- Un tercio de los parlamentarios opositores electos en diciembre de 2015, entre principales y suplentes, se vieron obligados buscar refugios en las diferentes embajadas diplomáticas en Caracas, coexistir en clandestinidad o vivir en el exilio
- La IV Legislatura de la Asamblea Nacional, 2016-2021, estuvo signada por persecuciones y amenazas hacia los diputados que obtuvieron mayoría calificada en los comicios de 2015
Texto: Luinerma Márquez
Con los resultados de las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 la oposición tomó el poder de la Asamblea Nacional al totalizar 56,2 % de los votos y obtener 112 escaños -mayoría calificada- para los partidos que en ese entonces integraban la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En poco tiempo esa victoria se convirtió en sinónimo de persecución y amenazas para los diputados opositores electos.
En los 1.827 días de la IV Legislatura oficial de la AN (5 de enero de 2016 / 5 de enero de 2021) el ensañamiento político y personal obligó a muchos de los parlamentarios -principales y suplentes- a vivir apartados de sus curules, buscar refugios en las diferentes embajadas diplomáticas en Caracas, coexistir en clandestinidad y vivir en el exilio. Otros cambiaron de partidos políticos e incluso se vieron involucrados en tramas de corrupción y traición.
Al menos 40 diputados, entre principales y suplentes, se vieron en la necesidad de exiliarse, de acuerdo con una base de datos que levantó el equipo de Cotejo.info y que incluye a un total de 147 parlamentarios que presentaron algún tipo de traba en el ejercicio de sus funciones (allanamiento de inmunidad, detención, exilio) o que formaron parte de la denominada “Operación Alacrán”. Se trata de 27,2 % de un total de 147 diputados incluidos en la data. Al cruzar esa cifra de 40 diputados exiliados con los 112 curules alcanzados por la oposición, se concluye que un tercio de los parlamentarios (entre titulares y suplentes) se vio obligado a salir del país durante los cinco años del cuarto período legislativo.
La mayoría de los exiliados se encuentran en Colombia (10), Estados Unidos (10) y España (6), de acuerdo con los datos recabados de fuentes documentales, redes sociales y entrevistas. Hay 6 parlamentarios cuyo paradero es desconocido, 2 se encuentran en Italia, 1 en Perú y 1 en México.
Destaca el caso de Antonio Ecarri, quien es diputado suplente por el estado Carabobo y fue designado representante de la AN en España desde febrero de 2019, pero no fue posible determinar su estatus migratorio en ese país, por lo que aunque está fuera de Venezuela no fue calificado en la categoría de exiliado en la base de datos.
La situación del diputado Freddy Guevara también es peculiar, dado que aunque nunca salió de Venezuela se mantuvo durante 3 años como refugiado en la embajada de Chile.
Además de Guevara otros 6 parlamentarios buscaron refugio en las sedes diplomáticas de Francia (2), Italia (2), Argentina (1) y México (1); luego salieron del país hacia el mismo país que los acogió o hacia un destino extranjero diferente.
Un diputado del sector oficial también se vio en la necesidad de exiliarse, se trata de Germán Ferrer, esposo de la ex fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz, quien tras recibir amenazas por supuesta traición a la patria solicitó asilo en Colombia durante el año 2017.
Imputados por el TSJ
Traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado, son los cargos que las instituciones del gobierno de Nicolás Maduro le atribuyeron a los parlamentarios del bloque de la Unidad Democrática.
De acuerdo con una nota publicada en julio de 2020 por América Digital el Proyecto migración Venezuela (propiedad de la revista Semana, en Colombia) tenía un registro de 30 a 35 diputados exiliados, refugiados en embajadas y secuestrados.
Dato que corrobora Mariela Magallanes, diputada en exilio que resultó electa por el circuito 4 en el estado Aragua y es representante del partido La Causa R. Ella fue recibida en la residencia del embajador de Italia en Caracas después que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la incluyera entre las medidas judiciales tomadas en contra siete diputados de la AN (7 de mayo de 2019).
“Somos 32 diputados, entre principales y suplentes, a quienes nos desterraron del país, bajo amenazas y acusaciones falsas, sin embargo, hay un parlamento en el exilio que sigue trabajando para lograr la libertad y la democracia de Venezuela”, expresa en entrevista para Cotejo.
Comienzo de la persecución
La primera medida en contra de los diputados electos en 2015 se produjo antes de la instalación del nuevo período legislativo, cuando el gobierno de Maduro trató de impugnar los resultados de las elecciones parlamentarias de 2015. El TSJ emitió el 30 de diciembre de 2015 la sentencia 260 que cuestionó los resultados obtenidos en los estados Aragua y Amazonas.
La lista incluía a la diputada Amelia Belisario (Primero Justicia), Melva Paredes (Un Nuevo Tiempo), Simón Calzadilla (Movimiento Progresista de Venezuela) y Mariela Magallanes (Causa R). Y a dos diputados de Amazonas: Nirma Guarulla y Julio Haron Ygarza, ambos representantes del Movimiento Progresista de Venezuela.
Los diputados de Aragua introdujeron un recurso de amparo, pero los parlamentarios de Amazonas no pudieron hacerlo (por no tener el tiempo a favor para llegar hasta el TSJ). El fallo del máximo tribunal anunció la suspensión de la proclamación de los diputados electos en el estado de Amazonas (tres de oposición y uno del oficialismo), dejando al estado indígena sin representación parlamentaria.
La alianza opositora calificó de “írrita” la decisión del TSJ, además de denunciar ante las instancias internacionales un “golpe de Estado” en marcha.
Tres presos políticos fueron electos
Tres de los diputados que resultaron electos en los comicios parlamentarios de 2015 se encontraban tras las rejas desde las protestas registradas en el año 2014: Renzo Prieto, Rosmit Mantilla y Gilberto Sojo. Mantilla fue liberado el 17 de noviembre de 2016 y cinco días después se juramentó como diputado; Sojo salió de la cárcel el 13 de diciembre de 2016 y de inmediato se juramentó como suplente de Dinorah Figuera.
Prieto, por su parte, fue liberado el 2 de junio de 2018 como parte del “pacto de reconciliación nacional” y también fue juramentado, en esa ocasión como suplente de Gaby Arellano, quien ya se encontraba en el exilio. El 10 de marzo de 2020 nuevamente fue detenido en las instalaciones de The Hotel, en El Rosal, Caracas y liberado 5 meses más tarde, el 31 de agosto, en el marco del indulto concedido por Maduro a varios presos políticos.
Otros 5 diputados fueron detenidos durante los últimos 5 años, para un total de 8 privaciones de libertad en el cuarto período legislativo de la Asamblea Nacional. Los otros detenidos fueron Antonio Geara (suplente, VP) electo en por el estado Bolívar; Edgar Zambrano (Lara, Acción Democrática); Gilbert Caro (suplente, Miranda, VP); Juan Requesens (Primero Justicia, Táchira); Ismael León (VP, Distrito Capital).
Seis de esos ocho diputados pertenecen a las filas de Voluntad Popular (VP), partido fundado por el opositor Leopoldo López, quien se encuentra en España luego de un largo período de detención (desde 2014) y posterior refugio (hasta octubre de 2019) en la embajada española.
