- El Fiscal General de la República, se comprometió a colaborar con las investigaciones durante la visita a Venezuela de Karim Khan, fiscal de la CPI, en noviembre de 2021
- Las torturas, asesinatos, persecuciones, son considerados crímenes de lesa humanidad y -en el caso venezolano- vienen perpetrándose en contra de ciudadanos, líderes políticos, delegados sindicales y organizaciones de la sociedad civil
- Según Provea, en el año 2021 hubo un incremento del 148 % de los casos de torturas. Mientras que el Observatorio Venezolano de Violencia registró 950 asesinatos en el primer semestre de 2022
Por Kemberling Rodríguez
Tarek William Saab, fiscal general de la República, expresó recientemente que “el sistema de justicia venezolano no necesita que la justicia transnacional lo tutele. Eso lo hemos dicho reiteradamente. No necesitamos que la CPI ni cualquier órgano de justicia trasnacional intervenga”, según un tuit publicado en la cuenta oficial del Ministerio Público (MP) en Twitter.
Estas declaraciones las ofreció el 4 de agosto de 2022, en rueda de prensa desde la sede de la Escuela Nacional de Fiscales, a propósito de un seminario sobre los últimos cinco años de su gestión, después de la remoción de Luisa Ortega Díaz.
El equipo de Cotejo.info fijó su lupa sobre este tema y cataloga las declaraciones de Saab como una mentira, debido a que existen evidencias de violaciones de derechos humanos cometidas contra ciudadanos en manos de organismos adscritos al Gobierno venezolano y una poca o nula acción de parte del Estado venezolano frente a estas denuncias.
De hecho, la Corte Penal Internacional abrió una investigación en Venezuela, en noviembre de 2021, dados los indicios de presuntos crímenes de lesa humanidad.
1.527 funcionarios acusados
El Fiscal General, en su balance de gestión de los últimos cinco años, afirmó también que han tenido avances en el tratamiento que le dan a la recepción de denuncias, humanizando los procesos y brindando celeridad en la atención de las víctimas.
Celebra que hasta la fecha contabilizan 3.375.000 actuaciones que incluyen 966.852 actos conclusivos de los cuales 270.000 corresponden a acusaciones presentadas. Asimismo, 755.777 imputaciones de actuación práctica o atención temprana para quienes solicitan justicia.
Entre los logros señaló la detección de 24 tramas de corrupción en la industria petrolera, procesando a 178 funcionarios y privando de libertad a 63 personas.
Explicó que desde sus inicios en el MP hubo una reestructuración que comenzó con una revisión interna; en este sentido mencionó que 319 fiscales han sido procesados y 38 resultaron condenados por no cumplir con la ética que exige la institución.
Asimismo, y a propósito del tema en derechos humanos, declaró que han imputado a 1.309 funcionarios de seguridad del Estado; 1.527 han sido acusados y 762 quedaron privados de libertad, “lográndose 279 sentencias condenatorias”.
En materia de lucha contra las drogas, rechazó que tilden a Venezuela de “narco Estado” cuando supuestamente aplican la justicia para contrarrestar el tráfico de estupefacientes. Saab informó que han presentado 21.233 acusaciones y 30.220 imputaciones, quedando privados de libertad 7.700 personas vinculadas a este delito.
En total, añadió, se han conseguido 7.845 sentencias condenatorias y han incautado 217,9 toneladas de drogas ilícitas: 167,6 toneladas de cocaína y 49,4 toneladas de marihuana.
En materia de defensa de la mujer, el MP otorgó 276.319 medidas de protección; 43.765 imputaciones, 28.202 acusaciones y 1.008 casos entre femicidios consumados y frustrados.
Pese a este balance del Fiscal, en Venezuela persisten las denuncias de constantes violaciones de los derechos humanos.
Doble discurso
El titular del MP ha dicho la frase analizada en otras oportunidades, pese a que en noviembre del año pasado, durante la visita a Venezuela de Karim Khan, fiscal de la CPI, tanto él como Nicolás Maduro -aunque no vieron con agrado la decisión del organismo internacional- respetaron el inicio de las averiguaciones.
El Pitazo, reseñó que Saab advirtió que sí existe un filtro anticorrupción y, como prueba, informó que 319 fiscales del MP han sido destituidos -como lo señalamos al principio- por “hacer lo malo y no actuar con ética”, sólo que no sería razón suficiente para prescindir de la justicia internacional.
Por su parte, la cadena de noticias británica BBC desarrolló un trabajo periodístico titulado “Qué significa que Venezuela sea el primer país de América Latina en la que la CPI abrió una investigación formal”, resaltando el hecho visible de casos de agresión contra civiles, sobre todo, en las protestas de 2017.
Durante la visita del fiscal Khan se dio por terminada la fase preliminar acerca de la situación de Venezuela y se pasó a la investigación formal. Ambas autoridades, Khan, por la CPI y el mandatario venezolano, firmaron un memorando de entendimiento.
Ahora bien, no sólo resulta contradictorio que Saab asegure que no hace falta la presencia de la CPI para esclarecer los presuntos crímenes cometidos, sino que sostenga que “en Venezuela se aplica el sistema de justicia de manera impecable”, como lo reseñaron los medios Tal Cual y El Nacional en junio de 2022.
Sociedad civil indefensa
Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la CPI, en una entrevista para el medio France 24 -publicada en abril de este año- se refirió a los crímenes de lesa humanidad y explicó que corresponden a ataques masivos o sistemáticos contra la población civil.
Un crimen de lesa humanidad no debe cometerse necesariamente en un contexto de guerra o conflicto armado, dijo y añadió que este tipo de violaciones incluyen genocidios, exterminios, esclavitud, asesinatos, prostitución forzada, entre otros.
