- El OVV en su informe de 2022, exhibió que en el país hubo 5.799 muertes por causas indeterminadas que tienden a ser atribuidas a organismos de seguridad.
- Las muertes por intervención policial con cifras más altas, fueron en Miranda (261) y Aragua (186); con características de actuación “ilegal” de policía y “violatorio de DDHH” se ubican Zulia (154) y Carabobo (122).
- Sólo en el primer semestre de 2022, de las 330 muertes por intervención policial, 88 se les atribuyen al el CICPC
Por Kemberling Rodríguez
En un acto conmemorativo por los 65 años de la Investigación del Crimen en el país, a finales del mes de febrero, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, expresó: “Hemos mejorado en cuanto la atención y los procesos para evitar violaciones de los derechos humanos”
Resaltó que esa atención considerada que estarían poniendo en práctica fue desde la transformación de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ) al cuerpo de investigaciones que promovió el gobierno de Hugo Chávez en el año 2001.
Si antes hubo señalamientos hacia nuestra policía científica, expresó, con respecto a violaciones de DDHH, “eso cambió en nuestra institución, respetamos los derechos del pueblo al igual que el resto de organismos de seguridad”, rechazando las acusaciones de dichas violaciones ante el presunto bloqueo de uso del equipo que demostraría que sus funcionarios no participaron de los actos denunciados.
No obstante, su afirmación recibe el calificativo de media verdad tras una revisión documental que demuestra, entre otras cosas, que si bien han logrado algunas mejoras en la actuación de sus procedimientos, como parte de un trabajo articulado con el Poder Judicial y del Estado, continúan bajo la lupa de las ONG y organismos internacionales veedores de los derechos fundamentales de los ciudadanos por violentar sus DDHH.
Y es que sólo en el año 2022 hubo un promedio de 103 muertes cada mes por intervención policial, incluyendo operaciones hechas por funcionarios del CICPC.
Sin olvidar que el propio Ministerio Público (MP) tiene en su data acciones imputables de integrantes de organismos de seguridad; más de 1.400 imputaciones ocurrieron el año pasado. Asimismo, existen registros de medios de comunicación que visibilizan los casos de abuso y violencia de parte de estos uniformados.
Intervención policial: 1.240 muertes
El Informe Anual de Violencia 2022 elaborado por el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) y difundido por los medios nacionales e internacionales, indicó que ocurrieron 9.367 muertes violentas, cometidas por el hampa común; mientras que 1.240 son atribuidas a las intervenciones policiales, allí se incluyen lo que en la jerga de policías se conoce como “resistencia a la autoridad”.
Asimismo, registran 5.799 muertes que continúan en averiguaciones, sin embargo, la ONG resalta el hecho de que si se suman las 1.370 denuncias de desapariciones “con sospecha importante de muerte”, se tendría un total de 10.737 víctimas fatales.
Una situación similar ocurrió en el 2021, así lo deja claro el informe, y es que para ese año el total de muertes violentas fue de 9.447 (entre homicidios, muertes por resistencia a la autoridad y; muertes en averiguación), que agregándoles los 1.634 casos de desapariciones, llegó a las 11.081 víctimas; “una diferencia de 3 % de disminución entre los dos años”, reza el estudio.
Dicho de otra forma, la tasa de muertes violentas en el país fue de 35,3 % en el 2022 por cada 100 mil habitantes; y de 34,9 % para el 2021; si se incluyen las desapariciones con alta tendencia a muertes según refirió el OVV, la tasa quedaría en 40,4 % para el 2022 y 40,9 % para el año 2021, respectivamente.
El portal de noticias runrun.es en una publicación denominada Denuncian aumento de desaparecidos en la frontera entre Venezuela y Colombia, detalló que entre enero y el mes de junio de 2022, habían perdido la pista de 68 personas solamente en el estado Táchira, según la ONG FundaRedes y entre las posibles causas indican justamente los asesinatos.
Por otra parte, algunos analistas advierten sobre un cambio en la clasificación de muertes violentas que realizan las autoridades: en el año 2022 se redujeron los casos calificados como homicidios o muertes por intervención policial y aumentaron de una manera notable los casos clasificados como “muertes en averiguación”, los cuales pueden ser homicidios o víctimas de la intervención policial que no han sido investigados ni mucho menos iniciado el proceso penal correspondiente.
La modificación la notan porque entre el número de homicidios y de las muertes por intervención policial se totalizan 3.568 víctimas; y en el caso de muertes en averiguaciones son 5.799, es decir, casi se duplica “representando esta categoría el 62 % de las muertes violentas”.
Es significativo que el máximo aceptable de los casos de muertes por causa indeterminada es del 10 % del total de homicidios, sea por hampa criminal o por actuaciones policiales legales o ilegales, tal como lo advierte el OVV, en información replicada por El Nacional. Dicho porcentaje parte de lo establecido por el Protocolo de Bogotá de 2015 en las investigaciones de homicidios en América Latina.
88 asesinatos cometidos por CICPC
Roberto Briceño León, sociólogo y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) declaró al diario El Nacional sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por instituciones de seguridad del Estado y acerca de cómo se acentuaron con el Plan de Liberación del Pueblo autorizado por el gobierno de Nicolás Maduro y ejecutado a través de la unidad Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.
