- Lejos de honrar su promesa, luego de cinco años a cargo del Ministerio de las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (entre 2015 y 2020) no pudo desarmar ni neutralizar a las megabandas criminales que operan y tienen azotada a la población de Caracas y otras entidades de Venezuela
- Con todos los cuerpos de seguridad bajo su mando, no pudo hacer de la Cota 905 una verdadera “zona de paz”, porque no pudo frenar la actuación de los integrantes de la banda criminal de “El Coqui”
- Entre tanto, las muertes violentas a manos de funcionarios de cuerpos policiales se incrementaron considerablemente durante el último año de su gestión en el Ministerio de las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, según el Observatorio Venezolana de Violencia (OVV)
Por Diana Martínez
A propósito de la celebración de la Semana Internacional de Desarme, el entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz quiso traer el tema al escenario doméstico al anunciar, el 24 de octubre de 2019, la destrucción de varias centenas de miles de armas y aseguró a través de su cuenta en Twitter @NestorReverol (hoy suspendida por la red social) “continuamos con el compromiso de eliminar los factores de riesgo que causan la violencia”.
Luego de poco más de un año de haber renovado ese propósito ya incumplido en los cuatro años previos de gestión, Néstor Reverol no solo no pudo alcanzar su renovado compromiso de desarmar al hampa común del país y reducir las causas de la violencia delincuencial, sino que fue testigo de excepción del crecimiento desmedido del crimen organizado actuando en una serte de zonas de distención concedidas dentro territorio venezolano, por lo que su promesa anunciada terminó siendo una mentira.
La segunda gestión del general en jefe Néstor Luis Reverol Torres como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dejó en este sentido una gran deuda: las megabandas delictivas que operan en zonas populares de Caracas, capital de Venezuela, y en otras ciudades del país, alardeando de arsenales que no dan cuenta, precisamente, de una franca reducción de armas ni de la persistente violencia criminal.
Su segundo periodo tuvo una duración de 4 años, 2 meses y 22 días, entre el 3 de agosto de 2016 y el 25 de octubre de 2020, fecha en la que Nicolás Maduro le asignó a Reverol el Ministerio de Energía Eléctrica.
Informes e investigaciones del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), de la fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe InSight Crime y de especialistas en criminalidad indican que en la actualidad en Venezuela hay siete megabandas delictivas integradas por unos 60 o 100 hombres y mujeres que operan a sus anchas.
La cartera que lideró Reverol Torres entre 2016 y 2020 tuvo todos los cuerpos de seguridad bajo su mando, pero no pudo acabar con estas organizaciones identificadas como el “Coqui”, “Wilexis”, el “Loco Leo”, los “Meleán”, “Santanita”, “Tren de Aragua” y el “Tren del Llano”, nombres que en su mayoría aluden al apodo del hombre que las lidera o reúne a un grupo de personas para cumplir el objetivo de obtener dinero a cuesta de delitos como secuestros, robos de propiedades y vehículos, extorsiones, ventas de drogas y sicariatos.
Los expertos Luis Izquiel, abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y Fermín Mármol García, abogado criminalista y director del Instituto Ciencias Penales-Criminalística-Criminología de la Universidad Santa María (USM), coinciden en que existen diferentes tipos de delincuencia organizada en el país, algunas de las cuales controlan territorios y han creado especies de micro Estados dominados por ellos.
Izquiel, en entrevista con Cotejo.info y Mármol García, en el libro Revolución de la muerte: veinte años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela, señalan que las megabandas criminales cuentan con estructuras organizativas integradas por un cabecilla o “principal”, lugartenientes o “luceros”, muchos miembros de menor jerarquía o “soldados” y otros, regularmente los más jóvenes, que cumplen papeles de vigilantes o “gariteros”. Se destacan por su gran arsenal de armas e influencia en las comunidades donde se encuentran.
De “zona de paz” a nido del “Coqui”
El gobierno venezolano ha realizado más de 20 planes de seguridad en 21 años con el objetivo de disminuir la delincuencia en cada rincón del país.
