- Entre el 2021 y los dos primeros meses de 2023 se han documentado más de 1.000 ataques contra defensores y organizaciones defensoras de DDHH
- El gobierno venezolano ha tratado de desarrollar instrumentos legales para limitar, vigilar y eliminar organizaciones defensoras de DDHH
- La ONU, HRW y Amnistía Internacional han alertado sobre las políticas del gobierno venezolano en contra de este sector de activistas de los DDHH
Por José Rivas
El representante diplomático de Venezuela, Emilio Barroeta, afirmó en la 52º sesión ordinaria del Consejo de los DDHH de la ONU que: “El gobierno venezolano apoya y garantiza el trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela” (desde el minuto 23 con 35 segundos).
La cuenta oficial de Twitter del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), publicó un fragmento de lo dicho por Barroeta.
La intervención del vocero del gobierno de Nicolás Maduro -realizada el 9 de marzo de 2023- fue divulgada y calificada como insólita de parte de Provea, organización que recuerda la posible aprobación de “una Ley contra defensores y ONG”, así como el registro de “105 ataques a defensores, solo en enero 2023” en Venezuela.
Ante la afirmación del representante del gobierno de Venezuela, Cotejo.info inició un proceso de verificación que permitiera determinar la veracidad de la declaración y se corroboró que se trata de una mentira.
Venezuela tiene abierto varios procesos internacionales por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Organismos como la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) y la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) mantienen su mirada puesta en el país ante las constantes denuncias contra el gobierno venezolano.
Lo dicho por Barroeta forma parte del discurso público oficial que se maneja en el país. De hecho, Nicolás Maduro ratificó esta narrativa el 17 de marzo al asegurar que “ratifica su compromiso con el bienestar del Pueblo venezolano y la voluntad de perfeccionar, aún más, las políticas de protección y defensa de sus derechos fundamentales”.
Acciones de desarticulación
En Venezuela, sindicatos, gremios, partidos políticos y organizaciones defensoras de DDHH han sufrido la desarticulación de sus bases al evidenciar y denunciar las violaciones del gobierno venezolano.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró en el año 2021 al menos 743 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de DDHH. Al menos 502 fueron actos de estigmatización, 125 de intimidación y hostigamiento, 16 fueron detenciones y 5 fueron allanamientos durante ese año.
En el informe el CDJ detalló que la estigmatización se utilizó como un permiso para “avalar y facilitar” la criminalización y llamados de violencias contra los defensores utilizando términos como: “enemigos”, “traidores” y “agentes desestabilizadores”.
En 2022 se contabilizaron alrededor de 396 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos. Del total, 246 actos fueron de estigmatización, 95 de intimidación y hostigamiento y 2 detenciones arbitrarias.
“2022 estuvo marcado por la continuidad de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, donde la Política de Criminalización, Represión y Control generó graves afectaciones, principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos”, indica el CDJ en su informe.
“Durante el período se observó el hostigamiento, la intimidación y la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar al movimiento de derechos humanos”, sentenció el CDJ.
La situación en 2023 no ha mejorado. Tan solo entre enero y febrero hubo 168 ataques contra defensores de DDHH, según describe el Centro para los Defensores y la Justicia.
La organización expone que el primer mes del año se vio marcado por la presentación y aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Control de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines en la Asamblea Nacional, lo que aumenta el peligro de los activistas de DDHH.
Por su parte, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) contabilizó 66 actos de criminalización contra Organizaciones de la Sociedad Civil y Defensores de DDHH en enero de 2023.
La organización lamentó que políticos oficialistas como el vicepresidente del Partido Oficialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, arremetieran contra organizaciones civiles.
“Cabello aseguró (en su programa de televisión Con el mazo dando) que las OSC (organizaciones de la sociedad civil) conspiran contra el país y son un instrumento del imperialismo”, expusieron en una nota de prensa.
Ley que vigila y limita las ONG
El gobierno venezolano ha usado todas las herramientas a disposición para fracturar la labor de las ONG. Discurso político, los cuerpos de seguridad y el poder legislativo, son utilizados con intereses políticos para reducir la labor humanitaria desde hace más de 10 años.
A principios de 2023, la Asamblea Nacional de 2020 -de mayoría oficialista-, aprobó en primera discusión el proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”.
El argumento de militantes del PSUV era que las ONG habían sido utilizadas para “desestabilizar” a Venezuela.
Sin embargo, Cotejo.info logró determinar que el gobierno lo que intenta con estos instrumentos legales es restringir y limitar la labor de las ONG en el país.
El proyecto generó preocupación y encendió las alarmas a nivel nacional e internacional. Alrededor de 400 organizaciones civiles de Venezuela consideraron que la Ley: “Suprime el derecho humano a la libertad de asociación y cierra el espacio cívico, permitiendo la cooptación del tejido social y tomar represalias contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana, violando los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano y la Constitución nacional”.
Entre las consideraciones más graves, las ONG expusieron que se pretenden «sanciones excesivas que pueden aplicarse por discrecionalidad a las organizaciones y solicitar requisitos desproporcionados del nuevo sistema de registro, obligatorios y de renovación constante, requisitos que no podrían ser cumplidos”.
Por su parte, la presidenta de la Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Marta Valiñas, detalló en enero de 2023 que, de ser aprobada, la Ley representaría la pérdida del espacio cívico y democrático en Venezuela.
Tras la aprobación del proyecto en primera discusión -a la espera de un segundo debate-, Amnistía Internacional alertó sobre el riesgo que este representaba. Expusieron en un comunicado que el proyecto busca controlar, restringir, criminalizar y eliminar las ONG que trabajan en Venezuela.