Se les conocía como el escuadrón de la muerte, indica el experto, dadas la formas arbitrarias de actuación policial, las desapariciones forzadas que les atribuían y hasta por las exhibiciones de armas de alto calibre en las calles de cualquier ciudad. León expresó que fueron tantas las críticas hacia esta unidad operativa que habrían migrado sus técnicas a otros organismos de seguridad “de una forma más sutil».
“Los operativos, las acciones y las ejecuciones extrajudiciales que llevaba a cabo la FAES las retomaron otros organismos de policías con una cantidad inmensa de nombres, creados a nivel estatal y en cada una de las dependencias”, denunció.
En su entrevista, expresó además que uno de los organismos cooperantes es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), “entregándoles tareas a oficiales de menor rango”.
Para el año 2020, indica Briceño León, de 11.891 muertes violentas, 4.153 correspondían a ejecuciones del hampa común y 4.231 fueron según las autoridades por resistencia de la autoridad.
Sin embargo, para ese año las presuntas resistencias a la autoridad superaron por mucho a las cometidas por la delincuencia; en este caso, precisó que la mitad de las víctimas cayeron en acciones de la Policía Nacional Bolivariana (82 % de las víctimas las ocasionó la FAES) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Señaló que en 12 % se debieron a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y en 20 % a policías estatales.
Para el año 2021, se mantuvo la tendencia de altas muertes por “resistencia a la autoridad”, con un saldo de 6,3 personas asesinadas por día en manos de operativos de cuerpos de seguridad. Mientras que en el primer semestre de 2022, el OVV especificó que de los 2.497 homicidios, 620 fueron intencionales y 330 muertes ocurrieron por intervención policial.
Aquí la ONG señala al CICPC como el organismo que lidera los procedimientos con asesinatos, con un número de 88 víctimas.
“Le siguen las policías estatales, responsables de 57 muertes. Y, en menor cantidad, se mencionan las intervenciones de la Policía Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar”, reseña el medio de comunicación con datos del OVV.
Las muertes por intervención policial con cifras más altas, fueron en Miranda (261) y Aragua (186); con características de actuación “ilegal” de policía y “violatorio de DDHH” se ubican Zulia (154) y Carabobo (122).
De allí que el OVV midiera, además, los niveles de percepción de la población; el 22 % de la población entrevistada considera que la policía protege de los delincuentes, mientras que el 78 % no se siente protegido por los organismos de seguridad ciudadana.
“Adicionalmente, un poco menos de la quinta parte de la población (24 %), expresó que conocía de casos de delitos en su comunidad en los cuales la policía estaba involucrada”. Incluso el propio Ministerio Público confirma el comportamiento inapropiado de funcionarios de seguridad y Cotejo.info lo resaltó en una de sus verificaciones del discurso público.
Para agosto del año pasado, el Fiscal General declaró que habían imputado a 1.309 funcionarios de seguridad del Estado, de los cuales 1.527 fueron acusados y 762 quedaron privados de libertad, “lográndose 279 sentencias condenatorias”. Cerrando el 2022, totalizaron más de 1.400 imputaciones a los uniformados.
Lesa humanidad: DGCIM y el Sebin
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó, en septiembre de 2022, el tercer informe sobre los DDHH en Venezuela y, como punto crítico, arrojó que unidades de inteligencia de organismos de seguridad (civiles y militares) cometieron crímenes de lesa humanidad.
«Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley».
Así lo expresó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación de la ONU, quien detalló que se aplicaron 246 entrevistas entre víctimas, familiares y ex funcionarios de seguridad, siendo la tortura y violaciones de tipo sexual, los abusos más cometidos en manos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
El Diario replica las impresiones de los voceros de la Misión de la ONU quienes aseguran que “el alto mando político” se vale de estas instituciones para reprimir a la disidencia.
De 122 casos de personas detenidas por la DGCIM, 77 fueron víctimas de tortura, violencia sexual o tratos crueles, inhumanos y degradantes, explica la Misión, “el régimen de Maduro no ha investigado ni procesado a los responsables, tampoco ha habido reparación a las víctimas”.
Mientras que el SEBIN es señalado de torturar a dirigentes políticos, periodistas, manifestantes y defensores de los DDHH, en el centro de detención de El Helicoide, en Caracas. Por último, detallan que otros casos de torturas y agresiones sexuales se cometen en zonas mineras (como en el estado Bolívar) entre grupos irregulares y complicidad de efectivos militares.
En este sentido y, con las fuentes documentales consultadas, se reitera el calificativo de media verdad a la afirmación de Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con la que expresó que “hemos mejorado en cuanto la atención y los procesos para evitar violaciones de los derechos humanos” .
La deuda del Estado y de sus organismos de seguridad todavía es alta y se sustenta en las pruebas demostradas por víctimas de violaciones a su integridad y que fueron validadas por ONG veedoras de los derechos humanos, de cobertura nacional e internacional, así como por el respaldo noticioso de los medios de comunicación social.
