- Según ENOBU 2021, los profesores universitarios comen menos de tres comidas al día
- Un docente de Educación Superior pasó de ganar más de 2.400 dólares mensuales en 2001, a ganar 11 dólares al mes en 2021
- El Gobierno le debe a las universidades los recursos presupuestarios de ley para el funcionamiento de los años 2020, 2021 y primer semestre de 2022 por un monto total de hasta 29.705.254,17 bolívares
Por Kemberling Rodríguez
Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), difundió el pasado 22 de agosto un comunicado que refleja el sentir de quienes hacen vida en esa casa de estudios superiores.
“La deuda académica, económica y laboral para con la educación universitaria es desmesurada y es necesario que el Ejecutivo nacional valore que la educación es primordial para el progreso del país”, expresó la profesora universitaria al final del comunicado.
Dicho texto describe la esencia de la educación superior y los pilares que la soportan. También la autonomía que le ha sido concedida al sector mediante la Constitución y la Ley de Educación Universitaria, y la entereza del personal docente.
Al mismo tiempo, deja en evidencia el conflicto laboral que soportan desde hace algunos años ante la falta de inversión de parte del Estado en las principales universidades del país, al detallar las exigencias del personal.
El equipo de Cotejo.info verificó lo dicho por la rectora y determinó que se trata de una verdad justificada en las denuncias de desatención oficial, en materia de infraestructura y salarios, realizadas por los voceros de la educación universitaria en Venezuela.
La deuda del Estado afecta a la UCV y al resto de los campus universitarios del territorio nacional, cuyas fallas en la asignación de recursos cercenan el derecho a la educación, al trabajo y afectan las investigaciones docentes y actividades de extensión.
¿Qué dice el comunicado UCV?
El documento de dos páginas suscrito por García Arocha, en calidad de rectora de la UCV, contiene las siguientes exigencias:
- La nulidad del instructivo Onapre solicitud interpuesta por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
- La cancelación inmediata de los recursos asignados en el Presupuesto Ley que se adeudan desde los años 2020, 2021 y primer semestre del año 2022 por concepto de Gastos de Funcionamiento, que ascienden en su totalidad a 29.705.254,17 bolívares.
- Discusión con el sector educativo del Presupuesto Ley 2023, que garantice el fortalecimiento de la infraestructura científico-tecnológica, académica, cultural y deportiva de nuestra institución.
- Recuperar el respeto a la gobernanza institucional y a la Autonomía, que en reiteradas oportunidades han sido violentadas.
- Un plan de obras y ejecución para la recuperación del corredor techado número 5, colapsado hace más de un año en el campus universitario.
- El reconocimiento de las distintas organizaciones gremiales y el establecimiento de mesas de trabajo, en las que se discuta y se alcancen acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales, planes de prevención social y HCM.
- Respeto a la autonomía financiera, retornando el manejo de las nóminas y becas a la institución.
TSJ respalda instructivo ONAPRE
La denuncia que interpuso la Asociación Venezolana de Rectores (AVERU) ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos (ONAPRE) fue declarada inadmisible pese a los daños que ocasiona en los beneficios de los trabajadores de la administración pública.
Más de dos meses de protestas, han protagonizado los hombres y mujeres adscritos a la nómina del Gobierno debido a que -en algunos casos- desmejoraron primas y sueldos hasta en un 50 %. El 22 de marzo de 2022, entró en vigencia el instructivo que viola los derechos contractuales.
En la sentencia del TSJ se lee lo siguiente, tal como lo reseñó El Diario: La parte denunciante “Incumplió los extremos de ley, al no acompañar al libelo (el escrito de la demanda), con original o copia del presunto acto administrativo, como documento fundamental de toda demanda, entre otras deficiencias, lo que conllevó a la inadmisibilidad de la pretensión”.
Además de la desestimación del caso, se impuso una multa a cada uno de los demandantes, que se calculará por cincuenta veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor.
