- Brian A. Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, adelantó que los líderes mundiales que no respeten la democracia, como es el caso venezolano, no serán invitados a la Cumbre.
- La Carta Democrática Interamericana defiende los derechos humanos, en todas sus dimensiones; libertades fundamentales tales como expresión de ideas, credos, partidos.
- En Venezuela, según el Foro Penal, existen 239 presos políticos, entre civiles y militares; varios de ellos con graves problemas de salud.
Por Kemberling Rodríguez
Luchar por el respeto a la libertad de los pueblos es una de las premisas de la Cumbre de las Américas a celebrarse próximamente, del 6 al 10 de junio, en la ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos.
Sin embargo, en fecha reciente Brian A. Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense, dejó claro que para la reunión de los jefes de gobiernos no estarán incluidas las naciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La principal razón de esta decisión, según explicó, es que no existe democracia en estos tres países.
De inmediato, se conocieron las reacciones de voceros de las naciones afectadas. En el caso venezolano, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista de Unido de Venezuela (PSUV), desestimó la decisión y alegó que sólo será un encuentro entre simpatizantes de Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
En una transmisión en directo a través del canal del Estado, VTV, y de la red social Twitter, el también parlamentario de la Asamblea Nacional enfatizó: “no hay ninguna razón para que Venezuela, Cuba o Nicaragua sean excluidas de la Cumbre de las Américas…y si ocurre eso, sin duda, formará parte del debate”.
El equipo de Cotejo.info puso su lupa en los aspectos que a partir de la apreciación de Estados Unidos separan a Venezuela, y a los otros dos países, de los principios democráticos y contrastó estas causales con la afirmación del diputado Cabello, las que calificó como una mentira, debido a que realmente sí existen amenazas a los derechos fundamentales de los ciudadanos, además de otras violaciones a los valores democráticos que han sido corroboradas por expertos diplomáticos, ONG y medios de comunicación.
Carta Democrática indica el camino
La Cumbre de las Américas está vinculada a la Carta Democrática Interamericana, emanada de una reunión de líderes mundiales sostenida en la ciudad de Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001 y, justamente, el compromiso de los Estados miembros es proteger la democracia, tal como resalta un material audiovisual de la Organización de Estados Americanos (OEA), difundido hace unos días en su cuenta oficial de Twitter @OEA_oficial
José Manuel Insulza, ex secretario general de la OEA entre los años 2005-2015, explica que, desde su adopción, la CDI ha sido invocada en unas 16 ocasiones aproximadamente: “haciendo uso de sus funciones preventiva y restaurativa en Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Haití, entre otros”.
Ahora bien, ¿qué defiende exactamente la Carta? El respeto a los derechos humanos, en todas sus dimensiones; libertades fundamentales tales como expresión de ideas, credos, partidos; las elecciones libres que cuenten con la aprobación de todas las partes y dejen claro los niveles de transparencia y pluralidad, entre otros intereses sociales y humanitarios .
Luis Almagro, secretario general de la OEA en ejercicio, ratifica que la mayor ventaja que ofrece la CDI es precisamente mantener el espíritu conciliador en los países para que no se aparten de la democracia y, en caso de violentarla, entonces propiciar los mecanismos necesarios para retomarla.
En Venezuela no hay Estado de derecho
La Agencia Reuters, por el año 2013, realizó una investigación acerca del número de elecciones organizadas en Venezuela para escoger a los representantes de cargos públicos como concejales, diputados, alcaldes, gobernadores y la presidencia.
Sólo en la época de Hugo Chávez, ex presidente de Venezuela, fallecido en el año 2013, hubo cerca de 15 comicios que incluyeron los referendos para la reforma constitucional y el revocatorio, con el que intentaban sacar del poder al fundador de la revolución bolivariana.
Lo curioso del caso es que desde los tiempos Chávez existen fuertes señalamientos hacia los poderes públicos, incluyendo el electoral; el pueblo no le cree a las instituciones del Estado, particularmente en esta materia.
Mientras tanto, en el año 2018 se revalidó a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, en una contienda electoral donde la oposición venezolana y la propia comunidad internacional denunciaron los abusos de poder, manipulación de datos y una serie de irregularidades, que cuestionaban la transparencia del proceso comicial.
Y es justamente la cuestión de las elecciones fraudulentas la primera crítica hecha por los gobiernos mundiales, como el de EE.UU, a propósito de las alteraciones en el orden constitucional y democrático que deberían amparar a los venezolanos.
La agencia británica de comunicación BBC News, en una nota de prensa publicada el 21 de mayo de 2018, se refiere a dicha crítica: “Más de una decena de países amenazó con no reconocer los resultados electorales del domingo (20 de mayo) y con aplicar más sanciones contra el Ejecutivo de Maduro… Los gobiernos de Panamá y Chile estuvieron entre los primeros en pronunciarse tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) para desconocer la validez de los comicios”.
Incluso, hasta la actualidad trascienden los hechos irregulares de las elecciones de 2013; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), en un comunicado de prensa con fecha de 11-05-2022, expresa: “la Comisión concluyó que se vulneró el derecho de Henrique Capriles (líder opositor) de participar en condiciones de igualdad en las elecciones presidenciales, afectación que tiene también una dimensión colectiva”.
