- Los sindicalistas, por denunciar la violación a los derechos laborales, han sido perseguidos, acosados, y hasta judicializados y encarcelados
- Durante este año detuvieron a 6 sindicalistas que denunciaban los salarios precarizados durante la gestión del presidente Nicolás Maduro
- Lara no escapa a esta realidad, toda vez que los sindicalistas son asediados por colectivos armados que arremeten contra ellos cada vez que manifiestan
Por: Edy Pérez Alvarado
La persecución a la clase obrera es una política de Estado que se refleja en la veracidad de la frase dicha por el secretario ejecutivo del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara, doctor Omar Agüero: “Hay alrededor de 80 trabajadores, incluidos varios dirigentes sindicales, judicializados en todo el país, y ya seis de estos últimos se encuentran detenidos”.
Esta frase la dijo el 26 de septiembre pasado mientras hablaba en nombre del Pacto Sindical Unitario de 32 gremios y sindicatos del Estado Lara, una alianza conformada para desarrollar luchas en conjunto, en defensa de los trabajadores de esta entidad federal.
El equipo de Cotejo.info se dedicó a hacer un rastreo en fuentes documentales que refieren que la criminalización de quienes luchan por los derechos de los trabajadores se remonta al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y que con los años y la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro esta represión se mantiene y para algunos ha empeorado.
Persecusión confirmada
Provea, en su informe especial titulado “Política de Estado contra la libertad sindical en Venezuela: criminalización y encarcelamiento de sindicalistas 2021”, refiere que el 11 de noviembre de 2000 el entonces presidente Hugo Chávez expresó: “El pueblo venezolano y los trabajadores venezolanos vamos a demoler a la CTV”.
Como contexto agregan: Eran tiempos en los cuales el presidente gozaba de una altísima popularidad y empezaba a mostrar sus rasgos autoritarios. Desde esa declaración contra la principal central sindical del país, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), pasando por el despido de 18.000 trabajadores del sector petrolero debido al paro cívico de 2002, se aplica una política de Estado antisindical en Venezuela, reza el informe.
Por su parte, Odevida en su boletín 7, cuyo nombre es “Violencia contra líderes sindicales: el retroceso de la clase obrera en Venezuela”, da un panorama de la violencia sindical en cifras que son las siguientes: entre 2015 y 2020 se registraron 82 casos de violencia en contra de personas defensoras de derechos laborales y líderes sindicales.
Son 44 casos de asesinato (53,66 %), 1 de ellos presuntamente relacionado con la acción del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística, CICPC. Otros 28 casos de detenciones arbitrarias (34,15 %); 5 casos de amenazas o intimidaciones (6,10 %), 4 casos de intentos de asesinatos (4,88 %) y 1 caso de malos tratos (1,22 %). De los 82 casos, 4 fueron en contra de mujeres.
El peso de la judicialización
En una investigación hecha por el periodista José Rivas para Cotejo.info detalla que Provea, en su boletín del 14 de julio pasado, denunció que continúan las detenciones contra líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos. “Se documentó la detención de siete activistas sindicales y del partido político Bandera Roja”, dice este trabajo.
Néstor Astudillo, Reynaldo Cortez, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín fueron los dirigentes sindicales privados de libertad el mes pasado. A la lista se suma Douglas González, directivo sindical de la empresa estatal Venalum, por incumplir con el régimen de presentación por delitos relacionados con un paro de trabajadores en 2018.
“Es otra acción represiva contra el movimiento sindical que está reclamando sus derechos”, comentó a la Voz de América, Pedro Moreno, secretario ejecutivo de la Conferencia de Trabajadores de Venezuela (CTV).
La judicialización de los trabajadores venezolanos ha sido documentada en medios de comunicación a partir de los datos recabados por las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Para la abogada y defensora de derechos fundamentales, Yajaira Forero, en el país se registra un “patrón” de persecución contra activistas sindicales por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“Ellos no son ningunos delincuentes, simplemente son personas que han venido denunciando la grave situación de violaciones a los derechos de los trabajadores, ellos han venido denunciando cómo trabajadores son despedidos injustamente”, expuso a la Voz de América.
El 10 de julio pasado la agencia de noticias EFE redactó una nota que fue replicada por la Prensa de Lara en la que explican que: la plataforma Alerta Venezuela, que agrupa a cinco ONG del país, denunció una «nueva arremetida» contra activistas por los derechos humanos, trabajadores humanitarios y sindicalistas.
«En los primeros días de julio se han realizado múltiples detenciones arbitrarias por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y sus familiares, como lo son Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Yeny Pérez», señaló la organización en un comunicado de prensa.
La nota de EFE sostiene que todos los detenidos han ejercido el activismo sindical en diversas regiones del país y que Gabriel Blanco, para el momento de su detención, se desempeñaba como trabajador humanitario.
En el año 2018 el diario El País de España publicó una nota titulada: Detenido un dirigente sindical por organizar protestas en Venezuela, para ese momento el periodista Alonso Moleiro escribió que “las autoridades venezolanas encarcelaron a Rubén González, conocido dirigente sindical opositor, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Ferrominera del Orinoco, empresa estatal dedicada a la explotación y comercialización de hierro, adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana”.
Para esa fecha González fue detenido en horas de la madrugada mientras regresaba de una protesta en Caracas rumbo a Puerto Ordaz, ciudad donde residía. Él, junto a otros trabajadores, denunciaban el incumplimiento del contrato colectivo de la empresa por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
Persecución en Lara
El 21 de abril pasado, la periodista Jenifer Orozco publicó en Punto de Corte que trabajadores de Mondelez, antigua planta Kraft en Barquisimeto, protestaron en exigencia de sus beneficios laborales, pero también rechazando “las persecuciones” a las que estaban siendo sometidos por estas acciones.
En ese mismo trabajo Orozco entrevistó a Frank Piña, dirigente sindical, quien aseveró que las protestas de Mondelez están siendo judicializadas con intención de detener a los trabajadores que protesten. “Quieren encarcelar a los trabajadores, solamente por el hecho de reclamar el aumento de salario que les corresponde”, declaró Piña.
Noticias Todos Ahora reseñó hace cinco meses que organizaciones sindicales, junto a la organización Movimiento Vinotinto, consignaron ante la Defensoría del Pueblo del estado Lara una denuncia formal por el acoso y persecución que viven los agentes gremiales.
El presidente del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara (SEPEEL), Julio Marín, comentó a Noticias Todos Ahora que en las asambleas realizadas en las inmediaciones de la Gobernación de Lara fueron agredidos por sujetos de dudosa procedencia.
El 30 de mayo pasado el periodista Yorvi García escribió para El Impulso que la ONG Movimiento Vinotinto denunció persecución y acoso a miembros de gremios y sindicatos en Lara.
En la nota de prensa entrevistan a Henderson Maldonado, coordinador del área penal de la ONG, señaló que acudieron a la Defensoría del Pueblo para consignar un documento en el que exigen respeto y cese de persecución a trabajadores y representantes de sindicatos, que fueron agredidos por colectivos el pasado 27 de mayo.
Luego de hacer un rastreo histórico y documental se evidencia que en los dos últimos gobiernos de Venezuela (Hugo Chávez y Nicolás Maduro) ha habido una política antisindicalista que ha consistido en perseguir, acosar, criminalizar y encerrar a los dirigentes sindicales alrededor del país. Esta es una muestra también de la flagrante violación a los derechos humanos en el país.
En tal sentido, es una verdad que alrededor de 80 trabajadores judicializados en Venezuela, como afirmó el doctor Omar Aguero.
