- La Ley Antibloqueo es única en el continente americano, según el abogado constitucionalista Jairo García. Ni siquiera el régimen comunista autoritario de los Castro en Cuba se ha atrevido a aplicar una normativa similar, lo que desnuda aún más el carácter autoritario de Nicolás Maduro
- Opacidad y oscurantismo caracterizan el nuevo ordenamiento jurídico, explica el economista Jesús Casique, quien indica que la ley aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente no dará pronta solución a la crisis económica
- Ricardo Ríos, presidente de Poder & Estrategia, esboza que la Ley Antibloqueo “está redactada en un lenguaje codificado. Se hizo un notable esfuerzo en describir procedimientos específicos de la manera más genérica y eufemística posible»
Casi a la velocidad de un relámpago se aprobó la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, pero esto no quiere decir que el aparato productivo de Venezuela se reactivará en corto o mediano plazo. De hecho, expertos jurídicos indican que ni Cuba -dominada por el comunismo y autoritarismo desde hace 55 años- tiene una norma jurídica similar a la recién aprobada por el gobierno de Nicolás Maduro.
Según el abogado constitucionalista, Jairo García, esta ley publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.583 de fecha 12 de octubre de 2020, no tiene ningún paradigma en los últimos 200 años en el continente americano. La misma es defendida por el sector oficial como un recurso jurídico para evitar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y como un mecanismo que permitiría buscar fórmulas para el comercio libre y legal con el mundo.
De acuerdo con el especialista, en la isla caribeña dominada por los hermanos Castro no hay una ley similar que dé luz verde al Ejecutivo para aplicar medidas sin límites ni control y en un marco de reserva y confidencialidad total. Agrega que la normativa se aprovecha de las decenas de anomalías políticas y jurídicas que el gobierno socialista y revolucionario del fallecido Hugo Chávez y Maduro han fomentado con el pasar de los años.
Sin garantía de prosperidad económica
Además de ese particular legal e histórico, la bautizada Ley Antibloqueo -aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente- tampoco es garantía de prosperidad económica para la nación. Por el contrario, economistas indican que la norma está impregnada de opacidad y oscurantismo, lo cual desnuda aún más el nivel de autoritarismo de Maduro.
“En definitiva será una decisión política sí la Ley Antibloqueo dará resultado. La única forma de que Venezuela salga adelante en materia económica es estableciendo confianza hacia la inversión y producción, y neutralizando todos los desequilibrios macroeconómicos que tiene el país; además de eso, debe crearse un programa de gobierno coherente porque con leyes no se resuelven los problemas económicos que está atravesando Venezuela”, destaca Jesús Casique, profesor de economía y finanzas y director ejecutivo Capital Market Finance.
Según el economista, la norma obedece más a una intención política ideológica que a una búsqueda de solución a la crisis.
Aprobada en un debate único
Nueve días transcurrieron entre la propuesta pública de Ley Antibloqueo presentada por Maduro el 29 de septiembre y su aprobación consolidada el jueves 8 de octubre, luego de un debate único que giró en torno al discurso de tres constituyentistas.
Ese día jueves, no se discutieron uno a uno los 44 artículos de la ley ni se les presentó a los constituyentistas el proyecto. Todo este proceso se hizo en el contexto de una Venezuela que suma 7 años de recesión y donde se consuman 5 años con la hiperinflación más alta del mundo.
Además de las múltiples críticas generadas hasta en el mismo bando socialista y revolucionario de Maduro, una de las particularidades que tiene la ley se encuentra en el artículo 35, que da carácter de “reservado, confidencial o de divulgación limitada” a los documentos que el Ejecutivo considere oportunos.
“La calificación como reservado, confidencial o de divulgación limitada se hará por acto debidamente motivado, por tiempo determinado y con el fin último de garantizar la efectividad de las medidas destinadas a contrarrestar los efectos adversos de las medidas coercitivas unilaterales, medidas punitivas u otras amenazas impuestas”, detalla el apartado de la ley.
