- El Gobierno de Venezuela busca promover una Ley que regule el contenido de las RRSS, aunque no está clara la intensión de la norma y a pesar de mantener actualmente un emporio comunicacional, con amplia mayoría de medios del sistema público
- Según el ministro venezolano de Comunicación e Información, Alemania adelanta una poderosa ley para regular esta materia y, en efecto, existe un instrumento que fue aprobado en el año 2017 que ha recibido críticas y ha sido señalado por promover la censura
- De concretarse esta ley, sería en un contexto comunicacional ya sesgado, cercenado, violentado y sensible, donde según el Sindicato de la prensa venezolana han cerrado 84 medios de comunicación en todo el país desde el año 2014 hasta la fecha
Texto: Fiorella Agredo
Freddy Ñañez, ministro de Comunicación e Información, ha manifestado en varias oportunidades el interés por parte del Gobierno nacional de consolidar una base legal que permita regular las redes sociales en Venezuela.
El 30 de marzo del año 2021, Efecto Cocuyo publicó un reportaje en el que resaltó las declaraciones del ministro: “Merece un debate social para que podamos construir y fortalecer las instituciones del Estado. Alemania adelanta una ley poderosa para regular la actividad en las redes sociales, lo hizo Australia, España también, no es un tema ideológico”.
¿Es posible que la motivación de esta futura Ley sea solo fortalecer las instituciones del Estado, sin un componente ideológico? O ¿Existen otros intereses particulares de control en materia de contenido que vayan en contra de derechos universales como la libertad de expresión y la prensa libre?
La preocupación por la posible regulación de las redes sociales en el país se reavivó en marzo de este año 2021, cuando Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional -electa en diciembre de 2020- presentó un plan de 33 leyes que serían aprobadas o reformadas durante este año.
La lista incluye una reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión, Redes y Medios Electrónicos (conocida como Ley Resorte), con la cual pretenden anexar un capítulo vinculado a las redes sociales. La ONG Aula Abierta publicó un reportaje en el cual advierte un posible bloqueo y censura estratégica.
El equipo de Cotejo.info fijó su lupa sobre este tema y concluyó que la afirmación de Ñáñez es una media verdad, porque aunque es cierto que en otros países se ha adelantado una regulación para las redes sociales, la motivación de cada instrumento jurídico varía de acuerdo con el gobierno en funciones. En el caso venezolano, es pronto para determinar cuál será el alcance de una ley de este tipo, dado que se desconoce su contenido.
Alemania busca proteger la expresión y la seguridad ciudadana
Como lo indicó Ñañez, otras naciones han adelantado recursos de regulación en materia de redes sociales, Alemania es uno de ellos. La llamada NetzDG (Network Enforcement Act) o ley alemana de redes sociales, es un instrumento que permite retirar contenido considerado ilegal de las redes, busca proteger tanto la expresión como la seguridad personal.
Esta ley se aprobó el 1° de octubre de 2017 y prevé establecer un procedimiento o protocolo que permita revisar contenido en plataformas como Google, Facebook, Instagram y Twitter.
¿Cómo funciona? Las grandes plataformas digitales deben disponer de un procedimiento para poder marcar contenido como falso, por lo cual determinada publicación entraría en revisión bajo los preceptos de la ley. En 24 horas, como máximo, el contenido debe ser revisado y en caso de resultar ilegal o violatorio, será retirado. Facebook e Instagram se han adaptado a la ley de NetzDG al incorporar las reglas alemanas a su propia normativa.
Detractores alemanes alegan censura
Algunos detractores aseguran que el Gobierno alemán creó un marco legal para aplicar censura de acuerdo con sus intereses, señalan que no es una ley imparcial y que busca callar voces. Asociaciones periodísticas como Reporters Without Borders o Der Tagesspiegel, la han acusado de limitar la libertad de expresión, según publicaciones del portal Einatec.
En la página web oficial del Ayuntamiento en Barcelona España sobre derechos ciudadanos, también se encuentran manifestaciones sobre este tema. Aseguran que el Global Public Policy Institute criticó la ley alemana poco después de su aprobación y subrayó que el poder de identificar qué es legal y qué no, no debería recaer en manos de las compañías privadas.
Además, “esta ley no evitaría ni el daño que este tipo de discursos ejercen sobre las víctimas, ni tampoco disuadiría a los perpetradores, ya que no se estipulan penas por republicar contenidos eliminados”.
Otros expertos como Juan Carlos Upegui, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia aseguran que Alemania decidió hacer responsables a los propietarios de las redes sociales por el contenido que suben sus usuarios y destaca que entre los contenidos sujetos a bloqueo están: el discurso de odio, la formación de grupos terroristas, la incitación pública al delito, la pornografía infantil, el insulto, la difamación y el uso no consentido de imágenes de terceros, entre muchos otros. Las multas van desde los 500.000 hasta 50 millones de euros.
Según datos planteados por Upegui en el segundo semestre de 2018, los gigantes de internet publicaron sus primeros informes semestrales sobre la ejecución de la NetzDG. De 1.704 solicitudes recibidas, Facebook eliminó 362 contenidos (21,2 %) Google-YouTube recibió 241.827 y eliminó 58.927 (27,1 %) y Twitter recibió 264.818 y eliminó 28.645 (10,8 %), al parecer nada de multas hasta ahora.
Y destaca el catedrático que según informe del Counter Extremism Project, dichos números descartan la existencia de un bloqueo excesivo de información como temían los críticos.
