- La revisión documental realizada por el equipo de Cotejo.info arrojó que es una realidad que en Venezuela se ha intentado implementar instrumentos legales para limitar la acción de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en los últimos 17 años
- Recientemente fue presentado el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines ante la Asamblea Nacional de 2020, cuyo contenido ha sido cuestionado por los voceros de estas organizaciones
Por Luinerma Márquez Castellanos
Nelson Fréitez, sociólogo e integrante de la Red de Derechos Humanos en el estado Lara, dijo en una entrevista publicada por El Impulso que -desde hace 10 años- el gobierno ha tenido la intención de aprobar instrumentos legales que restrinjan las acciones de las organizaciones no gubernamentales en el país.
La afirmación de Fréitez ocurrió a propósito de un análisis realizado ante la posible aprobación, en segunda discusión, de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las ONG y Afines, un instrumento legal que a su juicio colocaría en riesgo a un importante número de organizaciones que funcionan en Venezuela.
El profesor universitario resaltó que esta no es la primera vez que el Ejecutivo intenta disminuir el espacio cívico, el control, la acción y el funcionamiento de las ONGs, “ya han existido en el pasado otros intentos para silenciarlas”.
Sobre esta afirmación el equipo de Cotejo.info fijó su lupa periodística. La revisión documental realizada arrojó que las acciones e intentos de controlar las iniciativas independientes de la sociedad civil organizada iniciaron hace 17 años.
Los medios de comunicación y ONG han documentado varios ataques y hostigamientos, así como el uso del sistema de justicia penal contra activistas y organizaciones, además de la aprobación de resoluciones y medidas administrativas que han dificultado la operación de dichas instancias.
Esta verificación del discurso público expresado por el defensor de derechos humanos, se apoya en informes públicos y reseñas periodísticas que evidencian que efectivamente hay un patrón de persecución, allanamiento y discurso de odio contra las organizaciones no gubernamentales y sus miembros.
Gobierno desempolva una vieja aspiración de ley
Durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez se aprobó en primera discusión -13 de junio del año 2006- un Proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Dicho proyecto proponía dotar al entonces mandatario nacional de una “ley marco” para establecer un nuevo régimen jurídico de cooperación internacional en el que se le reservarían facultades para “captar, prestar y administrar recursos provenientes o destinados a actividades de cooperación internacional”. La propuesta fue archivada, pero formó parte del discurso político en el año 2010 y en el 2015.
Un análisis jurídico de esta propuesta de ley, elaborado por Acceso a la Justicia, revela que en entre los años 2010 y en el 2015 se incorporó este proyecto de ley a la agenda legislativa sin ser finalmente aprobado. En cada ocasión generó diversos pronunciamientos de la sociedad civil, organizaciones internacionales de derechos humanos y de órganos internacionales de protección como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, expresó su preocupación por los incidentes que involucran a los activistas de la sociedad civil en el informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
“Desde septiembre, mi Oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, incluida la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas”.
Además, recalcó que tienen documentados los procesos que se han aplicado a los activistas de estas organizaciones y exaltó la falta de disponibilidad de información pública, pese a la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público en septiembre de 2021.
“Sigo preocupada por los enjuiciamientos de miembros de la ONG de derechos humanos Fundaredes. Dos de sus miembros han sido puestos en libertad condicional, pero siguen enfrentándose a cargos penales. El director de Fundaredes, Javier Tarazona, sigue detenido y su salud parece deteriorarse.
Hemos documentado 24 casos de estigmatización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes del Estado, en redes sociales o discursos públicos, desde septiembre de 2021”.
Hostigamiento, violación y criminalización a las ONG
El informe anual publicado en 2013 por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, expuso que la multiplicación de los obstáculos interpuestos por algunos gobiernos a las ONG, a través de la instauración de marcos jurídicos restrictivos y el lanzamiento de campañas de difamación, ha mermado el derecho universal que tienen las organizaciones no gubernamentales a la financiación.
El texto titulado “Violaciones del derecho de las ONG a la financiación: del hostigamiento a la criminalización”, dedica varias menciones al caso venezolano. Señala, por ejemplo, que “en algunos países –y para algunas ONG– el obstruccionismo de las autoridades equivale a la inadmisibilidad y viola el derecho de las ONG a existir legalmente” y describe:
“En Venezuela, las asociaciones están sujetas a un simple régimen declarativo y sólo están obligadas a presentar su acta de constitución ante la Oficina de Registro Público del municipio en que se ha constituido. Aunque la ley no prevé un límite formal para el registro de las asociaciones, en la práctica, y especialmente desde el año 2000, muchas de ellas se enfrentan a decisiones discrecionales y arbitrarias de las autoridades.
