- Transcurridos 1.237 días entre las elecciones de 2017 y el cierre del órgano -presidido en su última fase por Diosdado Cabello- el resultado fue la aprobación unánime de una ley constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de la ANC
- El órgano cesó en sus funciones sin cumplir su función natural de reformar la Constitución actual, promulgada en 1999. Valiéndose de su denominado «poder plenipotenciario» logró desmovilizar a diversos sectores políticos de oposición y la sociedad civil activados en 2017
Texto: Diana Martínez/ Mariángel Durán
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuya función principal es reformar el Estado a través de un cambio en la Constitución, estuvo activa en Venezuela durante tres años, cuatro meses y 14 días pese al repudio de varios países del mundo y a los petitorios de su anulación ante el máximo tribunal del país.
Tras su polémica elección realizada el 30 de julio de 2017, la instancia se instaló el 4 de agosto de ese mismo año y quedó conformada por 545 miembros (ocho indígenas y 181 sectoriales). El 18 de diciembre de 2020 cesó en sus funciones sin modificar, eliminar o redactar ningún artículo de la carta magna.
Transcurridos 1.237 días entre las elecciones de 2017 y el cierre del órgano -presidido en su última fase por Diosdado Cabello- el resultado fue la aprobación unánime de una “ley constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de la ANC”, de acuerdo con lo reseñado por Últimas Noticias.
Nicolás Maduro participó en el acto de cierre -realizado 12 días después de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre- y ratificó la frase dicha el 17 de agosto de 2020, cuando aseguró que el órgano sería disuelto en diciembre: la ANC cumplió el objetivo de restablecer la paz.
El equipo de Cotejo.info revisó fuentes documentales y consultó con expertos sobre la veracidad o no de esta afirmación. Los hallazgos permiten concluir que se trata de una verdad a medias.
Cese anunciado
El 17 de agosto de 2020 -cuando se cumplieron 1.114 de las cuestionadas elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, paralela a la Asamblea Nacional electa en 2015- Nicolás Maduro ratificó que la ANC sería disuelta en diciembre de 2020 para dar paso a los diputados electos en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre.
Durante la alocución realizada en el marco de un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Maduro dijo: “Tuvimos una constituyente que trajo paz y evitó la guerra civil a la que nos querían llevar”. Y expresó “dejarán un trabajo adelantado al país”.
Con estas declaraciones, y lo sucedido este 18 de diciembre, quedó claro que no habría una nueva Constitución, pese a que ese tendría que ser el objetivo central al momento de instalar una Asamblea Nacional Constituyente, según lo establecido en el Capítulo III “De la Asamblea Nacional Constituyente” de la Constitución Nacional de República Bolivariana de Venezuela.
El artículo 348 de la carta magna indica que para convocar una constituyente es necesario el aval del parlamento o de un proceso electoral en el cual participe 15 % de los inscritos en el Registro Civil Electoral, lo cual no se cumplió en 2017.
Existen fuentes documentales que muestran que la intención del Gobierno de Maduro nunca fue modificar la Constitución. El 1° de mayo de 2017, tras el anuncio presidencial, Telesur publicó un reportaje que incluyó las declaraciones del abogado Hermann Escarrá, quien antes de resultar electo como diputado explicó: “no se trata de elaborar una nueva Constitución, puesto que ‘la norma dice modificar el Estado, cambiar el ordenamiento jurídico’. Se trata de la reorganización del Estado y adicionar los programas y conquistas sociales”.
En noviembre de ese mismo año, Maduro dijo que “la ANC se configuró en el primer anillo de protección de la paz en el país”.
La reforma no fue necesaria
Para el politólogo Piero Trepiccione, el Gobierno de Maduro no realizó una reforma constitucional porque no tuvo la necesidad de hacerlo y, “como no fue necesario, lo pasaron por alto. Una reforma de la Constitución habría que someterla a consulta popular, entonces los números no le cuadraban al Gobierno para ganar un referéndum de esa naturaleza, y es por eso que no se hizo una nueva constitución ni una reforma de la Constitución”.
Trepiccione es enfático al señalar que el objetivo real de la ANC fue “darle respaldo al Gobierno, avalar una serie de leyes que le permitieran afianzar su poder y control político sobre la sociedad y también permitir la ejecución del presupuesto para que no pasara por la Asamblea Nacional (electa en 2015)”.
“Pax Romana”
En el año 2017 se registró en el país una crisis institucional tras el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, en sentencias 155 y 156, se atribuyó las funciones constitucionales de una Asamblea Nacional de mayoría opositora.
El 31 de marzo de 2017, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, denunció públicamente la ruptura del orden constitucional, lo que le habría costado su cargo y el de su esposo Germán Ferrer, diputado oficialista. Ambos huyeron del país al ser acusados de corrupción y extorsión, tras el pronunciamiento.
