- Las primeras sanciones contra bienes o activos del país se dieron en 2017 y desde hace al menos siete años atrás se conocían cronogramas de racionamiento de agua potable y energía eléctrica en varias regiones del país
Por César Heredia Terán
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela designada por Nicolás Maduro, dio a entender en un recorrido por Petare, estado Miranda, que el deterioro de los servicios públicos en el país es producto de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, según reseñó la agencia EFE.
Hizo énfasis en el servicio eléctrico y de agua.
“Nosotros hemos mostrado y vamos a seguir mostrando cada prueba de cómo el bloqueo criminal ha impedido que Venezuela acceda a las bombas de agua. Por escrito lo dicen, ‘no podemos suministrarles piezas para el mecanismo eléctrico del sistema de bombeo de agua por las sanciones de la OFAC’. El pueblo tiene que saber quiénes son los responsables de promover este saqueo, este sabotaje a los servicios públicos en Venezuela”
Delcy Rodríguez
Con respecto al apagón nacional de marzo de 2019, Rodríguez desempolvó la tesis del sabotaje -ya esgrimida por otros altos funcionarios del sector oficial en ocasiones anteriores-, de acuerdo con la nota de EFE.
“Vamos a mostrar las pruebas de cómo fue el sabotaje eléctrico en 2019, que el pueblo tenga claridad, conciencia de cómo estos desalmados criminales -así como se roban el dinero de todos los venezolanos- han saboteado los servicios públicos”.
Breve cronología de las sanciones
Las primeras sanciones ocurrieron en 2015, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos restringió el visado de venezolanos presuntamente vinculados con actos de corrupción y violación a los derechos humanos, así como a familiares de estos. También esta institución norteamericana congeló los activos y bienes de siete altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro para aquel entonces, entre los que sobresalían el director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Antonio Benavides, y el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Gustavo González López.
En mayo de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los bienes de Maikel Moreno y otros siete miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano. Además, prohibió a sus ciudadanos e instituciones entablar negocios con tales sancionados. En agosto, también el Departamento del Tesoro sancionó a siete funcionarios relacionados con la naciente Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y a la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio.
Hasta ese instante, las sanciones iban dirigidas sólo a particulares.
Días después vendría la que se considera como la primera sanción financiera en contra del gobierno de Maduro. El viernes 25 de agosto de ese año, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohibía negociaciones sobre emisiones de deuda y de bonos provenientes del gobierno de Venezuela y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Aún las exportaciones de crudo no se verían afectadas.
Ya en 2018, Trump firmó otra orden que impedía a ciudadanos norteamericanos y a las personas dentro de Estados Unidos transar en Petro, moneda digital emitida por el gobierno de Venezuela en aquel instante.
Siguieron otras penalizaciones individuales contra funcionarios venezolanos, hasta que a finales de enero de 2019 los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos cancelaron las órdenes de compra a Pdvsa y le dieron al gobierno interino de Juan Guaidó acceso a cuentas bancarias del Estado venezolano, así como el control de Citgo, empresa filial de la petrolera nacional.
Es en este año que desde Estados Unidos arrecian los bloqueos de diversa índole contra activos e instituciones de Venezuela, hasta que el 5 de agosto Trump decretó, a través de orden ejecutiva, un bloqueo económico total. Desde entonces, todos los bienes e intereses de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse.
Otro de los reclamos recurrentes de Maduro y sus altos funcionarios tiene que ver con el oro que se encuentra retenido en las bóvedas del Banco de Inglaterra, valorado en 1.000 millones de dólares, y que sigue en disputa por las representaciones de Nicolás Maduro y Juan Guaidó.
De esta cronología se desprende que, al menos hasta antes de agosto de 2017, las sanciones no pudieron ser responsables del deterioro de los servicios públicos, por cuanto apuntaban exclusivamente a personas y no a bienes o activos pertenecientes a Venezuela.
Hallazgos documentales sobre fallas de servicios
A partir de este hallazgo, Cotejo.info encontró que, mucho antes de esa fecha, comenzó la crisis en los servicios de agua potable y electricidad, sobre todo -mas no exclusivamente- en el interior del país.
Una búsqueda avanzada en Twitter con el término “racionamiento de agua”, entre el 1 de enero de 2006 y el 25 de agosto de 2017 en los medios El Nacional, El Universal, Panorama, El Carabobeño, El Impulso, Correo del Caroní y Diario de Los Andes arrojó que, al menos, desde 2010, ya se hablaba de racionar este servicio.