“Si uno revisa el espíritu de la ley, contradice una serie de artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, además de eso, existe una gran opacidad, un gran oscurantismo pues se desconocerá a las personas que serán beneficiadas”, explica Casique, quien argumenta que esta práctica de “confidencialidad” se está aplicando en el ámbito económico desde 2016.
“No se publica todo lo concerniente a la Ley de Presupuesto de la Nación; se desconoce eso que es tan importante y a medida que no se tenga presupuesto ¿cómo se elabora o se establecen negocios con agentes económicos?”, se pregunta.
El BCV también tiene cifras estancadas desde el primer trimestre del año 2019. “La ley resguarda a todas las personas que van a comprar una empresa, o quieran invertir en Venezuela lo que deja mucho que desear”, dice el experto.
Ley autoritaria
El abogado García dijo a Cotejo.info que es evidente el carácter ilegal y caprichoso que tiene la Ley Antibloqueo e indica que no ofrece controles ni absoluta transparencia, características muy particulares de los gobiernos de Chávez y Maduro.
“La ley le incrementa al Presidente los poderes de manera autocrática; le otorga facultades para ser opaco, sin transparencia, con discrecionalidad, sin ningún tipo de control porque habla de la función de la Contraloría de la República y todos sabemos en manos de quién está la Contraloría; cuando algún tribunal quiera saber algo tiene que recurrir a la Procuraduría General que es como el abogado del presidente y es él (Maduro) quien decidirá si quiere darle información, porque todo se considera confidencial, lo que contradice a la Constitución”, asegura García.
El experto alerta que esta ley, a futuro, es un recurso para que Maduro se atornille más en el poder porque formaliza un régimen económico del Estado autoritario. “Esta ley divide el tesoro nacional; puede desaplicar normas legales y sublegales; es una prueba irrefutable de los delitos contra el patrimonio público y los derechos económicos y que nadie podrá trabar en su desarrollo”.
Neolenguaje y los DDHH
El abogado García, el articulista Ramón Peña y planificador Ricardo Ríos, coinciden al señalar que en la redacción de la Ley Antibloqueo destaca el uso de “neolengua” y «fraseología revolucionaria» que “promete fantasías” ante tantas violaciones de derechos humanos que se registran en el país desde 2010 y que han sido denunciadas por instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“El uso de la neolengua establece el propósito de la defensa de derechos humanos y no es así. Esta ley forma un orden jurídico paralelo, un orden jurídico autoritario y su manera de gestación y redacción indica otra cosa”, refiere García en entrevista con Cotejo.info cuando indica que la manera de utilizar esta redacción se ha convertido en una fortaleza del autoritarismo.
Ríos, presidente de Poder & Estrategia y miembro de la Asociación Civil Estrategia Ciudadana, es más explícito en su análisis publicado en redes sociales cuando indica que la ley “está redactada en un lenguaje codificado. Se hizo un notable esfuerzo en describir procedimientos específicos de la manera más genérica y eufemística posible. Por ejemplo: logran decir que van a privatizar, pero sin usar esa palabra”.
Cita que los artículos que van desde el 15 al 20, donde existen muchas palabras suaves o decorosas con que se sustituye otra considerada un tabú, por ejemplo: “El elemento central está en los artículos del 15 al 20; y eufemismos aparte; dice ‘vamos a ignorar ciertas leyes para privatizar un montón de empresas que quebramos; para conseguir recursos de algún lado’ el resto son adornos” indica. Peña, en su artículo de opinión titulado “El anti-bloqueo: la panacea” indica que la ley -antes de ser aprobada- “es una retórica incoherente, en colcha de retazos” que promete fantasías como “recuperación de la capacidad de ahorro del venezolano… servicios públicos de calidad… impulso a la inversión privada… pleno disfrute de los derechos humanos…” En otras palabras, “devolverle a los venezolanos todo lo que ellos mismos han arrasado en estas dos décadas”.
