- La Comisión de Encuesta (CE) para Venezuela fue activada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en vista de las violaciones flagrantes a los acuerdos internacionales, como la falta de garantía para la libertad sindical y la nula intención de crear una mesa tripartita para fijar un salario mínimo acorde con la realidad del país
Por Edy Pérez Alvarado
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) denunció, en un comunicado publicado el 29 de enero de 2023, que el Gobierno ha incumplido con más de 90 % de las recomendaciones formuladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2019, y reafirmadas en el Foro de Diálogo Social entre el Estado venezolano, empleadores y sindicatos, activo desde abril de 2022. El documento fue replicado por medios de comunicación internacionales, nacionales y locales.
Para el 2019 una comisión de la OIT visitó Venezuela y formuló un informe en el que se desnuda la paupérrima situación que vive la clase obrera, la constante represión que sufren cuando reclaman mejoras salariales y la falta de un acuerdo tripartito para establecer un salario acorde con la realidad.
Aunado a este informe hicieron 21 recomendaciones de las que asegura la CTV no se ha cumplido ni un 10 %. El equipo de Cotejo.info fijó su lupa en esta afirmación y pudo verificar que en efecto las recomendaciones han sido ignoradas casi en su totalidad.
En esta verificación se muestran cuáles fueron las sugerencias y se evidencia mediante fuentes documentales e investigaciones que los trabajadores venezolanos viven en una situación precaria desde el punto de vista económico y que existen voceros que están siendo perseguidos y encarcelados por reclamar derechos laborales. Es una realidad que no ha variado desde 2019.
¿Qué es la OIT?
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es “la única agencia ‘tripartita’ de la ONU. Reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados Miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres”, según su página web.
Explican que funciona bajo una estructura tripartita, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos durante las deliberaciones de los órganos principales de la OIT, garantiza que las opiniones de los interlocutores sociales queden fielmente reflejadas en las normas, políticas y programas de la OIT.
Carlos Patiño, en un trabajo de su autoría para PROVEA, señala que es justamente aquí donde se ha activado uno de los mecanismos históricos para el país y para el seno de la propia organización: la Comisión de Encuesta (CE) para la República Bolivariana de Venezuela.
En 2019, la CE emitió un duro informe sobre Venezuela, en el cual denunciaron que no se respetaban los derechos de los trabajadores a asociarse en sindicatos y el de los empresarios a promover sus iniciativas. Asimismo, instó al gobierno a impulsar “un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social”.
En 2020, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) publicó un Informe de seguimiento a las recomendaciones de la CE, en el cual demostraba su incumplimiento. El propio gobierno ratificó su desacato cuando en marzo de 2021 las autoridades venezolanas anunciaron que no acatarían las recomendaciones.
Declaró el entonces ministro del Trabajo, Eduardo Piñate: “El Gobierno rechaza categóricamente esta decisión tomada y no se compromete con la misma. Dejamos constancia expresa de nuestra posición. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se desvincula y no se compromete con esta decisión”, esto fue publicado en el diario TalCual.
Las recomendaciones hechas por la OIT
Aunque se trata de 21 recomendaciones hechas por la OIT, el equipo de Cotejo.info las dividió en tres grandes consejos para contrastarlas con la realidad y comprobar que es cierto que el Gobierno se ha negado a cumplirlas y que luego de cuatro años la violencia hacia la clase obrera sigue normalizada en el país. Entre las principales sugerencias se encuentran:
1. La existencia de un clima desprovisto de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión, en el que los interlocutores sociales puedan ejercer sus actividades legítimas, incluida la participación en un diálogo social con todas las garantías.
Lejos de asumir esta sugerencia el Gobierno continúa con la política de despreciar el diálogo social tripartito. La Voz de América publicó que el lunes 30 de enero de 2023 se instaló en Margarita, estado Nueva Esparta, por tercera vez una mesa de diálogo con la asistencia técnica de la OIT, representantes del Gobierno, organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores para una nueva sesión del denominado Foro de Diálogo Social.
Se trata de la tercera desde marzo del año pasado, pero no se llegó a ningún acuerdo en cuanto al salario mínimo que está en unos 7 dólares mensuales. El periodista Alberto Torres publicó en Crónica Uno el pasado 2 de febrero que la tercera ronda de conversaciones cerró sin acuerdos ni avances concretos sobre el salario mínimo.
Alianza Sindical Independiente (ASI), Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Confederación General de Trabajadores (CGT) informaron en un comunicado que el Gobierno no propuso montos ni fecha de aumento salarial, a pesar de la insistencia de parte de los gremios de sindicatos.
En la ronda de reuniones en Margarita se acordó la constitución de una mesa o instancia técnica “para discutir el método de fijación del salario mínimo”. Las centrales consideran que esa mesa “no debe ser asumida como una excusa para que el gobierno no tome de inmediato alguna medida para recuperar el poder adquisitivo”.
Se requiere con urgencia de un ingreso de emergencia que atenúe, aunque sea parcialmente, el hambre que está sufriendo nuestra clase trabajadora. Instamos al gobierno a decretar un ingreso de emergencia mientras discute los criterios y monto del salario mínimo”, expresa el comunicado conjunto de ASI, CTV y CGT.
El último aumento del salario mínimo, del que dependen pensionados, jubilados y sirve de cálculo para las nóminas del sector público, se remonta a marzo de 2022, cuando se fijó en Bs. 130 y equivalía a $30 mensuales. Desde entonces, el salario mínimo ha perdido 81 % de su poder adquisitivo.
