- La afirmación del diputado Cabello no se corresponde con la realidad del país. Expertos y fuentes documentales dan cuenta de las violaciones a la libertad de expresión que ocurren en Venezuela contra periodistas, ONG y sociedad civil.
Por Karla Torres
El pasado lunes 27 de junio el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, expresó en rueda de prensa con medios nacionales que “aquí en Venezuela hay plena y absoluta libertad de expresión”.
Cabello realizó tales declaraciones en respuesta al informe presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACDNDH), Michelle Bachelet, quien aseguró que en Venezuela las «libertades cívicas siguen restringidas».
“De la señora Bachellet no nos extraña nada, aquí hay gente que habla de la dictadura y tienen como 20 micrófonos al frente. El tema de la libertad de expresión no es de los medios sino del pueblo”, destacó Cabello durante la rueda de prensa.
Ante la afirmación de Cabello el equipo de Cotejo.info fijó su lupa periodística en la frase “aquí en Venezuela hay plena y absoluta libertad de expresión” y después de consultas con expertos y una rigurosa revisión documental se determinó que lo dicho por el diputado es una mentira.
Organizaciones nacionales e internacionales dan cuenta de cómo en Venezuela se ha vulnerado el derecho a expresar, difundir, buscar, recibir y compartir información.
En los últimos años los ciudadanos venezolanos han tenido que sortear obstáculos para poder acceder a información, porque la poca oferta de periódicos, radios, televisoras y medios digitales en el país limitan su derecho a la libre expresión.
Derecho vulnerado
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece a la libertad de expresión como un derecho fundamental para todas las personas, sin limitaciones de fronteras y por cualquier medio de expresión.
En la más reciente actualización del informe sobre Venezuela elaborado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se documentaron al menos 34 casos de violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión entre mayo 2021 y abril de 2022 contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil.
El informe de ACNUDH también registró la suspensión de tres programas de radio con línea editorial crítica hacia el gobierno, así como el bloqueo de 41 sitios de Internet, incluidos medios de comunicación independientes, ONG y páginas web relacionadas con las herramientas de protección de la privacidad.
Dichas suspensiones fueron ejecutadas por proveedores de Internet estatales y privados, presuntamente sin el cumplimiento del debido proceso ni información sobre las causas de esta situación por parte del regulador nacional ni de las empresas, lo cual causa preocupación por la compatibilidad de estas medidas con el respeto a los derechos humanos. La inestable conectividad a Internet también persistió en toda Venezuela.
ACNUDH evidenció casos puntuales que dejaron al descubierto los atropellos del Estado venezolano en esta materia:
- Proceso judicial contra el diario El Nacional: La Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, señaló que este procedimiento judicial planteó preocupaciones sobre el debido proceso, incluso con respecto a la publicidad de los procedimientos y la notificación previa a todas las partes.
- Elecciones regionales 2021: Restricciones indebidas a la libertad de los medios de comunicación, que al parecer afectaron al menos a 15 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, entre ellos cinco mujeres.
- Cierre de medios: ACNUDH documentó el caso de al menos una estación de radio cerrada y cuyo equipo fue confiscado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. El cierre fue presuntamente causado por la falta de operación con las licencias necesarias, a pesar de las solicitudes apropiadas para renovar las licencias fueron presentadas a tiempo.
- Aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público: Establece que la información sea “necesaria para la participación significativa de las personas en el diseño, desarrollo y monitoreo de la gestión pública”. Las solicitudes pueden ser denegadas si esto “genera una amenaza para el normal desarrollo socioeconómico de la República”, por ende, restringe arbitrariamente el derecho de acceso a la información pública.
Denuncia, documentación y apoyo
Las ONG como Espacio Público, Instituto de Prensa y Sociedad y Sin Mordaza se han encargado en los últimos años de documentar, reportar y denunciar atropellos contra la libertad de expresión en el país.
Sin Mordaza, en su informe anual de libertad de expresión (2021), documentó 471 violaciones a este derecho. También 87 actos de amenaza, hostigamiento o agresiones hacia civiles y trabajadores de la prensa y 39 casos contra canales de televisión y emisoras de radio y 21 casos de bloqueos a páginas web y redes sociales; cifras que se basan en denuncias y registros de otras organizaciones aliadas.
La ONG Espacio Público señaló que 2021 fue el año con menos cantidad de casos desde el 2015, cuando hubo 237 registros. Durante el último periodo se documentaron al menos 244 casos, lo cual constituye una disminución de 37 % en relación con el número de casos del 2020, cuando se contabilizaron 390 casos de violaciones a la libertad de expresión.
En su informe sobre la libertad de expresión y el derecho a la información Espacio Público reseñó que en 2021, al menos 35 personas fueron detenidas por buscar, recibir o difundir información, lo cual representa una disminución en el número de detenciones del 68 %, con relación al 2020. Del total de personas detenidas, periodistas (37 %), particulares (25 %) y miembros de ONG (17 %), fueron los más afectados. Diez de las detenciones fueron por la difusión de información o contenidos en línea; al menos tres estuvieron vinculadas a WhatsApp y dos a TikTok.
