- 718 casos de abuso sexual infantil se han cometido en Venezuela entre enero y agosto de este año según informó el Ministerio Público. El Estado, a través de la Fiscalía General, pone en marcha un programa de prevención: Pederastia es crimen
- Los niños y adolescentes de sexo masculino, también son vulnerables y los casos de abusos contra ellos se elevaron a 33 % al mes de junio de este año, cuando en marzo era de apenas 20 %
- Urge actualizar y unificar criterios entre las tres leyes que regulan el delito de violencia sexual infantil en Venezuela para evitar entorpecer el protocolo de atención de las víctimas
Por Kemberling Rodríguez
Ingrid, una niña de 7 años fue tocada indebidamente por un primo de su mamá. Mientras sus padres salían a trabajar, la pequeña quedaba en casa de su abuela, el mismo lugar donde residía el depredador de 20 años, quien si bien no llevó a cabo el coito sí rozó con su miembro reproductor masculino las partes íntimas de la infante.
Han pasado 28 años de aquella historia marcada por el sadismo y que atentó contra su integridad y todavía la recuerda perfectamente. Es un testimonio fidedigno que no revela el nombre verdadero de la víctima por respeto a su privacidad. Sin embargo, refleja la historia de cientos de niños y adolescentes en Venezuela que sufren de violencia sexual, en muchos casos dentro de sus propios hogares.
Lo que sucedió con Ingrid, es un acto lascivo condenado por el artículo 376 del Código Penal venezolano que estipula prisión de 6 a 30 meses. En el artículo 378 también se especifica que, si dicho acto es cometido contra un menor de 16 años, el victimario podrá ser enviado a la cárcel de 6 a 18 meses.
Sin embargo, en Venezuela el tema de ser víctima de violencia sexual a corta edad acarrea complicaciones físicas, psicológicas y de carácter legal.
Expertos en derecho penal, aseguran que las tres leyes venezolanas que regulan este flagelo: Código Penal, Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), poseen entre sí disparidades e inconsistencias que afectan el protocolo de atención de las víctimas.
Generan más vulnerabilidades
Carlos Trapani, abogado y coordinador del Programa Buen Trato de Centros Comunitarios y Aprendizaje (Cecodap), explicó en una entrevista para el portal web Cinc8, que si bien el delito de violencia sexual está regulado tres veces, desde el punto de vista práctico se dificulta la aplicación de las leyes. ¿De qué forma? Existe confusión al momento de determinar cuál de las tres leyes aplica, según el caso, y a través de cuáles tribunales exponerlo.
Señaló un ejemplo: “si en el delito de trata de adolescentes no importa el consentimiento, ¿por qué en violencia sexual sí? Nuestros problemas sociales se han complejizado, son muy visibles y hay más conciencia. Hay que actualizar las leyes, porque hay un conjunto de delitos descontextualizados de la problemática que tenemos”.
En este sentido, fue claro en decir que actualmente se generan más vulnerabilidades a las víctimas. Exhorta a unificar criterios en la legislación que regula la violencia sexual, porque pese a la amplitud en la regulación de dicho delito, al momento de aplicar la Ley existen particularidades como la descritas en el ejemplo anterior.
“Estas inconsistencias afectan los contenidos de los programas de formación y capacitación, así como la eficiencia de los protocolos de atención y la eficacia en el rol de los tribunales en términos de jurisprudencia”, añadió.
Por su parte, Carlos Lusverti, abogado y especialista en Derechos Humanos, expuso para el mismo portal web -especializado en análisis de temas de interés público en Venezuela- que la legislación del país conserva cosas que antes eran aceptadas, pero en la actualidad no.
Se refirió específicamente al tema de los matrimonios entre menores de edad que “históricamente eran aceptables”. Explica que en el Código Civil se les da tratamiento de adulto emancipado, pero hoy en día sería matrimonio infantil, algo inaceptable. En contexto de pandemia, el matrimonio infantil se habría incrementado en Venezuela, según 49 % de encuestados de World Vision. El informe titulado Una espada de doble filo describe lo siguiente:
“Otro aspecto que se examinó fue el impacto de la pandemia en los derechos de la niñez al desarrollo de la personalidad y a una vida libre de violencia. Se les preguntó a los encuestados si conocían algún caso de menores que vivieran en unión consensual o en matrimonio con adultos. Desafortunadamente, el 12 % respondió que sí. Cuando se le preguntó si la pandemia había provocado un aumento del matrimonio infantil, el 49 % respondió que sí”.
Según Lusverti, el desfase jurídico también estaría ocurriendo con el Código Penal, el cual según advierte es una reedición de un código que data del siglo XIX: “sus últimas reformas en 1964 y 2005 fueron muy puntuales, adecuaron o incluyeron artículos y no reformas integradas, y este Código vetusto desfasado sigue rigiendo en el siglo XXI sin que aparezcan los delitos modernos”.
