- Desde 2008 las inhabilitaciones a líderes políticos opositores se han hecho una práctica común en fechas cercanas a procesos electorales y coyunturas políticas en Venezuela.
- Cuando no se tienen garantías ni criterios necesarios en una elección los ciudadanos pierden la confianza en el voto.
- La libertad de elección del ciudadano es un derecho que no debe verse restringido por parte de terceros.
Por Karla Torres
El 6 de diciembre de 2021 el rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, cuestionó la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular la elección a gobernador en el estado Barinas, realizada el 21 de noviembre.
A través de un fallo la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó repetir las elecciones en esa región el 9 de enero de 2022. El TSJ explicó que declaró de “mero derecho” la resolución de la acción de amparo constitucional interpuesta basada en la inhabilitación dictada por la Contraloría General en agosto de este año al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Freddy Superlano.
Márquez aseguró vía Twitter que “la proliferación de inhabilitaciones políticas por la vía de la Contraloría General es absolutamente inconveniente en la ruta de rescate de la confianza en el voto y del fortalecimiento de la Constitución. El caso de la Gobernación de Barinas me obliga a reiterarlo”.
El equipo de Cotejo.info fijó la lupa periodística en la afirmación del rector del CNE en la que asegura que las inhabilitaciones políticas afectan el rescate de la confianza en el voto. Tras consultas con expertos y revisión documental Cotejo.info determinó que lo dicho por Márquez es una verdad, porque afecta la libertad de elección del ciudadano.
Cuando no se tienen garantías ni criterios necesarios en una elección los ciudadanos pierden la confianza en el voto y por ende su derecho a elegir se quiebra.
Inhabilitaciones políticas en Venezuela
En 2015, la oposición venezolana sumó una victoria electoral con los resultados obtenidos en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre: 112 diputados para las organizaciones políticas agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, con mayoría calificada) y 55 parlamentarios para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Desde entonces la persecución, inhabilitación política y allanamientos a la inmunidad contra los diputados y dirigentes opositores se agudizaron por parte de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República (CGR).
De acuerdo con un reportaje previo publicado en Cotejo.info, entre 2017 y 2019 el Tribunal Supremo de Justicia instó a la Asamblea Nacional Constituyente a que allanara la inmunidad de 29 diputados.
Además, desde 2015 hasta 2020 el TSJ emitió por lo menos 135 sentencias contra la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
Según una investigación del equipo periodístico de Cotejo.info la Sala Constitucional del TSJ se ha amparado en la “figura de desacato” para dictar sentencias que limitan las funciones del Poder Legislativo y acusan de “traición a la patria” a los diputados, mientras que en otros fallos da carácter constitucional a los decretos emanados desde del Poder Ejecutivo.
El Diario realizó una recopilación de los miembros de la oposición nacional que, impedidos por la Contraloría General de la República, no pueden ejercer funciones estatales ni participar en comicios electorales desde 2015 tal es el caso de María Corina Machado, Antonio Ledezma, Herique Carpiles, Pablo Pérez, Juan Guaidó, Enzo Escarano y Leopoldo López. En entrevista para Cotejo.info, Ingrid Jiménez, politóloga y docente universitaria, coincide en el recrudecimiento de las inhabilitaciones políticas a partir del 2015, sin embargo, destaca que desde 2008 está práctica se ha hecho común en fechas cercanas a procesos electorales y coyunturas políticas que se producen en el país.
Abstención sin freno desde 2017
Después de las parlamentarias de 2015 en las que apenas se registró la ausencia de 26 % de los votantes. La abstención en distintos comicios en el país fue aumentando, creció en 2017 a 39 %, en 2018 a 54 %, en 2020 a 69 % y en 2021 a 58,2 %, de acuerdo con datos del CNE..
Según un reportaje de Crónica Uno en las elecciones de 2017 se comenzaron a evidenciar los primeros síntomas de abstención electoral en el país. Luego, en las elecciones presidenciales del 2018, los partidos opositores que ganaron la Asamblea Nacional decidieron no participar y 54% del electorado habilitado se abstuvo de votar.
