- 308 trabajadores de los medios de comunicación han sido violentados entre enero y noviembre de 2020
- Al menos 52 trabajadores de la prensa han sido detenidos arbitrariamente por cuerpos de seguridad del Estado
- Entre enero y noviembre de 2020 Espacio Público registró 73 casos vinculados a hostigamiento judicial contra periodistas y reporteros
- Distrito Capital y Lara fueron las entidades con más casos de agresiones a los trabajadores de la prensa
Texto: Karla Torres
2020 ha sido un año marcado por la ausencia de información pública, persecuciones y hostigamiento judicial contra periodistas y reporteros venezolanos en medio de la pandemia por la COVID-19.
Voceros de Espacio Público dijeron al equipo de Cotejo.info que entre enero y noviembre de este año se registraron 372 casos, que se traducen en 944 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela.
Marysabel Rodríguez, coordinadora de Libertad de Expresión de la referida organización, explicó que existe una distinción entre las cifras porque en el monitoreo que realizan le llaman “caso” al hecho o circunstancia en la que se da una o varias violaciones de derechos.
“Por ejemplo, un grupo de periodistas hace cobertura de una manifestación y son detenidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, quienes los agreden y les borran el material. Estaríamos entonces ante un caso con distintas víctimas y diferentes violaciones de derechos: detención arbitraria, censura y agresión física”, precisó.
Se maneja una data de 308 personas vinculadas al trabajo en medios de comunicación que han sido violentadas, de las cuales 52 fueron detenidas arbitrariamente por cuerpos de seguridad del Estado.
Buena parte de estas detenciones estuvieron vinculadas a la cobertura de calle y a la divulgación de información no oficial sobre el coronavirus en el país.
Detalló Rodríguez que uno de los fenómenos más representativos de este 2020 fue la amenaza o inicio de procesos judiciales contra periodistas por ofrecer información de interés público distinta a la oficial en torno a la pandemia.
En medio de este contexto se radicalizaron patrones que desde hace años se implementan contra los trabajadores de la prensa, ahora amparados en la Ley contra el Odio.
Procesos judiciales: Un castigo a la libre expresión
Las agresiones a periodistas y trabajadores de medios de comunicación ya no solo son físicas, ahora se han convertido en un largo proceso en tribunales y centros de detención.
La ONG Espacio Público registra, entre enero y noviembre de 2020, 73 casos vinculados a hostigamiento judicial contra periodistas y reporteros. El inicio de procesos arbitrarios se convirtió en un mecanismo de castigo para perseguir la libre expresión, desde la labor periodística hasta la difusión de información pública.
Señala la ONG que el nivel de violencia estatal ha aumentado, la cantidad de personas detenidas arbitrariamente por opinar o difundir información en línea incrementó a medida que el conflicto político, social y económico se consolidó en el país.
Las implicaciones para quienes tienen procesos judiciales en curso son severas, no solo se silencia al periodista, también se afecta su núcleo familiar cercano y sus amigos. Además, estos procesos suelen mantenerse, aun cuando se produce la libertad bajo medidas cautelares de régimen de presentación, prohibición de hablar con los medios de comunicación sobre el caso y restricciones de salida del estado o país donde reside. Va más allá de la cárcel y trasciende.
Darvinson Rojas: detenido por tuitear sobre la COVID-19
Uno de los casos más representativos en medio del confinamiento ha sido el de Darvinson Rojas, imputado por delitos de instigación al odio e instigación pública contemplados en la Ley contra el Odio aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en el año 2017. Se basaron en un tuit que publicó el comunicador social el 10 de marzo, donde daba cuenta del número de casos de COVID-19 confirmados por el gobierno de Nicolás Maduro y cinco adicionales por alcaldes.
Rojas fue víctima de detención arbitraria 11 días después del tuit -el 21 de marzo- cuando 15 funcionarios de la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) lo sacaron de su casa alegando que habían recibido una denuncia anónima de un supuesto caso de coronavirus.
