- La escasa información limita que se puedan comparar otros daños ambientales con los ocurridos en el AMO
- En el documental Arco Minero del Orinoco ¿Ecocidio o Suicidio?, SOS Orinoco califica la minería ilegal como “la devastación de un país”
- Los daños al ambiente en Venezuela ocurren bajo la opacidad de entes gubernamentales y la poca capacidad de respuesta de ONG e investigadores ambientales
Por José Rivas
El encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Colombia por el gobierno interino, Eduardo Battistini, publicó en la red social, Twitter: “El Arco Minero del Orinoco es el ecocidio más grande de la historia de Venezuela”.
Añadió en el mismo hilo de Twitter que, quienes explotaban recursos naturales, también explotaban indígenas y violaban derechos humanos con la complicidad del Alto Mando Militar.
Ante esto, el equipo de Cotejo.info revisó informes sobre el impacto ambiental del Arco Minero del Orinoco (AMO) y los daños ambientales que han ocurrido en otros sectores, como el petrolero. Se determinó que la afirmación de Battistini es una media verdad.
El Arco Minero del Orinoco fue creado en 2016 mediante el decreto presidencial N° 2.248. El espacio comprendería más de 111.000 km2 y sería utilizado para la explotación de minerales. La extensión destinada al aprovechamiento de estos recursos representa el 12 % de todo el país y es casi el doble del terreno de la Faja Petrolífera del Orinoco. Si comparamos, el área destinada al AMO es más grande que países como Suiza, Bélgica, Austria o Portugal.
En el papel se afirmaba que los postulados “fundamentales que regían” el decreto eran -entre otros-: protección, respeto de los pueblos y comunidades indígenas, eficiencia, calidad, transparencia y sustentabilidad. Pero luego de seis años los resultados son otros.
El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define “ecocidio” como “la destrucción del medio ambiente, en especial de forma intencionada”. La organización Stop Ecocidio, establece que el término es: “El daño masivo y la destrucción de los ecosistemas, es decir, un daño grave a la naturaleza de forma generalizada o a largo plazo”.
Esto es parte de lo que sucede en el AMO, según las denuncias de especialistas ambientales. La ONG SOS Orinoco, en su reporte “El Arco Minero del Orinoco” de abril de 2021, expuso que las operaciones mineras están afectando la flora, la fauna, la cuenca de los ríos, la cubierta vegetal, el ambiente y a los mismos habitantes de la zona.
Pero ¿cómo? En el proceso de minería a cielo abierto se remueve la capa superficial del suelo haciendo cráteres con grandes extensiones y profundidad. Además, se utilizan metales tóxicos, como el mercurio, que permite remover el oro del resto de material sustraído, pero que terminan contaminando los ríos.
Para dar un ejemplo del daño a los suelos, hay zonas donde para obtener 10 gramos de oro debes remover 10 metros cúbicos de terreno, pero hay otros casos donde para tener la misma cantidad del metal debe ser removida una tonelada de tierra, lo que termina generando un daño inmenso a la superficie por unos pocos gramos.
SOS Orinoco documentó la pérdida de 779.600 hectáreas de bosques entre los años 2000 y 2020. Los investigadores determinaron en el informe que los daños de la minería se triplicaron de 2016 a 2021. “Eso representa un área de 21.300 hectáreas, que es equivalente a la superficie de 28.000 campos de fútbol”.
Global Forest Watch, plataforma que proporciona datos y herramientas para monitorear bosques, expone que los estados Bolívar, Zulia, Monagas, Amazonas y Anzoátegui representaron el 57 % de toda la pérdida de cobertura arbórea del país entre 2001 y 2021.
Bolívar fue el estado que tuvo la mayor pérdida de cobertura arbórea con 461 mil hectáreas en comparación con el promedio del país que fue 91 mil hectáreas.
“Las operaciones mineras a cielo abierto destruyen el hábitat natural de miles de especies, cambian la topografía y destrozan la estructura del suelo”, alerta SOS Orinoco. Además, la ONG ha documentado que hay al menos 389 kilómetros de cursos de ríos afectados por la minería.
Minería en zonas “protegidas”
El ecocidio que ocurre en la amazonía no solo se debe medir en extensión, sino también en el daño a las zonas protegidas y recursos naturales inigualables. Canaima, la reserva forestal Sierra Imataca, el Salto Ángel o el Tepuy Roraima, únicos en el mundo, han sido afectados también por la explotación minera.
“El Parque Nacional Canaima también se está viendo severamente impactado por la incursión de la minería ilegal. La explotación de oro en Canaima ha implicado la deforestación de 1.000 hectáreas”, refleja el informe del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP) sobre Situación Socioambiental de Venezuela 2021.
Canaima es Patrimonio Natural de la Humanidad según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), consideración que no ha evitado la explotación de material aurífero en su terreno.
Al daño de extensión y de parques, se le añade lo delicado del ecosistema en estas áreas donde se practica la minería. En el trabajo Explorando el Arco Minero, Edgar Yerena, biólogo de la Universidad Simón Bolívar (USB), señaló: “Los suelos están muy lixiviados y muy lavados. Tiene pocos nutrientes, es muy arenoso y la recuperación ambiental de cualquier impacto en el Escudo Guayanés es muy lento, si no irreversible”.
El OEP señala que el carácter predatorio de la minería está afectando zonas vitales del país. “A nuestras principales cuencas hidrográficas, se unen la pérdida de biodiversidad, vulneración de la seguridad alimentaria, la migración forzada de pueblos indígenas, la incursión de grupos armados extranjeros, el aumento de la violencia criminal, la violencia de género y casos de esclavitud moderna”, reseñan.
