- El accionar del gobierno ha demostrado que no tiene intenciones de cumplir con los derechos laborales
- Pese a que la OIT ha documentado el incumplimiento de convenios sobre libertad sindical y discusión tripartita, el gobierno se ha negado a seguir las recomendaciones de la CE para mejorar las relaciones laborales
- El memorando 2792 y el instructivo Onapre es una muestra que el desconocimiento de los sindicatos y la liquidación de las contrataciones colectivas son una política de Estado
José Rivas
Durante las últimas semanas las protestas del país han tenido un auge importante, al ser empujadas por los reclamos de los trabajadores que exigen la recuperación de los derechos laborales perdidos, la eliminación del “instructivo Onapre” y mejoras económicas.
En este contexto, el militante del partido político la Causa Radical y ex dirigente sindical, Andrés Velásquez, expresó en una rueda de prensa: “El fondo del problema es la destrucción del valor social del trabajo».
En el país los trabajadores han sufrido graves retrocesos de sus conquistas, ¿pero esta regresión es acaso una política de Estado de la que el gobierno es responsable?
El equipo de Cotejo.info analizó las principales medidas que ha tomado el gobierno a nivel laboral y la posición de organismos internacionales en torno a esto, para determinar la veracidad de la afirmación de Velásquez.
La reducción y eliminación de los contratos colectivos
Primero es importante aclarar ¿qué son los contratos colectivos? Básicamente son acuerdos por escrito entre trabajadores y empleadores de una empresa o de un sector laboral, en los que se fijan salarios, jornadas laborales, bonificaciones y demás beneficios. Estos contratos pasan por la discusión de las bases y por un proceso de negociación que finalmente es aceptado por ambos grupos.
La firma de estos nuevos contratos deben garantizar los derechos y beneficios de los trabajadores, por lo que son de vital importancia en las relaciones laborales.
Dice la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 3, sobre este mecanismo de acuerdos de relación laboral que “los convenios colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador y trabajadora que superen la norma general respetando el objeto de la presente Ley”, por lo que su contenido y acuerdos implícitos están amparados por la legislación laboral vigente.
Así está luego ratificado en el artículo 432 del mismo instrumento jurídico cuando estima en los Efectos de la convención colectiva que lo estipulado en ellos se convierte en “cláusulas obligatorias y en parte integrante de los contratos individuales de trabajo”.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en su informe anual de 2021 sobre Derechos Laborales –y como ha documentado Cotejo.info-, expone que las homologaciones de las contrataciones colectivas en el país han descendido durante los últimos años del gobierno chavista.
“Entre 1995 y 2004 fueron homologadas 5.367 convenciones colectivas, un promedio de 536 en esos nueve años. En contraste, entre 2005 y 2016 la cantidad total fue de 5.460, con un promedio de 455 convenciones homologadas por año, en su mayoría del sector privado”, detallan.
Pero la reducción de la homologación de contratos no ha sido lo peor para el sector laboral, sino que representa una pequeña muestra de los retrocesos que, con la permanencia del gobierno de Nicolás Maduro, irían ocurriendo para los trabajadores.
En 2018, el Gobierno nacional impuso el Memorando 2792, en el que se estableció un salario mínimo de 1.800 Bs y la “puesta en revisión” de las “convenciones colectivas de trabajo que hubieran sido suscritas con anterioridad al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica”.
La medida, bajo el amparo del Ministerio del Trabajo, eliminó las contrataciones colectivas logradas mediante discusión tripartita y con la aprobación de dirigentes sindicales elegidos por sus bases.
El gobierno aseguró que con el 2792 se evitaba poner en “riesgo la fuente y el proceso social de trabajo”, sin embargo, la circular lo que hacía era arrebatar las conquistas laborales al eliminar los tabuladores y beneficios, entre los que estaba el seguro médico que permitía el acceso a salud a trabajadores y familiares directos.
En el trabajo publicado por la Universidad de Carabobo Políticas para desindustrializar: efectos y reacciones de los actores socio laborales el autor señala que el gobierno anunció la medida sin consultar con actores laborales e igualó las categorías de cargo aplanando las escalas salariales.
