- El principal problema para garantizar elecciones justas es la escasa independencia tanto del CNE, como del poder judicial que desconoce la decisión de los votantes al momento de favorecer a candidatos opositores
- Pese a los avances en materia electoral para recuperar la confianza del voto, organismos como el TSJ y la Contraloría General restan cualquier garantía de condiciones justas
- La inclusión de venezolanos en el exterior en el padrón electoral depende de “acuerdos políticos”, lo que deja en evidencia la nula independencia para garantizar el derecho al voto
Por José Rivas
«Si hay organización y activación ciudadana, no hay CNE con ventajismo que valga”, declaró a finales de junio la diputada del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), Zaida Vahlis, en una rueda de prensa en la ciudad de Puerto Ordaz.
La dirigente del partido Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) en Bolívar añadió que, de lograr organizarse políticamente, podrían ganar las elecciones venideras.
La mención la hizo como una forma de incentivar el voto opositor, luego de que el oficialismo ganara la mayoría de los cargos en las elecciones regionales de diciembre de 2021.
Ante esto, el equipo de Cotejo.info analizó lo documentado por los principales observadores internacionales y las ONG que se dedican a la cobertura del sistema electoral y su incidencia en los resultados electorales.
Tras el proceso de verificación se concluye que este discurso público de la diputada Vahlis constituye una media verdad, frente al efecto que causa sobre los resultados la falta de independencia de los poderes e instituciones públicas del país, entre otros factores que dificultan el rescate de la confianza en el voto.
La Observación Internacional
El Consejo Nacional Electoral (CNE) cambió de rectores -hace poco más de un año- como una paso para generar confianza en el sistema electoral. Sin embargo, la salida de Tibisay Lucena no ha significado mayor autonomía del poder electoral, ni respeto al voto, según las fuentes documentales revisadas.
En su informe preliminar sobre las elecciones regionales de diciembre de 2021, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea expresó que “la falta de independencia judicial y el irrespeto del Estado de Derecho, afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y a la imparcialidad y transparencia de las elecciones”.
Subrayaron la imposición de decisiones judiciales que afectaron la igualdad de condiciones, además de la inhabilitación, sin justificación, de candidatos adversos al gobierno.
Aunque destacaron en su informe final que los nuevos rectores eran la administración más equilibrada en muchos años. La Misión también denunció sus vínculos con partidos políticos que debilitaban la independencia de sus decisiones. “Tres miembros del actual consejo son considerados cercanos al partido gobernante PSUV. De los dos restantes, uno está vinculado a la oposición y el otro fue designado por organizaciones de la sociedad civil”, exponen.
En las recientes elecciones regionales, documentaron que el CNE rechazó 27 candidaturas por inhabilitación política de la Contraloría General mediante un procedimiento administrativo que afectó principalmente a partidos adversos al gobierno.
Los observadores añadieron en el documento que, según denuncias del Partido Comunista de Venezuela, las prohibiciones de postulación no fueron aplicadas por investigaciones legales que justificaran la inhabilitación. “Este procedimiento contradice el artículo 42 de la Constitución, que garantiza que sólo una sentencia firme puede suspender el ejercicio de los derechos políticos”, advierten.
Posterior a la publicación de los resultados, la Misión la Unión Europea expresó que la jornada de votación “estuvo marcada por reportes de coacción al votante”. En el documento reseñan que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido oficialista, instaló puntos para vigilar la asistencia de votantes. “Los observadores de la UE observaron el abuso del voto asistido en todo el país”.
La escasa separación de poderes e independencia del CNE fue la primera falla mencionada por la Misión a atender para unas elecciones justas. “Reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del TSJ, para alinearlas con las garantías constitucionales que aseguren una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del poder electoral”, instaron.
El caso de Barinas
Barinas, estado donde nació el expresidente Hugo Chávez, es una entidad estratégica y simbólica para el PSUV, por lo que fue el estado donde hubo mayores irregularidades al momento de contabilizar las papeletas en las recientes elecciones regionales.
“Según el recuento provisional, Superlano lideraba la carrera por la gobernación con unos 300 votos. Sólo quedaban por contar las tres actas que estaban bajo el control del Plan República. Por razones nunca explicadas, estas actas correspondían a mesas electorales en las que el recuento de los resultados se había realizado manualmente, situación prevista sólo en casos excepcionales”, exponen textualmente en el informe.
Posteriormente, cuando el CNE se preparaba para anunciar al candidato opositor Freddy Superlano como ganador, el TSJ emitió una sentencia que suspendía la totalización de los votos y la proclamación del ganador de Barinas, sosteniéndose en un amparo constitucional.
