- Los parlamentarios están divididos con respecto a la conformación del Consejo; para unos es irregular y otros lo ven como la única salida para salir de la corrupción
- La intención del parlamento es que se alcance una auditoría exhaustiva de las empresas del Estado ubicadas en el extranjero, especialmente, Monómeros con operaciones en Colombia
- La opinión pública es crítica sobre los presuntos malos usos de activos de las empresas Monómeros y Citgo
Por Kemberling Rodríguez
En una nueva sesión de la Asamblea Nacional 2015, realizada el 14 de junio de 2022, se presentó un proyecto de acuerdo para la conformación del Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero. Sin embargo, una parte del parlamento encontró similitud entre esta nueva propuesta y el proyecto de reforma del Estatuto para la Transición -aprobado el 27 de diciembre de 2021- ocasionando una serie de críticas a la iniciativa.
La primera en pronunciarse fue Delsa Solórzano, diputada y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, quien advirtió que para diciembre del año pasado, el estatuto que había sido promovido por Primero Justicia (para el caso de activos del Estado en el extranjero), tuvo que ser modificado ante las amenazas de “inconstitucionalidad” que presentaba y ahora pretenderían repetir lo mismo.
“En nombre de mi partido y de Proyecto Venezuela, he votado en contra del acuerdo presentado. Es inconstitucional y crea un organismo político partidista por encima de la institucionalidad”, expuso en un tuit publicado en su cuenta oficial de Twitter.
En una entrevista para el medio digital Crónica Uno, con fecha del 16 de junio de 2022, Solórzano recordó cómo el artículo 17 de dicho estatuto quitaba competencias al presidente interino y se las adjudicaba a unos cuantos que, entre otras cosas, designarían a las juntas directivas ad hoc de las empresas públicas.
Pero, ¿por qué la premura en la conformación del Consejo de Protección de Activos? Obedece a que el 30 de junio vencería la licencia para la operatividad de la empresa Monómeros, la sociedad colombo-venezolana, creada en la gestión de los expresidentes de Colombia y Venezuela Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y Raúl Leoni (1964-1969), respectivamente.
Los exmandatarios unieron esfuerzos para fortalecer la unión bilateral y proyectar la economía de ambos países. Sin embargo, desde el 2019 pasó a estar en manos del gobierno interino de Venezuela y desde su administración han surgido fuertes acusaciones de corrupción.
“Lo particular de esto es que ese documento (la propuesta de reforma del Estatuto de PJ), que estuvo viciado de inconstitucionalidad y se modificó, ahora nos lo traen de manera disfrazada y nos presentan uno de los entes que estaban previstos en aquel borrador”, declaró Solórzano a Crónica Uno.
El equipo de Cotejo.Info puso su lupa periodística en las declaraciones de la diputada Solórzano, específicamente en la frase: “el Consejo de Protección de Activos en el Exterior es inconstitucional y político partidista” y la califica como media verdad. Esto, porque si bien hay indicios de irregularidades en la conformación y funciones de dicho consejo, otra parte del parlamento lo considera apropiado y cree conveniente que el Consejo ejecute filtros de verificación de corrupción para proteger los bienes en el extranjero.
Conozca las funciones del Consejo
El acuerdo establece que el Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero tendrá la facultad de designar los integrantes de las juntas, tendrán acceso a la información financiera y operativa de las empresas, entre las más importantes Monómeros y Citgo (con operaciones en Estados Unidos). Asimismo, podrá plantear cambios en los estatutos o reglamentos internos de las empresas, entre otros.
“¿Qué es eso? Lo que significa es que ese consejo puede administrar las empresas del Estado y eso es totalmente inconstitucional. La administración de las empresas del Estado es competencia del Ejecutivo, a través de las autoridades que este designe”, agregó Solórzano, quien también es defensora de derechos humanos.
Lo que resultaría conveniente, de acuerdo a la apreciación de Solórzano, es que la Comisión Delegada de la AN contrate a un outsourcing especialista en la captación de personal calificado para que dirija las empresas, tal como debería ocurrir con la de Monómeros, fabricante de fertilizantes.
Es un contrato de interés público nacional, dijo, potestad del Ejecutivo. La Asamblea Nacional (o la Delegada, en este caso) solo puede revisar, hacer sugerencias y autorizar o negar los contratos de interés nacional, pero no suscribirlos, manifestó al medio.
