- Aunque las sanciones agravaron la situación de PDVSA al limitar sus posibilidades de exportación y comercialización, la reducción de mercados y la desviación de los fines de la industria inició varios años antes.
- El pico productivo de PDVSA luego de su nacionalización fue en el año 1997, con un promedio de más de 3 millones de barriles diarios durante ese año. En la época del chavismo no se alcanzó ese promedio y, desde el 2012, el descenso fue continuado.
- De los 127 casos de supuesta corrupción en PDVSA se estima que comprometieron alrededor de USD 42.000.000.000 del patrimonio público venezolano, 196 veces la cifra que el Fiscal General atribuye a las sanciones.
Por Verónica Bastardo Vera
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció durante rueda de prensa, ofrecida el lunes 9 de enero de 2023, que la mayoría de las sanciones y “sabotajes” de Estados Unidos a Venezuela las ha recibido la industria petrolera y, producto de esta “agresión” contra Pdvsa “la producción cayó 87 %”.
Durante sus declaraciones el fiscal general mencionó supuestas investigaciones económicas —no especificadas— que estiman en 214.000 millones de dólares las pérdidas de la industria petrolera debido a la caída de la producción, “producto de las sanciones, la guerra de precios y el sabotaje contra PDVSA”, según reseña el medio oficial del Estado, VTV.
No es un secreto el debilitamiento que ha sufrido PDVSA en los últimos 9 años. Siendo una de las principales compañías de petróleo a nivel mundial, ahora es un reto mayor mantener un nivel de producción estable que permita al Gobierno seguir con la economía de Estado rentista iniciada en el siglo pasado y potenciada en este.
Sin embargo, las declaraciones del fiscal responsabilizan de esta caída productiva exclusivamente a EE.UU. Es por ello que en Cotejo.info le ponemos la lupa a este discurso por medio de datos e investigaciones documentales que contextualizan y explican la situación de la industria bandera del país: PDVSA y llevan a calificar la frase como una media verdad.
Caída antes de las sanciones
Históricamente, desde la nacionalización de la empresa petrolera, PDVSA ha representado la principal entrada de ingresos para Venezuela, al punto de volver al país un Estado rentista dependiente de la exportación de petróleo. Si bien esta fue una práctica iniciada durante el siglo XX en los gobiernos de la conocida era democrática, se profundizó en la era del chavismo.
No obstante, depender de PDVSA no se tradujo en potenciar la industria petrolera, al contrario. La producción fue cayendo progresivamente, hasta evidenciarse una destrucción del sector por una combinación de gestión interna y un contexto internacional que puso el precio del petróleo en puntos muy bajos.
Comparando la data del histórico de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la página web de datos económicos abiertos DatosMacro y la investigación The Collapse of the Venezuelan Oil Industry: The Role of Above-Ground Risks Limiting FDI del Baker Institute, el hito máximo de producción en la historia de PDVSA luego de su nacionalización petrolera en 1975, corresponde al año 1997 en el que se produjeron 3,5 millones de barriles diarios en promedio.
Si bien durante la era del chavismo se prometió una producción promedio de 6 millones de barriles diarios para 2019, esta meta estuvo lejos de alcanzarse. Incluso, comparando la data disponible de producción de 1999 a 2022, no se alcanza aquella máxima productividad de 1997 y, observando el gráfico, de 2008 en adelante, la producción fue decreciendo hasta llegar al estancamiento de los 700 mil barriles diarios del año pasado.
Irónicamente, 2019 fue el peor año de PDVSA a nivel de producción si se observa la data, con apenas 2 años de haber sido aplicadas las sanciones de Estados Unidos al sector petrolero Venezuelano. Sin embargo, la mengua productiva de la industria petrolera inició al menos 12 años antes de que se tomaran estas medidas, en el 2005.
Sanciones: una línea de tiempo
Estados Unidos empezó a aplicar sanciones relacionadas a Venezuela en el año 2009, de acuerdo al Servicio de Investigación del Congreso, sin embargo no eran dirigidas a la industria venezolana sino a individuos.
