- Directivos e informes de ONG que monitorean los derechos humanos de los presos y presas señalan que lo dicho por la diputada del PSUV de que en 60 días se resolvía el hacinamiento carcelario de Venezuela no se cumplió
- Desde Una Ventana a la Libertad (UVL) califican de “fantasía” la gestión de los diputados de la Asamblea Nacional y demás funcionarios del gobierno pues “solo lograron atender a 21,80 % de la población recluida en los calabozos policiales”
- Los expertos creen que es “insólito” que la comisión, que también iba a depurar mafias en tribunales y fiscalía para acabar con el retardo procesal, apenas pudo detener a 3 alguaciles en Falcón
El 28 de septiembre de 2021, Carolina García Carreño diputada en la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e integrante de la Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia, dio una rueda de prensa en la sede de la Gobernación del estado Lara en la que ofreció un balance de trabajo sobre la primera fase de la denominada “revolución judicial”.
García, quien dentro de la comisión también funge como coordinadora de la Región Operativa Occidental, detalló que el trabajo de los diputados nacionales junto a representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Servicio Penitenciario y distintos cuerpos de seguridad, había cumplido con el objetivo principal que era solucionar el hacinamiento y retardo procesal en los centros de detención preventiva (CDP) y los centros penitenciarios del país.
En detalle, la parlamentaria ofreció estadísticas sobre la labor nacional de esta Comisión e indicó que, desde el 28 de junio de 2021 hasta el 21 de septiembre del mismo año, había logrado el 44 % de descongestión, según reseñaron medios locales como La Prensa de Lara.
“Lo que hemos logrado hasta el 21 de septiembre es un porcentaje aproximado al 44 % de descongestionamiento (en los CDP de Venezuela) cumpliendo así con el mandato que nos dio el presidente cuando nos instruyó que hiciéramos ese deshacinamiento efectivo a través de la Comisión”.
Diputada Carolina García
La diputada mencionó que la comisión ha “fichado” a 27 mil 900 privados y privadas de libertad de 38 mil 736 que encontraron al inicio del trabajo en los CDP visitados.
De ese total que cuantificaron hasta el 21 de septiembre de 2021, han otorgado 16 mil 800 excarcelaciones, libertades plenas y medidas cautelares como arresto domiciliario, destacamento de trabajo, confinamiento o presentación periódicas en tribunales lo que representa un total del 44% de descongestión en los CDP del país.
El equipo periodístico de Cotejo.info fijó su lupa en esta afirmación y concluyó que se trata de una media verdad debido a que en el balance ofrecido por la diputada no se especificó la gestión de la comisión en áreas como el tiempo invertido, los estados y CDP visitados ni los cuerpos de seguridad abordados.
También es media verdad porque García Carreño ni ningún otro parlamentario integrante de la Comisión -tampoco el Ministerio para los Servicios Penitenciarios- han dado estadísticas detalladas de los 60 días de trabajo de la “revolución judicial”. Lo contrario sucede con las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se encargan de monitorear la situación de los privados de libertad en toda Venezuela y que en sus informes reflejan una realidad distinta a la planteada por la diputada y en la cual se exponen irregularidades.
60 días para depurar el sistema de justicia
La Comisión de la AN surgió de un Consejo de Estado liderado por el presidente Nicolás Maduro Miraflores en la que indicaba que los diputados del parlamento nacional, los órganos de la Fiscalía, de la Defensoría Pública y otras instituciones de justicia tendrían 60 días para que “solucionen de manera profunda, de raíz, con justicia y sin impunidad, cualquier condición de hacinamiento en los CDP del país y regularice el paso a centros penitenciarios de todo el personal y detenidos que estén siendo juzgados por los tribunales”.
Para ello, la AN desplegó a sus diputados por todo el país en las regiones donde se conformó un Estado Mayor de la comisión.
En el tiempo establecido por Maduro, la “revolución judicial” debía atender a más de 25 mil privados y privadas de libertad que, según el informe del primer semestre de 2021 de Una Ventana a la Libertad (UVL, ONG especializada en el monitoreo de los CDP), se encontraban en 241 calabozos chequeados.
Sin embargo, la cifra de UVL se quedó corta ante la dada, el 25 de junio de 2021, por Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la AN, quien informó que la cifra oficial del hacinamiento en los CDP era superior con unos 38.736 presos en calabozos policiales.
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que era prácticamente imposible que en dos meses atendieran a tantos privados de libertad con múltiples irregularidades judiciales sobre todo por la cifra de detenidos y la realidad judicial de Venezuela.
Según Girón los integrantes de la Comisión “no sabían la magnitud del problema” por el cual transita el sistema carcelario venezolano desde hace aproximadamente 13 años. En entrevista con Cotejo.info, la abogada indicó que desde la ONG que dirige tenían cierta esperanza que abordaran esta problemática de forma eficaz, pero la realidad terminó siendo muy distinta a sus deseos.