Asimismo, Ipys Venezuela en su balance titulado Los 10 principales victimarios de la libertad de expresión en Venezuela señaló que las autoridades estatales fueron los agresores que más limitaron las libertades informativas de medios y periodistas a lo largo del año 2021.
De acuerdo con reportes de la ONG, las acciones ejercidas por estos actores consistieron mayormente en agresiones y ataques, restricciones de acceso a la información pública, actos de censura, discurso estigmatizante y detenciones arbitrarias.
En los primeros 6 meses de 2022 la situación no fue diferente a la registrada en 2021, la ONG Espacio Público registró 170 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. Destaca además que la búsqueda de información y temas de interés público por parte de la ciudadanía obligó a las personas a superar barreras estatales para ejercer su derecho a estar informadas.
En entrevista para Cotejo.info, Misle González, defensora de DDHH y oficial del equipo de medios y responsabilidad social de Espacio Público, explicó que la cifra presentada por la organización es equivalente a una violación al día y cada vez que ocurre se achican los espacios para informar, lo que por ende limita la toma de decisiones y el derecho a saber, ver y entender lo que ocurre en el país.
La ONG Espacio Público da cuenta que en el mes de junio de este año se evidenció la persecución política estatal, el atropello a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general por disentir o cuestionar el accionar de funcionarios del Estado.
La defensora de DDHH, Misle González, destacó que en Venezuela hay un ecosistema de medios muy cerrado debido a políticas deliberadas por parte del Estado, cuya única intención es cerrar espacios para disminuir cualquier foco que haga contrapeso al discurso oficial.
Sentenció la también periodista que en los últimos tiempos desde Espacio Público han observado y documentado el cierre de medios de comunicación, situación que afecta a periodistas y ciudadanos por igual ante el cierre de ventanas informativas, entretenimiento y denuncia que tiene un país para hacer valer su libre expresión.
“Desde 2003 hasta marzo de 2022 hay 324 medios cerrados, entre los cuales hay 206 radios, 87 periódicos, 19 televisoras y 12 medios digitales; sin contar las dificultades que tienen los venezolanos para acceder a internet y estar informados ”, destacó González durante la entrevista.
Prensa bajo acecho
Gremios y sindicatos de la prensa venezolana finalizan el primer semestre del año denunciando y reportando los atropellos a los que han sido sometidos los trabajadores de la prensa.
El pasado 27 de junio, Día Nacional del Periodista, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas reportó 86 casos de agresiones a la prensa que atentan contra la libertad de expresión e información.
Destacó el CNP Caracas, a través de una nota de prensa difundida a los medios, que los periodistas venezolanos celebraron su día con más emisoras de radio cerradas, acoso judicial, hostigamiento y estigmatización del trabajo periodístico.
“Desde las altas esferas gubernamentales se insiste en hostigar a la prensa libre para intentar silenciar la información, tratando de imponer además una matriz informativa sin apego a la verdad y al interés colectivo”, destacó el secretario del CNP Caracas, Edgar Cárdenas.
Igualmente Cárdenas expresó la solidaridad del gremio con los periodistas Elides Rojas, Darvinson Rojas, Carlos Debíais, Luis Carlos Díaz, Ana Belén Tovar Jesús Medina Elaine, Roland Carreño y Ramón Centeno a quienes en forma arbitraria el gobierno les abrió juicios en los tribunales “sin causas”.
Las acciones de persecución y censura han limitado el trabajo de la prensa, activistas y ciudadanos en busca de alternativas informativas ante el cierre de medios de comunicación, bloqueos en internet y censura por parte del Estado.
Al cierre del primer semestre del año, el equipo periodístico de Ipys Venezuela constató 73 casos de abuso contra trabajadores de la prensa que comprendieron 108 vulneraciones a las garantías informativas. Solo 12 de estas limitaciones, agrupadas en siete casos, ocurrieron en el mes de junio. Del total de estos acontecimientos, 48 sucedieron en entornos tradicionales y 25, en el escenario digital.
La asfixia a la prensa y el patrón de hostigamiento contra los periodistas que se atreven a denunciar e informar representa un riesgo para el trabajo e integridad de quienes ejercer la labor de informar en el país.
Casos que encienden alarmas
“Grabar y difundir un video ejerciendo su derecho a la Libertad de Expresión en su dimensión individual y social, a través del humor, no es motivo de detención ni es delito”, aclara Espacio Público.
Sin embargo, Florencio Gil Mata y su madre, Olga Mata, de 72 años de edad, fueron detenidos el pasado mes de abril por publicar en TikTok un video humorístico en el que mencionaban a varios personajes del gobierno de Nicolás Maduro. Aunque se trataba de una pista de audio que ya había circulado previamente en la red social y Mata solo hizo la imitación.