Más de 6.000 manifestaciones se registraron en todo el país y, oficialmente, el Ministerio Público reconoció el fallecimiento de 129 personas producto de la violencia y represión durante las protestas, concentrando el Distrito Capital y los estados Miranda, Lara y Carabobo el mayor número de víctimas.
En este escenario surgió la idea de instalar una Asamblea Nacional Constituyente.
Un año y seis meses después, en mayo de 2019, el constituyentista Hermann Escarrá, repitió el mismo discurso y dijo que la figura de la Asamblea Nacional Constituyente vino a “restaurar la paz”. Diosdado Cabello insistió, tres días antes del cese del 18 de noviembre de 2020, en que “la ANC cumplió con su tarea de dejar paz en Venezuela”, de acuerdo con una publicación de El Nacional.
Para el sociólogo, Rafael Uzcátegui, la ANC no trajo paz al país y, al hacer un símil con la Segunda Guerra Mundial, dijo que la instancia “fue el panzer (en alemán: vehículo acorazado de combate) que le permitió al Gobierno finalmente derrotar la rebelión popular de ese año (2017). Por ello, para las mayorías del país que deseaban un cambio la ANC era el símbolo de su derrota. De allí el amplio margen de rechazo que tuvo esa instancia desde sus primeros días”.
Uzcátegui señala que la ANC se convirtió en un elemento adicional de conflictividad en el país, no solo entre oposición y gobierno sino también entre diferentes partes del chavismo, pues se transformó en abono para la crítica a lo interno de los afectos al Gobierno, cuando asumió competencias diferentes a las establecidas en la carta magna.
El politólogo Piero Trepiccione expresó que “la forma en la que se convocó esta constituyente obedeció más a un criterio de circunstancia, a un criterio político del Gobierno para desmontar el ambiente hostil, de protestas y polarización que vivía el país para el momento, para ganar tiempo en el campo de la gerencia política para mantenerse en el poder”.
A su juicio, esta jugada por parte del Gobierno de Maduro efectivamente desmoralizó y desmovilizó a sectores descontentos del país, que en 2017 estaban activados a lo largo y ancho del país en jornadas de protestas antigobierno y fueron disuadidos con este mecanismo, creado para liberarse de un contrapeso institucional como el que estaba en manos de la oposición: la Asamblea Nacional.
“La ANC efectivamente trajo paz, en tanto logró desactivar la protesta ciudadana a lo largo y ancho del territorio nacional que exigía democracia, la salida del Gobierno de Nicolás Maduro y el cambio de rumbo en lo que se refiere a la política económica. Fue una paz más similar a la pax romana, a la paz por los cañones, por la represión, por la disuasión, que a una paz consensuada conciliada entre todos los factores de poder en el país y la población venezolana”.
La ANC suspendió además la inmunidad de cuatro diputados opositores: Jorge Millán, del partido Primero Justicia; Hernán Claret Alemán Pérez, de Acción Democrática; Carlos Alberto Lozano Parra, de Camina; y Luis Stefanelli Barjacoba, de Voluntad Popular. Los políticos fueron acusados de rebelión civil, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección concierto para delinquir y usurpación de funciones.
Últimas disposiciones
El 21 de octubre de 2020, como uno de sus últimos actos antes de la disolución, la ANC aprobó el presupuesto anual de la nación, estimado en 3.972 billones de bolívares, según el anuncio de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien detalló en una plenaria sin intervenciones, debates o cuestionamientos que 76,4 % del presupuesto estaría destinado para el gasto social.
El 15 de diciembre se presentó el balance de gestión la Constituyente. La ANC también se atribuye la Ley Antibloqueo, precepto que fue analizado por el equipo de Cotejo.info.
La última Ley Constitucional aprobada el 18 de diciembre señala que estos actos solo podrán ser modificados a partir de la iniciativa de 15 % del registro electoral, por 30 % de los integrantes de la Asamblea Nacional o por iniciativa del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Consejo de Ministros, según se explica en VTV. La norma espera por la ratificación de constitucionalidad del parte del TSJ.
Sin contrapeso institucional
Trepiccione asegura que tras los resultados de las elecciones parlamentarias “Nicolás Maduro estará sujeto a una Asamblea Nacional que mayoritariamente estará para su figura, su gobierno y que no hará un contrapeso institucional como corresponde en este caso, en el marco de una democracia, para dar el llamado equilibrio o balance”.
La carencia de competitividad electoral y la ausencia de amplios sectores opositores sembraron apatía en la elección del 6D, en especial en sectores que, según analiza el politólogo, se han venido desvinculando de la propuesta de Nicolás Maduro y que, además, estarían alineados con el descontento generalizado de la población.
Según el sociólogo Rafael Uzcátegui para el ramo del oficialismo que “siempre estuvo incómodo con el paralelismo de la ANC con respecto a la Asamblea Nacional formal, hubo un incentivo para ir a votar”. “Para las grandes mayorías, las elecciones fueron una reiteración de la ausencia de reglas de juego y la erosión de la institucionalidad”.
