- Provea y el Centro Gumilla, informaron que 2.853 personas fueron asesinadas por organismos de seguridad en el año 2020; mientras que el año pasado, se registraron 1.414 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, de los cuales 152 crímenes se le inculpan a la GNB
- Las Bricomiles no contribuirían a los fundamentos del sistema educativo venezolano, según la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello
- La Constitución establece que el deber principal de los funcionarios militares es velar por la defensa de la soberanía
Por Kemberling Rodríguez
En fecha reciente, el gobierno central celebró la conformación de las Brigadas Comunitarias y Militares de Educación y Salud (Bricomiles) que tendrán por función rehabilitar las escuelas y hospitales. Dichas infraestructuras han estado en abandono durante años, de acuerdo con las denuncias de maestros, padres y representantes, así como del personal sanitario, respectivamente.
Nicolás Maduro dijo -según una reseña publicada en la web del canal del Estado VTV– que “Venezuela cuenta con un poder militar unido con el pueblo”, destacando el desempeño de los uniformados en las tareas de mantenimiento que en teoría deberían ejecutar organismos de las obras públicas.
Según los artículos 328, 329,330 y 331 de la Constitución, estos funcionarios tienen el deber de defender la soberanía nacional.
En este sentido, Cotejo.info pone su lupa en las declaraciones de Maduro y le otorga el calificativo de Media Verdad, debido a que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), desde hace más de 20 años, no representa un real vínculo cercano a la comunidad dadas las numerosas denuncias que reciben por presuntas agresiones cometidas en contra de ciudadanos.
Otros actos de agresión han sido muy evidentes, como la registrada por los medios de comunicación en 2019, cuando una tanqueta del ejército atropelló a varios civiles que manifestaban en contra del Primer Mandatario en las cercanías de la Base Aérea La Carlota. Dichas denuncias están sustentadas por informes de ONG y/o instituciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional.
Se aprovechan de civiles y militares
Las Bricomiles forman parte de una estrategia política llamada «el 1×10 del Buen Gobierno», donde los principales activistas serán simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y funcionarios adscritos a la FANB. De allí que los dirigentes gremiales del sector salud y educación se pronuncien en contra de esta iniciativa del Estado.
Coinciden en que hace falta reparar las infraestructuras de instituciones públicas, pero no valiéndose de campañas partidistas ni incluyendo a personas que no tienen competencia con la parte operativa ni de mantenimiento.
Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud (Fetrasalud), declaró a El Universal que la improvisación es la práctica común del gobierno.
Lamenta que no establezcan un plan de trabajo real para dar soluciones a las críticas condiciones de los hospitales y ambulatorios del país. Citó como ejemplo el Hospital José Ignacio Baldó, de El Algodonal, en la ciudad de Caracas, en el cual iniciaron unas remodelaciones financiadas por el Ministerio de Salud y nunca las terminaron.
“Mandaron a remodelar 300 hospitales al mismo tiempo y, a final de cuentas, no tenían los recursos ni el personal calificado para hacerlo”, señaló.
Entre tanto, Griselda Sánchez, representante docente y presidenta de la Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), afirmó que unos 24.000 centros educativos requieren reparaciones pero éstas no deben darse mediante las Bricomiles, ya que las considera una “medida electorera”.
Su afirmación fue reseñada por la Voz de América y también añadió que si bien es importante la inclusión de los padres y representantes, de la comunidad en general, en las escuelas y liceos, la participación debería ser para complementar la labor docente en valores y principios, no para realizar actividades de reparación de los planteles: “eso es un acto irresponsable”.
Rocío San Miguel, activista en derechos humanos y especialista en temas militares, declaró para el mismo medio de comunicación que “utilizan a los militares como obreros obedientes, disciplinados y subordinados. Sin derechos laborales. Mano de obra barata de una FANB que se desprofesionaliza cada día más con estas decisiones de su comandante en jefe”.
Lo señalado por San Miguel fue reafirmado por otros expertos, también para el medio Tal Cual.
Repiten el Plan Bolívar 2000
La Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) se pronunció acerca de las Bricomiles y encontró similitud entre esta propuesta que trae el gobierno de Nicolás Maduro y el llamado Plan Bolívar 2000, creado en el año 1999 por Hugo Chávez, presidente fallecido en el año 2013.
Ambas propuestas del Estado, con alto contenido político, no van de la mano con los sectores salud y educación, donde la preferencia de partidos no tiene ninguna cabida.
“Los resultados asociados con la falta de continuidad de este tipo de iniciativas, tal como ocurrió con el Plan Bolívar 2000 y su administración financiera por el Fondo Único Social (FUS), solo conducen a una atención puntual y coyuntural que poco contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación venezolana”, resalta el informe presentado el pasado 20 de julio y difundido por Efecto Cocuyo.
El portal de noticias de Fe y Alegría, también se refirió al informe de la UCAB y destacó que la medida del 1×10 del Buen Gobierno tendría como propósito movilizar a las personas hacia los centros electorales y, en este sentido, “no contribuyen con el respeto de las finalidades y fundamentos de la educación venezolana”.
Por su parte, Nehomaris Sucre, politóloga y militar retirada, advirtió en un artículo de opinión difundido por El Pitazo -y titulado Bricomiles ¿Vuelve el Plan Bolívar 2000 con otro nombre?- que la carrera militar se ve afectada nuevamente por un plan gubernamental que los aleja de su perfil como defensores de la soberanía nacional.
Recordó que para el momento del lanzamiento de dicho plan participaron alrededor de 40.000 uniformados de la FANB y se creía que la intención principal era desmontar la apariencia represiva que tenían para ese entonces los efectivos militares; la intención de Maduro podría ser exactamente la misma, dejó entrever.
