- Enrique Márquez, rector principal del CNE, aseguró que hasta tanto exista un acuerdo político entre gobierno y oposición, no se discutirá el voto de los venezolanos en el exterior.
- El artículo 63 de la Constitución venezolana establece que el sufragio es un derecho; la Carta Democrática Interamericana (CDI) exhorta a los gobiernos a propiciar elecciones libres, plurales, para garantizar la plena democracia de los pueblos.
- Expertos apuntan a realizar un nuevo censo poblacional y actualizar el Registro Electoral para aumentar la participación tanto dentro como fuera del país, de cara a las presidenciales de 2024
Por Kemberling Rodríguez
En el escenario político de Venezuela se debate -desde hace algunas semanas- el tema de las elecciones presidenciales que están previstas para el año 2024 por ser un hecho que significaría un paso al cambio o un estancamiento en la forma de gobernabilidad.
A propósito de esto, Enrique Márquez, rector principal del Consejo Nacional Electoral, fue abordado por el equipo periodístico de Crónica.Uno sobre la contienda electoral que se avecina y su respuesta sobre el voto de los venezolanos en el extranjero causó revuelo, y que fue replicada por medios como El Pitazo y La Prensa, entre muchos otros.
En la entrevista publicada el 16 de mayo, el funcionario explicó que si bien defiende el derecho al sufragio para todos los ciudadanos, “donde sea que se encuentren”, intuye que el tema no será discutido pronto debido a que no existe todavía un acuerdo político. De hecho, cuando se le preguntó el por qué, considerando que los derechos no se deben negociar, Márquez agregó:
“No percibo que haya un acuerdo político sobre esa materia en este momento. Lo que el CNE discute y procesa tiene mucho que ver con los acuerdos políticos que va construyendo la clase política del país, el CNE no escapa a la realidad del país y ahí hay elementos de la política nacional que deben considerarse”.
Estas declaraciones generaron fuertes críticas de parte de dirigentes de diversos partidos y líderes políticos, entre ellos David Smolansky, miembro de Voluntad Popular y actual comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, en el equipo de Juan Guaidó.
El opositor catalogó de “Infame” al rector principal y publicó en Twitter:
“¿Sorprende? No, no sorprende. “El mejor CNE en 20 años” menosprecia el derecho al voto de los venezolanos en el exterior. El estado más poblado de Venezuela, ya no queda dentro del país. Al menos 4, de los 6,2 millones de migrantes podrían votar”.
Cotejo.info en un nuevo análisis puso su lupa en las palabras de Smolansky y las califica como verdad debido a que el CNE, pese a ser el órgano encargado de la materia electoral, no promueve de forma oficial la defensa del voto de los venezolanos en el extranjero y, en lugar de avanzar en ese sentido, espera que los actores políticos se pongan de acuerdo en un tema que le compete exclusivamente al Poder Electoral.
En nuestra investigación, cotejamos las opiniones de expertos en sufragio, la propia Constitución, Ley Electoral vigente y organizaciones internacionales, que defienden el derecho al voto de todos los ciudadanos, sin distinción de partido o preferencia.
En 2012 y 2018 tampoco votaron
El Artículo 63 de la Constitución, establece:
“El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional”.
Pese a que lo dicta la Carta Magna, no extienden dicho derecho a todos los venezolanos, incluso da la impresión que se adormecen los mecanismos para lograrlo.
Por esa razón ocurrió el cuestionamiento de los sectores políticos del país con respecto a las declaraciones de Márquez, porque si bien habla de lo importante que resultaría tomar en cuenta a la población electoral que reside fuera del país ni él -así como tampoco el resto de los rectores- ha planteado el tema como agenda.
Al respecto, el también ex alcalde de El Hatillo, entre los años 2014-2018, en una entrevista con el canal colombiano NTN24, con fecha del 17 de mayo de este año, añadió que se pensaba de Márquez como una figura que traería equilibrio al CNE, “pero no lo ve posible ¿hasta cuándo los venezolanos van a ser discriminados como ciudadanos de segunda? Violando su derecho a la identidad, para renovar su pasaporte, licencia de conducir o para sacar la cédula de identidad”.