Por último, recalcó que la idea de contar con un Código Penal es precisamente evitar que haya confusión en la tipificación de delitos, sólo que en Venezuela hay más de 200 leyes especiales fuera del código. “No hay unidad y así, prácticas como estas violaciones a la niñez y a la adolescencia, que vienen de una legislación que no termina de actualizarse, se siguen perpetuando”, comentó.
Y si se trata de niñas…
Magaly Vásquez, profesional de derecho destacada en ciencias penales y criminológicas, explicó para Cinc8 otro ejemplo de cómo procede la aplicación de la justicia cuando se trata de delitos de violencia sexual, específicamente cuando afecta a niñas o adolescentes.
Señala que, aunque la Lopnna regula el delito de violación en niños, niñas y adolescentes, cuando se trata de menores de edad del sexo femenino, la Ley de la Mujer es la que establece los procedimientos como violencia de género. En uno de los supuestos de la Ley de la Mujer, expone, se habla de menores de 13 años como víctimas especialmente vulnerables. De acuerdo a dicho estatuto, así la adolescente haya dado su consentimiento para el acto sexual, no sería un consentimiento válido.
“La sentencia 393 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, del 25 de octubre de 2016, deja claro que, aunque la relación sea consentida, si dicho consentimiento no es libre, sino vulnerado o impuesto, se considera realizado en perjuicio de una mujer especialmente vulnerable. Es importante ver que esta distinción de la vulnerabilidad parte de la ley de violencia hacia la mujer y no desde la Lopnna”, expresó.
Sin embargo, establecer una relación sexual con alguien de 12 años en adelante, y dentro del marco de menores de edad, en los últimos años se ha denominado como estupro. Aunque dicho término no aparece tipificado en alguna de las leyes venezolanas, continúa generando controversias en los intentos de demostrar si hubo consentimiento o no.
Aquí se dispara lo complejo, una parte de los profesionales del derecho y defensores de niños, niñas y adolescentes, rechaza manipulaciones sobre la decisión de la adolescente; Trapani destaca que en los artículos 259 y 260 de la Lopnna, se establece el delito en niños y adolescentes, pero en el caso de estos últimos, según la interpretación del artículo, no habría delito si hay consentimiento.
“Esto fue mojigatería legal de los años 2000…No pensaron en un adulto con un adolescente, o sea, que si hay consentimiento en esta relación no hay delito, cuando sí hay abuso, porque hay asimetría de poder, además de engaño, y cuando hay engaño, no puedes hablar de consentimiento”, sostuvo el representante de Cecodap.
Otra parte, representada por los promotores de educación sexual, como reflejó El Diario en una entrevista a Magdymar León, psicóloga clínica y coordinadora de la ONG Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), sostiene lo siguiente:
“El delito de estupro habla de una persona mayor de edad que sostiene relaciones sexuales con un menor de edad. Entonces, ¿si un muchacho de 19 sostiene relaciones con una chica de 17 ya él es un delincuente? Yo diría que no, simplemente son dos jóvenes sosteniendo una relación sexual. Eso quiere decir que en ese caso el consentimiento es libre porque es alguien más igual que tú”.
A 33 % se incrementó abuso en niños
En el mes de marzo de 2022, Oscar Misle, director de Cecodap, explicó para El Estímulo que los casos de abuso sexual en la población infantil y de adolescentes han aumentado. Especificó que el 80 % son cometidos contra niñas y el 20 % contra niños.
Lo que resaltó y también ha sido advertido por las autoridades de seguridad en su momento, es que buena parte de los agresores sexuales son integrantes del entorno familiar de las víctimas. Para el 2021, el 45,2 % de los registros de abusos fueron perpetrados por familiares y muchas veces evitan las denuncias por altos grados de dependencia emocional o económica.
No obstante, de acuerdo a un trabajo periodístico publicado por Efecto Cocuyo, ese dato de violencia sexual contra niños o adolescentes de sexo masculino, pasó de 20% en marzo a 33,3 % en junio.
Neudith Morales, psicóloga de Cecodap, informó al medio que, de los casos de violencia a adolescentes atendidos por el Servicio de Atención Psicológica de la ONG, la violencia sexual ocupó el 50 %, seguido de violencia intrafamiliar (32,1 %) y el acoso escolar (17,9 %).
Para el año 2019 y hasta el 2021, ya se hablaba de un incremento en los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, tal como lo informó el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). La cifra pasó de 60 casos registrados en 2019, a 219 hechos de abuso en 2021.
