*Lo dicho por Tareck William Saab es cierto, pero el abogado Calixto Ávila, representante de Provea ante Europa, explica que formalmente el expediente de Venezuela en la Corte Penal Internacional “ha avanzado desde que fue abierto y efectivamente está progresando»
*La abogada Mariana Romero detalla que son 4 fases que debe cumplir el examen preliminar de la CPI para que se desarrolle una investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro y, tras las declaraciones de Fatou Bensouda, el caso “Venezuela I” va en la tercera fase
*Expertos en derechos humanos señalan que estos procesos preliminares no tienen una duración determinada. Algunos suelen durar año y medio, otros se han extendido por 15 años
Por Héctor Rodríguez Cárdenas
Tareck William Saab, fiscal general de Venezuela designado por la Asamblea Nacional Constituyente, expresó el 9 de noviembre de 2020 tras su visita a la Corte Penal Internacional (CPI), que este tribunal de justicia no ha iniciado una investigación sobre Venezuela, de acuerdo con las declaraciones reseñadas en El Nacional.
Expertos en derechos humanos consultados por el equipo de Cotejo.info explican que efectivamente es así y aclaran que lo que se ha iniciado es un examen preliminar, que es un paso previo para el inicio de una eventual investigación penal. Hay dos expedientes relacionados con Venezuela que están en la oficina de Fatou Bensouda, Fiscal de la CPI. Se conocen como caso Venezuela I y caso Venezuela II.
El caso Venezuela I, según explica Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia en Venezuela, se inició el 8 de febrero de 2018, cuando la fiscal de la CPI dio paso a un examen preliminar con el propósito de analizar los crímenes cometidos en Venezuela desde abril 2017 en el contexto de las manifestaciones políticas en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
En septiembre de ese mismo año, un grupo de Estados parte del Estatuto de Roma (que es el soporte jurídico de la CPI, como Argentina, Paraguay, Canadá, Colombia, Chile y Perú) remitieron también a la fiscalía de la CPI la situación venezolana, pero además solicitaron que se incluyera investigar crímenes de lesa humanidad a partir de 2014.
Los crímenes de lesa humanidad están tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, se refieren a los ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Se enumeran los siguientes: asesinatos; exterminio; esclavitud; encarcelación en violación de normas fundamentales del derecho internacional; tortura; violación sexual; persecución de un grupo o colectivo; desapariciones forzadas y actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos a la integridad física o salud mental de las personas.
El caso Venezuela II lo introdujo el gobierno de Maduro en febrero de 2020 para solicitar a la CPI una investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos como consecuencia de las sanciones económicas aplicadas a Venezuela por el gobierno de Estados Unidos.
«El examen preliminar no es propiamente la investigación de la Corte Penal Internacional. Es un procedimiento desarrollado en el seno de la oficina de la Fiscal de la CPI para investigar y señalar que se han cometido crímenes internacionales que son competencia de la Corte y en función de eso tomar los elementos para avanzar hacia el desarrollo de una investigación», resalta Romero.
Por lo tanto el caso Venezuela I es el más adelantado. Romero alega que se puede considerar que está en la fase tres de acuerdo con lo dicho por la fiscal Fatou Bensouda el 4 de noviembre -el día del encuentro con Saab: «existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte», reseñado en la nota de prensa oficial publicada por la CPI el 5 de noviembre.
Fases del examen preliminar
Romero explica que el examen preliminar consta de cuatro fases, la primera consiste en investigar y analizar la veracidad de la información recibida por la Fiscalía de la CPI, conforme a todas las denuncias dirigidas por particulares, víctimas, Organizaciones de Derecho Humanos, u otros estados.
«En la fase 1 se verifica que las denuncias entran dentro de la competencia de la Corte, determina que no han sido examinados en otros procesos, que no sean casos investigados o enjuiciados por un tribunal y que ameritan un mayor análisis por el contenido de la gravedad de las denuncias».
M. Romero
La segunda fase consiste en la determinación de la jurisdicción. «Formalmente tenemos iniciado el examen preliminar y la Fiscalía va a determinar la efectiva competencia de la Corte, que los hechos hayan sido cometidos posterior a la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Es decir que el Estado que haya ratificado y suscrito el instrumento, haya quedado comprometido y suscrito a las obligaciones derivadas del mismo, y además los hechos hayan ocurrido dentro del territorio, o que hayan sido cometidos por miembros de un Estado parte», añade..
Venezuela suscribió y ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio del año 2000.
La etapa 3 -en la cual posiblemente se encuentra el informe Venezuela 1- es la fase de complementariedad que implica la verificación de los hechos y determinación de si el país es o no objeto de análisis. Además permite conocer la gravedad y la naturaleza de los crímenes.
Se verifica que estos hayan sido cometidos a gran escala y en general se cumplan los requisitos sobre que estos crímenes de lesa humanidad tengan un carácter de ataque generalizado y sistemático contra una población civil como parte de una política de Estado.
«Siempre la CPI va a insistir en que debe ser el Estado quien investigue y sancione, por eso se llama complementariedad. Es decir, si tú Estado no investigas si tú Estado no sancionas entonces yo CPI actuó. Si tú Estado investigas y sancionas, yo como Corte no actuó», dice Marino Alvarado, abogado y ex coordinador general de la organización de DD.HH Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) en entrevista para Cotejo.info.
La fase 4 es cuando se analiza el interés de la justicia y se determina que efectivamente frente a esos abusos y crímenes cometidos resulta necesario que se investigue, enjuicie y sancione. «Es aquí cuando la Fiscalía emitiría un informe sobre su examen preliminar y se avanzaría a una investigación formal», concluye Romero.