La CDIH concluye que el Estado venezolano violó derechos consagrados en los artículos 8.1 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad), 13 (derecho a la libertad de expresión), 23.1.c (derechos políticos) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana sobre DDHH, con respecto a los artículos 1.1 y 2. Sobre el caso de Capriles, medios de comunicación como El Informador y Monitoreamos hicieron también sus reseñas a propósito de las conclusiones de la comisión internacional que cuestiona los niveles de democracia en el país.
Migración masiva y presos políticos
La ausencia de políticas de gobernabilidad que garanticen calidad de vida a todos los ciudadanos, sigue causando malestar en la población venezolana y, de hecho esa indolencia oficial, llevó y continúa empujando a las nuevas generaciones a salir del país como la única opción para cubrir sus necesidades básicas como alimentación, educación, salud, recreación, entre otros.
La lupa periodística de Cotejo.info, desde hace algunos años viene poniendo atención en este fenómeno de migración que trasciende a diferentes lugares del mundo. En una publicación de febrero de 2020 dice: “hasta la última actualización (5 de febrero de 2020) de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos supera los 4 millones 800 mil, para un total de 4.810.443”.
Una cifra preocupante es la de la diáspora de personas que justamente será tema de debate en la Cumbre de las Américas de este año, tal como lo expresa Nichols en una entrevista para el diario español El País (11 de mayo de 2022), donde añade que la migración es la falta de oportunidades.
“Vivimos en un momento en que hay una cantidad de migrantes a nivel global sin precedentes, más de 90 millones de personas alrededor del mundo y millones de ellos en las Américas… hemos dado alrededor de 700 millones de dólares a Colombia para atender las necesidades de migrantes allá, [en su gran mayoría venezolanos]”, resalta el medio.
Condenados por pensar distinto
En un informe elaborado entre el Centro para los Defensores y la Justicia, el Foro Penal y Amnistía Internacional, difundido en febrero de este año, y denominado “Venezuela: represión calculada. Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos”, dejan ver las anomalías en la justicia venezolana por órdenes políticas impuestas.
Señalan, entre otras cosas, que en Venezuela las detenciones arbitrarias vienen cometiéndose desde el año 2014. “La dinámica de la represión en Venezuela se ha dirigido contra un grupo determinable de personas, que son aquellas percibidas como disidentes u opositoras al gobierno de Nicolás Maduro.
La pertenencia de las personas a este grupo específico no es convencional, pero se pueden identificar grupos particulares que han sido especialmente atacados por la política de represión, que son: estudiantes, activistas políticos, y personas defensoras de derechos humanos”, reza el punto 3.9 de Derechos Fundamentales (página 52).
El Carabobeño, replicó una información de la agencia EFE en la cual Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, indicó que en Venezuela hay 239 presos políticos: 224 son hombres y 15 mujeres (entre ellas una adolescente); de toda esta población penal 107 son civiles y 132 militares, señaló el titular de la ONG.
Una de las detenciones emblemáticas es la de Roland Carreño, periodista venezolano y simpatizante del partido Voluntad Popular, acusado de los delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones, así como financiamiento al terrorismo, sobre este caso y otras violaciones de derechos humanos, queda constancia en el trabajo periodístico hecho por Cotejo.info con fecha del 5 de julio de 2021.
Nicaragua: prensa acorralada
Carlos Chamorro, periodista y fundador de Confidencial, medio nicaragüense, en un artículo redactado desde el exilio y publicado- en abril de este año- por el medio estadounidense The Washington Post, relata los sinsabores de su patria natal. Él y su familia, son perseguidos por el gobierno de Daniel Ortega, presidente electo en cuatro períodos consecutivos.
En sus líneas, recordó cómo en marzo, fue sentenciada a 8 años de cárcel y una multa de 3.2 millones de dólares, Cristiana Chamorro, su hermana y precandidata presidencial por presuntos delitos de lavado de dinero. Alrededor de 177 presos políticos, empañan la democracia de Nicaragua.
La censura contra los medios de comunicación, es otro de los infortunios de los ciudadanos. El gobierno de Ortega, tiene una fijación contra la prensa libre, vulnerando el derecho a la información.
“En un proceso judicial paralelo, fue condenado a nueve años de cárcel el preso político Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario La Prensa, por el supuesto delito de lavado de dinero”.
Cuba: sin atención humanitaria
Amnistía Internacional, en su informe 2021-2022 acerca de Cuba, detalló que luego de las protestas del mes de julio, donde los ciudadanos reclamaban una vez más por las precarias condiciones en las que viven: escasez de alimentos, de medicinas (pese a estar atravesando la pandemia de COVID-19), no consiguieron respuestas positivas de las autoridades.
Sucedió lo contrario: le dieron la espalda y omitieron las solicitudes de atención humanitaria. Lo que sí hizo el gobierno castrista fue encarcelar a unas 700 personas, según la ONG Cubalex.
“Las autoridades también sometieron a activistas y periodistas a arresto domiciliario y detención arbitraria, violaron el derecho al debido proceso y, en algunos casos, infligieron malos tratos a los detenidos, al tiempo que interrumpían el servicio de Internet”, expresa el documento. Ante estas realidades adversas que enfrentan los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, el equipo de Cotejo.info calificó como mentira las declaraciones de Diosdado Cabello, quien aseguró que no existen razones para dejar por fuera a estas tres naciones de las Cumbres de las Américas.
En efecto, se corroboró que la situación actual de los ciudadanos de estas tres naciones no está en consonancia con los valores y principios que rigen a los Estados miembros ni con las leyes universales que defienden, entre otras cosas, la democracia y derechos humanos.