Por su parte, José Luis Pirela, diputado de la AN, aseguró que siendo Monómeros la segunda fuente de mayor ingreso económico desde el extranjero -después de Citgo-, es necesario realizar una exhaustiva auditoría en la empresa agroindustrial en aras de garantizar las ganancias y que éstas sean distribuidas en función del bien común de todos los connacionales.
Alertó en una entrevista para Crónica Uno y replicada por medios como El Nacional, acerca de lo que advertía la propia Procuraduría el lunes 14 de junio. Citó textualmente:
“La creación del Consejo, con sus facultades de intervenir en cualquier nivel de las cadenas corporativas, sin respetar la autonomía de los entes descentralizados, otorga argumentos irrebatibles para que los acreedores de la República aleguen la figura del alter ego, la cual les permite levantar el velo corporativo que protege a los entes descentralizados de las obligaciones que ha asumido o que asuma irresponsablemente el régimen de Maduro”.
Coincide con Solórzano en algo: “se está violentando la línea del Poder Ejecutivo y se establece un gobierno parlamentario que no existe”.
Pirela ha sido uno de los más críticos en la administración de Monómeros, de hecho, fue quien hizo una denuncia formal contra la junta directiva de esa empresa ante el Ministerio Público de Colombia. La misma fue reseñada por el medio de comunicación Tal Cual, entre otros, el 25 de mayo del presente año.
Los delitos que Pirela señaló fueron hurto, corrupción privada, administración desleal, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, omisión de denuncia de particular, soborno, favorecimiento y receptación.
Monómeros, por su parte, interpuso una contrademanda y señaló al parlamentario de tratar de generar pánico económico. El portal Efecto Cocuyo, citó al respecto que la empresa lo denunció por responsabilizarlos de suscribir un contrato con una empresa panameña llamada LionStree Corp S.A en la que presuntamente le cedería el 60 % de sus ganancias.
¿Qué opina el gobierno de Nicolás Maduro?
Forbes Colombia, medio de comunicación especializado en negocios y finanzas, en un artículo titulado Maduro amenaza con llevarse de Colombia Monómeros, la estatal venezolana que opera en el país, con fecha del 28 de agosto de 2021, expuso la posición del mandatario venezolano con respecto a Monómeros. En una reunión con agroproductores exhortó a plantear -en el inicio de la mesa de diálogo sostenida en México-, recuperar la empresa petroquímica.
“Pido que se haga un documento de todos los productores venezolanos para que Jorge Rodríguez (representante principal del diálogo por parte del Gobierno) lleve como punto fundamental en la primera sesión de diálogo, la firma de un documento para que la empresa Monómeros se le regrese a su dueño, a Pequiven, para que la empresa surta con su producción a Venezuela”, sostuvo.
El medio colombiano resalta en la reseña que si bien en el pasado Monómeros formaba parte de las empresas estatales del vecino país, la misma fue comprada por Petroquímica de Venezuela S.A (Pequiven) cuando Ecopetrol y el Instituto del Fomento Industrial vendieron sus acciones.
Sólo que desde el 2019, como se explica al principio de este artículo, Monómeros pasó a manos del gobierno interino de Juan Guaidó, cuando el gobierno estadounidense a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió la licencia de operatividad.
¿Y qué opina Gustavo Petro? El recién electo presidente de Colombia, simpatizante de izquierda, denunció que su antecesor Iván Duque “le regaló la empresa a Juan Guaidó y la quebraron”.Julio Riobó, periodista del canal Venezolana de Televisión, compartió en su cuenta de Twitter el video donde se observa a Petro desestimando tal decisión; esta información también fue replicada por el medio EVTV Miami.
Mientras que Guillermo Rodríguez, gerente general de Monómeros, declaró recientemente que están dispuestos a “participar y colaborar en todo lo que sea necesario para incluir a nuestra compañía en los planes de desarrollo agrícola del nuevo gobierno”, difundió la cuenta oficial de la empresa en Twitter.
Por ahora, se conoció que el gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, renovó la licencia de Monómeros hasta el año 2023, como lo dio a conocer el medio de comunicación estadounidense La Voz de América.
“La gerencia general de Monómeros recibió el jueves (16 de junio) una comunicación oficial de funcionarios del gobierno de EEUU para notificarle que la OFAC ha decidido extender la licencia de protección de sus activos bajo la guía del interinato de Guaidó hasta el 30 de junio de 2023, según fuentes vinculadas a la empresa y con base en una comunicación oficial con voceros del gobierno estadounidense”, publicó el medio.