«Las declaraciones de la Fiscal Fatou Bensouda no se pueden considerar como una mera opinión. Ella anticipa que hay un informe técnico y es un informe donde se cierra una etapa de manera formal. Significa que el expediente ha venido avanzando desde que fue abierto por la fiscalía y efectivamente está progresando«, menciona por su parte Calixto Ávila, representante de Provea ante Europa.
Puntualiza que aunque técnicamente lo que dice William Saab es cierto, lo que trata de ocultar el Fiscal General de Venezuela es que en la CPI hay enormes progresos del examen preliminar en la medida que se ha cerrado la fase dos e inicia la fase tres.
Gobierno busca retrasar examen
Ávila explica que la visita de Saab a la CPI, acompañado por el Defensor del Pueblo Alfredo Ruíz, lo que pretende es retrasar el examen preliminar del caso Venezuela I.
«La fiscalía de la CPI evaluará si el Estado venezolano puede y quiere investigar esos crímenes. Saab debe demostrar que está investigando, que puede y quiere -no solamente el fiscal sino todos los poderes públicos- investigar a los responsables de esos crímenes. No es una tarea fácil para el fiscal ni para el Estado Venezolano en su conjunto, porque en Venezuela existe una impunidad estructural«, agrega.
Afirma que los crímenes graves como violaciones a los DD.HH -por ejemplo las ejecuciones extrajudiciales de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB)- se encuentran en absoluta impunidad en los tribunales nacionales. También los hechos de tortura se encuentran en impunidad.
«En Venezuela hay impunidad en más de 92 % de los casos graves de violaciones a los DD.HH, ese es el primer punto que debería ser revertido con medidas eficaces. Eso significaría revisión y muchos retrocesos en términos de independencia del poder judicial, por ejemplo la misma independencia del señor Tareck que fue nombrado por la ANC, del mismo defensor del pueblo que fue nombrado por el ANC, lo cual indica que estructuralmente en Venezuela no existen las condiciones para investigar crímenes de lesa humanidad».
C. Ávila
Rafael Narváez, abogado y defensor de DD.HH indica que el Estado venezolano nunca ha investigado los delitos de lesa humanidad, ni ha sometido a la justicia venezolana a los responsables. «El Estado que comete crímenes de lesa humanidad nunca se investiga así mismo, para muestra en Venezuela está el hecho de que todas las instituciones públicas carecen de autonomía».
Humberto Prado, abogado y comisionado presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas en el equipo de Juan Guaidó, coincide en que la pretensión del gobierno de Maduro es frenar la investigación en la fiscalía de la CPI. “El régimen va llenar a la fiscalía con papeles, a engordar aún más el expediente, para tratar de mostrar que están investigando casos en Venezuela con la idea de ganar tiempo y demorar la decisión final de la fiscalía”.
Dijo que Fatou Bensouda prometió públicamente que antes de culminar su periodo de 9 años como Fiscal de la CPI resolvería todos los exámenes preliminares y eso sucedería antes de junio 2021. En diciembre la Fiscal de la Corte debe presentar su informe sobre Exámenes Preliminares y allí detallará la información que llevó a que Venezuela llegara a la fase 3.
Proceso puede ser largo
Expertos en derechos humanos han señalado que los exámenes preliminares no tienen una duración determinada. Algunos suelen durar año y medio, otros se han extendido por 15 años como en el caso del examen preliminar de Colombia, donde se investiga a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad de la guerrilla colombiana, paramilitares y de señalados del narcotráfico.
«El examen preliminar en Colombia está abierto desde 2004, pero la competencia de la corte es complementaria, han guiado al Estado en la toma de decisiones para condenar a quienes han cometido crímenes de guerra o lesa humanidad en el proceso colombiano. El examen preliminar podría durar varios años en el caso Venezuela; el fiscal Tareck William Saab busca que sea cerrado o que se mantenga durante varios años en la categoría de examen preliminar, al mostrar que ellos están dispuestos a cooperar con la CPI”, considera Calixto Ávila de Provea.
«En los exámenes preliminares las víctimas de violación de DD.HH viven un viacrucis. Cuando la CPI se creó hace 18 años su propósito era impedir actos de lesa humanidad, pero la disuasión ha sido tanta que es imposible saber cuándo un proceso podría concluir. El tiempo de la investigación depende de que las víctimas no se cansen de investigar para lograr alguna decisión por parte de la CPI», describe el internacionalista Diego Arria. Rafael Narváez sostiene que el examen preliminar de Venezuela tiene más de dos años porque considera que la Fiscal de la CPI ha puesto «trabas».
«La CPI es lenta, sí. Pero las víctimas siempre van a insistir y creo que la Fiscal tiene que destrabar todo porque es muy difícil ocultar lo que pasa en Venezuela, las persecuciones, los allanamientos, el Estado no escarmienta, sigue habiendo ejecuciones extrajudiciales por parte de la FAES, sigue allanando a los que hacen disidencia política, se empeora la crisis sanitaria, los presos políticos siguen existiendo, en la actualidad hay 375 presos políticos. Ahí están sin ningún proceso, sin derecho a la defensa; está la persecución hacia los medios de comunicación social. Es decir, no hay ninguna rectificación, es más, el expediente del Caso Venezuela I, ha estado en aumento».
R. Narváez
Investigación en fase confidencial
Calixto Ávila de Provea detalla que el examen preliminar es confidencial, la fiscal de la CPI en este momento no puede dar nombres de responsables o cómplices porque todavía no ha establecido responsabilidad. «El establecimiento de la responsabilidad corresponde a la CPI en una etapa posterior que eventualmente se producirá. Pero en este momento a nivel de la fiscalía no estamos hablando de autores, o coautores, o cómplices específicos en esta etapa de crímenes de lesa humanidad. No estamos hablando de eso porque no es una etapa que faculte a la Fiscalía para pronunciarse al respecto», enfatizó.