Asimismo, la propuesta inicial se vio manchada de corrupción y, tiempo más tarde: en el 2018, fue detenido Víctor Cruz Weffer, jefe del Plan Bolívar 2000, por su presunta vinculación en el caso de los “Panamá Papers”. Este militar retirado llegó a administrar hasta más de 100 millones de dólares, según reseñó El Estímulo.
Más de 2.800 denuncias
La unidad entre el poder militar y el pueblo de la que habla Nicolás Maduro, no es coherente con el informe 2021 de la ONG Provea y el Centro Gumilla, en el cual se indica que 2.853 personas fueron asesinadas en el año 2020 por organismos de seguridad, tal como lo reseñó el medio colombiano NTN24.
Según relata el informe, la edad promedio de las víctimas era entre 18 y 30 años de edad. Los estados donde ocurrieron la mayoría de los crímenes fueron Zulia, Aragua, Bolívar, Lara, Carabobo y Miranda.
Provea, mediante otro proyecto denominado Lupa por la Vida, indicó que el año pasado ocurrieron 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
«La PNB, con 198 ejecuciones (13,58 %), de los cuales las FAES son autores de 111. Y prosigue la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, con 152 casos para un 10,75 %”, reza el informe.
Sin embargo, el tema de las agresiones es de vieja data. En el 2018, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se refirió a los efectivos militares diciendo que cometían un “error histórico” contra la población que adversaba al oficialismo.
En un video difundido por la cuenta oficial de Twitter del canal TVV Noticias se apreció a Guaidó hablando acerca de las agresiones que podrían considerarse como crímenes de lesa humanidad. De hecho, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación formal en el año 2021 y para abril de este año 2022, la instaló una oficina en Venezuela para darle seguimiento a las averiguaciones, gestión que fue apreciada por el gobierno interino y reconocida como un “avance”.
Militares detenidos
Los militares en Venezuela también son noticia por las detenciones que sufren en caso de manifestarse públicamente adversos al Gobierno.
La ONG Foro Penal, en un balance presentado en julio de este año, alertó que todavía permanecen 244 presos políticos, de los cuales 115 son civiles y 129 militares, así lo replicó Tal Cual.
La institución defensora de derechos humanos detalló que este grupo de privados de libertad se clasifica en 231 hombres y 13 mujeres, 243 adultos y 1 adolescente.
Los familiares de detenidos, en varias oportunidades, han solicitado al Estado la liberación de sus parientes por cuanto no representarían un peligro para nadie porque la mayoría de los casos sólo defendían de manera pacífica sus ideales.
En un tuit que compartió la periodista Beatriz Adrián, en octubre de 2020, se incluye un video que mostraba a algunos de los familiares de militares detenidos, quienes señalaron que éstos se encontraban en condiciones críticas por el hacinamiento de los calabozos y la pandemia causada por la COVID-19.
Kerlin de Sánchez, esposa del coronel Ruperto Sánchez, exhortó en aquél momento a la Cruz Roja Internacional para que intercediera por la libertad de todos los presos políticos. Jesús Alarcón, padre del capitán de la GNB, Jesús Jr. Alarcón, aseguró que varios se habían contagiado de coronavirus.
“Mi esposo permaneció 17 días desaparecido de los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) porque le dio COVID-19; yo tuve que traerle todo el tratamiento porque no recibía la asistencia médica correspondiente”, sostuvo Mónica de Acevedo, esposa del coronel José Acevedo.
Cerrando el mes de julio, otro caso que despertó el interés de la opinión pública fue la fe de vida que solicitó la oposición venezolana del capitán de navío Luis de la Sotta, detenido desde el 2017 por presunta rebelión. Runrun.es publicó que Luis Somaza, director del Despacho de la Presidencia del gobierno interino, expuso en su cuenta oficial de Twitter:
“El capitán de navío Luis de la Sotta lleva siete días confinado en una celda 2×2 (dos metros de ancho/dos metros de largo). En la DGCIM le prohibieron su legítimo derecho a ver a su abogado y continúan sometiéndolo a trato cruel e inhumano, exigimos fe de vida del capitán”.
En un trabajo publicado por Cotejo.info titulado Diosdado Cabello: “No hay ninguna razón para que Venezuela, Cuba o Nicaragua sean excluidas de la Cumbre de las Américas”, fue consultado el informe para el Centro de los Defensores y la Justicia, el Foro Penal y Amnistía Internacional, llamado Venezuela: represión calculada.
Dicho informe demostró que las detenciones arbitrarias cometidas en Venezuela ocurrían en detrimento de estudiantes, activistas políticos y personas defensoras de los derechos humanos.
El resto de los civiles que permanecen detenidos son juzgados en los tribunales militares, una irregularidad que ha sido denunciada reiteradas veces por el Foro Penal y la comunidad internacional.
En este sentido, Cotejo.info reitera que las declaraciones de Nicolás Maduro: “Venezuela cuenta con un poder militar unido con el pueblo”, corresponden a una media verdad, debido a las numerosas denuncias de ciudadanos que responsabilizan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de presuntas violaciones de derechos humanos, acusaciones que han sido registradas por ONG de DDHH y medios de comunicación.
Asimismo, se reafirma el calificativo dadas las reacciones negativas de maestros, padres, representantes y personal de salud, sobre la participación de los efectivos militares y miembros del PSUV en las Bricomiles creadas con la pretensión de rehabilitar los centros educativos y hospitalarios, ya que esto no forma parte de sus funciones y contribuiría en la partidización de ambos sectores en Venezuela.