La prioridad: una auditoría
Williams Dávila, diputado de la AN por el partido Acción Democrática, aprobó el acuerdo propuesto para la conformación del Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero. Aunque dejó claro que no observa irregularidades en las funciones del mismo, sino que apoya la acción de promover auditorías para garantizar el buen uso de las empresas del Estado.
“Yo no participé en el decreto (en su elaboración); no he estado metido en eso del gobierno interino ni de cargos ni de empresas, ni activos; me he dedicado a luchar contra la dictadura, a defender el Poder Legislativo, a la Comisión Delegada que es donde hablo. Lo que me interesa como venezolano es que se hagan las auditorías exhaustivas correspondientes que establece el acuerdo del Consejo; que se hagan las investigaciones incluyendo Monómeros”, expuso a Crónica.Uno
Mientras que José Prat, diputado y dirigente de la Causa R, salvó su voto debido a que sí intuyen ciertas irregularidades en el acuerdo presentado. Aseguró, en una entrevista para el medio Tal Cual, que no se sabe a ciencia cierta el trasfondo de dicho consejo y que estarían contra los aspectos ya discutidos por el parlamento.
Para el mismo medio, Edwin Luzardo, diputado y miembro de Alianza Bravo Pueblo, no comparte la decisión del acuerdo por ser “inconstitucional y contrario a lo que es el saneamiento de la República y el combate de la corrupción. Nos retiramos de cualquier debate de lo que va en contra de la Constitución, nos retiramos de la sesión como medida de protesta”, expresó.
¿A dónde van los activos de Monómeros?
De acuerdo con otro trabajo periodístico publicado por La Voz de América, en octubre de 2021, la empresa Monómeros obtuvo ganancias de unos 9.000.000 de dólares estadounidenses durante el año pasado. “La sociedad anónima Monómeros Colombo-Venezuela alcanzó entre enero y septiembre de este año una utilidad neta de 22.994 millones de pesos -unos 6,09 millones de dólares”.
“La compañía también da cuenta de que su filial Ecofertil tuvo ganancias en ese mismo período de 11.642.000 de pesos colombianos o 3,08 millones de dólares estadounidenses. Monómeros logró, así, utilidades netas de 9,18 millones de dólares”, expresa el medio.
Ahora bien, ¿cuál es el destino de esas ganancias? La respuesta es que no hay información oficial al respecto. Pero, sí abundan las especulaciones. En días recientes, circularon en redes sociales mensajes sobre el viaje a Noruega de Leopoldo López -líder opositor venezolano- y su esposa Lilian Tintori, ambos activistas del partido Voluntad Popular, quienes viajarían para participar de un evento de derechos humanos llamado Oslo Freedom Forum 2022.
Los medios adeptos al Estado no tardaron en replicar la información y aseguraron que dicho viaje fue, justamente, financiado con dinero de las empresas Monómeros y Citgo. Globovisión, en una nota de prensa el 22 de junio de 2022, destacó el titular: Leopoldo López viaja a destinos exclusivos con recursos de Monómeros y Citgo.
Si aunado a los malos comentarios que se evidencian en las redes sociales acerca del uso de los recursos que provendrían de Monómeros y Citgo, se le suma el hecho de que la pobreza en Venezuela es alarmante, como se indicó la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello (Encovi 2021). La pobreza general se ubicó en 94,5 % y 77,7 % la extrema, lo cual hace que el malestar social y los cuestionamientos sean más elevados.
De allí que la gestión de Guaidó y de los líderes de oposición aliados vaya en picada, tal como lo reseñó Cotejo en un trabajo de verificación reciente titulado: “Daniel Ceballos: Guaidó ya no representa a nadie en Venezuela”, con calificativo de media verdad.
“En la actualidad el declive de la gestión interina se ha hecho evidente, incluso en la comunidad internacional. El portal France24 publicó que la Unión Europea dejó de reconocer en el año 2021 la presidencia de Juan Guaidó”, expresa el artículo.
De esta manera, el equipo de Cotejo.info concluye que las declaraciones de la diputada Delsa Solórzano en las que afirma que el “Consejo de Activos en el Exterior es inconstitucional y político partidista”, se corresponden con una media verdad debido a que si bien existen aspectos incongruentes en la conformación de dicho consejo quizás se trate de una aseveración exagerada.
Además que otra parte del parlamento -en desacuerdo con la opinión de la diputada- asegura que el único propósito del Consejo sería velar por la transparencia en el funcionamiento de las empresas del Estado en el extranjero.