¿Qué otros daños ocurren en el país?
Venezuela durante años logró tener una de las industrias petroleras más importantes del mundo. Sin embargo, tras años de corrupción y desinversión, la producción petrolera ha descendido su producción al minino, pero no con ella los accidentes ambientales y derrames petroleros.
En 2013, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) señaló en su Balance de la Gestión Social y Ambiental, que de 9.412 derrames de hidrocarburos ocurridos en cuerpos de agua en ese período, 9.362 ocurrieron en el lago de Maracaibo.
De acuerdo con el trabajo de investigación Pdvsa contamina más de lo que produce los registros de la estatal desde 1979 hasta 1999 señalan que el volumen total perdido por fugas, derrames y filtraciones suman unos 24.233 barriles. Mientras que la cantidad derramada entre 2009 y 2016 fue de 1.098.936 barriles. Después de ese año, no hubo más cifras oficiales.
A ciegas
La ONG Clima 21 registró en un período entre 2016 y 2021, 199 derrames de petróleo. Detallaron que los derrames afectaron a 15 entidades del país, en especial a los estados Anzoátegui, Monagas, Zulia, Sucre, Falcón y Carabobo.
Uno de los más conocidos fue el derrame de petróleo que ocurrió en julio de 2020 en la refinería El Palito, en Carabobo. La mancha de hidrocarburo que había iniciado con una extensión de cinco kilómetros, se expandió hasta unos 55 kilómetros.
Luego de días sin atenderse el derrame llegó hasta el Parque Nacional Morrocoy, una zona protegida por sus frágiles características.
“En términos relativos, (el derrame) no es un volumen tan grande, si lo comparamos con otros grandes derrames petroleros mundiales. Lo que lo hace particularmente grave es la zona de afectación: es una corriente que lleva el crudo hacia el Golpe Triste y hacia el Parque Nacional Morrocoy. Ya hay reporte de afectaciones y presencia de hidrocarburos llegando a arrecifes y lagunas de manglares. Lo que no es visible, y puede ser más grave, es que parte de esos hidrocarburos se precipitan y van al fondo marino”, explicó el oceanógrafo y profesor asociado del Instituto de Tecnología del Mar de la Universidad Simón Bolívar, Juan José Cárdenas, al medio español El País.
En el informe Clima 21 se subraya que la información disponible sobre estos 199 derrames es “sumamente escasa”. Expone que sólo en un 4 % de las noticias hacen mención a algún estimado del daño, pero como reseña el informe, son aproximaciones sobre los derrames.
La ONG no pudo precisar la magnitud de los daños generados a la tierra y las aguas por los derrames. Tan solo conocieron la percepción de los afectados y los ríos que fueron contaminados.
“A pesar de que en muchos casos de los reportes revisados se presenta información que hace presumir que se habían producido daños ambientales derivados de los derrames, no se encontró ninguna información oficial sobre alguna evaluación realizada de los mismos. En uno de los casos que tuvo más relevancia periodística, la información sobre el posible deterioro ambiental generado por este accidente fue presentada por organizaciones de la sociedad civil y científicos, pero se prohibió que miembros de estas organizaciones, así como investigadores expertos pudieran acceder a las zonas afectadas”, suscribieron.
Limitantes de investigación
Pese a la destrucción ambiental en el AMO, el gobierno nacional no ha documentado los daños ocurridos en estos 111.000 km2. Los datos que pueden conseguirse han sido recabados por ONGs, investigadores o biólogos, y esto no permite conocer la magnitud completa del daño.
SOS Orinoco, en su informe El mercurio y la minería en la Guayana venezolana: Un daño incompensable de junio de 2021, detallaron que no se conoce “adecuadamente” el impacto de las emisiones y movilizaciones de mercurio. “Ni siquiera se conocen los volúmenes de mercurio importados y utilizados en el país, por lo que la magnitud y el alcance del impacto que su uso genera está muy lejos de ser comprendido, requiriendo de mucho trabajo de investigación básica, dirigido y enfocado en tratar de llenar los enormes vacíos de información existentes, a fin de proponer medidas dirigidas a la disminución del uso de este metal”, expusieron textualmente.
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en su informe situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, expone: “Debido a la falta de transparencia sobre esta materia, el ACNUDH no es capaz de determinar en qué medida el Gobierno ha logrado regularizar la actividad minera y frenar la extracción ilegal en el AMO. El Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico no ha publicado información de interés público, como estudios de impacto ambiental y sociocultural”.
Además de lo reseñado, la información de las ONG sufre otras limitantes que no permiten conocer a ciencia cierta el nivel de daño del Arco Minero: Bandas armadas, grupos guerrilleros y altos índices de peligrosidad limitan las investigaciones.
La ACNUDH indicó que la actividad minera está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados, los que imponen reglas y aplican castigos físicos crueles a quien incumpla alguna de sus normas. En este ecosistema de violencia ocurre explotación laboral, desapariciones, violencia personal y hasta asesinatos, sin que se permita a ONG precisar sobre la dimensión del daño.
Aunque es innegable que el Arco Minero del Orinoco es uno de los mayores desastres ambientales ocurridos en el país por el impacto que ha generado a los ríos y suelos, la información que hay sobre este espacio, así como de los daños petroleros, no permite conocer con certeza la magnitud del ecocidio.
Las ONG que han documentado sobre el AMO han resaltado las graves consecuencias de la minería ilegal, pero no lo han calificado como el ecocidio más grande de Venezuela.
Ante la falta de información que permita diferenciar el ecocidio del AMO con los otros daños ambientales que han ocurrido en el país, el equipo de Cotejo.Info califica la afirmación de Battistini como una media verdad.