“Esto es un paño de agua tibia porque en 60 días no puedes revisar 80 mil expedientes y acelerar sus causas cuando existen semanas radicales en la cuales no abren los tribunales; no hay traslados de presos, no hay transporte, no hay custodio, no llegó el fiscal. El problema del sistema penitenciario es sistémico. Eso fue una curita que pusieron y que no funciona” expresa Girón.
Carlos Nieto Palma, abogado y director general de UVL, en una entrevista publicada por El Diario también se refirió a la forma de trabajar de “La revolución judicial” e indicó que “esta comisión no tenía una hoja de ruta detallada o una planificación del trabajo que iban a hacer. Eran 23 comisiones, una en cada estado del país, que debían trabajar en armonía y un patrón de acción. Esto no se hizo”.
“Es una fantasía”
Una Ventana a la Libertad difundió un informe en el que monitoreó la labor de esta comisión en 23 estados de Venezuela desde que se instaló y comenzó acciones en las diferentes entidades hasta que se cumplieran los 60 días y determinó que la “revolución judicial” fue “una fantasía” pues “solo lograron atender a 21,80 % de la población penitenciaria recluida en los CDP”.
Cabe acotar que los datos de la ONG se basan en los 60 días que prometieron las autoridades y el balance hecho por la diputada García es hasta el 21 de septiembre, es decir, 25 días después de que se venciera el plazo otorgado por el presidente Maduro.
En el informe de UVL la ONG indica que la Comisión no cumplió el objetivo durante el lapso establecido luego de que analizaron sus datos de acuerdo al factor tiempo, estadísticas y formas de proceder. Por ejemplo, reseñan que la Comisión en los 60 días solo había visitado 12 estados del país y que habían logrado atender el caso de 7.614 privados de libertad, es decir, el 16,66 % de la población penitenciaria recluida en calabozos policiales.
Enumeran que los miembros de la comisión sólo visitaron 332 (66,4 %) de los más de 500 calabozos policiales que hay en todo el territorio nacional y en dos meses otorgaron 6.529 libertades, plenas o condicionales (entre ellas 75 mujeres) y había trasladado a centros penitenciarios a 1.085 reclusos (entre ellas 28 mujeres).
UVL prosigue el análisis indicando que, cumplido el lapso, la referida comisión siguió trabajando y desde el 22 hasta el 3 de agosto otorgó 256 libertades plenas y condicionales (entre ellas ninguna mujer) y trasladó a 576 detenidos a varias penitenciarías del país. En este renglón figuran 4 mujeres. En este período la comisión visitó sólo 9 estados del país.
“No hubo ninguna revolución en los CDP que se mantienen en su gran mayoría hacinados, nada se estremeció ni sacudió profundamente en el Sistema de Justicia de Venezuela. Seguiremos atentamente los pasos que continúe dando en los calabozos hacinados del país, la comisión para la Reforma del Poder Judicial en Venezuela, y en las etapas siguientes” fue lo que expresó Magaly Huggins, criminóloga y coordinadora de investigación de UVL cuando hizo un resumen breve de la labor de la “revolución judicial”.
Otras irregularidades
En entrevistas con Cotejo.info, Girón y Huggins señalan distintos tipos de irregularidades procesales que se registraron durante el trabajo de la comisión y que fueron registradas por las ONG que ellas coordinan.
Una de las anomalías fue la desatención de privados y privadas de libertad con delitos considerados graves por el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal (COOP). A los reos y reas que cometieron delitos como homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, corrupción, delitos contra que el patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía entre otros no recibieron beneficios ni excarcelaciones porque la mayoría debía cumplir el 75 % de la sentencia dentro de los muros de un Centro Penitenciario y no en un CDP.
Esta irregularidad generó una protesta de calle -el 18 de agosto– protagonizada por familiares de presos de distintas cárceles del país y que se llevó a cabo frente a la Defensoría del Pueblo en Barquisimeto estado Lara.
Carolina Girón también consideró como “insólito” que otros de los objetivos que tenía la Comisión era acabar con las mafias dentro de tribunales, del poder judicial y las fiscalías y tras el trabajo de los diputados y demás miembros del gobierno apenas se tenga unos alguaciles detenidos en Falcón y no existe un juez, fiscal o funcionario detenido.
“Es insólito que digan no conocer las mafias en el poder judicial, los pranatos en las cárceles, las mafias penitenciarias pues durante la Revolución Judicial los directores y custodios formaban listas donde le cobraban a los presos para meterlos en las listas para que sus expedientes sean revisados por la comisión y hasta ahora no ha pasado nada. Como siempre la impunidad total” expresó.
