- Venezuela, con menos cantidad de privados de libertad, es el único país de Suramérica que registra presos muertos por hambre y enfermedades erradicadas hace una decena de años
- La falta de atención médica adecuada y oportuna, el hacinamiento y la inoperancia del Ministerio para Asuntos Penitenciarios es el patrón que atenta contra los reos
- Zulia, Aragua, Distrito Capital y Lara son las entidades que han registrado más muertes en lo que va de 2020, tanto en centros penitenciarios como en calabozos policiales
Desde 2019 las grandes prisiones y los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Venezuela están sumergidos en dificultades sanitarias que afectan mortalmente a los privados de libertad, pero en 2020 esa crisis se ha hecho más cruenta hasta el punto que en la historia carcelaria de países como Colombia, Perú, o Paraguay no hay un registro de tantas muertes de presos por enfermedades médicamente tratables.
Hasta agosto de 2020 dos organizaciones no gubernamentales que tienen como misión monitorear los derechos humanos de los reclusos, contabilizaban 130 reclusos fallecidos en las cárceles y CDP del país a causa de enfermedades curables. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) suma 60 muertes en centros penitenciarios, desde enero hasta agosto, mientras que Una Ventana a la Libertad (UVL) -en ese mismo lapso- tenía precisados 70 prisioneros que murieron enfermos en al menos 273 calabozos policiales de los 19 estados que investigan.
Estas ONG en sus diferentes informes semestrales de 2020 (desde enero hasta junio) han detallado que la tuberculosis, la insuficiencia respiratoria, los casos de grave desnutrición e infartos intestinales son las enfermedades que han generado la mayor cantidad de muertes. Esta realidad desnuda un patrón de violación de derechos humanos por parte del Estado venezolano vinculado a la garantía de servicios básicos como agua potable, la alimentación y la atención médica adecuada y oportuna.
Alta cantidad
El total de privados de libertad fallecidos en Venezuela es alto si se toma como referencia a la población penal del país que está cuantificada y que, según las ONG, es de 50 mil presos, siendo los estados Aragua, Carabobo y Lara los que más cantidades tienen.
En su informe anual de 2019, el OVP logró confirmar que las muertes de reos por salud fueron más en comparación con las riñas intracarcelarias, motines u otro hecho violento dentro de las cárceles y la tendencia en los primeros seis meses de 2020 no ha cambiado, porque ya suman 48 privados de libertad fallecidos por salud del total que contabilizan que son 119.
El estudio del año pasado indica que 66 presos fallecieron porque estaban enfermos; en 2018 fueron 40 y en 2017 registraron 28, lo que evidencia una curva ascendente en el renglón de las causas de muerte por salud en el país.
Explica Carolina Girón, directora del OVP, que desde enero hasta junio se evidenció cómo el Ministerio de Salud del gobierno de Nicolás Maduro y el Ministerio para el Servicio Penitenciario “trabajan como islas, sin comunicación, sin trabajo unificado”, lo cual al final afecta al privado de libertad hasta el punto que muere.
Indica la encargada de la ONG que muchos de los tratamientos medicinales para los privados de libertad enfermos “están en poder del Ministerio de Salud, pero son los familiares quienes deben hacer gestiones para que les den las medicinas y sea el mismo pariente quien deba hacerle llegar los medicamentos al preso, cuando existe el Ministerio de Cárceles que se los puede administrar al preso luego de que reciba las medicinas a través del Ministerio de Salud. De verdad no entiendo porque no trabajan así”, expresa.
Girón acota que la tuberculosis es una enfermedad “típica” del hacinamiento carcelario, pero que en todo el mundo existen protocolos para su atención y cura. En Venezuela la situación es diferente, debido a que la crisis alimentaria afecta considerablemente a los familiares de los presos que son bastiones de reclusos para su manutención ante las fallas del Estado venezolano.
“Las cárceles mundiales están preparadas para el tratamiento de tuberculosis que es una enfermedad antiquísima y erradicada, y la particularidad de Venezuela es que el gobierno es quien tiene el tratamiento de forma exclusiva y si a eso le agregas que el preso tiene un sistema inmunológico deprimido por falta de comida, cualquier enfermedad lo va a atacar y se puede convertir en un cuadro mortal”, explica. En los CDP el panorama no es distinto al de los centros penitenciarios. En su informe semestral presentado en agosto de 2020, UVL sumó 63 privados de libertad fallecidos en los 19 estados que investiga esta ONG. De ese total, las enfermedades que causaron más muertes fueron la tuberculosis con 32, insuficiencia respiratoria con 11 y los cuadros severos de desnutrición que fueron 7. El resto de los fallecimientos corresponden a infartos, motines, obstrucción intestinal y VIH.
El informe de UVL indica que, de los 273 calabozos monitoreados, 185 (67,8 %) reportaron la presencia de reclusos con enfermedades infectocontagiosas. En detalle explican que de un total de 2.091 enfermos encerrados en los calabozos 1.177 (56,3 %) están enfermos de los pulmones y de la piel (sarna o escabiosis); 517 (24,7 %) están desnutridos y 397 (19 %) tienen tuberculosis.
Carlos Nieto Palma, director de UVL, califica las muertes por tuberculosis y desnutrición en los calabozos policiales como “la verdadera pandemia de los presos venezolanos”. Señaló que los privados de libertad están sin ningún tipo de apoyo y “mueren ante la total indiferencia del Ministerio para el Servicio Penitenciario y demás autoridades del régimen”.
El también abogado y especialista en derechos humanos informó que Zulia, Distrito Capital, Aragua y Lara son las entidades con más muertos registrados, siendo la entidad zuliana la que registra 44 % de los fallecidos.
Caldo de cultivo
Ambos directores de las citadas ONG explican que existen dos factores que, de controlarse y manejarse de manera eficiente, podrían frenar las muertes de presos por enfermedades en las celdas venezolanas. Es decir, que sí es posible evitar que las prisiones se conviertan en un caldo de cultivo para padecimientos curables que en estos sitios se convierten en mortales.
Lo primero es disminuir el hacinamiento que ronda 150 % en la actualidad (aunque la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó indica que está en cerca de 500 %), mediante la disminución del retardo procesal. Y lo segundo es ofrecer atención médica oportuna a los presos enfermos.
Nieto Palma, para profundizar este punto, hizo mención al informe difundido por Human Rights Watch en junio de 2020, en el que señalan que el hacinamiento en las cárceles nacionales es uno de los factores que podría ayudar a extender con rapidez las enfermedades, una alerta latente ante la pandemia de COVID-19 que se vive actualmente en Venezuela. Acotó que la falta de suministro de agua en las instalaciones carcelarias también incide en los padecimientos.
UVL advierte además que los presos que padecen la enfermedad no reciben el tratamiento adecuado. Tampoco son aislados para evitar contagios y, en su mayoría, sufren desnutrición aguda grave. También reflejan que el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura ha indicado que la no atención médica oportuna y adecuada a un privado de libertad constituye trato cruel e inhumano. El equipo de UVL y el abogado Pedro Rondón, experto en temas penitenciarios, advierten que los presos que padecen la enfermedad no reciben el tratamiento adecuado y que el Estado debe actuar con protocolos para afrontar situaciones de emergencia. Reflejan que tampoco los aislan para evitar contagios y en su mayoría sufren desnutrición aguda grave.
