- Expertos electorales y Súmate cuestionan la ausencia de garantías para los comicios del 21 de noviembre
- Las violaciones de las leyes electorales se presentan desde hace años y no son exclusivamente para estas “megaelecciones”, explican los especialistas consultados
- Se cuestiona la imparcialidad de los rectores del CNE, quienes tienen vínculos -desde hace años- con el partido del Gobierno
Texto: Héctor Rodríguez
A menos de cinco meses para que se realicen unas “megaelecciones” en Venezuela, expertos electorales y ONG dedicadas a la defensa de los derechos políticos denuncian la violación 10 puntos esenciales establecidos en la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y la Constitución, por comprometer las garantías necesarias para unos comicios confiables y 100 % democráticos.
En las elecciones -pautadas para el 21 de noviembre de 2021- se escogerán 23 gobernadores, diputados ante los Consejos Legislativos regionales, más 335 alcaldes y concejales municipales.
Consultados por el equipo periodístico de Cotejo.info, Nélida Sánchez, coordinadora de la organización Súmate y José Gregorio Zaa, abogado en derecho penal y especialista en materia electoral, explicaron los puntos que garantizan unas elecciones libres, transparentes y verificables:
- Árbitro imparcial.
- Publicación oportuna de un Cronograma Electoral.
- Selección imparcial de los organismos electorales subalternos.
- Derecho de igualdad de participación.
- Respeto a la personalización del voto en las circunscripciones.
- Parámetros claros para el ejercicio del derecho al sufragio de los venezolanos que están en el exterior.
- Campaña electoral equitativa.
- Presencia de observadores nacionales e internacionales.
- Sistema automatizado transparente.
- Función imparcial del Plan República.
En opinión de los expertos ninguna de estas 10 garantías se cumplen en el país. Sánchez y Zaa explican que el Consejo Nacional Electoral (CNE), que es el árbitro venezolano, no es imparcial porque los cinco rectores principales -y los 10 rectores- suplentes tienen vinculaciones políticas con el Gobierno.
Una nota de prensa de la ONG Súmate, señala que 60 % de los rectores escogidos formaron parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La organización asegura que el proceso de selección y designación estuvo “viciado”, por violar lo establecido en los artículos 296 de la Constitución y 9, numeral 4, de la LOPE.
Zaa destacó que antes de la designación, el Comité de Postulación Electoral fue rechazado por conocedores de la materia electoral, porque entre los 11 diputados estaba Cilia Flores, actual primera dama de la República. Además, dicho comité era presidido por Giuseppe Alessandrello, militar y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“Desde un principio este Comité estuvo carente de objetividad, seriedad y confiabilidad”, indicó el abogado.
Por su parte, Sánchez indicó que tres de los cinco rectores principales del CNE están señalados de haber ocupado cargos de elección popular o de ser dirigentes nacionales del partido oficial.
Ambos expertos rechazan la conformación de los tres órganos subordinados del CNE: Junta Nacional Electoral, Comisión del Registro Civil y Electoral, y Comisión de Participación Política y Financiamiento. Precisan que según la nota de prensa oficial del CNE, dos de los tres rectores que integran cada órgano son del PSUV.
El cronograma electoral que fue publicado el 22 de mayo por el CNE consta de 89 pasos y para el abogado Zaa, al tratarse de una megaelección compleja donde se elegirán muchos cargos, se necesitan como mínimo unos 100 pasos o actividades a programar.
Según el Reglamento General de la LOPRE, Artículo 111: “Una vez convocada una elección, el CNE solo podrá modificar el Cronograma Electoral respecto a etapas, actos y actuaciones en los cuales no se afecten los derechos de las personas, así como tampoco, los lapsos de los procedimientos establecidos”.
Al respecto, Nélida Sánchez apunta que a la fecha de redacción de este reportaje el cronograma ya se había modificado dos veces.
Destaca que en la actividad 4 del cronograma, del 1° de junio al 15 de julio, se estableció la Jornada Especial de Registro Electoral (RE). El CNE anunció -el 28 de mayo- los puntos y el número de máquinas a distribuir en todo el país, cuyas cifras resultan insuficientes para atender a los cinco millones de venezolanos que requieren inscribirse como nuevos votantes o cambiar de centro de votación.
