- ONG y organismos internacionales aseguran que la militarización de los territorios indígenas y la minería ilegal vulneran los derechos humanos de los pueblos originarios
- Según datos recopilados por el equipo de Cotejo.info 4 indígenas han sido asesinados por efectivos del Estado venezolano en lo que va de 2022
- Cada 15 días y 6 horas un indigena fue asesinado en los estados Bolívar y Amazonas en el primer semestre del año.
Por Karla Torres
El diputado por el estado Amazonas ante la Asamblea Nacional (AN) opositora de 2015, Julio Ygarza, aseguró el pasado martes 16 de agosto -durante sesión ordinaria- que “el Estado y la Fuerza Armada Nacional (FAN) siguen violando los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”.
Ante los atropellos y asesinatos de líderes indígenas en el país, los representantes de los pueblos originarios de Amazonas y Bolívar alzaron su voz para exigir justicia, democracia y demarcación del territorio ante el Estado e instancias internacionales.
Ygarza también destacó durante su participación en la sesión ordinaria de la AN que las FAN y Nicolás Maduro “pisotean” las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establecen el resguardo, respeto de los territorios y los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Durante la sesión, los diputados Romel Guzamana y Romny Flores se sumaron a las denuncias y exigencias de Ygarza. Ambos parlamentarios destacaron que el asesinato de líderes indígenas y la impunidad en torno a lo sucedido viola los derechos funamentales de los pueblos indígenas plasmados en la Constitución, según un tuit publicado en la cuenta Twitter @AsambleaVE:
Lo dicho por Ygarza también fue reseñado en un texto breve publicado en el portal del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos indígenas de América Latina y el Caribe (Filac).
El equipo periodístico de Cotejo.info fijó la lupa en la frase “el Estado y las FAN siguen violando los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”. Tras el proceso de verificación y revisión documental, se determinó que lo dicho por el diputado Ygarza es verdad.
Las tensiones entre los pueblos indígenas y el Estado venezolano se han intensificado en los últimos años a raíz de la presencia de grupos militarizados en las zonas donde opera la extracción de recursos naturales.
Las ONG y organismos internacionales aseguran que la militarización de los territorios indígenas aumentó la marginación, pobreza, violencia, detenciones y asesinatos en los pueblos indígenas.
Pueblos ancestrales en riesgo
El crecimiento exponencial de la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar no solo ha provocado deforestación y contaminación de las aguas, sino también abusos aberrantes, agresiones con armas de fuego y asesinatos perpetrados a indígenas por grupos que controlan las minas de oro ilegales en la zona.
De acuerdo con la ONG Provea “la militarización de los territorios indígenas para salvaguardar los intereses económicos de las corporaciones nacionales aumentó los abusos y las tensiones entre el Estado y los pueblos originarios”.
Destacó la mencionada ONG que durante 2021 recibió reportes de las comunidades indígenas fronterizas con Brasil, sobre el aumento de la presencia de mineros ilegales armados en complicidad con militares venezolanos.
Asimismo, Human Rights Watch -organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos- aseguró en julio de este 2022 que Venezuela no ha protegido a la comunidad yanomami de la violencia, el trabajo forzado ni la explotación sexual por parte de quienes desarrollan la minería ilegal.
Vale destacar que hace seis años (en 2016) el gobierno de Nicolás Maduro creó la Zona de Desarrollo Estratégico Especial Arco Minero del Orinoco, un proyecto de megaminería que se desarrolla en la franja sur del río Orinoco, entre los estados Bolívar y Amazonas, el cual abarca regiones habitadas por comunidades indígenas.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales -como Provea- han alertado desde el año 2013 sobre los riesgos que conlleva la militarización de territorios y comunidades indígenas, sin un enfoque multidimensional de respeto y protección a los modos de vida y costumbres de estos pueblos.
La minería ilegal representa para los pueblos originarios una amenaza al hábitat y sus culturas. A los hombres jóvenes y niños se les recluta para extraer arenas ricas en oro y las mujeres para labores de cocina, limpieza y orden en los campamentos, así como para explotarlas sexualmente.
Un reportaje reciente del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) destaca que las mujeres indígenas, captadas para trabajar en los campamentos, quedan sometidas a una dinámica de violencia, su trabajo no es voluntario, a veces no se les paga, y son sometidas con riesgo para su salud y vida.
En el informe anual Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas de Venezuela, presentado por la ONG Kapé Kapé en 2021, destaca que la migración y la minería son dos factores que exponen a los indígenas a mayores riesgos de ser víctimas del delito de trata.
En 2020, el informe sobre la trata de personas de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, da cuenta de que en 2019 hubo un aumento de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en el sector informal de la minería.
