- Cuando se conformó la cuarta República de Venezuela en 1830, sus fronteras se establecieron siguiendo el principio jurídico uti possidetis iuris, cuya delimitación con el territorio de la entonces Guayana Británica se establecía en el río Esequibo
- A partir de 1835 Gran Bretaña inició sus pretensiones expansionistas sobre territorio venezolano, al occidente del río Esequibo. El Laudo Arbitral de París, firmado en 1899, otorgó 159.500 km² a los británicos y fue denunciado como nulo e írrito por Venezuela
- Tras el fracaso de la figura del Buen Oficiante, establecida en 1986 en el marco del Acuerdo de Ginebra, la disputa territorial se mantiene actualmente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya
Por María Fernanda Rodríguez
Para muchos venezolanos, sobre todo los más jóvenes, no están claras las razones por las que su país mantiene el reclamo del Esequibo, de allí la importancia de recordarlas en este artículo que resume los 26 hitos más importantes de una disputa que se remonta a la primera mitad del siglo XIX, apenas un lustro después de que Venezuela instaurara su tercera república.
Cuando se disolvió la Gran Colombia en 1830, el límite fronterizo oriental de Venezuela con la entonces Guayana Británica llegaba hasta el río Esequibo, como se estableció en 1777 con la conformación de la Capitanía General de Venezuela. Esta delimitación geográfica se determinó por el principio jurídico uti possidetis iuris, que significa “como poseéis de acuerdo al derecho, así poseeréis”.
Sin embargo, la presencia de oro y otros recursos minerales en territorio del Esequibo marcó el inicio de una larga disputa que aún se mantiene sobre ese territorio. Venezuela reclama desde 1903 ante instancias internacionales que se considere nulo e írrito el Laudo Arbitral de París de 1899, el cual le concedió al Reino Unido 159.500 kilómetros cuadrados (km²) de un territorio que pertenecía a Venezuela desde su separación de la Gran Colombia.
Las líneas de Schomburgk
En El Esequibo: una reclamación histórica (2016), el historiador venezolano Manuel Donís recuerda que hasta 1835 Gran Bretaña aceptaba la delimitación geográfica que extendía la frontera de Venezuela hasta el río Esequibo. Pero a partir de ese año la corona británica comenzó su expansión territorial con la intención de dominar el río Orinoco y explotar los recursos minerales venezolanos, sobre todo el oro presente en la cuenca del río Cuyuní. Ese año la Royal Geographic Society de Londres envió una comisión a explorar la Guayana Británica, liderada por el naturalista y explorador Robert H. Schomburgk.
“Al iniciar sus exploraciones, Schomburgk presentó un mapa de la Guayana Británica, separada de Venezuela por el río Esequibo, exceptuada la región del Pomerún y Moruca, en un área de unos 4.920 km² al occidente de dicho río, desconociendo el reconocimiento británico de la frontera en el río Esequibo”, precisa Donís. Esta delimitación dibujada por el explorador prusiano se conoce como la primera línea de Schomburgk.
Cuatro años más tarde, al término de su primera expedición en la Guayana Británica, Schomburgk amplía en 141.939 km² su línea limítrofe sobre territorio venezolano. Esta nueva demarcación, hecha por quien después fue nombrado Caballero por la Reina Victoria, es la que se conoce como segunda línea Schomburgk.
Entre 1841 y 1844 Schomburgk llegó a Punta Barima, que actualmente forma parte de Delta Amacuro, izó la bandera británica y realizó actos de posesión, originando una protesta formal por parte de Venezuela. Cuenta Donís que las pretensiones expansionistas de Gran Bretaña crearon un fuerte rechazo en la opinión pública venezolana, situación que llevó a que el ministro británico en Caracas, B. H. Wilson, propusiera al entonces presidente venezolano, José Tadeo Monagas, mantener un status quo sobre el territorio en disputa, de modo que ninguno de los dos países lo ocupara. Este compromiso mutuo se conoció como el Acuerdo de 1850.
Pero en 1887, doce años después del fallecimiento de Schomburgk, el gobierno británico publicó el llamado mapa Hebert, elaborado en 1842 y donde se establecían las conocidas como tercera y cuarta líneas de Schomburgk. Allí las pretensiones expansionistas de Gran Bretaña sobre territorio venezolano se extendían aún más, entre 167.830 y 203.310 km², llegando incluso hasta los límites con la ciudad de Upata, en el actual estado Bolívar.