El año pasado, según publicó NotiFalcón con información del OVV, de 101 víctimas de abuso, las edades comprendidas eran entre 12 y 17 años de edad; otras 35 víctimas oscilaban entre 0 a 11 años de edad.
Gloria Perdomo, coordinadora del OVV, en entrevista para Unión Radio, este mes de octubre, reiteró que efectivamente entre 2019 y 2020 se triplicaron los casos de abuso infantil en el país.
El contador de Agresiones sexuales registradas por medios de comunicación en Venezuela durante el 2022 de Cotejo.info refleja que desde el año 2017, y hasta el 29 de abril de este año, ocurrieron en el país 8.450 imputaciones por delitos vinculados a la violencia sexual, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público; añade, además, que se totalizaron 1.676 órdenes de aprehensión y 5.309 acusaciones.
Sólo en el mes de octubre se documentaron 25 agresiones sexuales en el país, según los casos denunciados en los medios de comunicación y el 92 % de estos abusos fueron perpetrados por algún familiar o conocido.
El total acumulado en lo que va de 2022 es de 142 agresiones visibilizadas; 122 de estos casos fueron perpetrados contra menores de edad.
El MP insta a los vulnerados por abusos a denunciar su caso a través del número 0212-5098251 o través del correo electrónico dgpfm@mp.go.ve en aras de proteger a los niños, niñas y adolescentes.
718 casos de abuso sexual
Tarek William Saab, fiscal general de la República, indicó hace una par de meses que entre enero y agosto de este año se registraron 718 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. En este sentido, la institución que preside elaboró un plan de prevención en las escuelas y/o liceos, así como de pronta detención y procesamiento de los depredadores sexuales.
En septiembre de este año, durante rueda de prensa anunció en primer lugar que, de esos casos de abuso sexual cometidos contra infantes, las entidades del país con mayor número de víctimas son Zulia, Táchira, Carabobo, Miranda y Caracas.
Seguidamente, anunció el lanzamiento de dos programas de atención: Pedofilia es Crimen dirigido a la prevención de violencia sexual y atención de los menores de edad abusados; y la Droga destruye a tu familia.
“Hemos logrado una pena mayor hasta de 30 años de cárcel para los depredadores sexuales de niños, dependiendo la pluralidad del delito”, enfatizó, asegurando que estas campañas tendrán un gran impacto en las comunidades educativas y sectores más vulnerables en general. “Hay que enseñar las reglas del autocuidado, tienen el derecho de decir que no”, exhortó.
Asimismo, habló de la importancia de supervisar el contenido de las redes sociales, ya que existen ocasiones en las que los abusadores ocultan su verdadera identidad en aplicaciones para lograr el acercamiento con los infantes y, una vez ganada la confianza de la potencial víctima, proceden a cometer sus fechorías.
En Lara, Guárico, Caracas, Portuguesa, Miranda, hubo ocho actividades en el marco de estos dos programas con una participación de 1.987 personas adscritas a instituciones educativas, orientados por consejeros de protección, fiscales, funcionarios policiales, entre otros vinculados a la atención y cuidados de los niños y adolescentes, según Saab.
De hecho, estiman operar en 255 centros de educación del país donde brindarán capacitaciones al personal docente, administrativo, obrero, estudiantes, padres y representantes.
Alrededor de 20.400 participantes en total, estarían siendo capacitados en todo el país para hacerle frente al delito de abuso sexual y consumo de estupefacientes en edades tempranas.
Con respecto al acoso escolar, el titular del MP indicó que desde inicios del año escolar 2022-2023 se han realizado 141 actividades en las entidades federales y continuarán en lugares como Barinas, Delta Amacuro, Distrito Capital, La Guaira, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo, entre otros.
Los estados que están en deuda con estas actividades, sostuvo, deberán realizar de manera obligatoria las jornadas de prevención. Hasta ahora han participado 9.151 personas entre estudiantes, docentes, padres y representantes, tanto de centros educativos públicos como privados.
Entre enero y agosto de este año, se han registrado 341 casos de acoso escolar, de los cuales 207 son lesiones, 34 amenazas, 30 hostigamiento y 28 riñas, según informó el fiscal general: “Es injustificable que ocurran estos casos en plena institución educativa o en las afueras”.
Por último, destacó que desde el MP propician un acercamiento con las víctimas, mejorando los niveles de atención, incluso, en los lugares más apartados. En comunidades rurales, donde no existen despachos fiscales, se trasladan equipos multidisciplinarios para la recepción de denuncias desde las plazas Bolívar de cada localidad.
Han atendido mediante este despliegue, 3.475 personas, de las cuales 817 pusieron denuncias y otras 2.658 recibieron orientaciones o fueron remitidos a otros organismos; los casos de mayor prevalencia fueron los delitos comunes.
