- Las acciones penales de la Fiscalía General que dirige Tarek William Saab han sido contra funcionarios que incurren en delitos que van desde el enriquecimiento ilícito, desvío de combustible, de bombonas de gas doméstico y alimentos subsidiados
- A pesar de estas detenciones, expertos consideran que en Venezuela no hay una verdadera estructura para investigar los crímenes de corrupción que anuncia el Fiscal General de la República
- El exfiscal Zair Mundaray expresa que las “investigaciones contra la corrupción en Venezuela son pases de factura”
Por Héctor Rodríguez Cárdenas
Tarek William Saab, Fiscal General de la República, dijo al inicio de la presentación de un informe de gestión que: “nuestra lucha es implacable en contra de la corrupción y en favor de la ética pública”.
El 16 de junio de 2021, en una declaración televisada, Saab hizo referencia a casos de corrupción detectados en el seno del Ministerio de Economía y Finanzas y en el Ministerio Público. Hizo énfasis en la intención de su despacho de “sancionar, perseguir, a quienes lamentablemente incurren en delitos que menoscaben la estabilidad democrática, que atenten contra la decencia pública y debiliten el funcionamiento correcto de la administración pública”.
Tras mencionar los modus operandi de corrupción de los fiscales y añadió que “en esta lucha sin cuartel hemos procesado, hasta este momento, 269 fiscales del Ministerio Público por actos de corrupción”. Desglosó la cifra en 31 investigaciones, 125 imputaciones tramitadas, 20 privativas de libertad, 20 órdenes de aprehensión libradas, 21 medidas cautelares, 24 condenas y 28 investigaciones con propuestas de archivos fiscales. Luego recalcó que es un mínimo sector de esta noble institución.
El equipo de Cotejo.info fijó la lupa en esta afirmación sobre la lucha contra la corrupción y determinó que se trata de una media verdad, porque pese a la existencia de datos públicos sobre la detención de funcionarios señalados de corrupción, en Venezuela no existe una estructura confiable para investigar, sancionar y acabar con este flagelo.
51 detenidos en lo que va de 2021
La cifra alcanza ya las 51 personas que han sido detenidas y acusadas por delitos de corrupción en Venezuela en los últimos 200 días, según datos recabados de la información publicada en la cuenta Twitter del Ministerio Público, en casos que van desde el 4 de febrero al 5 de julio de 2021. La gran mayoría de los implicados ocupaban altos cargos gerenciales en empresas e instituciones del Estado.
De esta manera el fiscal Saab, designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, busca mantener vigente una campaña de “mano dura” contra funcionarios que incurran en enriquecimiento ilícito, desvío de combustible, de bombonas de gas doméstico y alimentos subsidiados por el Gobierno, así como de extorsión, cobro de vacunas, desfalco, forjamiento de documentos públicos, robo, asociación para delinquir y tráfico de droga.
En el conteo de casos realizado por el equipo de Cotejo.info, se obtuvo que se anunciaron más detenciones por corrupción durante este año en empresas como Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales (PDVSA Gas Comunal y PDVSA Agrícola).
Le sigue el Ministerio de Economía y Finanzas, la Gran Misión Abastecimiento Soberano, el Ministerio de Alimentación, el propio Ministerio Público (MP), el Instituto Nacional de Tierras (INTI), el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Comando de Defensa Aeroespacial Integral y la Gobernación del estado Anzoátegui.
Además de los casos mencionados recientemente por el Fiscal General, destacan grandes escándalos como el ocurrido el 14 de mayo con la detención del presidente de Lácteos Los Andes, Luis Augusto Piligra Jiménez -junto a su pareja Amelys Aracelys Cabrera Gómez- por presuntamente manejar tres organizaciones paralelas que utilizaban la infraestructura, empaques, recursos y materia prima de la empresa expropiada por el Gobierno en noviembre de 2010.
Con los recursos de la empresa del Estado producían una marca de leche llamada “Villa La Estancia”, producto que era vendido en el mercado a precio especulativo.
Pese a estas detenciones, algunos voceros como exfiscales, exmagistrados y representantes sindicales de empresas afectadas, expresan sus dudas sobre la eficiencia de la Fiscalía General de la República para investigar con imparcialidad los casos de corrupción en Venezuela.
Sin seguimiento de casos
Los expertos consultados consideran que los principales responsables de este flagelo están en la cabeza del Gobierno y denuncian que desde 2017, el MP ha sido un “brazo político” de Nicolás Maduro.
“Es una especie de táctica que utiliza Tarek William Saab para hacer creer que se están independizando los poderes, que son autónomos y que habrá algo de limpieza, pero realmente creo que es como identificar corruptos que están fueran del ámbito familiar y fuera de las personas que más relevancia tienen en el tema de la corrupción y que ocupan altos cargos”, explica Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Asegura que en medio de la emergencia humanitaria compleja que registra el país, la ciudadanía está consciente de que la crisis por el combustible, la destrucción de las refinerías, la falta de agua, gas doméstico, los cortes eléctricos, la escasez de medicinas y alimentos, es culpa de la corrupción.
Explica que luego de que Saab anunciara con bombos y platillos una investigación contra la corrupción de estructuras del Estado, poco se informa sobre cómo avanza el caso. No hay acceso a los expedientes o simplemente se deja de investigar.