En 2016, los cronogramas de racionamiento se dejaban ver en Táchira.
Caracas tampoco escapaba al racionamiento de agua.
Ese año, el expresidente de Hidrocapital, José María de Viana, dijo a la agencia de noticias France Press que la situación del agua era un problema recurrente y “no coyuntural” debido a la falta de inversión en infraestructura por parte del Estado venezolano.
En El Estímulo, según nota publicada en octubre de 2017, citaron a la hidrometeoróloga y expresidenta de la empresa de aguas estatal Hidroven, Ángela González, quien denunció el cese de inversión por parte del Gobierno venezolano de más de 130 millones de dólares por año para mantener la red de aguas con los mismos indicadores de 1999, año en el que Hugo Chávez asume la presidencia de la República.
Sin duda, son dos voceros con autoridad para hablar del servicio de agua potable.
La llegada de la pandemia por la COVID-19, a principios de 2020, ya había puesto en evidencia la reducida capacidad de todo el sistema en el sector agua como consecuencia de años de falta de atención gubernamental e inversión en materia de actualización y desarrollo de la infraestructura necesaria para responder a las necesidades de la población.
Se repitió la búsqueda en Twitter con los mismos parámetros, pero con el término “racionamiento eléctrico”. 2016 fue un año especialmente difícil, de acuerdo con los hallazgos encontrados.
El Zulia ha sido uno de los estados más golpeados por el racionamiento eléctrico. Se tomó una muestra entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 para realizar una búsqueda en Google con la frase “racionamiento eléctrico zulia” y se hablaba inclusive de un “apartheid eléctrico”. A continuación, un extracto de una nota del diario La Verdad publicada en 2015.
“En el Zulia, a varios sectores les interrumpen el servicio eléctrico todos los días de dos a cuatro horas. La misma situación viven las provincias, exceptuando a la Gran Caracas”.
En ese momento no había bloqueo económico, ni sanciones.
Al igual que como ocurrió con el agua potable, la falta de mantenimiento e inversión, así como la corrupción, han incidido en el progresivo deterioro del sistema eléctrico nacional. Por lo tanto, se trata de una crisis estructural, no causada por la coyuntura del momento.
Particularmente sobre la naturaleza de la crisis, Cotejo.info ya había hecho un ejercicio de determinación de las causas basada en datos y en la opinión de los expertos en materia de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y todas las evidencias remontan a la falta de inversión y la corrupción desde los inicios del presente milenio.
La protesta como muestra
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró cifras de protestas relacionadas con el derecho a la vivienda y los servicios básicos en algunos de esos años. Aunque no separan los números correspondientes a unidades habitacionales y servicios, ni especifican con exactitud los servicios involucrados en los reclamos ciudadanos, incluyen entre los causales la “situación de interrupción en los servicios básicos como la luz y el agua”, además de una alta inflación, como indicadores de que previo a las sanciones ya había un deterioro importante en los servicios públicos disponibles.
- 2013: 996 protestas, 22,58 % del total para ese año.
- 2014: 1.365 protestas, 14,69 % del total para ese año.
- 2015: 1.542 protestas, 26 % del total para ese año.
Las cifras del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) no lucían alentadoras para mediados de 2018 -a menos de un año de las primeras medidas restrictivas de algunos gobiernos de la región contra Venezuela- mostrando cifras que sugieren defectos estructurales mucho más antiguos y falta de inversión para prevenir el crecimiento natural de la demanda y los períodos de déficit de condiciones de servicio.
Para el período citado, el OVSP reportaba significativas fluctuaciones y discontinuidad del servicio eléctrico en toda Venezuela – salvo en Caracas- con particular gravedad manifiesta en Maracaibo; mientras que, en materia de agua, en 8 de 10 localidades principales del país la calidad del servicio ya estaba predominantemente calificada por los usuarios desde “regular a mala” hasta “muy mala”, y al menos 60 % de los consultados calificó de “inconstante” la continuidad del abastecimiento en 7 de esas 10 ciudades.
Todas estas evidencias desmienten a Delcy Rodríguez y su tesis de que el bloqueo económico por parte de otros países y el sabotaje han sido los causantes del deterioro de los servicios públicos en Venezuela. Por lo tanto, Cotejo.info cataloga estas aseveraciones como mentira.
