- La misión internacional independiente de determinación de los hechos ha documentado la vinculación de la elite gobernante con los ataques a organizaciones y personas disidentes
- Amparado en cuerpos policiales y un TSJ sin independencia, el gobierno ha coordinado distintos tipos de persecución contra líderes sociales, políticos opositores y sindicalistas
- La apertura de procedimientos judiciales con violaciones al debido proceso, allanamientos a la inmunidad parlamentaria e inhabilitaciones políticas son unos de los tantos recursos utilizados por el gobierno para quitar del medio a sus adversarios políticos
Por José Rivas
En una rueda de prensa sobre violencia y retroceso de los derechos laborales, la directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Jacqueline Richter, afirmó: «En Venezuela existe una política estatal sistemática y coordinada de persecución«.
La abogada experta en defensa de los derechos laborales denunció nuevas arremetidas y detenciones contra líderes sociales y sindicales, sin garantizarse los debidos parámetros de ley de un estado de derecho.
Ante esto, el equipo de Cotejo.info verificó con los informes de organismos internacionales y de ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos, la veracidad de esta afirmación.
La Corte Penal Internacional, en su estatuto de Roma, incluye la “persecución” como un crimen de lesa humanidad, siempre y cuando sea un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, además de la privación intencional y grave de derechos fundamentales.
En el informe sobre las Actividades de examen preliminar 2020 del caso Venezuela I, la Fiscalía expuso que había suficiente información para creer que desde abril de 2017 funcionarios de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno de Nicolás Maduro habían cometido crímenes de lesa humanidad, entre las que incluyeron “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos”.
El examen preliminar concluyó con la apertura de una investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, que abarcan entre ellos persecución y otros delitos internacionales.
¿Continúa la persecución?
Pese a la investigación abierta y la observación internacional, esto es algo que sigue ocurriendo. El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó durante el primer trimestre de 2022, al menos 99 casos de persecución.
Entre los más resaltantes estuvieron 35 actos de hostigamiento, amenaza y criminalización, cinco casos de irregularidades en procesos judiciales, un asesinato bajo negligencia del Estado y 13 detenciones arbitrarias.
“Los patrones documentados en nuestro monitoreo se encuentran enmarcados en acciones sistemáticas y reiteradas que ejercen quienes hoy detentan el poder como parte de una política para permanecer en el mismo”, expresa Cepaz textualmente en el escrito.
En el informe de Represión Política de Febrero de 2022, la organización Foro Penal documentó que en los primeros dos meses del año también hubo cuatro detenciones para sumar 238 presos políticos al cierre de febrero.
De acuerdo con la ONG la mayoría de los militares y líderes de oposición han sido detenidos por el gobierno de Maduro acusándolos de participar en operaciones militares desestabilizadoras.
“Esto ratifica el patrón sistemático de represión implementado por el gobierno de Nicolás Maduro en contra de las personas consideradas como disidentes u opositores”, subrayan en el documento. “Continúa ejerciendo la represión centralizada, ejecutada y amparada desde su máxima autoridad, ordenando la represión a los cuerpos de seguridad pública y controlando todas las demás instituciones de administración de justicia como un mecanismo político para garantizar el mantenimiento de sus intereses”.
Los ataques han sido también registrados por organismos internacionales. Entre mayo de 2021 y abril de 2022, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, registró 166 “restricciones indebidas del espacio democrático y cívico” en forma de estigmatizaciones, criminalización y amenazas contra personas contrarias al gobierno de Nicolás Maduro.
En su boletín del 14 de julio, Provea denunció que continúan las detenciones contra líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos. “Se documentó la detención de siete activistas sindicales y del partido político Bandera Roja”, afirmaron.
Entre los casos más resaltantes está la detención del dirigente sindical y trabajador humanitario, Gabriel Blanco. Reclamaron que el arresto realizado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue sin orden de aprehensión, y no fue hasta luego de seis horas después de haberse iniciado el proceso de arresto que el documento fue emitido.
Ya en su informe anual de 2021 la ONG venía registrando fuertes violaciones de derechos. Provea documentó en ese año 711 presuntas violaciones al derecho a la libertad personal. “Estas detenciones mantienen su carácter arbitrario, irrespetando el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de las personas afectadas”, recalcaron.
Amnistía Internacional, en su informe Venezuela: Represión Calculada de febrero de 2022, expresó que las detenciones arbitrarias y otras violaciones del derecho internacional son cometidos como parte de un accionar que “ha demostrado ser sistemático y generalizado”.
“La privación arbitraria de la libertad y la forma en que se privan los derechos a las garantías de un juicio justo y al debido proceso, podrían constituir actos de persecución”, añadieron.
¿Por qué es sistemático?
En el informe de 2015 Persecución Política En Venezuela, Cepaz explica que hay patrones del gobierno para perseguir a la disidencia política. Estos son: Apertura de procedimientos judiciales con violaciones al debido proceso, persecución a través de los medios de comunicación, destitución de cargo, allanamiento a la inmunidad parlamentaria, inhabilitación política y consentimiento de actos violentos.
“En Venezuela existe persecución sistemática, no se tratan de casos aislados, ya que el gobierno actúa de manera persistente y consistente en contra de la disidencia ya no solo en relación a los líderes políticos de la oposición venezolana, sino también ONGs y activistas de derechos humanos, periodistas y personalidades internacionales que no compartan la visión política del gobierno”, exponen textualmente en el documento.
Desde 2014 a la fecha todo esto sigue ocurriendo utilizando recursos del Estado, cuerpos de seguridad al mando de la elite gobernante o poderes sin independencia, como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que incluso toma acciones violatorias de ley para favorecer a Nicolás Maduro y restar cualquier posible amenaza política.
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en su informe de septiembre 2020 puntualizó que había motivos para creer que Nicolás Maduro; el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello y autoridades del Servicio de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Dgcim, tenían conocimientos de las violaciones, crímenes, detenciones arbitrarias y torturas.
“En opinión de la Misión, el ataque fue generalizado y sistemático. La perpetración de 54 actos de ejecuciones extrajudiciales, 112 actos de encarcelamiento ilegal y 95 actos de tortura y otros tratos crueles o inhumanos que la Misión investigó fueron indicativos de patrones de conducta más amplios, como se ha demostrado a lo largo del presente informe. Además, la conducta se desarrolló en un lapso de tiempo de más de cinco años y en todo el territorio de Venezuela. Por lo tanto, el ataque fue generalizado. Como se ha señalado, los crímenes siguieron patrones similares; se utilizó el mismo modus operandi para atacar a las víctimas. Por lo tanto, el ataque fue sistemático”, reveló en ese entonces la Misión.
Ante lo documentado por organizaciones internacionales y de defensa de derechos humanos, el equipo de Cotejo.info determinó que es cierta la afirmación de Richter. El gobierno, utilizando cuerpos policiales y un sistema de justicia adaptado a sus intereses, persigue cualquier organización o persona que afecte sus intenciones de permanecer en el poder.