Según Transparencia Internacional, Venezuela se ubica como el país más corrupto de Latinoamérica en la actualidad. De 180 naciones analizadas en 2020, el país se ubicó en el puesto 15 entre aquellos con más corrupción.
Pocos cambios
El mismo día que el Fiscal General anunció una investigación contra Lácteos Los Andes, Reinaldo González, gerente del departamento de Comercialización y Ventas, decidió acabar con su vida y saltó del octavo piso del edificio administrativo, ubicado en la calle 31 con carreras 19 y 20 del centro de Barquisimeto, estado Lara.
A pesar de ese suceso y de que el 11 de mayo fuera designado José Luis Quintero Linares como nuevo presidente de Lácteos Los Andes, los trabajadores sienten que la investigación dejó de avanzar porque no vieron más fiscales inspeccionando las tres sedes en Lara: Cabudare, Bobare y la sede administrativa, en busca de más cómplices.
Nerenny Rodríguez, vocera del Consejo Productivo de Trabajadores en Lara y analista de atención al ciudadano en la Planta Procesadora de Frutas y Tubérculos Ana Soto de Lácteos Los Andes (en Bobare, municipio Iribarren), fue quien denunció la situación de la empresa en una transmisión de Venezolana de Televisión.
El 9 de mayo de 2021 dijo que los trabajadores de la planta no eran escuchados por la gerencia en su petición de incrementar la producción. Tras la conversación, en vivo y directo con Nicolás Maduro, se ordenó una investigación.
“No sabemos en qué estatus está la investigación de todas las personas que detuvieron en su momento. El anuncio del Fiscal General nos tomó por sorpresa porque desconocíamos sobre los grandes actos corruptivos”, comentó Rodríguez en entrevista con Cotejo.info.
Argumenta que el MP debe meter la lupa en los departamentos de distribución y comercialización de la empresa, donde permanecen las mismas personas que trabajaban con Luis Augusto Piligra Jiménez.
Desmontaje institucional
Para Zair Mundaray, quien fue fiscal del Ministerio Público entre los años 2000 y 2014, en Venezuela no se está investigando la corrupción. Los anuncios de Tarek William Saab responden a “pugnas internas”, dentro del Gobierno.
La actual consultora jurídica de la embajada en Colombia del gobierno encargado de Venezuela (liderado por Juan Guaidó), considera que “la corrupción en el país es un mal de grandísima escala y requiere toda una infraestructura institucional que ya no existe”.
Recuerda que -en alguna época- la Contraloría General de la República era una institución con capacidad técnica, integrada por expertos en contrataciones públicas, contaduría, derechos administrativos, entre otras especialidades. “Todo eso se fue desmantelando, porque es propio que un modelo de Estado corrupto no puede tener una contraloría”.
Argumenta que Venezuela tampoco tiene capacidad para la investigación penal. “La Fiscalía tuvo algunos equipos importantes para tratar de investigar este flagelo, pero fueron desmantelados en manos de Tarek William Saab, entonces no puede haber ningún esfuerzo serio en ese tema”, resaltó.
También han desaparecido las figuras de contraloría interna en las empresas del Estado. “La Procuraduría, que estaba llamada a la legalidad de la contratación pública ha sido copartícipe, lo que hace es esconder el interés de algunos pocos de ganarse grandes cantidades de dinero a costa de la administración pública”.
“Algunos fiscales antes de 2014 lograron investigar los delitos que se han cometido en PDVSA, una empresa cuyo único objetivo era producir, transformar y vender petróleo y que ahora tiene serios problemas para cumplir sus tres misiones fundamentales. Ahora es una gran empresa de lavado de activos”, aseveró.
En materia de contrataciones públicas, Venezuela está involucrada en la corrupción del caso Odebrecht. Existen 31 grandes obras públicas contratadas con Odebrecht que se pagaron y no se realizaron.
Mundaray también mencionó la corrupción del sistema cambiario de compras del Estado y sostiene que la Tesorería Nacional saqueó al país, las reservas internacionales y al BCV.
Los hechos y declaraciones compilados en este texto muestran que el flagelo de la corrupción ha permeado todos los niveles de la administración pública y empresas en el país. Por tanto, las acciones emprendidas por la Fiscalía General de República no son suficientes para erradicar este tipo de conductas que parecen estar arraigadas en varios sectores.
Más casos vinculados a PDVSA
No son pocos los casos de corrupción que a través de diferentes medios de comunicación se han venido ventilando en torno al desempeño de PDVSA y sus funcionarios, como las averiguaciones que llevaron al Gobierno de los EE.UU. a suspender las relaciones comerciales con la estatal venezolana de petróleo por ser supuestamente un vehículo para el lavado de dinero, corrupción y malversación.
También se ha conocido de otros casos similares por lavado de dinero de la empresa venezolana en el que se encuentran vinculados, entre otros, Abraham Edgardo Ortega, quien fue luego condenado a prisión. Además está la trama de la operación Fuga de Dinero, la más importante de las últimas décadas contra el lavado de activos.
Así está lo referido en el informe de Transparencia Venezuela, en el que se afirma que la petrolera venezolana produjo tantos ingresos como casos de corrupción, o el llamativo caso del abogado Carmelo Antonio Urdaneta, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en la ciudad de Miami. Igual resalta la historia alrededor del exauditor general de la empresa, Jesús Villanueva, quien quiso esconder su ilícita riqueza a través de una operación diseñada por la firma Mossack Fonseca, la misma de los Panama Papers.
