- Expertos en materia económica aseguran que las medidas anunciadas en el país, a propósito de la llegada del coronavirus, no son novedosas ni adecuadas para hacer frente a la crisis
- La hiperinflación en Venezuela inició dos años antes de la pandemia, debido a la emisión de dinero inorgánico para cubrir el gasto público
- Países como Ecuador y Brasil, que poseen características económicas individuales, optaron por reducir su gasto público. La gestión de Nicolás Maduro lo incrementó con la entrega de nuevos “bonos”
- El boletín #42 del Observatorio de Gasto Público de Cedice indica que en el primer semestre de 2020 se estimó un gasto de US$ 565.445.567 en los bonos del sistema Patria
El 24 de marzo, luego de 11 días del primer caso confirmado de COVID-19 en Venezuela, el vicepresidente sectorial para el Área Económica, Tareck El Aissami, anunció una serie de medidas en el marco de la “emergencia nacional e internacional por la pandemia del coronavirus”.
Durante el discurso televisado, El Aissami aseguró que el país se encuentra ante “una situación de ofensiva (económica) aventajada frente a naciones del primer mundo que han colapsado por la crisis generada por la pandemia causada por el coronavirus”. Y atribuyó esa posición de ventaja a las medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro desde el año 2014.
Entre las medidas anunciadas en marzo figura el bono “Quédate en Casa”, junto al “fortalecimiento” de los bonos que ya el Gobierno otorgaba previamente, todo esto a través del sistema Patria. A su vez se aplicó una suspensión de cobro de alquileres, así como la prohibición de cortes en los servicios de telecomunicaciones y ratificación de la inamovilidad laboral.
El Aissami condena sanciones
Estas medidas fueron acompañadas del reiterativo discurso que rechaza las sanciones de Estados Unidos (EEUU) a Venezuela, con la exigencia de suspenderlas ya que son “medidas coercitivas” que, según el gobierno de Maduro, no permiten la compra de materia prima o medicamentos.
El equipo de Cotejo.info consultó expertos en materia económica para verificar si Venezuela estaba en una situación “aventajada” -antes del coronavirus- y si se tomaron o no medidas idóneas para atender las consecuencias económicas de la pandemia. Todos coinciden en que estas medidas no son novedosas, ni son las ideales para hacer frente a la situación.
Sin novedades y nulo estímulo empresarial
Ronald Balza, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, dice que las medidas anunciadas por El Aissami no son “nada nuevo” y las desglosa de la siguiente manera:
- Se informó la ratificación de la inamovilidad laboral, una política que está implementada desde el año 2002.
- Suspensión del pago de arrendamiento por 6 meses, así como también la prohibición de los desalojos.
- La exoneración de impuestos para importaciones, medida ejecutada en diciembre de 2019 y prorrogada hasta el 30 de junio de este año.
- La “aprobación de recursos para garantizar la entrega de 7 millones de CLAP”.
- La continuidad de los bonos otorgados por el sistema Patria, incluyendo el bono “Quédate en casa” para trabajadores independientes y de empresas privadas.
- Un plan especial de pago de nóminas para las pequeñas y medianas empresas y comercios, también a través del sistema Patria.
El experto señala que estos decretos de emergencia no son nada nuevo y que, en principio, fueron un modo de evitar la presentación del presupuesto ante la Asamblea Nacional, cuando la mayoría calificada quedó en manos de la oposición y no del oficialismo. “Son como una extensión de aquellos decretos de leyes habilitantes, para legislar y decretar sin previa discusión parlamentaria”.
También explica que las medidas fiscales como la eliminación del IVA, la suspensión de pagos de impuesto de Petróleos de Venezuela (PDVSA), el establecimiento unilateral del salario mínimo y los decretos de inamovilidad laboral existían antes de la pandemia, por tanto no tienen relación con ella. “No son novedosos en la gestión de la economía de Venezuela ni en el manejo de la pandemia”.
Con respecto a la medida de auxilio económico para empresas, Consecomercio y Conindustria señalan que el paquete de estímulo para el sector ha sido prácticamente nulo. Explican que desconocen sectores que hayan sido beneficiados por el “Plan Pago Especial de Nómina” y que de todas formas es insuficiente ya que solo cubre el salario mínimo que equivale a menos de 2 $ mensuales.