“Tengo de William Saab, rellena de huevo; tengo la Hugo Chávez, rellena de mortadela; tengo la Diosdado Cabello, rellena de perico; tengo la Iris Varela, hecha con harina pran; y tengo la viuda, que es la Cilia Flores”, comentaba la señora Olga en el video que circulaba por TikTok y que rápidamente se hizo viral en otras redes sociales.
Vía Twitter el fiscal designado por la Asamblea Nacional de 2020, Tarek William Saab, anunció la detención de Olga Mata y su hijo por “promoción de odio» e “instigación al asesinato de personalidades públicas».
Al conocerse el hecho en redes sociales diversos usuarios, activistas y ONG reprocharon la actuación del Estado frente a la libre expresión de una ciudadana.
Posterior a la detención de Olga Mata, Tarek Williams Saab publicó un video en su cuenta en Twitter donde Mata pide disculpas públicas por lo dicho en el video que publicó en TikTok.
“Estoy haciendo este video para ofrecer disculpas públicamente a todos los seguidores en las redes sociales, a todas las personas que nombré en el video. Especialmente a Hugo Chávez, Diosdado Cabello, Tarek William, Iris Varela, Cilia Flores”, dijo Mata en el video difundido por Saab en Twitter.
La mujer de 72 años fue imputada por el Ministerio Público con el delito de “odio” y quedó bajo medida cautelar por parte de los tribunales. Mientras, su hijo Francisco Gil Mata quedó libre de cargos.
Un caso similar al de la señora Mata ocurrió en 2021 con la periodista Milagros Mata y el poeta Juan Muños, ambos fueron arrestados por «instigación al odio» tras publicar en Facebook «Boda Mortal», un texto satírico sobre una lujosa fiesta de matrimonio en plena pandemia de COVID-19, a la que habría asistido el fiscal Saab.
Según reseña Efecto Cocuyo, el presunto artículo satírico bajo investigación es señalado de contener elementos que pueden ser considerados “discriminatorios y despectivos” contra Saab, su familia y la comunidad musulmana.
Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil rechazaron la medida y la catalogaron como arbitraria e incriminatoria; más cuando ambos inculpados son personas mayores de 70 años y requieren de un tratamiento especial por su edad.
La crítica y el humor en sociedades democráticas no debe tomarse como amenaza, pero en Venezuela esta práctica se ha recrudecido los últimos años.
Espionaje y bloqueos web
En junio de este año la empresa Telefónica (Movistar Venezuela) reveló en su informe Transparencia 2021 que intervino más de 20 % de las líneas telefónicas y/o de internet de sus clientes en el país y recibió 30 solicitudes de bloqueo de páginas web.
Destaca el informe que en 2021 interceptó 1.584.547 líneas telefónicas de clientes venezolanos, lo que se traduce en más del 20 % del total de suscriptores que suman 7.928.000. Señala el documento que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) solicitó a Movistar bloquear hasta 30 URL.
La ONG VE Sin Filtro agrupó los puntos más destacados del informe de Telefónica:
- Líneas (accesos) afectados por la intercepciones: 1.584.547 (21 % de las líneas).
- Líneas (accesos) afectados por solicitudes de metadatos: 997.679 (13 % de las líneas).
- Accesos de líneas de teléfono y de servicio de internet de Movistar Venezuela: 7.730.000.
- Tasa de accesos afectados por solicitudes de ambos tipos: 33 %.
- El número de líneas (accesos) afectados por intercepciones aumentó 7 veces desde 2016, cuando eran 234.932 accesos afectados.
- No reciben solicitudes de órdenes judiciales, sino de órganos de investigación, policiales, militares, inteligencia y hasta la universidad de seguridad UNES.
- Reconocen que en 2021 iniciaron el bloqueo de 27 URL distintas por orden de CONATEL.
Aunque es la primera vez que Telefónica deja en evidencia la manera de operar del poder ejecutivo, la situación no es nueva para los venezolanos. ONG como VE Sin Filtro e Ipys Venezuela han documentando los constantes bloqueos en internet a los que han sido sometidos medios, periodistas y sociedad civil en el país.
En su informe Derechos digitales, censura y conectividad en Venezuela, la ONG VE Sin Filtro documentó que en 2021 68 dominios de internet estuvieron bloqueados, de los que 59 eran sitios web. Siendo Movistar el segundo ISP con más eventos de bloqueo documentados, luego de la estatal CANTV. De esos 68 dominios bloqueados en Venezuela, 45 pertenecen a medios de noticias, 3 a organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de herramientas para evadir la censura.
Por todo lo expuesto, el equipo de Cotejo.info concluye que en Venezuela no hay “plena y absoluta libertad de expresión” como aseguró el diputado Diosdado Cabello. El cierre de medios, los bloqueos a medios digitales, las sanciones a periodistas y ciudadanos por expresar puntos de vistas y la falta de espacios vulneran el derecho universal de la libertad de expresión en Venezuela.