Julio Borges, dirigente del partido Primero Justicia, advirtió que el objetivo de Nicolás Maduro es producir mayor control social con el instructivo de la ONAPRE.
“La respuesta de Maduro a este descontento popular ha sido anunciar el pago de un bono miserable para los empleados del sector educativo. Y declarar inadmisible a través del TSJ la demanda contra el acto administrativo, viola las convenciones que defienden los derechos de los trabajadores”, expresó al medio colombiano El Espectador, información que replicó Monitoreamos.
Colapso de infraestructuras
El Gobierno adeuda el presupuesto ley para los gastos de funcionamiento correspondiente a los años 2020, 2021 y primer semestre de 2022, de hecho está entre los principales planteamientos que hace Arocha en el comunicado que compartió vía Twitter.
Además de la deuda, existe un compromiso pendiente con empleados y estudiantes que se esfuerzan por construir un mejor país desde las academias. Sin recursos económicos es casi imposible subsistir en las aulas, laboratorios, comedores, bibliotecas; toda la infraestructura, sin duda, resulta afectada.
Producto de la falta de inversión de parte del Estado, en junio de 2020 colapsó el corredor número 5 de la UCV. La foto del techo desplomado en el área conocida como Tierra de Nadie se viralizó entre los venezolanos regados por el mundo.
Un año después, Efecto Cocuyo contó que se iba a desmontar el techo de ese corredor para iniciar las reparaciones. Sin embargo, dos años han transcurrido y el daño estructural sigue intacto. La petición de la rehabilitación, también está contemplada en el comunicado UCV.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) difundió en su página web -en agosto de 2019- un artículo de Gregorio Afonso, profesor universitario y secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la UCV, que tenía por título: Cerco presupuestario presiona el cierre de las universidades autónomas.
El catedrático recordó que fue desde el gobierno de Nicolás Maduro cuando desapareció el presupuesto universitario y entre las irregularidades más graves está que el Estado dejó de convocar al Consejo Nacional de Universidades (CNU) para discutir el tema presupuestario, “ni atienden a los rectores para tratar los temas de interés”.
Mensualmente, explica, las universidades deben llenar un formulario para pasar los gastos que tendrán -la mayor parte en pago del personal- sin posibilidades de plantear proyectos o mejoras. Eso pasaba en 2019 y en 2022 ocurre igual, pero ahora por mensajería de Telegram.
A propósito de esto, Tal Cual expone que desde que entró en vigencia el instructivo de la ONAPRE se difunden por esta vía las maquetas o formatos que deben ser llenados para ir cancelando los pagos correspondientes a cada quincena y si son llenadas con montos superiores a lo que establece el instructivo son devueltas.
“El instructivo existe y su nombre oficial es Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas, y ha sido reiterado mes a mes a través de estos canales no oficiales de difusión, a pesar de que no ha sido publicado en la gaceta oficial”, señala el medio.
Inventiva ciudadana
¿Qué hace una universidad sin presupuesto? La alternativa frente a la dejadez del gobierno, ha sido la unidad entre todos los miembros de las universidades.
Un ejemplo de esto ocurrió en el Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (DAC-UCLA), en el centro-este de Barquisimeto, estado Lara, cuando un grupo de estudiantes, egresados, docentes, personal administrativo y obrero, realizó una jornada de rehabilitación de los espacios, luego de casi dos años de pandemia.
Una de las colaboradoras, Elsy Díaz, egresada, explicó a Crónica Uno que fueron rehabilitadas alrededor del 70 % de las instalaciones.
El mismo medio, en otro reportaje indicó que la UCLA sufrió en el 2020 unos 12 ataques de la delincuencia, entre los diferentes decanatos, dejando ver en primer lugar el problema de impunidad que existe en la ciudad de Barquisimeto y sus adyacencias, así como los recortes en personal de seguridad de los campus por falta de presupuesto.
