- El día a día de los venezolanos y las acciones ejecutadas desde la administración de Nicolás Maduro dibujan un panorama muy distinto al planteado por la máxima autoridad argentina, Alberto Fernández
Por César Heredia
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó el 18 de mayo de 2021 en una emisora radial de su país que el problema de (la violación) de los derechos humanos en Venezuela “ha ido desapareciendo en los últimos meses”.
A partir de esta aseveración, el equipo de Cotejo.info comparó acontecimientos ocurridos recientemente dentro del territorio venezolano con los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos -proclamada en 1948- y encontró elementos de peso que desmienten al mandatario argentino.
A continuación, se desglosan algunos de estos hechos y los derechos humanos que según las organizaciones defensoras se violentan en Venezuela y atentan desmienten el discurso expresado por el presidente argentino.
Dos localidades, el mismo terror
Más de 900 kilómetros separan a la parroquia La Vega de Caracas y a El Ripial, estado Apure. Sin embargo, en ambos lugares se dieron hechos que sirven de ejemplo para ilustrar la violación a uno de los derechos humanos más fundamentales, como lo es el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, contemplado en el artículo 3 de la Declaración Universal.
El 8 de enero de 2021 sucedió la llamada “masacre de La Vega”, un operativo policial ejecutado en dicha parroquia del capitalino municipio Libertador, en el cual 23 personas fueron asesinadas según el registro de Provea.
Dos meses y medio más tarde, el 25 de marzo, una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ajustició a cuatro miembros de una misma familia en El Ripial, una comunidad fronteriza de Apure. Habían sido sacados de sus casas previamente sin una orden judicial.
Este hecho hizo recordar a muchos la “masacre de El Amparo”, hecho ocurrido en octubre de 1988 y en el que 14 pescadores fueron ejecutados a manos de funcionarios policiales y militares del gobierno de Jaime Lusinchi. El argumento oficial de aquel entonces es que los asesinados eran guerrilleros colombianos. Luego se demostró que las víctimas eran inocentes.
Curiosamente, las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han utilizado este caso como una de las banderas de su gobierno en materia de derechos humanos.
Tres meses sangrientos
El 20 de mayo, justo dos días después de las declaraciones de Fernández, las organizaciones no gubernamentales Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Centro Gumilla y Lupa por la Vida contabilizaron 472 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de cuerpos de seguridad venezolanos en el primer trimestre de 2021. Los casos de La Vega y El Ripial son apenas una muestra de lo recopilado por estas organizaciones.
Durante acontecimientos de esta naturaleza se limita también la libertad de movimiento, establecida en el artículo 13 de la Declaración Universal, por cuanto los residentes temen ser alcanzados por una bala perdida o verse sorprendidos en medio de un tiroteo en la calle. En el caso de Apure se violó de forma flagrante el artículo 12 que reza: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”.
Detenidos “a discre-ción”
La opinión pública y los defensores de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela los llaman “presos políticos”. Desde el sector oficial son simplemente “políticos presos”. A diferencia de la propiedad conmutativa en matemáticas, aquí el orden de los factores sí altera el producto.
Se trata de los cientos de detenidos por parte del sector oficial con procedimientos irregulares, lo que atenta contra los derechos humanos universales de los agraviados. Por ejemplo, los artículos 9 -nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado-; 10 -derecho a un juicio mediante un tribunal independiente e imparcial-; y 11 -presunción de inocencia-. La ONG Foro Penal contabilizó 320 presos por motivos políticos hasta el 31 de marzo de este año.
El modus operandi se repite en algunas de las detenciones: funcionarios de uno o más cuerpos de seguridad se presentan sin una orden judicial y se llevan a su objetivo. Pueden durar días desaparecidos, hasta que se conoce su imputación por presuntos delitos relacionados con terrorismo o de similar índole, lo que viola el debido proceso.
Uno de los casos más representativos es el del periodista y militante del partido político Voluntad Popular, Roland Carreño, detenido el 26 de octubre de 2020 y acusado por “conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones”, además de “financiamiento al terrorismo”.
Un mes después le llegó el turno al dirigente sindical Eudis Girot, que luego de su presentación permaneció detenido por la supuesta comisión de los delitos de “terrorismo”, “porte ilícito de arma” y “divulgación de información confidencial”. Pero no solo las privaciones de libertad arbitrarias tienen que ver con “actividades terroristas”. A la escritora Milagros Mata Gil y a su esposo, el poeta Juan Manuel Muñoz, los detuvieron por el contenido de una crónica que criticaba el doble discurso de la cuarentena producto de la COVID-19, basada en un acontecimiento que se hizo viral y en el que estaba involucrado otro poeta.
Libertad de expresión vs información veraz
Cuántas veces no se ha escuchado esta frase en Venezuela en las últimas dos décadas. Unos la defienden, otros la condicionan. Lo que sí es cierto, es que hay organizaciones que están muy pendientes de ella, ya que está consagrada en la Constitución venezolana (Artículos 57 y 58).
Entre estas agrupaciones destacan Medianálisis, Espacio Público e Ipys, cuyos integrantes monitorean lo que ocurre con la libertad de expresión en el país como derecho ciudadano, aunque también desde la óptica del periodista. En sus sitios web y redes sociales se documentan las agresiones a comunicadores sociales por parte de funcionarios, ya sean políticos, policiales o militares, durante el ejercicio de sus actividades cotidianas.
Dichas agresiones contradicen el siguiente precepto: “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los derechos humanos.
Seguridad social y derechos de los trabajadores
Es difícil hablar de seguridad social en Venezuela cuando millones de pensionados y jubilados cobran aproximadamente 3,2 dólares al mes. Está demostrado que en el país se incumple la totalidad de los derechos humanos laborales.
Los artículos 22 y 23 de la Declaración Universal contemplan estos aspectos.
Aunque el salario mínimo dejó de ser una referencia hace algún tiempo, existen organizaciones como Ecoanalítica y el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) que realizan seguimiento a los ingresos de los venezolanos.
Ambas organizaciones estiman el salario del sector privado en aproximadamente 70 dólares mensuales, mientras que el sueldo de los trabajadores públicos estaría, de acuerdo con el OVF, en 4,7 dólares. En ambos casos, son montos mucho menores que la canasta alimentaria básica estimada por el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), que ronda los 300 dólares al mes.
La gran mayoría de los venezolanos no gozan de una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que sea completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social (como dice el artículo 23 de la Declaración Universal de los DDHH) deben recurrir al empleo informal y tener dos y más trabajos para subsistir.
Cada uno de los elementos mencionados a lo largo de este texto periodístico, entre otros hechos que también refleja la vulneración de derechos humanos en Venezuela, llevan al equipo de Cotejo.info a catalogar la declaración del Presidente de Argentina como una mentira.