“Si se aprueba este proyecto de ley, todas las ONG venezolanas tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Llamamos a la Asamblea Nacional a que ponga fin de inmediato a este proyecto de ley y cese todos los ataques a la sociedad civil”, reclamaron en el documento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por limitar la participación ciudadana. “El proyecto de ley, además de acotar las actividades que pueden ser desarrolladas por las organizaciones, otorga a las autoridades del Estado la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, en su criterio, de actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”, destacan en la nota de prensa.
Asimismo, reclamaron que: “La presentación del proyecto ante la Asamblea se caracterizó por referencias estigmatizantes hacia 62 organizaciones de la sociedad civil, a las que se les calificó de ‘enemigas’ y ‘traidoras de la patria’”.
No es la primera vez que el gobierno pretende utilizar una herramienta de este tipo. En marzo de 2021, se creó la providencia 001-2021 la cual obligaba a las ONG a informar quiénes son sus donantes y un listado de personas beneficiarias a un registro unificado de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.
“Debemos agregar que este registro anómalo, está completamente fuera de los estándares y las prácticas internacionales en materia de control de legitimación de capitales y financiamiento de terrorismo, de modo que esto no es más que una excusa para limitar y controlar a las ONG”, expresó Acceso a la Justicia en ese entonces.
Alertaron que con el registro se pretendía criminalizar la cooperación internacional y la ayuda humanitaria.
Casos de defensores detenidos
Human Rights Watch, en su reporte sobre lo ocurrido en el año 2022 en Venezuela, expuso que el gobierno de Venezuela hostiga y persigue tanto a defensores como organizaciones defensoras de DDHH, mencionando casos como el del activista Javier Tarazona.
El defensor fue detenido en julio de 2021 cuando acudió, junto a dos activistas más, a la sede de la Fiscalía en Coro, estado Falcón, a denunciar actos de acoso y persecución por funcionarios policiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). En ese momento los tres defensores fueron aprehendidos, para posteriormente ser acusados de delito de instigación al odio y terrorismo.
Tarazona había sido uno de los principales activistas que denunciaban violaciones de DDHH en el Arco Minero del Orinoco, la presencia de grupos irregulares en Venezuela, así como los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional y grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional en zonas fronterizas con Colombia.
Otro caso ocurrido en julio de 2022, fue la detención del activista y sindicalista Gabriel Blanco. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la PNB presentaron una orden de detención de un tribunal con competencia en terrorismo. El defensor fue acusado de delitos de conspiración y asociación para delinquir.
Las medidas de amedrentamiento contra Blanco y su familia no quedaron allí. El Sebin intimidó a su familia mientras realizaba una rueda de prensa en la sede de la ONG Provea por la liberación del defensor y de otros trabajadores detenidos por cuerpos de seguridad del Estado.
Hasta la realización de este trabajo de verificación, tanto Tarazona como Blanco siguen presos sin garantías de un juicio justo que garantice su seguridad y salud física.
Detenidos pese a trabajar con organismos internacionales
El gobierno ha obviado el trabajo humanitario de los defensores pese a su amplia labor junto a organismos internacionales. El objetivo ha sido detener y amedrentar y reducir la labor humanitaria.
En enero de 2021, funcionarios de la DGCIM incautaron documentos y detuvieron a cinco miembros de la ONG, Azul Positivo, bajo los cargos de uso fraudulento de tarjetas telefónicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
La organización, con vida en el estado Zulia, tenía en ese entonces 16 años ayudando a poblaciones en condición vulnerable. Participaba en proyectos con las agencias de Naciones Unidas, como ACNUR y ONUSIDA.
En ese entonces la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos se pronunció: “Los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales. Es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal”.
Otro de los casos más recientes y el que representa el irrespeto a observadores internacionales fue la detención de la activista y miembro de las ONG Lidera y Sinergia, María Fernanda Rodríguez.
La aprehensión la realizó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) luego que la activista sostuviera una reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk.
La representante de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, manifestó que la detención era grave y dejaba un ejemplo de lo que puede ocurrir de aprobarse la Ley que regula las ONG. “Es una muestra del riesgo que corre la sociedad civil venezolana”, indicó.
Postura del alto comisionado para los DDHH
En marzo de 2023 el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, realizó una actualización oral sobre la situación de derechos humanos y la cooperación técnica al gobierno venezolano. En esta, ratificó violaciones a los DDHH, ataques contra las ONG y retrasos en materia de DDHH.
“Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización. Por ejemplo, seis sindicalistas y dirigentes sindicales llevan más de nueve meses detenidos por cargos de conspiración y asociación para delinquir”, detalló.
Asimismo, reprobó la aprobación del proyecto de ley que restringe la labor de las ONG. “La reciente presentación de un proyecto de ley para regular aún más a las ONG ha suscitado serias preocupaciones, que comparto. Proporcioné observaciones detalladas sobre esta cuestión a las autoridades y reitero mi llamamiento para que cualquier legislación se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos”, indicó.
Ante la información hallada en informes, declaraciones de organismos internacionales y páginas en internet, el equipo de Cotejo.Info determinó que es mentira que el gobierno venezolano “apoya y garantiza el trabajo de los defensores de DDHH en el país”, como aseguró Emilio Barroeta ante la Comisión de DDHH de la ONU.
La situación es contraria, el gobierno venezolano utiliza los cuerpos de seguridad del Estado y poderes como el legislativo, para amedrentar, hostigar y desarticular el trabajo que realizan.
