- La consulta popular efectuada el 16 de julio de 2017, para hacer frente a la Asamblea Nacional Constituyente, no modificó las condiciones políticas preexistentes en Venezuela
- Pese a la alta participación de los ciudadanos, la oposición siguió de manos atadas y se produjo una división entre la fracción 16-J y el denominado G-4
Texto: Isabella Reimí
La reciente consulta popular que organizó y realizó este 12 de diciembre de 2020 la oposición venezolana encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, recordó la efectuada el 16 de julio de 2017 (16-J) en la que el parlamento convocó a la sociedad civil para demostrar la crisis institucional por la cual atravesaba el país, a propósito de la recién instaurada Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Para el 16-J se habilitaron 2.000 centros de votación en Venezuela y 500 puntos estratégicos en el exterior. De 19,5 millones de ciudadanos habilitados para votar, participaron 7,2 millones (36,9 % del padrón electoral), incluyendo 690.000 personas que votaron en el exterior.
La asistencia fue mayor en comparación con la consulta realizada el 12 de diciembre de 2020 (12-D), que contó con una participación de 6,4 millones (31,7% del padrón electoral), de acuerdo con lo dicho por el comité organizador cuando el padrón anunciado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo Izaguirre, en septiembre de 2020 era de 20.710.421. El último proceso tuvo menos trabas que el realizado en 2017.
El 16-J estuvo amparado por el artículo 70 de la Constitución de Venezuela, organizado por la AN y del todo desvinculado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Tres años y seis meses han transcurrido de esa consulta y la demanda popular expresada por los venezolanos en esa oportunidad no modificó las condiciones políticas preexistentes.
Este escenario generó la primera fractura o fracción en la dirigencia opositora: una llamada 16-J que exigía una respuesta al compromiso adquirido en aquella manifestación de voluntad popular; y el G4, conformada por los partidos Un Nuevo Tiempo, Primero de Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática, que marcaron la agenda política.
De acuerdo con el politólogo Benigno Alarcón, esa consulta “generó unas expectativas sobredimensionadas, en el sentido de que hubo gente que creyó que eso se iba a traducir en un efecto contundente contra el Gobierno y el efecto fue más moderado de lo que se esperaba”, ya que el Gobierno no le dio ninguna validez a este proceso.
“Hiciste lo que pudiste y lo que podías hacer no era demasiado porque, al ser una situación de facto, estás muy limitado en lo que puedes hacer”, opinó Alarcón sobre la dirigencia, ya que la única manera de imponer los resultados era por la vía de la fuerza.
El desconocimiento de la ANC
La consulta tenía tres preguntas.De la primera pregunta que reza, “rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela”, Alarcón explicó que “el hacer constar el rechazo de alguna manera sirve para tratar de detener un poco las cosas que la ANC en algún momento pretendió hacer, que nunca lo tuvimos muy claro”.
Estimó el politólogo que “…bien por efecto de la consulta, bien porque el gobierno llevaba sus propias mediciones, que de alguna manera confirmaban este rechazo, la ANC no se atrevió a modificar la constitución”, en su período que culminó en diciembre de 2020.
Aunque el gobierno, por medio de la ANC trató de neutralizar a la AN y desconoció las leyes que sancionó el parlamento legítimo, “la ANC tampoco tuvo eficacia legislativa”, dijo Alarcón y agregó que el 16-J otorgó a la comunidad internacional una base sobre la cual apoyarse para desconocer la Constituyente.
“Tuvimos a una ANC que vivió y murió sin pena ni gloria. Muchos pueden no estar enterados de que cesó en sus funciones, pues no estaban enterados de cuáles eran sus funciones”, reflexionó.
La diputada monaguense Dignora Hernández, subjefa de la fracción 16-J recordó que la “mampara jurídica continúa vigente”, así como la desaprobación popular.
“Le preguntas a cualquier venezolano quiénes son los constituyentes electos en esa ANC y no sabrían distinguirlos, le preguntas qué ha sancionado, qué ha decretado o qué ha traído como resultado para la ciudadanía y no reconocerían alguno”, expresó.
Sin embargo, mientras que el politólogo opinaba que la oposición había hecho su mejor esfuerzo, la diputada Hernández señaló que gobernadores de oposición elegidos en los comicios de octubre del mismo año, algunos de los cuales eran diputados de la AN, hicieron caso omiso a esta consulta cuando se juramentaron frente a la ANC.
Consecuentemente, la mayoría de los diputados de la fracción de Hernández no participó en la consulta del 12-D “por considerar que esas preguntas ya habían sido expresadas por la población venezolana” en 2017 e ignoradas por algunos líderes políticos, como explicó a Cotejo.info en una entrevista.
La subordinación de la Fuerza Armada
En cuanto a la segunda pregunta, la diputada Hernández insistió que continúa vigente la demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional, como rezaba.
“A pesar de que se presentaron algunos militares valientes que se pronunciaron en cuanto a la ayuda humanitaria y cruzaron las fronteras para ayudar a los venezolanos, esos hechos fueron aislados y no es lo que esperaba la ciudadanía”, dijo.
Recordó que muchas de estas expresiones subversivas han sido castigadas con cárcel y que “sus compañeros de fuerza no han exigido que los liberen”.
La separación de poderes públicos
Después de casi todo un período parlamentario, la ANC permaneció hasta diciembre de 2020 como brazo ejecutor del gobierno de Maduro, al igual que la Fuerza Armada, según ha constatado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por otro lado, los poderes públicos no se han desvinculado del oficialismo.
De la pregunta, “aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional”, Hernández evaluó que en la actualidad “hay un tinglado de mafias al servicio del tirano”, por parte del oficialismo.
En cuanto a la oposición, la subjefa de fracción insiste que también “se agrupó en un tinglado denominado G4 (conformado por Primero de Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) y secuestró la institucionalidad de la AN a su servicio”, cuando no asumió la consulta del 16-J con un carácter vinculante “y cambiaron esa ruta por diálogo, por negociación y por acuerdos” con este “régimen totalitario” de Maduro.
Francisco Castro, politólogo director de Súmate, concordó que la consulta ciudadana “genera un mandato ciudadano en tanto la soberanía reside en el pueblo” y de acuerdo con la asociación civil Acceso a la Justicia, “debe favorecerse al principio democrático que es un valor superior consagrado en el artículo 2 de la Constitución”.
Sin embargo, el especialista, que fue organizador de la consulta del 16-J, explicó a Cotejo.info que “difícilmente podamos medir el impacto de la consulta popular por el acatamiento de las instituciones”.
“La crisis de legitimidad y crisis política por la cual atraviesa la república conlleva a que las instituciones se encuentran en efecto en un estado de deslegitimación sumamente amplio”, dijo.
Los procesos electorales formales se construyen de espalda a los ciudadanos, ya que los mecanismos de consulta tampoco son reconocidos por parte de los que ejercen la autoridad, concluyó Castro y acotó que ninguna alternativa ha dado respuesta a las demandas ciudadanas.