Esta opinión se refuerza en la nota de prensa del 28 de mayo publicada por Súmate, donde se indica que: “en 783 puntos con mil máquinas es imposible inscribir y actualizar en 45 días a unos 5.000.000 de personas. Y que 50,3 % de las parroquias no tienen puntos y 80,3 % de los municipios éstos son insuficientes”.
Precisa que existen aproximadamente 2.000.000 de ciudadanos entre 18 y 30 años que no están inscritos en el RE. También hay más de 1.574.787 electores que fueron migrados unilateralmente de sus centros de votación desde 2019 y un estimado de 1.500.000 electores requieren actualizar sus datos, porque se han mudado de región o habitan en parroquias/municipios distintos.
El CNE sólo habilitó 1.000 máquinas para todo el país, cuando se necesitan al menos 2.500 máquinas para 45 días de jornada, considerando que Venezuela se mantiene en cuarentena radical una semana sí y otra no, y la dificultad de la ciudadanía de movilizarse en pandemia por la escasez de gasolina y la falta de transporte público.
Según cálculos de Súmate, con 783 puntos desplegados y 1.000 máquinas, se podrían atender sólo 3.240.000 ciudadanos y “dejando por fuera, en el mejor escenario, a alrededor de 2.000.000 millones que también requieren realizar estos trámites”. “Los puntos no se adaptan al artículo 33 de la LOPRE que establece que el CNE debe distribuir más centros de inscripción en parroquias y municipios con más electores”, advirtió Sánchez.
Súmate destaca que de 269 municipios, que representan 80,30 % de los 335 municipios del país, hay un déficit de máquinas para la jornada especial del RE. “Los municipios más impactados por esta razón son Maracaibo (Zulia), que recibió 15 máquinas cuando necesitaba 90, presentando un déficit de 75 unidades; Iribarren (Lara), que le fueron asignadas 13 cuando requería 72, teniendo un déficit de 59 máquinas; Maturín (Monagas), con 6 y una demanda de 37, con un déficit de 31 máquinas; y Sucre (Miranda), que recibió 6 y necesitaba 36, presentando un déficit de 30 máquinas”, refleja la nota de prensa.
Constante violación de la LOPRE
Con respecto a la selección de organismos electorales subalternos imparciales como lo son las Juntas Regionales Electorales, Juntas Municipales, Juntas Parroquiales y Mesas Electorales, Sánchez explicó a Cotejo.info que desde las elecciones de 2017, 2018 y 2020 el CNE ha violado la LOPRE y la Constitución al designar juntas ad hoc en cada uno de los organismos subalternos.
“Es una manera de poder poner a funcionarios que trabajan en instituciones del Estado en cada una de ellas y manipular el proceso”, explicó.
El reglamento establece que se deben dar tres sesiones antes de instalar las mesas electorales por ejemplo, pero el CNE desde hace cuatro años ha simplificado los pasos, ahora realizan una sola sesión y cuando no se presentan los miembros principales ni suplentes, declaran la junta ad hoc y nombran miembros accidentales, militantes del PSUV.
“Lo hemos denunciado en Súmate en reiteradas ocasiones, esos miembros de mesa del Gobierno violan lo establecido en el voto asistido”, destacó.
En relación al derecho de la igualdad de participación, el experto electoral José Gregorio Zaa sostiene que para que las elecciones sean confiables deben darle oportunidad de postularse a los líderes políticos que han sido inhabilitados por la Contraloría General y a los partidos políticos de oposición cuyas juntas directivas fueron judicializadas por el TSJ en junio 2020.