En este sentido, como lo reseña también la ONG Human Rights Watch, la CPI -basándose en el Estatuto de Roma de 1998- ha dado importantes avances con la investigación de crímenes “atroces” que atentan contra grupos o países en el mundo.
Conociendo en qué consisten los crímenes de lesa humanidad, en Venezuela hay mucho por investigar, especialmente cuando existe un reporte cronológico de las agresiones cometidas contra la sociedad civil.
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), en el año 2019, elaboró dos entregas sobre los crímenes de lesa humanidad. En el primer texto reseñó: “la represión institucionalizada en Venezuela desde, al menos 2014, ha generado un marco de patrones sistemáticos de ataques contra diferentes segmentos de la población venezolana. Por un lado, los opositores al régimen o todo quien se perciba como disidente han sido objeto de innumerables actos de violencia en su contra”.
En el primer trimestre de 2022, Cepaz señaló que ocurrieron 99 casos de persecución y criminalización en el país cometidos por el gobierno. De los perseguidos, señaló el informe, 31 correspondían a organizaciones políticas; 3 organizaciones vinculadas a la sociedad civil; 57 trabajadores de la comunicación social y 8 ciudadanos.
Estos datos se encuentran reflejados en un trabajo periodístico previo publicado en la web de Cotejo.info y titulado: Jacqueline Richter: “En Venezuela existe una política estatal sistemática y coordinada de persecución”
Persisten los hechos de violencia en Venezuela
La revisión de fuentes documentales e informes de ONG que velan por los derechos humanos en Venezuela, arroja que en el país persisten los hechos de violencia perpetrados contra sus ciudadanos:
- Asesinatos: El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) informó que ocurrieron 950 asesinatos en Venezuela durante el primer semestre del año, tal como lo reseñó El Pitazo. De acuerdo a la ONG, el 84 % de las víctimas eran hombres entre los 20 y 29 años de edad. De las 950 muertes violentas, 330 fueron ocasionadas por organismos de seguridad, según reseñó el medio.
- Exterminio: Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, por el gobierno interino de Juan Guaidó, explicó en septiembre de 2020 que desde la Comisión de Seguridad Policial buscaban lograr que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fuese declarada como organización terrorista, “por ser una herramienta de Nicolás Maduro para reprimir, aniquilar y sembrar terror en Venezuela”.
En la nota de El Diario se recordó que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, en el informe de DDHH de ese año, calificó como grupo exterminio a las FAES por el asesinato de 158 personas en el primer trimestre. - Tortura: La agencia de noticias EFE reseñó que de acuerdo con la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en su informe anual presentado en mayo de 2022, entre enero y diciembre de 2021, hubo un aumento de 148 % en los casos de tortura.
Explicaron que donde más ocurrió este tipo de violaciones a la integridad de las personas fue en los centros de detenciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) en El Hatillo; y en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ambos ubicados en el estado Miranda.
- Jueza Afiuni: Uno de los casos que quedó marcado para la historia judicial de Venezuela, fue el encarcelamiento de la ex jueza María Lourdes Afiuni, quien pasó 10 años sometida a un proceso de justicia, condenado por la sociedad civil y la comunidad internacional, al tratarse de una medida fuera de la Ley.
Se conoció por su equipo de defensa que, mientras estuvo detenida, fue torturada y abusada sexualmente. Afiuni, habría liberado a Cedeño porque según la ley venezolana nadie puede permanecer detenido después de dos años sin sentencia, así que le otorgó una medida de presentación ante los tribunales, sin pensar que le costaría su propia libertad.
- Persecución política: Las denuncias de casos de perseguidos políticos en Venezuela son muchas, entre estos: Roland Carreño, periodista venezolano detenido en octubre de 2020, a quien se le imputan 4 delitos y podría enfrentar una condena hasta por 25 años, según Efecto Cocuyo; Henrique Capriles Radonski, en 2017 fue inhabilitado políticamente por parte del gobierno durante 15 años. La decisión se debe a supuestas irregularidades en el ejercicio fiscal de 2011 y 2012 durante su gestión como gobernador del estado Miranda. La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la medida contra Capriles y otros líderes de oposición.
- Persecución sindical: En los últimos 10 años (entre 2011 y 2021) han detenido a 151 líderes sindicales, sólo por el hecho de defender los beneficios contractuales de los trabajadores de la administración pública. Mientras que 44 delegados sindicalistas han sido asesinados en Venezuela entre 2015 y 2020, según el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida).
- Medidas contra religiosos y ONG: El sacerdote jesuita, Alfredo Infante, director de la ONG Lupa por la Vida; así como Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, fueron demandados por Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, por supuesta difamación. Ambas organizaciones sin fines de lucro señalaron que la molestia del gobernante surgió por el informe que presentaron acerca de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía de Carabobo, 221 en total, durante el año 2021. De igual forma, en 2021 fue detenido Javier Tarazona, director de la OGN Fundaredes, por denunciar la presunta existencia de grupos armados en territorio venezolano.
Líderes del mundo sancionados
¿Se sumará Maduro a la corta lista de líderes juzgados por la CPI? Es el titular de un trabajo publicado por la Voz de América en noviembre de 2021 acerca de los juicios de este organismo internacional a gobernantes acusados de propiciar crímenes de guerra y de lesa humanidad. A continuación en detalle los casos más representativos:
De esta manera, una vez puesta la lupa periodística en la frase de Tarek William Saab en la cual expresa que “el sistema de justicia venezolano no necesita que la justicia transnacional lo tutele”, se concluye que se trata de una mentira dadas las numerosas pruebas de existencia de violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Asesinatos, torturas, persecuciones, entre otras irregularidades han sido ampliamente documentadas por ONG de DDHH, la comunidad internacional y medios de comunicación del país y el mundo durante los últimos años.