En 2015, Reverol –siendo comandante de la Guardia Nacional- encabezó uno de los planes más criticados por organizaciones de derechos humanos como fue las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) que Izquiel califica como “un fracaso para los cuerpos de seguridad del Estado, para Reverol y para el sistema de justicia”, ya que consolidó las denominadas “zonas de paz” (creadas en 2013 por José Vicente Rangel Ávalos) que resultaron un factor determinante para el crecimiento de las megabandas, “porque les dieron reconocimiento y territorios sin presencia policial”.
La Cota 905, carretera rodeada de barrios humildes que se localiza entre las parroquias La Vega, El Paraíso y Santa Rosalía del municipio Libertador, al oeste de Caracas, es una “zona de paz” declarada desde 2017, en teoría ninguna fuerza de seguridad puede entrar al sector a cambio de que los delincuentes no cometerían crímenes de alto impacto como el secuestro y el asesinato de policías. Esta zona piloto se convirtió en guarida gigante del delincuente apodado el Coqui y su banda.
“No es no que se haya podido luchar contra la delincuencia, es que no se quiere. Simplemente, hay falta de voluntad política. Hay funcionarios honestos que quieren combatir la delincuencia pero no cuentan con el apoyo de quienes ostentan el poder”, acotó Izquiel respecto a lo que ocurre en esa zona de la capital venezolana.
Otras zonas caraqueñas donde opera una megabanda son: el barrio José Félix Ribas de Petare, donde se encuentran los de “Wilexis”; en el Valle-El Cementerio que pertenece al llamado “Loco Leo”.
En el interior del país, la banda de “El Maloni” sustituyó a la de “El Picure” en Guárico. En el Zulia los azotes más grandes se encuentran en los denominados “Meleán” que recientemente se le descubrieron tentáculos en Colombia.
En Lara, los cuerpos de seguridad tienen un año tras la búsqueda de “Santanita” y sus secuaces, quien se encarga de extorsionar a comerciantes de Barquisimeto con ataques de granadas, además de cometer un secuestro homicidio de un empresario de origen árabe a inicios de 2020.
En el país también está el “Tren de Aragua”, una megabanda que opera dentro de la cárcel de Tocorón -estado Aragua- y tiene decenas de integrantes fuera de ella, y el “Tren del Llano, una de las primeras pandillas criminales que surgieron en Venezuela. Esta organización criminal se dedica al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el asesinato, y ha sido conocida tanto como “El Tren del Llano” como “El Picure”, por el nombre de calle de su conocido fundador, José Antonio Tovar Colina, quien fuera uno de los criminales más buscados de Venezuela, hasta su asesinato a manos de la Guardia Nacional Bolivariana en mayo de 2016” como lo indica InSightCrime.
Muerte a manos de cuerpos policiales
Del temido “grupo exterminio” se escucha en Venezuela desde el año 2001. Lara y Portuguesa fueron los estados donde surgieron y se repitieron historias con los mismos ribetes: hombres armados encapuchados sacaban de sus casas a presuntos delincuentes, se los llevaban en camionetas civiles y, poco después, los raptados aparecían como cadáveres con tiros de gracia en sitios que eran “de liberación”, es decir, asesinados en un lugar y los cuerpos dejados en otro para que los encontraran. Las víctimas se contaron por decenas e incluyeron personas con deudas pendientes con la justicia, pero también inocentes.
Según el informe anual de la organización Observatorio Venezolano de Violencia correspondiente al año 2019, durante ese año de la gestión de Reverol hubo 6.588 homicidios, 5.286 muertes por resistencia a la autoridad (los llamados “enfrentamientos”) y 4.632 muertes violentas en averiguación, lo que demuestra que prácticamente la mitad de las personas que perdió la vida en circunstancias violentas fue a manos de cuerpos policiales.
Izquiel, junto a Fermín Mármol León, coincide en que “más de 1/3 de las muertes que se producen en Venezuela son por organismos de seguridad, lo que tiene que ver con una política de exterminio que desde su nacimiento se relaciona con la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y, en su mayoría, se presume son ejecuciones extrajudiciales”. Mármol García opina que Maduro “no quiere asumir el costo político que acarrearía luchar contra la delincuencia”.