Cambios en las circunscripciones electorales
El quinto punto que analizan los consultados por Cotejo.info es el respeto a la personalización del voto en las circunscripciones.Al respecto, el 20 de mayo, el CNE aprobó las Normas Especiales referidas al Sistema Electoral para las elecciones de legisladores regionales y concejales, cumpliendo lo establecido en la sentencia 68 presentada el pasado 5 de junio de 2020, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En ellas se establece que 60 % de los cargos de las legisladoras y los legisladores de los Consejos Legislativos y los concejales de los Concejos Municipales serán electos por representación proporcional y el otro 40 % de forma nominal. Ello en cumplimiento de la Sentencia Nro.68 del 05 de junio de 2020, emitida por la Sala Constitucional del TSJ.
“Eso es una barrabasada en materia legislativa”, soltó Zaa al argumentar que hace un año el TSJ desaplicó 14 artículos de la LOPRE -entre ellos el 14 y el 15- y violó el artículo 63 de la Constitución que indica: “El derecho al sufragio se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional”.
“En el 2020, mediante sentencia 058, establecieron que el 52 % a los cargos a elegir en las Parlamentarias iban a ser votos lista y el 48 % votos nominales, ampliando el número de cargos a elegir de 167 diputados a 277, crearon un consciente nacional en donde 48 diputados fueron elegidos en una lista nacional, esos votos fueron camuflados, el elector nunca se enteró por quién votó, este tipo de elecciones privilegia el voto entubado o la opción de seleccionar todos”, explicó.
De acuerdo a la Norma Especial aprobada para el CNE para las elecciones del 21 de noviembre, en el caso de estados como Lara que escoge a 15 diputados al Consejo Legislativo, anteriormente se seleccionaban 3 diputados por lista y 12 nominales (con nombre y apellido) y ahora serán 9 diputados por el voto lista y 6 nominales. El municipio que más habitantes tiene es Iribarren, allí se eligen 13 concejales, antes 3 se elegían por lista y 10 nominales, ahora serán 8 por lista y cinco nominales.
Nélida Sánchez también denunció que el pasado 21 de mayo el CNE aprobó un Reglamento Especial en el que establece que los cargos de representación indígena que tienen los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia, se harán por elección en segundo grado y no por voto directo y secreto como establece la Constitución.
Truncan ejercicio del voto en el exterior
Un punto que ha sido muy discutido en redes sociales, aunado a la coyuntura de la emigración, es el ejercicio del derecho al sufragio de los venezolanos que están fuera del país.
Súmate sostiene que unos 2.000.000 de venezolanos se encuentran en el exterior y tienen derecho a votar, por lo que se necesita que el CNE planifique jornadas especiales de inscripción y actualización del Registro Electoral en embajadas y consulados fuera de Venezuela.
El agravante es que hay más de 60 Gobiernos en el mundo que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de la República, y en naciones como Colombia y Estados Unidos, donde está la mayoría de los venezolanos, no hay embajadas ni consulados.
CNE no garantiza campaña equitativa ni observadores
Sobre el desarrollo de una campaña equitativa, los expertos electorales sostienen que no se debe permitir una pre-campaña política, se debe respetar la libertad de expresión e información y permitir a los candidatos participar igual cantidad de tiempo en los programas de opinión de los medios de comunicación, con igual número de propagandas, sin que ventajismo ni coacción. Pero el CNE hace muy poco al respecto.
En relación con la presencia de observadores nacionales e internacionales, explican que ya deberían estar en Venezuela los observadores internacionales confiables que evalúan el proceso desde su convocatoria y eso no ha sucedido.
“Deben ser observadores reconocidos y acreditados, tanto personas naturales como organizaciones internacionales tal como la Unión Europea, Centro Carter, Organización de Naciones Unidas (ONU). La observación internacional no está normada en las leyes del CNE, sólo existe una competencia del Poder Electoral para acreditarlos, pero lo que se ha visto en los últimos comicios son veedores internacionales, cuyos miembros que han sido aliados al Gobierno”, resaltó Sánchez. Por último, para garantizar la transparencia en el Sistema Automatizado, según los especialistas consultados deben hacerse auditorías calificadas con presencia y asesoramiento internacional. Mientras que para evitar una actuación política del Plan República, se debe acabar con la injerencia de los militares que confunden la función de brindar seguridad con prohibir -en algunas ocasiones- la entrada de los testigos de mesa de oposición o solapar la presencia de puntos rojos.