Entre 2009 y 2015 EE.UU. aplicó menos de 5 sanciones por año —en promedio— relacionadas a Venezuela. Todas fueron dirigidas a individuos o funcionarios en roles estratégicos que cooperan en redes de narcotráfico o financiaban al grupo terrorista Hezbollah..
Es en 2015 cuando las motivaciones detrás de las medidas aplicadas por el país norteamericano empiezan a mutar, ya no solo a individuos vinculados en delitos internacionales. Ahora estarían dirigidas a funcionarios o instituciones vinculadas a conductas antidemocráticas, violaciones de derechos humanos o corrupción pública.
De 2009 a 2016 EE.UU. cambia la razón detrás de sus sanciones relacionadas a Venezuela, pero su práctica es similar durante este período: negación o revocamiento de visas y congelación de activos bajo su jurisdicción.
Esta práctica contra individuos continúa, pero en 2017 se le suman una nueva ola de medidas que buscaron aislar y ahogar las fuentes de ingreso del gobierno de Maduro por medio de la prohibición de transacciones con el país y con PDVSA. Aquí es cuando empiezan las sanciones que vinculan a la industria petrolera venezolana.
Hasta 2019 estas sanciones se van a quedar en la limitación de transacciones internacionales, así como también la restricción de pago de la deuda externa acumulada por Venezuela hasta la fecha y la emisión de una nueva. En 2018, EE.UU crea un nuevo programa de sanciones que, en principio, busca limitar los ingresos por medio del oro, pero se extendió al sector petrolero.
En investigación del Centro por una Nueva Seguridad Americana (CNAS) se explica que durante el año 2019 se aplica el 80% de las sanciones totales emitidas bajo esta orden, las cuales consisten en bloquear activos y prohibir transacciones con compañías venezolanas vinculadas a los rubros especificados.
Esto se extendió a la penalización de buques y aviones venezolanos usados para la exportación o importación de ciertos rubros, así como también a sanciones a aquellos países que colaboran con Venezuela.
¿Fueron las sanciones o fue la corrupción?
Si bien, la última oleada de sanciones de EE.UU. se tradujo en una caída abrupta en la entrada de dinero al país por medio de la exportación petrolera —determinante al ser un Estado rentista—, no son las que causaron la caída consecuente de la producción y exportación de petróleo desde 2005.Transparencia Venezuela ha registrado por lo menos 127 casos de presunta corrupción en PDVSA durante la gestión del chavismo, los cuales comprometieron alrededor de USD 42.000.000.000 del patrimonio público venezolano. Es decir, 196 veces la cifra que el Fiscal General atribuye a las sanciones.
Esto se traduce en desinversión en áreas claves para que la industria se mantenga a su máxima capacidad y se actualice de acuerdo a las tecnologías extractivistas mundiales, así como también un aumento del gasto público sin ganancia acorde. Por ejemplo, los apenas 25 taladros en funcionamiento para 2019 de los 59 activos en 1999, o la triplicación de la nómina de empleados con una tercia de producción.
Las sanciones aplicadas por EE.UU. entre 2019 y 2022 al sector petrolero venezolano significó un golpe duro para las exportaciones de crudo en los últimos 3 años, sin embargo, no explican la caída continuada de la producción que se observa en datos públicos desde 2012 y cuya primera advertencia se observa entre 2005 y 2010.
No obstante las tramas de corrupción de vieja data descubiertas por organizaciones no gubernamentales venezolanas e instituciones internacionales, si dan razón de la pérdida de miles de millones de dólares de la empresa pública bandera de Venezuela. El estancamiento productivo de este sector es solo el resultado de una desinversión conocida por funcionarios y empresarios clave —como Rafael Ramírez, Carlos Enrique Urbano Fermín o Denis Teresa Rodríguez De Luongo— que redirigieron estos montos de la bonanza, a bolsillos personales y paraísos fiscales.