Se trata de una irregularidad de la que vienen alertando los medios de comunicación, desde hace años. Sucedió lo mismo en el 2018, cuando en las elecciones del 22 de abril resultó reelecto Nicolás Maduro; para ese entonces el diario español ABC, en una publicación titulada “Casi un millón de venezolanos de la diáspora no podrán votar en las elecciones presidenciales”, expuso la violación del derecho al voto.
Sólo 110.000 venezolanos fuera del país están inscritos en sus respectivas dependencias consulares para sufragar lejos de casa. El citado medio esañol, expuso las apreciaciones de Eugenio Martínez, periodista venezolano experto en materia electoral: “si se toma en cuenta la consulta popular organizada por la oposición el 16 de julio de 2017, en el extranjero hay casi 700.000 electores potenciales que votarían en contra del presidente Maduro.
Sin embargo, solo 110.000 son capaces de sufragar legalmente en los distintos consulados venezolanos. Es por esta situación por la que la oposición perdería al menos 590.000 votos potenciales a su favor”.
Amelia Alter, directora de la Oficina de Registro del CNE, en el 2018 declaró a El Nacional que esos más de 100.000 venezolanos aptos para votar en el extranjero representaban apenas un 0,5 % del padrón electoral, cuando las principales encuestadoras privadas desmentían esa versión y apuntaban a que cerca de 2.000.000 de personas podían votar. Y a eso se le sumó la exigencia de que debían contar con residencia legal.
En este punto en particular, Márquez sí indicó que lo único que deberían exigirle a los venezolanos es la cédula de identidad, tal como ocurre cuando están en Venezuela y, adicionalmente, crear otras sedes para los trámites electorales y no solamente en los consulados.
Ahora bien, en el año 2012, cuando el entonces presidente Hugo Chávez fue reelecto por cuarta vez, también hubo denuncias de personas que previo al sufragio y dentro del lapso para actualizar sus datos en el registro electoral, no pudieron votar.
El medio BBC reseñó cómo los ciudadanos venezolanos radicados en Londres, Inglaterra, no fueron atendidos por el consulado en esa ciudad británica. Lo mismo pasó en Utah, Estados Unidos, ante lo cual el ex rector Vicente Díaz se pronunció en una entrevista para Unión Radio:
“Eso [el registro electoral] ha sido un desastre, han sido venezolanos maltratados, donde cada consulado hizo lo que le dio la gana, puedo repetir que en general estuvo bastante bien, pero hay casos donde la situación es absolutamente de maltrato, uno es el caso de Miami», aseveró.
¿Qué establece la Ley electoral?
La Ley Orgánica de Sufragio y la Participación Política, en el Título III de los Electores, establece en su artículo 99 que: “…Los venezolanos residenciados en el exterior deberán actualizar su inscripción en la sede de la representación diplomática o consular con jurisdicción en el lugar de su residencia y votarán en los mismos lugares. En caso de ser necesario los funcionarios diplomáticos y consulares podrán habilitar nuevas sedes y notificarle al Consejo Nacional Electoral”.
Asimismo, es obligación del Poder Electoral, crear lapsos para la actualización del Registro Electoral, en aras de aumentar la participación de todos los ciudadanos, dentro y fuera del país, como reza el Artículo 102: “En la oportunidad de llevar a cabo la actualización del Registro Electoral (RE), los funcionarios referidos en esta Ley, entregarán a los solicitantes un ejemplar debidamente firmado de su respectiva solicitud de actualización que indicará la Vecindad Electoral, el Centro de Votación y la Mesa Electoral donde deberá votar y la dirección del elector”.
Y una vez recibida la información por parte de los electores, en cuanto a documentos para la actualización del RE, deben ser enviados a la Oficina de Registro Electoral, en un tiempo “no mayor a quince (15) días continuos a su recepción”, expresa el artículo 103. Actualmente, el CNE no ha brindado datos oficiales acerca de cuánto es la población electoral con posibilidades de votar en los próximos comicios, sin embargo, los expertos del tema indican que rondan en los 200.000 inscritos en el RE, lo cual se ha hecho eco en las redes sociales, como lo confirma una cuenta en Twitter denominada @datoworld, especialista en elecciones, con más de 60.000 seguidores.