Por ejemplo, el Foro por la Vida, una destacada red venezolana creada en 1997 y compuesta por veinte ONG de derechos humanos, ha venido realizando desde 2009 todos los trámites necesarios para registrarse formalmente ante la Oficina de Registro Público, sin ningún resultado hasta el momento”.
Más adelante, acotan que en 2006, la CIDH había condenado la amalgama entre financiación extranjera de las ONG e injerencia en los asuntos del Estado.
“Así, después de examinar la situación en Venezuela, señaló que también se ha denunciado la creación y aplicación extensiva de tipos penales amplios para criminalizar a las personas que pertenecen a organizaciones que reciben financiación extranjera. Bajo la concepción de que las organizaciones que reciben financiación extranjera apoyan la intervención extranjera en asuntos de política interna, algunos Estados han consagrado en sus legislaciones tipos penales tales como la conspiración para la desestabilización del Estado y crímenes similares. [La CIDH] ha recibido varias denuncias de defensoras y defensores que han sido judicialmente procesadas bajo estos cargos, u hostigados por razón de sus fuentes de financiación”.
En la página 69, de nuevo el país caribeño es citado en este informe global como ejemplo de los casos “más graves de la denigración de las ONG que reciben donaciones del exterior, y de su marginación en la sociedad”:
“El artículo 1 de la Constitución de Venezuela postula que “Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”.
Este artículo se utilizó para justificar de manera abusiva la negación de los derechos civiles y políticos de los defensores y para calificarlos como “agentes extranjeros”.
Así, el Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, propuso el 16 de mayo de 2012 que la Comisión investigara el origen de los recursos de las ONG venezolanas Transparencia Venezuela (capítulo nacional de la ONG Transparency International) y Monitor Legislativo, y afirmó que las ONG “nunca van a trabajar para que se resuelvan los problemas que tienen las sociedades, [porque] en la medida que se incrementen los problemas se aumenta el financiamiento; por lo tanto […] nunca van a trabajar para que se resuelvan los problemas”. Argumentó que la financiación extranjera de las actividades de política interna implica una “violación del artículo 1 de la Constitución de Venezuela, donde se establece que los agentes extranjeros no deben interferir en la vida política de un Estado para atentar contra su independencia y soberanía”15. Cabe recordar que Transparencia Venezuela presentó en 2009 y 2011, un informe que señala a Venezuela como uno de los países más corruptos del mundo”.
La fundadora de Cofavic y defensora de DDHH, Liliana Ortega, recordó -según un reportaje publicado por Tal Cual en febrero de 2021- que desde hace 21 años (en el año 2002 comenzó la criminalización y hostigamiento) para determinados sectores de la sociedad civil.
El informe de Cofavic 2020, mostró un incremento de 157 % en agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, con respecto a las cifras de 2019 (período con más ataques).
El patrón de la estigmatización y la narrativa del “enemigo interno” dirigido a personas defensoras se ha convertido en un mecanismo esencial en Venezuela para reducir el impacto de las organizaciones y sus colaboradores.
El 20 de febrero de 2020, Diosdado Cabello, diputado ante la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, arremetió contra la ONG que hacen vida en el país. Utilizó el espacio televisivo que conduce por VTV Con el Mazo Dando.
En 2021 el líder oficialista, volvió arremeter contra las ONG e indicó que estas tienen la capacidad de dar golpes de Estado y que reciben financiamiento por parte de grupos interesados en provocar cambios políticos. Las etiquetó como el “Cuarto Poder” en relevo de los medios de comunicación que, a su juicio, perdieron importancia.
El secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) Gerald Staberock, declaró según el Observatorio de Violencia que: “Estas campañas de estigmatización y descrédito se alimentan de un discurso de odio y desprestigio del trabajo de defensa de derechos humanos. Estos ataques se han convertido en una política de Estado en Venezuela”.
En 2021, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 743 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2021, lo que representa un aumento de 145 % en relación al mismo período en 2020, cuando fueron 303.
Cinco instrumentos restrictivos en 17 años para fiscalizar las ONG
La amplia movilización de organizaciones de la sociedad civil venezolana y la preocupación internacional por la aprobación en primera discusión de la propuesta PLCI de 2006, por violar normas y obligaciones internacionales en derechos humanos, generó que la Asamblea Nacional no continuara su segunda discusión, pero en 2010 el texto fue sacado nuevamente a debate, esta vez con Cilia Flores como presidenta de la AN.