Del Laudo Arbitral de París al Acuerdo de Ginebra
Tras la publicación del mapa Hebert en 1887, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Fue el inicio de una disputa aún más intensa que desembocó en el Laudo Arbitral de París, firmado el 3 de octubre de 1899 sin participación de representantes venezolanos, cuya sentencia de delimitación territorial favorecía a los británicos con la concesión de 159.500 km².
“Venezuela fue forzada a firmar en Washington un Tratado de Arbitramiento en 1897, que nos condujo inexorablemente a una sentencia arbitral manifiestamente injusta, que vulnera los principios del Derecho de Gentes, por lo que los venezolanos hemos siempre afirmado que el Laudo del 3 de octubre de 1899 fue y es absolutamente nulo. Venezuela nunca aceptó la decisión arbitral de 1899 y lo manifestó a lo largo del siglo XX”, sostiene Donís.
En dicho arbitraje participaron dos juristas británicos, dos estadounidenses y uno que debía ser neutral, Federico de Martens, representante de la Cancillería de San Petersburgo del Imperio Ruso. Claudio Briceño, historiador de la Universidad de Los Andes y especialista en fronteras, recuerda en un artículo escrito para Prodavinci a propósito de los 120 años del Laudo de París, que el ruso De Martens “era un probritánico por convicción, partidario del entendimiento entre Rusia e Inglaterra. Estimaba que el Derecho Internacional Público era asunto de naciones civilizadas, debiéndose reservar el Derecho natural para el trato de las naciones semi–civilizadas o primitivas, como consideraba a Venezuela”.
Cuatro años después, en 1903, Venezuela denunció ante la Corte Internacional de La Haya la sentencia arbitral del Laudo de París. Durante el gobierno de Isaías Medina Angarita el país retomó su denuncia de revisión del laudo, primero en 1944 ante la Unión Panamericana en Washington y el Congreso Nacional, y luego en la IX Conferencia Interamericana de Bogotá realizada en 1948.
Un año después, en 1949, se conoció el Memorándum de Severo Mallet-Prevost, uno de los abogados que representaba a Venezuela por parte de Estados Unidos ante el tribunal arbitral de París. Allí precisaba sus denuncias acerca de los vicios del Laudo Arbitral de 1899, asegurando que la sentencia del mismo fue el resultado de una componenda política entre Rusia y Gran Bretaña.
A partir de entonces Venezuela intensificó su denuncia para que el Laudo de París fuese declarado nulo e írrito, llevándola incluso ante las Naciones Unidas en 1962. Finalmente, el 17 de febrero de 1966 se firmó en Ginebra el “Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica”, conocido como el Acuerdo de Ginebra, cuyo objetivo principal era que se llegara a un acuerdo definitivo.
Fin del proceso de Buenos Oficios y situación actual
El Acuerdo de Ginebra se firmó tres meses antes de que Guyana se independizara del Reino Unido, de modo que en adelante la disputa territorial sobre el Esequibo se ha mantenido entre las dos repúblicas, la de Venezuela y la de Guyana. En febrero de 1970 la comisión mixta creada para decidir una solución al conflicto llegó a su fin sin lograr su objetivo. Por ello, en 1970 se firma el Protocolo de Puerto España, con el que se suspende por un lapso de 12 años la aplicación del artículo IV del Acuerdo de Ginebra.
No obstante, el Congreso de Venezuela nunca aprobó legislativamente ese protocolo. En 1982, cuando se venció el plazo de 12 años de vigencia del mismo, el entonces presidente venezolano Luís Herrera Campins decidió no renovarlo. En julio de 1986 la Cancillería de Venezuela propuso activar el proceso de los Buenos Oficios por parte de Naciones Unidas, una figura del Derecho Internacional donde un tercero indica a las partes involucradas en un conflicto los instrumentos que pudieran ayudar a resolverlos de manera pacífica. El entonces secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, designó al granadino Alister McIntyre como Buen Oficiante.
El proceso de Buenos Oficios terminó en diciembre de 2017, luego de que cuatro Buenos Oficiantes designados por la ONU no lograran que Venezuela y Guyana resolvieran su disputa. Es por ello que el 30 de enero de 2018 el entonces secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, decidió poner fin a esta figura y remitir el asunto a la CIJ.
El 18 de diciembre de 2020 la CIJ emitió un fallo en el que declara que tiene competencia ante la demanda introducida por Guyana contra Venezuela en marzo de 2018, donde exige que este país reconozca la delimitación territorial establecida en el Laudo de París. Venezuela, aunque mantiene su posición sobre la falta de jurisdicción de la CIJ ante la disputa territorial del Esequibo, presentó el 17 de noviembre de este 2022 sus objeciones preliminares sobre la demanda interpuesta por Guyana.