Otros no son tan afortunados, como es el caso de los trabajadores de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes (UCLA) quienes en febrero de este año sufrieron un nuevo colapso en las tuberías de aguas negras. Aunado a la problemática de las cloacas, estarían las fallas en las luminarias, mobiliario deteriorado y equipos tecnológicos obsoletos. No cuentan con material de oficina para realizar sus trabajos y, para este segundo semestre del año, los requerimientos serían los mismos ante la ausencia de recursos oficiales.
No obstante, otra de las dificultades que enfrentan en todas las academias es que el “60 % de los docentes universitarios no realiza actividades de investigación” como lo reseñó el diario El Nacional a propósito del más reciente estudio del Observatorio de Universidades (OBU).
La investigación revela que existe un 90 % de déficit presupuestario en las universidades públicas, lo cual afecta la producción y continuidad de proyectos que antes eran desarrollados por los educadores con el financiamiento del Estado.
Por lo pronto, aquellos catedráticos que ponen en práctica alguna investigación científica o de cualquier otra índole, son autofinanciados o mediante donaciones anónimas.
Sobre esto, Cotejo.info alertó en 2019, en un trabajo de investigación denominado: La recuperación de las universidades venezolanas, cómo las actividades de extensión estaban siendo limitadas.
Déficit de docentes y matrícula
Un profesor universitario pasó de ganar 2.456,12 dólares en el año 2001 a 11.14 dólares en el 2021, una diferencia abismal que menoscaba la calidad de vida de los creadores del conocimiento.
Los datos de la disminución de salarios están plenamente documentados en la Encuesta de la OBU sobre las Condiciones de Vida de la Población Universitaria en Venezuela (ENOBU 2021) y ayudan a comprender una de las razones de la reducción del número de docentes en las principales universidades del país.
Un trabajo periodístico de Tal Cual, detalla que “68 % de los profesores universitarios del país podría dejar de dar clases” a propósito de la encuesta que se aplicó en todos los estados del país.
De allí que los problemas sean cada vez mayores para los docentes de Educación Superior y, por ende, abandonen sus puestos de trabajo en la búsqueda de mejores remuneraciones; algunos se dedican a pequeños emprendimientos, otros han salido del país desde la ola migratoria de 2018.
En materia de salud, la ENOBU arrojó que los profesores tienen de 1 a 3 años que no se realizan un chequeo médico. Mientras que las mujeres, el 74 % de las profesoras y el 50 % de las estudiantes tienen el mismo tiempo (entre 1 a 3 años) sin realizarse algún tipo de examen médico o preventivo, ni siquiera despistajes de cáncer de cuello uterino o de senos.
Asimismo, el 93 % de los profesionales de la docencia tienen dificultades para adquirir los medicamentos; “19 % nunca los compra y 73 % a veces. En estudiantes, 73 % no los puede adquirir con frecuencia”.
En alimentación, advierte mediante su estudio que el 33 % de los profesores universitarios comen menos de 3 comidas al día, resultando más afectadas las regiones de Nororiente (Anzoátegui, Monagas y Sucre) y Guayana.
Mientras que, en el caso de los estudiantes, la desmotivación por parte del Estado también los afecta. En agosto de este año el gobierno aumentó la beca estudiantil a 3,46 dólares y, para colmo, la ENOBU 2021 evidenció que 94 % de los alumnos no cuentan con esta asignación económica.
La OBU también recordó vía Twitter que para los años 70 un estudiante universitario gozaba de una beca de 140 dólares, que “para la fecha significarían 370 dólares aproximadamente”.
De esta manera, Cotejo.info confirma el calificativo de verdad a las declaraciones de Cecilia Arocha, rectora de la UCV: “La deuda con la educación universitaria es desmesurada”, porque existen evidencias confiables presentadas por el sector universitario, testimonios de personal docente, administrativo y obrero, de estudiantes, que corroboran su planteamiento.
Además de los estudios de opinión de las ONG independientes y de las coberturas de los medios de comunicación en las protestas y anuncios hechos por el sector universitario en reclamo de sus derechos laborales y en exigencia a una educación en condiciones favorables.