Entre tanto, la Carta Democrática Interamericana, promovida por la Cumbre de las Américas, en la ciudad de Lima, Perú, en el año 1994, expresa que este documento internacional defiende “el respeto a los derechos humanos, en todas sus dimensiones; libertades fundamentales tales como expresión de ideas, credos, partidos; las elecciones libres que cuenten con la aprobación de todas las partes y dejen claro los niveles de transparencia y pluralidad, entre otros intereses sociales y humanitarios”.
¿Cómo podríamos hacerlo?
Martínez, periodista especializado en el sistema electoral venezolano y analista político para El Diario e Hispano Post, explica que de plantearse las primarias de oposición y las presidenciales del 2024, antes debería realizarse una serie de modificaciones en el RE y padrón de población demográfica. ¿Qué se está haciendo para que los venezolanos en el extranjero voten en las primarias y en 2024?, se preguntó al inicio de su análisis.
En un hilo de opinión que derivó en su cuenta oficial de Twitter @puzkas, el pasado 11 de mayo, el comunicador explica que el RE, de acuerdo a la propia ley electoral, tendría que ser un proceso continuo que, en la práctica, le permita a los ciudadanos actualizar sus datos desde cualquier lugar y en cualquier momento. No obstante, “esta opción está limitada fuera de períodos electorales”.
Detalló que de acuerdo con el último balance del RE, 21.267.813 ciudadanos están habilitados para votar, de los cuales 21.159.846 estarían inscritos dentro de Venezuela, incluyendo 229.859 extranjeros.
Sin embargo, Venezuela ha sufrido importantes transformaciones en la dinámica poblacional que inevitablemente tendrá repercusiones en el RE “como desplazamiento interno, migración, y descenso de la fecundidad por décadas”, expresó.
Por otra parte, Martínez alertó que la población demográfica reflejada en el RE está totalmente desfasada por cuanto las proyecciones las realizan en función del Censo poblacional del año 2011, cuando entre 2020-2021 debió actualizarse. “Es de destacar además que las estadísticas de defunciones y los reportes de salidas-entradas del país no se encuentran centralizadas, ni pueden ser consultadas por organizaciones de veeduría electoral periódicamente”, añadió.
Para las elecciones parlamentarias del año 2020, dijo, se apreció una reducción significativa de los jóvenes inscritos. Pero ¿qué se puede hacer para corregir no sólo esta deficiencia sino recuperar la mayor participación de electores en todas las edades? Martínez desglosa los siguientes pasos:
1) Evaluar la consistencia demográfica y realizar una auditoría amplia al RE.
2) Realizar un registro o censo independiente de electores en el extranjero (…)
3) Realizar un registro de misiones diplomáticas y consulares, para evaluar en cuantas se cumple con el proceso de inscripción o actualización de datos en el registro de votantes.
4) Avanzar en la municipalización del registro de votantes.
5) Discutir y evaluar cambios legales en el mediano y largo plazo para blindar los procesos asociados a la administración del Registro Electoral.
Todos estos elementos dan pie al calificativo otorgado a las declaraciones de David Smolansky, pues es una verdad que “(el actual CNE) menosprecia el derecho al voto de los venezolanos en el exterior”, dado que hasta la fecha no existe un pronunciamiento oficial por parte del órgano rector que garantice la participación de los ciudadanos que han migrado.
Tampoco tienen previsto plantearlo como agenda próxima, tal como lo aseveró Márquez: “hasta tanto exista un acuerdo político entre gobierno y oposición”. Todo esto pese a que el sufragio es un derecho consagrado en la Constitución que ha sido vulnerado en comicios anteriores, como quedó registrado en medios de comunicación con la recopilación de información de los afectados y de la versión de expertos en el tema electoral.