“Al ordenar la repetición de las elecciones en Barinas, el TSJ interfirió en las competencias del CNE. A pesar de ello, el CNE aceptó la decisión del TSJ y convocó las elecciones para la fecha fijada por el TSJ”, detallan.
Finalmente, la misión reseñó la inhabilitación del candidato opositor Freddy Superlano y los precandidatos opositores Aurora Silva de Superlano, Julio César Reyes y el candidato del Partido Comunista de Venezuela, Aldemaro Sanoja, para la repetición de las elecciones.
La organización Súmate en un comunicado expresó que la decisión del TSJ de inhabilitar a Superlano, “reafirmaba la percepción” de que fue una decisión política y no vinculada a un proceso de justicia.
“Rechazamos las continuas intervenciones del TSJ en los procesos electorales a través de la Sala Electoral y la Sala Constitucional, que al margen de la ilegalidad e inconstitucionalidad de las sentencias, ni siquiera sostienen un criterio de uniformidad interna, actuando de manera diferente ante situaciones similares, impregnando las ya polémicas decisiones de un aire de parcialidad, injusticia y discrecionalidad que afecta la confianza de los ciudadanos en los procesos electorales”, sentenció la organización.
En un comunicado, el Centro de Estudios Político de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) también reprochó: “Es un fallo que irrespeta la voluntad de los electores barinenses, quienes acudieron a las urnas para decidir quién sería su gobernador entre los candidatos que el CNE había autorizado participar en esta contienda una vez revisados los recaudos presentados por cada una de las candidaturas”.
Hay avances pero insuficientes
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) expuso, en su informe Reporte de Garantías y Condiciones de las elecciones regionales, que el Sistema Automatizado de Votación funcionaba bien y era seguro para un proceso transparente. “Está configurado para que el voto sea secreto, se cuente y transmita bien y, sobre todo, sea auditable”, detallaron.
Sin embargo, hubo otros factores que restaron transparencia al proceso. El OEV -que desplegó observadores en todos los estados durante las últimas elecciones regionales- documentó que en 12 % de los centros observados hubo electores inducidos a votar por algún candidato en específico.
En el informe resaltan que pese a los avances en la confianza del voto con una nueva y más equilibrada administración electoral, el acceso a observación electoral internacional y el correcto funcionamiento de los auditados componentes técnicos del Sistema Automatizado de Votación, estos pasos siguen siendo insuficientes.
Condenaron la inhabilitación de Superlano que ratifica “la deficiencia estructural de la falta de independencia y separación de los poderes públicos en Venezuela” y las persistentes inhabilitaciones sin justificación y transparencia por parte de la Contraloría General.
“Unido al antecedente de las intervenciones de tarjetas de partidos políticos, y a los diversos señalamientos de ventajismo oficialista en el sistema de medios públicos, las irregularidades del caso Barinas y la controvertida repetición de la votación para el cargo de gobernador se convirtieron a la postre, desafortunadamente, en la marca de recordación de la calidad del proceso electoral en su conjunto”, reclaman textualmente.
El voto en el extranjero
Desde 2013, Venezuela ha sufrido una de las mayores migraciones del mundo. Cerca de 6.000.000 de habitantes han huido del país por la emergencia humanitaria compleja.
Según el periodista y experto en política y elecciones, Eugenio Martínez, cerca de 4.000.000 de migrantes venezolanos no tienen acceso a participar en elecciones presidenciales. “En este momento no hay operativos fuera del país”, dijo en mayo de 2021.
Esta situación fue denunciada por el militante de Voluntad Popular y comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), David Smonlansky, quien señaló que el CNE menospreciaba el voto de los venezolanos migrantes, una afirmación verdadera de acuerdo con lo contrastado por Cotejo.info.
En la ley se establece que el Poder Electoral es el encargado de crear espacios para el registro o actualización de datos para ejercer el derecho al voto. Pero esto no ha sucedido pese a que la migración venezolana es una de las más grandes del mundo.
A finales de 2018, año en que se realizaron las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro resultó reelecto, los migrantes venezolanos superaban los 3.000.000, según la agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pero tampoco se tomaron en cuenta pese a ser un número que podría definir una elección.
Hasta ahora, no hay un plan para garantizar este derecho a los migrantes de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024. En mayo de 2022, el rector del CNE, Enrique Márquez, dijo que el registro de estos venezolanos en el exterior no sería discutido hasta que hubiera “acuerdos políticos”, dejando en evidencia la falta de autonomía Poder Electoral y la violación de este derecho, atándolo a discusiones entre grupos de poder.