Para las elecciones parlamentarias de 2020 el escenario tampoco fue alentador, la abstención alcanzó al 69% de los 20.710.421 votantes habilitados para sufragar el 6 de diciembre.
En los comicios del 2021 “megaelecciones” para elegir gobernadores, alcaldes y concejales un 58,2% % de la población habilitada para votar se abstuvo de hacerlo.
La politóloga, Ingrid Jimenez, en entrevista para Cotejo.info asomó que la abstención en el país tiene dos lecturas desde su punto de vista: la desarticulación de sectores democráticos y el éxodo masivo de venezolanos.
Desde finales de 2017, gran parte de la oposición venezolana se ha negado a participar en diferentes comicios por falta de garantías y poca transparencia en el proceso.
Elecciones de 2021: Entre irregularidades y anulaciones
En los últimos comicios, realizados el 21 de noviembre de 2021, la jornada estuvo marcada por irregularidades y abusos de acuerdo con denuncias de gremios y ONG.
La ONG Súmate documentó 142 denuncias entre las 6:00 am y las 8:00 pm el 21 de noviembre. De las irregularidades reportadas por la ONG, 33 denuncias, el equivalente a 23,2 %, estuvieron vinculadas a la presencia de puntos rojos y la exigencia del carnet de la patria a los electores.
Asimismo, la misión de observadores de la Unión Europea presentó un informe preliminar sobre el proceso electoral del 21 de noviembre y señaló que parte de las irregularidades observadas fueron las inhabilitaciones arbitrarias de candidatos por vía administrativa.
De acuerdo con la ONG FundaRedes la jornada también estuvo signada por la violencia de grupos armados que, mediante la intimidación, y en algunos casos la fuerza, influyeron en el desarrollo del proceso ciudadano pese a que se contaba con la observación internacional.
En el proceso electoral del 21N participaron un total de 35 organizaciones políticas, de las cuales 9 están en el bando de los llamados “alacranes» y 6 agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
A pesar de la poca participación, las irregularidades y denuncias el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) logró ganar 20 de las 23 gobernaciones del país, además de la Alcaldía de Caracas.
Mientras, partidos opositores como Fuerza Vecinal y la MUD ganaron tres gobernaciones: Zulia, Nueva Esparta y Cojedes.
Sin embargo, los resultados del estado Barinas se hicieron esperar y después de días de presión por parte del candidato opositor Freddy Superlano, que exigia su victoria, frente al candidato Argenis Chávez del Partido Socialista Unido de Venezuela, la Sala Electoral del TSJ a través de falló pidió paralizar el recuento de votos, dio por inhabilitado a Superlano por una resolución de agosto de la Contraloría y ordenó la repetición de la votación para el 9 de enero de 2022.
De acuerdo con los resultados difundidos por el CNE, Superlano contaba con una mínima ventaja sobre Chávez: 103.809 votos por 103.693 de su contrincante.
El estado Barinas había sido considerado por años la “cuna de la Revolución”, casi 23 años bajo la gestión oficialista.
Año Nuevo, nuevas elecciones en Barinas. Para el 9 de enero de 2022 los habitantes de la región llanera se encontraron en las urnas de votación para elegir a su gobernante, en esta oportunidad triunfó la oposición con la victoria de Segio Garrido (candidato por la MUD) frente a Jorge Arreaza (candidato por el PSUV).
Garrido acumuló 172.497 votos (55,36 %) en el primer boletín oficial y Arreaza, 128.583 (41,27 %), de acuerdo con datos del CNE.
En entrevista para Cotejo.info la politóloga, Ingrid Jiménez, aseguró que lo sucedido en el estado Barinas ha sido un caso emblemático y que aunque la población en esta oportunidad se movilizó e hizo sentir su fuerza ante la inhabilitación del candidato Superlano por parte de la Contraloría General, deja mucho que decir de las principales instituciones del Estado venezolano. Después de todo lo expuesto, Cotejo.info confirma que lo dicho por el rector Márquez sobre las inhabilitaciones políticas y su incidencia el rescate de la confianza en el voto es una verdad, porque la libertad de elección del ciudadano es un derecho que no debe deber verse restringido por parte de parte de terceros.