“Con esta argumentación apuntó a justificar la eliminación de las normales diferenciales salariales, establecidas gradualmente en los convenios colectivos por los mismos procesos de negociaciones entre trabajadores y empresas”, exponen en el documento.
La imposición del memorando violó convenios internacionales de discusión tripartita y la Constitución del país, la cual establece en su artículo 89 que los derechos laborales son progresivos e irrenunciables. “Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos (…) Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno”, refleja este artículo.
Además de lo ocurrido con el 2792, las políticas del Gobierno en contra de los derechos laborales y la libertad sindical han escalado de acuerdo con fuentes documentales.
Ataques a la libertad sindical
Además de la imposición de medidas que liquidan las contrataciones colectivas, el Gobierno también ha llevado a cabo políticas de persecución contra los trabajadores independientes que reclaman derechos laborales.
Provea en su informe Política de Estado contra la libertad sindical en Venezuela: criminalización y encarcelamiento de sindicalistas 2021 expone las distintas formas de persecución contra los dirigentes sindicales y la vinculación de la elite gobernante y los poderes públicos en estas políticas de represión.
Subrayan que tanto el expresidente Hugo Chávez como el mandatario Nicolás Maduro han buscado desaparecer los sindicatos para minimizar las exigencias de los trabajadores. Entre las medidas que han tomado están:
- Acosar y debilitar al sindicalismo usando las Inspectorías del Trabajo, los tribunales y organismos policiales.
- Promover un sindicalismo pro gobierno que ayuda a ejecutar políticas contrarias a los derechos laborales.
- Generar un andamiaje jurídico para intimidar, perseguir y encarcelar a sindicalistas que promuevan paros o movilizaciones.
- Abrir juicios penales a sindicalistas, como el caso del ferrominero Rubén González y el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (FUTPV), Eudis Girot.
- Despidos de dirigentes sindicales y trabajadores críticos, y obstaculización de sus procesos de defensa en instancias administrativas y judiciales.
- Procedimientos de jubilaciones forzadas, suspensión de salarios y beneficios laborales a dirigentes sindicales críticos.
Todo esto utilizando el Poder Judicial, el Ministerio Público y bajo la omisión de la Defensoría del Pueblo y la Inspectoría del Trabajo.
“La criminalización del ejercicio del derecho a la huelga es una arista de la penalización a la protesta social en Venezuela; una política que, con el empleo del sistema de justicia penal, se ha hecho sistemática y generalizada contra los venezolanos”, expresan textualmente.Provea ha registrado que más de 150 sindicalistas han sufrido de procesos judiciales desde 1999, siendo víctimas de lo que consideran un “andamiaje jurídico” que amenaza la libertad sindical y criminaliza la protesta.
En el siguiente documento PDF se encuentran los casos emblemáticos de detenciones con objetivos de silenciar voces disidentes:
Los que no son detenidos, enjuiciados o perseguidos por cuerpos de seguridad del estado, sufren políticas menos agresivas -despidos y jubilaciones- pero que igual limitan su actividad sindical y la defensa de los derechos laborales.
En Bolívar, estado donde operan las principales industrias no petroleras del país, cuatro delegados electos de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y un dirigente de Venalum fueron jubilados forzosamente luego de liderar a principios de 2021 protestas por el reintegro de trabajadores a las plantas y mejoras económicas.
Pese a los reclamos en la Inspectorías del Trabajo y que Venezuela tenía un proceso abierto en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nunca obtuvieron respuestas a sus solicitudes de reenganche.
En su informe la ONG Provea concluye que en el país se instauró “una política de Estado antisindical con el propósito de debilitar y acabar con el sindicalismo que defiende derechos”.
El largo proceso de la Comisión de Encuestas
El arrebato de las conquistas laborales por parte del gobierno ya ha sido documentado en instancias internacionales. Violaciones a la libertad sindical, a la discusión tripartita y a la fijación de salario mínimo son parte de los retrocesos que han ocurrido durante el periodo chavista.
La Comisión de Encuestas (CE), el órgano de investigación más importante de la OIT, recibió información que alertaba sobre la “injerencia en los procesos electorales para favorecer opciones sindicales afines al Gobierno y anular la capacidad de acción de sindicatos”.
