July 14, 2020
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
#15Jul Si conoces a alguien en tu sector que entró al país por las trochas y está en #Palavecino, denúncialo. No tengas miedo! #CuarentenaRadicalYSegura pic.twitter.com/iRAsa9QopM
— Alcaldía Bolivariana de Palavecino (@PalavecinoAlcd) July 15, 2020
Numa Molina, quien según su biografía de Twitter es un sacerdote jesuita, teólogo y periodista en ejercicio “comprometido con las luchas y el dolor de los pueblos, como se lo enseñó Jesús de Nazaret”, también repitió que “un trochero infectado es un bioterrorista que te puede quitar la vida a ti y a tus seres más queridos. Entren por los pases autorizados, bienvenidos a su patria, pero sométanse a la cuarentena, no vengan a infectar a los venezolanos”.
Un #TrocheroInfectado es un bioterrorista que te puede quitar la vida a ti y a tus seres más queridos. Entren por los pases autorizados, bienvenidos a su patria pero sométanse a la cuarentena, no vengan a infectar a los venezolan@s
— numa molina (@numamolina) July 15, 2020
Sobre este mensaje del padre Molina asumió postura institucional la comunidad de la Compañía de Jesús en Venezuela, a través de un comunicado firmado por su provincial, Rafael Garrido, en el que “rechaza los términos peyorativos utilizados por un religioso de esta Congregación” para referirse a los “hermanos venezolanos que regresan al país” y alude, más adelante, a la “obligación del Estado” de generar los mecanismos necesarios para que todos tengan un retorno e “ingreso digno al país”.
El P. Rafael Garrido S.J. Provincial de los Jesuitas en Venezuela se dirige a la opinión pública a través del presente comunicado#16Jul #JesuitasDeVenezuela #JRS #AmarY Servir pic.twitter.com/HstMNAJVoF
— Jesuitas Venezuela (@JesuitasVen) July 17, 2020
Migrantes venezolanos retornados, víctimas por partida doble de gobierno que los criminaliza
Ligia Bolívar, investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), se refirió al discurso oficial como una suma de expresiones de desprecio: “Cuando los llaman, previamente, Saab (Tarek William, Fiscal General) ‘karma’, Iris Varela (Ministra de Asuntos Penitenciarios) ‘golpistas’. Y, ahora, ‘armas biológicas’.
Tratar a unos venezolanos de bioterroristas y pedir a otros que los denuncien por un correo de manera anónima ya no se trata solamente de estigmatización ni de etiquetar, sino de criminalizar”.
Bolívar, quien además es responsable de asuntos de migrantes y refugiados del CDH UCAB, considera grave que el gobierno venezolano no determine primero si los migrantes venezolanos retornados entraron infectados o no. Recordó que el primer paso debería ser preservar la salud y verificar.
También alertó que no hay control sanitario y la justicia está ausente, es una decisión ejecutiva obedecida por el Ministerio Público y organismos policiales y militares.
“Los retornados sufren doblemente: por las condiciones que los hicieron abandonar el país y ahora regresar; están indefensos en la medida en que vuelven a cuentagotas, sin los protocolos sanitarios, los llevan a albergues donde pueden permanecer semanas hacinados, encerrados bajo llave, sin alimentación, agua ni atención médica. El migrante que se fue y retornó llega a Venezuela a sufrir. Son personas revictimizadas que huyen del país por falta de garantías y, al regresar, lo primero que encuentra es falta de garantías”, expresó.
El doctor Isaac Pérez, director de epidemiología de la Corporación de Salud del estado Mérida, dijo que las personas contagiadas con COVID-19 que regresan desde otros países no representan un alto riesgo como para ser consideradas “bioterroristas”, siempre y cuando ingresen por vías legales, se sometan a chequeos médicos y al período de aislamiento establecido.
“No hay por qué descalificar a un venezolano que regresa de nuevo a su país, lamentablemente contagiado de otros países”, señaló y advirtió que ha notado un aumento del número de personas que entra a Venezuela a través de “trochas” sin control sanitario y “eso sí puede representar un problema de salud pública”.
Acusación infundada de bioterrorismo a migrantes venezolanos acarrea responsabilidad
Carolina Jiménez Sandoval, directora de investigación de Amnistía Internacional, advirtió sobre el peligro de una escalada de violencia dada la naturaleza de los mensajes de criminalización de los llamados “trocheros” y el tipo de vocería que los promueve desde las instituciones del Gobierno y del Estado venezolano.
Al respecto, afirmó que no existe ninguna base legal para criminalizar o penalizar a quien retorna. Así lo establece el artículo 50 de la Constitución Nacional “que estipula el derecho que tiene cualquier venezolano a volver a su país”, para luego precisar que no existe ningún basamento legal para calificar a una persona de bioterrorista cuando quiera regresar a su patria.
Los abogados en materia penal -consultados por el OVFN- reconocen por su parte que la pandemia tomó por sorpresa al mundo y pocos países, incluido Venezuela, tienen legislación específica aplicable.
En el país existe un protocolo de seguridad sanitaria sobre enfermedades transmisibles, pero la persona no está obliga a revelar que padece una enfermedad. Se le sugiere que lo haga para que las autoridades sanitarias conozcan la cadena y se evite el contagio, pero es un acto voluntario.
La única manera jurídica para obligar a alguien a informar que tiene una enfermedad, inclusive transmisible por contacto, es mediante el previo inicio de una investigación penal y el único instrumento adaptable podría ser la Ley Orgánica del Ambiente. Forzarlo es ilegal y quienes instan a delatarlos sin pruebas pueden incurrir en el delito de simulación de hecho punible.
El bioterrorismo implica intencionalidad, una acción planificada con el fin de hacer daño y contaminar. La investigadora Ligia Bolívar coincidió con el criterio profesional de abogados que alertan sobre la existencia de una violación al principio de presunción de inocencia, al derecho a la salud y al derecho a la defensa.
Por Lirio Pérez y Elvis Rivas