“Código de Noticias” en Australia
En este país oceánico se aprobó también una ley -la primera de su tipo en el mundo- que busca que los magnates tecnológicos paguen a los medios de comunicación para difundir sus contenidos de noticias, esta legislación tendría como objetivo compensar los ingresos publicitarios que los medios locales dejan de percibir en favor de las redes sociales y otras plataformas.
Según una publicación hecha por la BBC, el instituto Reuters presentó en 2020 un informe que explica que 52 % de los australianos dijeron utilizar las redes sociales como fuente de noticias. Facebook ocupó el primer lugar, seguido de YouTube y Facebook Messenger. Por lo que esta ley denominada “Código de Noticias” permite a las empresas de noticias negociar en bloque con las empresas de tecnología el contenido que aparece en sus fuentes de noticias y resultados de búsqueda.
Las autoridades sostienen que el apoyo financiero es necesario para que la industria de noticias de Australia sobreviva, pues los medios de comunicación fuertes son vistos como vitales para la democracia, y son estos medios como Corp. Australia, quienes han presionado para que el Gobierno obligue a las firmas de internet a sentarse a la mesa de negociación.
Fue una lucha dura, según el Diario El País, Facebook por ejemplo bloqueó en Australia las noticias de los medios; sin embargo, tras algunas negociaciones se levantó el veto y se acordaron remuneraciones acordes para mantener el periodismo de interés público.
Interés de regulación data de 2017 en Venezuela
El interés de regular las redes sociales en el país es de vieja data. En el año 2017, la entonces canciller Delcy Rodríguez las tildaba como una plataforma grotesca que atenta contra la integridad del pueblo venezolano, según reporte de la agencia de noticias EFE.
«Va a estar incorporado en esta ley lo que tiene ver (con) la regulación de la emisión de mensajes de odio e intolerancia (y) fuertes sanciones, cuando se esté en presencia de un delito de odio y de intolerancia», dijo Rodríguez.
A propósito de estos comentarios, también resaltó que su hermano Jorge Rodríguez (alcalde del Municipio Libertador, para la fecha) fue víctima de las redes, cuando un grupo de venezolanos lo grabaron en una calle de México mientras le gritaban «asesino».
Ese mismo año, el diario El Nacional presentó un reporte sobre la libertad de prensa en el país y destacó que, bajo instrucciones de CONATEL, se ordenó a las empresas de televisión por suscripción dejar de emitir la señal de cadenas internacionales de noticias como CNN, NTN24, Caracol y RCN, las cuales difunden información constante de la situación en Venezuela. El objetivo fue frenar la información o propaganda desfavorable para el Gobierno venezolano.
Con los años se ha incrementado la arremetida gubernamental contra algunos medios de comunicación, el Diario ABC reportó en 2020 la confiscación de los equipos de VPI Televisión, medida que dejó sin trabajo a 108 personas.
También se registraron bloqueos de portales digitales como Efecto Cocuyo, Caraota Digital, El Pitazo, Tal Cual y la radio Fe y Alegría, entre otros.
Marco Ruiz, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), considera que el Gobierno de Maduro busca asfixiar financieramente a los medios, gremios profesionales y ONGS (caso Transparencia Venezuela) para que no investiguen y realicen críticas. Asegura que desde el año 2014 hasta la actualidad, el Gobierno de turno ha cerrado 84 medios impresos, radiales y televisivos, utilizando diferentes procedimientos administrativos e institucionales.
“Han destruido al 85 % de la prensa escrita, y lo que queda es una prensa complaciente con Maduro”, relata Ruiz.
En octubre de 2020 el diario El Nacional, que funciona solo con su versión digital, presentó un informe de la Organización Freedom House que señala que Venezuela y Cuba son los países de Latinoamérica con más restricciones de Internet.
Incluso destacan que las restricciones a la libertad en la red se incrementaron en el mundo por décimo año consecutivo, específicamente en 26 de los 65 países estudiados. Aseguran que las nuevas tecnologías pueden ser fácilmente utilizadas para la represión política.
Ahora bien, al analizar de las declaraciones del ministro Freddy Ñañez y de otros voceros relacionados con el Gobierno nacional, se podría inferir que una nueva ley enmarcada en la regulación de las redes sociales estaría más vinculada al estilo implantado en Alemania, apoyándose en la eliminación de contenido de odio en plataformas de gran impacto comunicacional.
Es pronto para conocer las motivaciones de fondo de la futura ley, por lo cual las declaraciones del Ministro Ñáñez encajan en la calificación de media verdad. Sin embargo, lo que sí quedan en evidencia son los números planteados por el SNTP, que revelan la cantidad de medios de comunicación tradicionales que han mermado su actividad y alcance por ser proveedores de noticias incómodas para las autoridades, y causa dudas sobre el espíritu de norma pretendida.
Son muchas las interrogantes sobre esta materia, por ejemplo, ¿cuáles serían los parámetros para delimitar qué contenido sería contemplado como violento, racista, o de odio? o ¿qué organismo o institución sería responsable de ese control?, ¿sería un instrumento orientador y promotor de buenas prácticas o de tipo restrictivo?, ¿cuál sería el tipo de multa o sanción en caso de estimarlas?, entre otras dudas. También es claro que cualquier nuevo mecanismo o legislatura de regulación y control sobre las redes sociales en Venezuela se producirá en un contexto comunicacional ya sesgado, cercenado, violentado y sensible, lo cual acorralaría aún más al gremio periodístico, a los medios de comunicación y portales informativos que hoy continúan defendiendo el derecho de libre expresión, con las consecuencias que podría esto traer sobre el interés general de la población, en términos de desinformación.