La alteración de actas de Bolívar
No es la primera vez que órganos del Estado desconocen las votaciones para beneficiar al PSUV. En 2017, durante las elecciones a gobernador, el CNE proclamó al candidato oficialista por Bolívar, Justo Noguera Pietri, como gobernador del estado, alterando los resultados.
En ese entonces, la participación opositora fue masiva y organizada luego de haber ganado las elecciones parlamentarias de 2015 y haber realizado un proceso de primarias. Sin embargo, la participación y los intentos por defender los votos, no impidieron que en Bolívar impusieran al candidato del PSUV.
¿Las pruebas? El comando de campaña de Andrés Velásquez, aspirante a gobernador por la oposición, denunció con documentos en mano que los resultados habían sido alterados y las cifras de las actas de los centros no coincidían con las expuestas por el CNE.
El fraude fue la suma de votos -en algunos centros- al candidato oficialista, Noguera Pietri, que al final terminaron marcando una brecha con el principal candidato opositor, Andrés Velásquez.
El medio regional, Correo del Caroní, reseñó: “Uno de los centros de votación donde los números fueron manipulados está ubicado en un caserío llamado El Casabe. En la mesa uno, Justo Noguera ganó con 95 votos, Andrés Velásquez obtuvo 16 votos; pero la página del CNE indicó que el candidato del oficialismo obtuvo 317 votos, y el de oposición solo ocho, con una participación electoral de 79.08 %”.
En la mesa dos de ese mismo centro, el candidato oficialista logró 100 votos y Velásquez 20, de acuerdo con las actas. En esta mesa, al aspirante del PSUV le sumaron 250 votos más, según las cifras presentadas por el CNE.
La experiencia de 2015
La premisa expuesta por la diputada copeyana de Bolívar ha tenido diferentes expresiones en la historia contemporánea de Venezuela, entre las que resaltan los resultados del proceso para la elección de parlamentarios nacional de finales de 2015, en los que la amplia participación ciudadana dio el triunfo mayoritario a los factores de oposición en la Asamblea Nacional.
Ante la derrota que le produjo la movilización masiva de votantes a las urnas electorales, los reveses comenzaron a surgir desde fuentes diferentes a la decisión ciudadana, y prosperaron las denuncias de fraude que, desde los factores favorables de gobierno, derivaron en sendas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia con la que dejó sin diputados electos a toda una región.
El resto de la historia del triunfo electoral alcanzado con la masiva participación del electorado venezolano estuvo marcado por la intromisión de otros poderes en la gestión del derecho ciudadano a elegir libremente y delegar en sus representantes electos la potestad de decidir los asuntos de interés público.
La abstención como resultado
Son muchas las actuaciones tanto de los actores y entidades del gobierno como de la oposición han causado abstención electoral en procesos importantes de la vida republicana reciente del país.
Algunas han sido promovidas por decisión de los factores asociados a la oposición venezolana, pero muchos de los otros hitos de abstención han ocurrido en general por el desánimo del electorado ante la incertidumbre y la falta de acuerdo.
Otra de las causales de abstención en los procesos electorales más recientes gira alrededor de las decisiones arbitrarias que el ente comicial ha ejecutado, como la reubicación de electores o de centros electorales, como lo denunció el propio rector Luis Emilio Rondón, al referirse a las elecciones regionales de octubre 2017, una acción que derivó en confusión en el electorado a la hora de acudir a las urnas.
Los hechos han demostrado hasta ahora que la abstención en Venezuela se ha tornado favorable a la permanencia de los factores de gobierno en el poder, como ocurrió en las últimas parlamentarias nacionales de 2020, que les concedió el triunfo electoral con una participación que escasamente llegó al 30 %.
Ante la información recabada, Cotejo.info determinó que la afirmación de Vahlis está respaldada por una Media Verdad, porque la primera fuerza movilizadora del cambio y la alternancia de gobiernos en sociedades democráticas sigue siendo, en principio, la resulta de la ciudadanía organizada y activa en el voto electoral, y así quedó demostrado en las parlamentarias de 2015.
Sin embargo, hoy CNE no goza de autonomía plena y sigue siendo liderado por personas vinculadas al PSUV y depende, así como lo afirmó Márquez, de “acuerdos” entre actores políticos que les permitan avanzar en la inclusión y participación de todos los ciudadanos dentro y fuera del país.
Más allá de la buena articulación y organización política que partidos opositores puedan tener, otros poderes, como el judicial, son utilizados para limitar el libre derecho ciudadano a elegir, perjudicar a candidatos y partidos opositores, lo que termina generando condiciones injustas de participación electoral.