En los años 2010 y 2012 también expuso dos leyes igualmente restrictivas, se trata de la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional y Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo de la última se derivó la Resolución N° 50 del Ministerio del Interior sobre Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo.
Los términos como “injerencia extranjera” o “actos sospechosos de terrorismo”, aplican restricciones desproporcionadas al financiamiento nacional e internacional fuera de las admisibles en Tratados Internacionales de Derechos Humanos y han sido utilizadas para intimidar, hostigar y criminalizar a defensores y a organizaciones de la sociedad civil, así como para violentar la libertad de realizar acciones pacíficas en defensa de derechos humanos, como en las manifestaciones de 2013 y 2014.
Para 2015, con Diosdado Cabello en la presidencia del Poder Legislativo, ocurrió lo mismo: volvió a incorporarse en la agenda. No obstante, no llegó a debatirse en segunda discusión, siempre generó diversos pronunciamientos en contra.
Diosdado Cabello señaló en 2020 que el objetivo era aplicar el máximo de sanciones que se pueda a aquellos que reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar con la patria.
Un año más tarde en 2021, cuando la ley tenía como nombre “Ley de Cooperación Internacional”, el presidente de la comisión de Política Exterior de la AN en ese entonces, Timoteo Zambrano, aseguró, era regular lo referente a la cooperación internacional que recibe y ofrece Venezuela de las distintas organizaciones nacionales e internacionales.
La “Ley de la Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional” (2010), en su artículo cinco establece que las organizaciones sólo podrán recibir donaciones que provengan de personas naturales o jurídicas nacionales y dentro del territorio nacional, esta ley representa un ejemplo de la política restrictiva y estigmatizante del Estado venezolano en contra del financiamiento y participación proveniente del extranjero.
Según señala el informe 2021 de Transparencia Internacional «el sistema judicial se ha convertido en un instrumento de represión contra disidentes y críticos. En los últimos años se ha producido un aumento de presos políticos, detenciones arbitrarias y restricciones a las libertades fundamentales… en el que las violaciones de derechos humanos quedan sin ser vistas ni sancionadas”.
Inconsistencias en la presentación del nuevo proyecto de ley
La presentación de un nuevo proyecto “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las ONG y Afines” fue aprobada en primera discusión el 24 de enero de 2023. El diputado Diosdado Cabello, justificó que la situación irregular con las organizaciones no gubernamentales atenta contra la integridad de la República porque no son organizaciones que dependen de los Estados Unidos.
La oficina del Alto Comisionado en materia de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó al respecto un comunicado de prensa titulado: Venezuela: El proyecto de ley sobre las ONG, un posible punto de no retorno en el cierre del espacio cívico, que recoge la preocupación de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela sobre la ley.
“La regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas. La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar el ejercicio del derecho de asociación”, afirmó Francisco Cox, experto de la Misión según la nota publicada el 30 de enero de 2023.
Según el Análisis de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, elaborado por Acceso a Justicia, el contenido de este instrumento no era público hasta el 1º de febrero de 2023, pero su posible aprobación “representa una amenaza al funcionamiento de la sociedad civil organizada en Venezuela”.
Las ONG obtuvieron acceso al supuesto contenido del proyecto y comenzaron a divulgar detalles como medida de rechazo frente a la posible amenaza.
De acuerdo con distintos análisis, la norma incluye 2 artículos nuevos y una exposición de motivos con importantes cambios al documento original del año 2005. El artículo 26 tiene un carácter restrictivo al establecer bajo amenaza de sanción, suspensión o incluso “eliminación definitiva” de la organización que realicen actividades que de manera directa o indirecta promuevan o participen en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación.
El proyecto se aprobó en primera discusión sin revisión de la exposición de motivos, de los objetivos de la ley, del alcance, ni la viabilidad. Tampoco se discutió el articulado, acciones contrarias a lo establecido en el artículo 208 de la Constitución venezolana.
El artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, establece que en la primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos, alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se discutirá el articulado en forma general.
En definitiva, el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines fue presentado en la AN sin que antes se hubiera divulgado su contenido, lo cual supone una violación al derecho de acceso a la información como medio para fomentar la participación ciudadana, de acuerdo con las denuncias de los voceros de las ONG defensoras de DDHH.
Es así como los hechos documentados en Venezuela ratifican que desde hace más de 10 años el gobierno ha intentado aprobar instrumentos legales que restrinjan las acciones de las ONG, tal como lo aseguró el sociólogo Nelson Freitez.