Reseñó Crónica Uno que primero preguntaron por su padre, Jesús Rojas, y posteriormente por Darvinson. Luego de ser detenido fue trasladado al comando de las FAES en La Quebradita, junto con sus padres, a quienes liberaron una hora después. Jesús Rojas fue golpeado en la cabeza, mientras los vecinos trataban de evitar la detención.
El domingo de 22 de marzo familiares se acercaron a la sede de las FAES en La Quebradita para constatar el estado de salud de Darvinson, sin embargo, al preguntar por él informaron que allí no estaba detenido por lo que comenzaron a recorrer centros de detención.
Pasada la tarde, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que después de una extensa y ardua búsqueda, el periodista se encontraba en la sede de las FAES ubicada en la UD5 de Caricuao.
Destacó Marysabel Rodríguez sobre este caso, que Rojas tuvo una audiencia irregular y además fue sometido a maltrato psicológico y amenazas durante su detención. Tras 13 días de detención el periodista independiente fue excarcelado la noche del jueves 2 de abril. Su proceso penal continúa abierto, imputado en violación de su derecho a la libertad de expresión y de normativas internacionales, presuntamente por divulgar información sobre casos de COVID-19.
A mediados de 2020 el SNTP presentó el informe “Pandemia de la desinformación. Periodismo en tiempos de cuarentena” y concluyó que las complejas condiciones de trabajo de la prensa venezolana empeoraron durante la cobertura de la pandemia. Así lo reflejaron las 150 víctimas de violaciones en casos de censura, intimidación, detenciones, amenazas, descalificaciones públicas y desconocimiento de la inamovilidad laboral que documentó la organización sindical.
El Estado usa el mismo modus operandi para intimidar
Sobre el tema de las agresiones y la intimidación a los profesionales del periodismo, Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, comentó que los patrones de detención arbitraria a los comunicadores son los mismos: los desaparecen por un periodo de horas o días, les imponen defensa pública, los presentan a altas horas de la noche en tribunales y les imputan cargos amparados en la Ley contra el Odio.
Cárdenas aseguró que se ha vuelto una práctica común en muchos casos, así explicó lo que sucedió con Nicmer Evans, director del portal de noticias Punto de Corte, detenido el 13 de julio y acusado por supuestos de delitos de “promoción o incitación al odio”.
Marysabel Rodríguez sentenció, por su parte, que cuando los periodistas son procesados judicialmente y acompañados por la defensa pública hay muchas irregularidades, por ejemplo, obligan a los periodistas a aceptar responsabilidades y a ocultar violaciones de derechos humanos.
Distrito Capital lidera cifra de agresiones en 2020
En entrevista para Cotejo.info, la coordinadora de Libertad de Expresión de Espacio Público, Marysabel Rodríguez, mencionó que las entidades con más agresiones a periodistas en 2020 fueron: Distrito Capital (69), Lara (20), Zulia (16), Mérida (15) y Vargas (15).
Añadió Rodríguez que la mayoría de los casos están relacionados a la cobertura periodística por escasez de gasolina, servicios públicos y divulgación de información sobre la COVID-19 en el país.
ONG, gremios y sindicatos en apoyo a los periodistas
La asistencia y el acompañamiento jurídico cuando un periodista es agredido o detenido arbitrariamente es vital para recibir orientación en medio del proceso. Organizaciones como Espacio Público, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) acuden ante la primera alerta o solicitud de los trabajadores de los medios periodísicos.
Espacio Público, por ejemplo, cuenta con un equipo de abogados para asesorar a quienes tengan dudas en el proceso legal que enfrentan. Incluso, realizan acompañamiento en caso de que la persona desee emprender nuevas acciones.
Además, en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) brinda apoyo psicológico a quienes llevan adelante el proceso judicial, con la intención de mantener su buena salud mental.
CNP y SNTP cuentan con equipos jurídicos para apoyar a sus agremiados; al mismo tiempo, sus secretarios y directivos están en constante monitoreo de casos para evitar y denunciar irregularidades. El criterio coincidente de los expertos es que además de que el año 2020 ha sido atípico por la pandemia, también estuvo marcado por el precario acceso a la información pública sobre la COVID-19 en Venezuela, acompañado de detenciones arbitrarias y hostigamiento judicial para quienes emitieran un dato distinto al oficial.