Además, se mantiene una política de persecución, hostigamiento e incluso detenciones de líderes sindicales en el ejercicio de la actividad sindical. De hecho un informe de PROVEA reza que: Desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez hasta los tiempos con Maduro, el propósito del llamado “bolivarianismo” es acabar con los sindicatos y así debilitar al máximo la exigibilidad de derechos de los y las trabajadoras.
Con esto se pone en evidencia que el gobierno tampoco ha tratado de cumplir con la segunda gran recomendación que hizo la OIT que es:
2. El pleno respeto de la autonomía de las organizaciones de empleadores y trabajadores, en particular con relación al Gobierno o a partidos políticos; y para suprimir toda injerencia y favoritismo de las autoridades estatales. La CE alienta igualmente a los interlocutores sociales a tomar las medidas a su disposición para preservar la independencia de sus organizaciones en la defensa de los intereses de sus miembros.
Un ejemplo de esto es el caso de Emilio Negrín (defensor de DDHH, sindicalista y Presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial), es el segundo miembro de la Alianza para la Defensa para los DDHH Laborales en Venezuela que es detenido de manera arbitraria por defender derechos, siendo el primero Javier Tarazona, quien se encuentra injustamente detenido desde el pasado 2 de julio de 2021, reseña Acceso a la Justicia.
No se han adoptado medidas legislativas o de otra naturaleza para garantizar la aplicación efectiva de las normas de la OIT de conformidad con las recomendaciones de la CE, de hecho, el gobierno se niega a llegar a un acuerdo tripartito y esto se evidenció en Margarita en la tercera ronda de negociaciones que fue expuesto en párrafos anteriores.
El gobierno liberó después de 11 años al dirigente sindical Rodney Álvarez excarcelado en 2022. Quiere recuperar a su familia, el tiempo perdido y dejar de ser para sus hijos, como él mismo dijo a Tal Cual, «un hombre desconocido». Con esta intención ha emprendido un largo camino con la asistencia psicológica que le permita rehacer su vida, luego de pasar más de una década en lo que él mismo catalogó como un espacio «para despojos humanos»
Después de 21 meses, en 2020, el Gobierno de Nicolás Maduro también dejó en libertad a Rubén González, el sindicalista venezolano y secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera).
Sin embargo, hay muchos luchadores por los derechos de los trabajadores que tienen medidas cautelares y que sufren hostigamiento como se evidenció en la verificación, hecha por Cotejo.info, de esta frase de Omar Agüero: “Hay alrededor de 80 trabajadores, incluidos varios dirigentes sindicales, judicializados en todo el país, y ya seis de estos últimos se encuentran detenidos”.
El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS) también publicó un informe de observaciones al cumplimiento de las recomendaciones. En el trabajo se asegura que para octubre de 2020, el gobierno de Venezuela no solo había desatendido la gran mayoría de las recomendaciones de la CE sino que había continuado infringiendo los Convenios 26 (CO26), que trata acerca de los métodos de fijación del salario mínimo; el convenio 87, sobre la libertad sindical y el 144, sobre la consulta tripartita.
El hecho de incumplir con los convenios internacionales ha generado que Venezuela esté sometida a una investigación formal por parte de la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, el Estado venezolano también se encuentra desde el año 2018 bajo el escrutinio de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Comisión de Encuesta es el mecanismo de investigación de más alto nivel y mayor formalidad del cual dispone la OIT para los casos en los cuales un Estado miembro es acusado de cometer violaciones persistentes y graves a los Convenios Internacionales del Trabajo, y se niega reiteradamente a ocuparse de ello. Desde su fundación en 1919, la OIT sólo se ha visto en la necesidad de crear 14 Comisiones de Encuesta, y esta es la primera vez que Venezuela ha sido sometida a este escrutinio.
3. El debido y efectivo cumplimiento de las obligaciones de consulta previstas en los Convenios números. 26 y 144, así como el cese de la exclusión del diálogo social o de la consulta a Fedecámaras y a organizaciones sindicales no afines al Gobierno. En particular, la CE recomienda, mediante el diálogo tripartito con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.
El establecimiento de procedimientos de consulta tripartita efectiva. A la luz de las graves deficiencias del diálogo social en el país, tomando en consideración que el propio Gobierno ha reconocido la necesidad de crear mecanismos de diálogo social, aconseja que se constituyan a la mayor brevedad órganos u otras formas institucionalizadas de diálogo social para facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Convenios invocados en la Queja, que afectan tanto a la fijación del salario mínimo como a las consultas para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo.
La institucionalización del diálogo y la consulta de manera que cubra las cuestiones previstas en todos los Convenios ratificados de la OIT o relacionadas con su aplicación. En este sentido, la CE recomienda que se someta a la consulta tripartita la revisión de las leyes y normas que desarrollan los Convenios –como el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) que planteen problemas de compatibilidad con aquellos, a la luz de las conclusiones de la CE y de los comentarios de los órganos de control de la OIT
La CE estableció que sus recomendaciones deberían aplicarse sin más demora, fijando como plazo para su cumplimiento a más tardar el 01.09.20. Así mismo, instó al Gobierno a acudir a la asistencia técnica de la OIT en relación con la aplicación de estas recomendaciones.
El informe que publicó la CE fue devastador para Venezuela, pues evidenció como violan flagrantemente los convenios internacionales, aunque le sugieren al Gobierno mejorar las condiciones de la clase obrera y garantizar la libertad sindical, esto no ha mejorado, Venezuela no ha cumplido ni con el 10 por ciento de las recomendaciones de la OIT como aseguró la CTV en su comunicado.