Contexto económico venezolano antes y durante la pandemia
El país empezó la pandemia con muchos problemas acumulados, así lo asegura Balza. Con respecto a la actividad petrolera señala que la producción y capacidad de refinación ya había caído, lo cual golpea nuestra principal fuente de divisas.
Previo a las sanciones del presidente Donald Trump, Pdvsa tenía una serie de demandas que dificultan nuevas alianzas para la empresa y la posibilidad de financiamiento internacional.
“Con respecto a las exportaciones por un lado se tenían los metales, sin embargo, con la situación de improductividad y deterioro de las empresas básicas esto es imposible. Por otro lado, el sector privado exportador también presenta problemas por no contar con un método cambiario funcional y tener el peso de amenazas sobre su actividad, esto dificulta su producción”, explica Balza.
El informe “La pandemia del COVID-19 encuentra a la economía venezolana ya postrada”, de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), señala que la economía venezolana registra una caída acumulada de 65 % en su PIB desde 2013. Hubo una caída de 35 % en 2019, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. El país no cuenta con cifras oficiales.
Ronald Balza agrega: “que Nicolás Maduro utilizó al Banco Central de Venezuela (BCV) para financiar gasto interno… ya el país estaba pasando por una hiperinflación 2 años antes de que ocurriera la pandemia”.
Bonos sin respaldo
Al respecto Oscar Torrealba, economista y miembro del Comité Académico de Cedice Libertad, comenta que es muy probable que el gasto que el Estado venezolano asume para hacer efectivo el pago de los bonos -a través del sistema Patria-, esté financiado con emisión de dinero inorgánico (emitido sin un respaldo real), “ya que no cuenta con recursos para mantener ni aumentar estos gastos, lo cual tiene un gran impacto a nivel inflacionario”.
El boletín #42 del Observatorio de Gasto Público de Cedice indica que en el primer semestre de 2020 se estimó un gasto de US$ 565.445.567 distribuidos entre 14 bonos de distintos nombres, 5 “Quédate en Casa”, 2 bonos regulares mes a mes (“Parto Humanizado” y “100 % Amor Mayor”). Del total semestral, solo 18 % corresponde a bonos por COVID-19, el resto de las ayudas otorgadas corresponden a conceptos utilizados con anterioridad.
A pesar de estos bonos y demás medidas, la Encuesta Nacional de Impacto del COVID-19 realizada por la Asamblea Nacional, señala que solo 4,2 % de los venezolanos cuenta con la capacidad económica para cubrir más de un mes de sus gastos, 81,2 % no tiene ningún tipo de ahorros o ingresos.
Tanto Torrealba como Balza comentan que la opacidad en el manejo de los recursos públicos, que viene dado por el decreto extendido de emergencia económica (esta vez por la pandemia) dificulta hacerle seguimiento al gasto público.
Vistazo a los países vecinos
Países como Ecuador optaron por la disminución de sus gastos públicos, para darle prioridad al sector salud, educación y seguridad e invertir en un fondo de créditos para estimular la producción del sector privado.
Brasil también se enfocó en reducir el gasto público y solicitar financiamiento de bancos multilaterales para atender los pagos de nómina de empresas que vieron la necesidad de reducir jornadas laborales.
Oscar Torrealba, economista venezolano, explica que otros gobiernos del mundo decidieron tomar medidas de estímulo fiscal. “Reducción, aplazamiento o exoneración de distintos impuestos para que las personas tengan recursos disponibles.” Y dijo que aquellos que han otorgado subvenciones lo han hecho mediante financiamientos tomados del ahorro previo.
“No es lo mismo financiar estas subvenciones mediante emisión de dinero que tiene como consecuencia un efecto inflacionario, como el caso de Venezuela, donde llevamos varios años con hiperinflación. Las subvenciones (de otros gobiernos) se financian con recursos como fondos de previsión o fondos de estabilización, con los cuales Venezuela no cuenta”, precisa Torrealba.
“Desde el Observatorio (de Gasto Público) recomendamos para Latinoamérica, no solo resolver los problemas institucionales pensando en la post pandemia sino también modificar las estructuras tributarias de América Latina, por ser impuestos regresivos que afectan a las personas de menos ingresos”, acotó.
Torrealba recuerda que es importante tomar medidas de políticas públicas que permitan un ritmo de actividad económica sin que esto signifique un aumento en los casos de COVID-19. A su vez, ir planificando las condiciones ideales para la economía post pandémica, “eso es lo que realmente hay que hacer”.