“Se estima que aproximadamente el 45 por ciento de los mineros en el estado Bolívar eran menores de edad y eran extremadamente vulnerables a la trata de personas. Los grupos armados explotan a ciudadanos y víctimas de secuestro con fines de tráfico sexual y trabajos forzosos, en sectores como la agricultura, el servicio doméstico, y la construcción”, destacó el mencionado documento.
El Estado contra los pueblos originarios
Los enfrentamientos y disputas entre las comunidades indígenas y la Fuerza Armada Nacional venezolana obedecen a que las FAN carecen de herramientas y capacitación para interactuar o convivir con las comunidades indígenas.
Así se evidenció con la violencia desproporcionada ejercida por militares contra el pueblo yanomami en Parima B, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas, un hecho violento que dejó cuatro indígenas fallecidos y cinco heridos, según la reseña de Radio Fe y Alegría.
De acuerdo con reportes de la ONG Provea, el enfrentamiento entre ambas partes ocurrió el domingo 20 de marzo, cuando un grupo de indígenas acudieron a la sede militar a pedir acceso al servicio de internet, y ante la negativa de los funcionarios de las FAN escaló el conflicto.
Destaca una nota del diario Tal Cual que los disparos comenzaron minutos después de que los militares negaron acceso a internet a los indígenas yanomamis, quienes rodearon la base de la FAN para exigir la devolución de un dispositivo de internet, propiedad del capitán de la comunidad. En respuesta, los funcionarios detuvieron al segundo capitán indígena. Fue entonces cuando, presuntamente, el hijo del segundo capitán tomó el armamento de un militar y disparó a los funcionarios para liberar a su padre.
La falta de políticas públicas y la poca protección a los pueblos ancestrales por parte del Estado venezolano dejan como resultado masacres como las ocurridas el pasado 20 de marzo. El choque de culturas y la poca preparación de las fuerzas públicas ponen en riesgo a comunidades más vulnerables.
En el informe más reciente de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, Michelle Bachelet, se solicita el inicio de una investigación “independiente, imparcial, pronta, exhaustiva, eficaz, creíble y transparente” de lo ocurrido en Parima B, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.
Sin embargo, en Venezuela no hay independencia judicial y es común que las violaciones de derechos humanos queden en la impunidad.
El Ministerio Público venezolano también inició una investigación sobre lo sucedido, pero hasta ahora no hay resultados concretos sobre los responsables de las muertes de cuatro indígenas yanomami.
En 2020 el equipo periodístico de Cotejo.info confirmó que en Venezuela persiste una deuda con los pueblos originarios, en cuanto a proporcionar acceso a un sistema de educación y salud que no los discrimine y respetar sus tradiciones políticas ancestrales.
Asesinatos y detenciones en 2022
El equipo periodístico de Cotejo.info, mediante una revisión de documental en los medios de comunicación del país, logró identificar que -durante el primer semestre de 2022- se documentó el asesinato de 8 indígenas pertenecientes a las etnias yanomami, jivi y uwottuja.
Entre el 20 de marzo y el 20 de julio de 2022 cuatro indígenas fueron asesinados por efectivos adscritos a la Fuerza Armada Nacional y cuatro más a manos de grupos irregulares que ejercen la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar.
Significa que cada 15 días y 6 horas un indigena fue asesinado durante ese lapso.
La base de datos construida por el equipo de Cotejo también reveló que dos indígenas fueron detenidos por las FAN, por estar implicados como testigos en los enfrentamientos ocurridos en Parima B, al sur del estado Amazonas. Según el reporte de Fe y Alegría no se respetaron sus condiciones ni las garantías de sus derechos.
Entre los asesinatos registrados en el primer semestre de 2022 destaca el de Virgilio Trujillo Arana, líder indigena uwottuja, quien denunciaba la presencia de grupos irregulares en Venezuela y la minería ilegal.
Trujillo Arana falleció por heridas de bala en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas (fronterizo con Brasil y Colombia), según reportes ofrecidos por la ONG Kapé Kapé.
El Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) documentó entre 2013 y 2021 el asesinato de 32 líderes indígenas y activistas ambientales en Venezuela, 21 víctimas de “sicarios mineros” y 11 a manos de “efectivos” militares.
Por todo lo expuesto, el equipo de Cotejo.info, califica como verdad las declaraciones del diputado Julio Ygarza, en las cuales indica que: “el Estado y las FAN siguen violando los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”.
Existe evidencia documental, registros y denuncias de que las FAN y el Estado han vulnerado los derechos fundamentales de los pueblos originarios a través de abusos, asesinatos, militarización de las principales áreas donde se encuentran sus domicilios y la poca protección frente a grupos irregulares que operan en zonas cercanas.