Organizaciones laborales denunciaron que, luego de vencerse los periodos de los sindicatos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no permitía renovar juntas directivas cuando sospechaba que ganarían dirigentes contrarios al oficialismo. Con esto el gobierno utilizaba la figura de “mora electoral” -avalada por el TSJ- para desconocer y no negociar con organizaciones sindicales.
“La mora electoral es un problema sistémico: un 66 % de las organizaciones sindicales registradas se encontraban en mora electoral (…) Las cifras confirman la grave extensión de estas formas de injerencia, que apuntan a la existencia de trabas sistémicas para el ejercicio de la libertad sindical”, concluye la CE en el informe sobre Venezuela publicado en 2019.
Las centrales sindicales ASI, UNETE, CTV, CGT y CODESA denunciaron también ante la CE los “mecanismos institucionales” que discriminan a los trabajadores independientes e intervienen para controlar la actividad sindical.
“Denunciaron un control intrusivo de la legalidad por parte del Ministerio Público y del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales (RNOS). Destacaron que en este andamiaje de control e injerencia el Gobierno contaba con el apoyo y la subordinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que, salvo en casos excepcionales, siempre sentenciaba a favor del Gobierno o de sindicatos oficialistas”, exponen los investigadores en el informe.
En sus observaciones finales, la comisión concluyó que durante casi 20 años el Gobierno “no ha asegurado el respeto de la libertad sindical, incluida la autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, del diálogo social y de la consulta tripartita”.
Aunque el órgano de investigación recomendó el cese procedimientos judiciales para coartar la libertad sindical, la inclusión de organizaciones representativas en las discusiones tripartitas y la aplicación de medidas que garantizaran la autonomía de las organizaciones laborales, estas sugerencias no han sido seguidas por el Gobierno.
El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical en su informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuestas detalló que, hasta julio de 2021, el gobierno venezolano solo había cumplido con dos de las 22 sugerencias.
Hasta la fecha de este artículo los avances han sido lentos. Entre los pasos que ha dado el gobierno venezolano está la creación de un ”foro de diálogo social” con la participación de empleadores, trabajadores y el apoyo de la OIT, pero sigue sin cumplir con la mayoría de las recomendaciones. Mientras tanto, continúan ocurriendo irregularidades.
El instructivo Onapre
En marzo del presente año la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, creó el “Instructivo Onapre”, generando malestar en los trabajadores públicos del sector educativo y salud al eliminar conquistas de contratos colectivos vigentes desde el año 2021.
El instructivo impone un tabulador salarial que, sin tomar en cuenta cláusulas económicas de los contratos colectivos del sector público ni la opinión de los trabajadores, reduce ilegalmente bonos y primas de antigüedad y profesionalización.
“Pretende imponer un tabulador de beneficios que reduce el salario integral de los trabajadores entre 40 y 70 % y violenta al menos media docena de disposiciones constitucionales”, denunció la ONG, Acceso a la Justicia.
La organización, dedicada a monitorear la administración de la justicia en Venezuela, denunció que el instructivo desconocía la irrenunciabilidad y progresividad de los derechos laborales.
“El malestar social provocado por el instructivo de la Onapre deja en claro que el Gobierno de Maduro mantiene una política contraria al sector y no duda en darle zarpazos cuando lo estima conveniente”, finaliza.
El presidente del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (SUTIVSS-LARA), Alberto Domínguez, rechazó en su momento las tablas salariales implementadas por la ONAPRE y las calificó de un “fraude” a los trabajadores.
Pese a las múltiples protestas del sector educativo por la derogación del instructivo, el TSJ -nuevamente siguiendo las líneas del Gobierno- declaró inadmisible el recurso de nulidad y amparo cautelar realizado contra la Onapre.
El hecho demuestra que mientras ocurren diálogos con la OIT y actores sociales, no ha habido un accionar sincero que revierta los retrocesos laborales y repare los daños contra la dirigencia sindical y los trabajadores.
Ante este contexto, el equipo de Cotejo.info estimó que la afirmación de Velásquez está cargada de verdad. El Gobierno, utilizando los poderes públicos, instancias laborales y los cuerpos de seguridad, ha llevado una política de Estado que cada vez asfixia más a la dirigencia sindical y liquida las conquistas de los trabajadores.
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